Nombran a un nuevo director de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y oficializan cambios en la Conabip

Hoy, en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó cambios en la estructura organizativa de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, mientras el Senado aún espera debatir el decreto 345 que habilita las modificaciones en el organigrama. La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el decreto en cuestión.

Por decreto, se designó por 180 días al nuevo director (en vez de presidente) de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el arquitecto Gabriel Ferreyra, en reemplazo de la licenciada Mónica Capano, cuyo cargo vencía en 2028; se nombró director de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares al bibliotecólogo Raúl Escandar (que desde 2024 presidía el organismo creado por Sarmiento en 1870), y se nombró director del Instituto Nacional del Teatro (INT) al exsubsecretario de Promoción Cultural y Artística, Federico Brunetti, al que reemplaza Luis Blanco en el cargo. Las dos comisiones dejaron de ser autónomas -y el INT dejó de ser autárquico- y dependen ahora directamente de Cifelli.

Blanco era asesor del subsecretario de Gestión Cultural, Ignacio Lupi. Brunetti y Blanco son parte del equipo más cercano de Cifelli y, como él, también vienen de la producción de teatro y musicales.

Ferreyra, de 59 años, era uno de los candidatos que tenía la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que coordina la historiadora Liliana Barela, para el cargo de director de la disputada Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Fue elegido por su experiencia en la gestión pública; arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue director del Parque Tres de Febrero y presidió la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar, en Recoleta. De 2015 a 2019, fue funcionario de la Comuna 2. Fue creador del Desfile y la recreación de la Batalla de la Reconquista de Buenos Aires, de 2016 a 2019, y autor del Desfile del Día del Barrio y de la Tradición, entre otras iniciativas.

Con su nombramiento, el Gobierno concreta una de sus aspiraciones: tomar el control de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Aún no se conocen los nombres de los diez integrantes del Consejo que, ad honórem, actuará como órgano asesor de carácter vinculante.

Capano había sido designada por decreto en agosto de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, por seis años, al igual que los diez vocales de la Comisión Nacional de Monumentos. Sus cargos hubieran vencido en 2028. Desde la Secretaría de Cultura informaron que, debido a la implementación del decreto 345, los nombramientos previos, por decreto, habían caído con el cambio de estructura. El cargo de la presidencia (ahora dirección nacional) era y seguirá siendo rentado.

Entre las funciones de la Comisión, reguladas por la ley 12.665 y sus modificatorias, se destacan asesorar al Congreso Nacional en el dictado de normas de protección patrimonial, proponer al Poder Ejecutivo proyectos de decreto, ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos; establecer criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos y llevar un registro público de estos bienes; asignar expertos para evaluar los méritos históricos artísticos, arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión; organizar mecanismos de representación regional y federal; establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria y realizar publicaciones de las materias de su competencia. Hay más de 1500 bienes inmuebles protegidos por decreto en el país.

Desde la Secretaría de Cultura remarcaron que las opiniones de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos tendrán ahora carácter vinculante, cuando antes solo hacían recomendaciones. Sin embargo, exvocales de la Comisión dijeron a LA NACION que la opinión vinculante de este nuevo Consejo era “relativa” porque no tenían estabilidad. “Podría ser removido con una simple disposición administrativa”, indicaron.

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Hoy, en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó cambios en la estructura organizativa de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, mientras el Senado aún espera debatir el decreto 345 que habilita las modificaciones en el organigrama. La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el decreto en cuestión.

Por decreto, se designó por 180 días al nuevo director (en vez de presidente) de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el arquitecto Gabriel Ferreyra, en reemplazo de la licenciada Mónica Capano, cuyo cargo vencía en 2028; se nombró director de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares al bibliotecólogo Raúl Escandar (que desde 2024 presidía el organismo creado por Sarmiento en 1870), y se nombró director del Instituto Nacional del Teatro (INT) al exsubsecretario de Promoción Cultural y Artística, Federico Brunetti, al que reemplaza Luis Blanco en el cargo. Las dos comisiones dejaron de ser autónomas -y el INT dejó de ser autárquico- y dependen ahora directamente de Cifelli.

Blanco era asesor del subsecretario de Gestión Cultural, Ignacio Lupi. Brunetti y Blanco son parte del equipo más cercano de Cifelli y, como él, también vienen de la producción de teatro y musicales.

Ferreyra, de 59 años, era uno de los candidatos que tenía la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que coordina la historiadora Liliana Barela, para el cargo de director de la disputada Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Fue elegido por su experiencia en la gestión pública; arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue director del Parque Tres de Febrero y presidió la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar, en Recoleta. De 2015 a 2019, fue funcionario de la Comuna 2. Fue creador del Desfile y la recreación de la Batalla de la Reconquista de Buenos Aires, de 2016 a 2019, y autor del Desfile del Día del Barrio y de la Tradición, entre otras iniciativas.

Con su nombramiento, el Gobierno concreta una de sus aspiraciones: tomar el control de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Aún no se conocen los nombres de los diez integrantes del Consejo que, ad honórem, actuará como órgano asesor de carácter vinculante.

Capano había sido designada por decreto en agosto de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, por seis años, al igual que los diez vocales de la Comisión Nacional de Monumentos. Sus cargos hubieran vencido en 2028. Desde la Secretaría de Cultura informaron que, debido a la implementación del decreto 345, los nombramientos previos, por decreto, habían caído con el cambio de estructura. El cargo de la presidencia (ahora dirección nacional) era y seguirá siendo rentado.

Entre las funciones de la Comisión, reguladas por la ley 12.665 y sus modificatorias, se destacan asesorar al Congreso Nacional en el dictado de normas de protección patrimonial, proponer al Poder Ejecutivo proyectos de decreto, ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos; establecer criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos y llevar un registro público de estos bienes; asignar expertos para evaluar los méritos históricos artísticos, arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión; organizar mecanismos de representación regional y federal; establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria y realizar publicaciones de las materias de su competencia. Hay más de 1500 bienes inmuebles protegidos por decreto en el país.

Desde la Secretaría de Cultura remarcaron que las opiniones de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos tendrán ahora carácter vinculante, cuando antes solo hacían recomendaciones. Sin embargo, exvocales de la Comisión dijeron a LA NACION que la opinión vinculante de este nuevo Consejo era “relativa” porque no tenían estabilidad. “Podría ser removido con una simple disposición administrativa”, indicaron.

 Aunque todavía resta que el Senado debata el decreto 345 que habilita las modificaciones en Cultura, el gobierno oficializó hoy los cambios en el Boletín Oficial  LA NACION