La provincia de Río Negro ha otorgado asistencia financiera a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat) por la suma de 793.300.000 de pesos mensuales para cubrir el impacto de las tarifas del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, culpando al gobierno nacional por haberlas aumentado y por la apertura de las importaciones que “ponen en peligro el sustento laboral de casi mil familias” vinculadas a esa empresa. El tema tiene actualidad en un momento en que las provincias reclaman más fondos al Gobierno por no alcanzarles lo que tienen para cubrir sus servicios esenciales como educación, salud y seguridad.
Este nuevo favor oficial a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa, fue denunciado por la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro), quien acusó al gobernador de ese distrito, Alberto Weretilneck, de “girar millones del Estado” en beneficio de hombres de negocios que siempre han sabido lucrar con la política.
Como reveló una investigación de LA NACION en 2013, aquellos empresarios kirchneristas, a través de Oil Combustibles SA, compraron activos de Petróleo Brasileiro SA en la Argentina (refinería San Lorenzo, unidad fluvial y 345 estaciones de servicio). Al tomar control de las estaciones de servicio dejaron de pagar a la AFIP el impuesto a los combustibles apropiándose de unos mil millones de dólares, que usaron para abonar lo pactado a Petrobras y financiar negocios de su grupo Indalo, como Paraná Metal, el Banco Finansur, Comercial del Plata Construcciones (CPC) y adquirir Radio 10, entre otros negocios. En ese caso escandaloso, López y De Sousa lograron ser sobreseídos, aunque esa sentencia se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia.
López y De Sousa ya tenían una larga práctica de engordar sus arcas privadas con ayuda oficial. Recordemos, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 1851/07, por el cual Néstor Kirchner prorrogó hasta 2032 la concesión del Hipódromo de Palermo y sus tragamonedas, la que vencía en 2017, “obligando” a la sociedad de Cristóbal López y Federico de Achával (padre del actual intendente de Pilar) a incorporar 1500 máquinas tragamonedas más a las 3000 existentes, superando el límite de máquinas permitido en los casinos de Las Vegas.
Otro caso paradigmático de apropiación de recursos públicos por aquel dúo fue la compra de Alpat, la empresa denunciada por la diputada Villaverde, única productora de carbonato de calcio (soda Solvay), situada en San Antonio Oeste, Río Negro. Esa monumental obra, adjudicada hace más de 50 años a un grupo inversor desconocido y sin solvencia alguna, se construyó en su totalidad con fondos públicos que costaron al Estado nacional más de 500 millones de dólares. Medio siglo más tarde, Alpat opera con una tecnología perimida que no puede competir en una economía abierta y que no tiene ya viabilidad alguna.
Según una investigación del diario Río Negro, la inversión se sufragó enteramente con diferimientos impositivos por devolver sin intereses ni indexación; exenciones de impuestos y préstamos del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) con avales del Estado nacional, que la deudora nunca honró. El negocio de construir Alpat no consistía en hacerla funcionar, sino en aumentar regularmente la dimensión del proyecto para sobrefacturar más equipos y realizar más obras con dineros públicos, fugando dólares al exterior. Cuando el enorme proyecto se terminó, luego de 30 años y 500 millones de dólares enterrados por el Estado, había que poner la planta en marcha y competir en el mercado internacional. Pero ese no había sido nunca el objetivo de los dueños, quienes se encontraron con una empresa endeudada, sin capital de trabajo y con una tecnología superada por la obsolescencia del equipamiento.
En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron pesificar deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. Aunque Kirchner se negó a hacerlo en ese momento, las cosas cambiaron cuando falleció el dueño “tras las sombras” de la compañía, el francés Marcel Degraye, un prófugo del fisco francés que vivía en Punta del Este y quien la controlaba a través de Bergo Anstalt (Liechtenstein), también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing). Como más tarde con los Esquenazi en YPF, el expresidente concibió un negocio y llamó a su amigo, Cristóbal López, para que se aproximase a los herederos de Degraye y les comprara Alpat por los pasivos, lo que hizo.
Fue entonces cuando Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia 475/05, refinanciando sus deudas y renovando los beneficios de promoción ya vencidos, como lo habían pedido los anteriores accionistas. Al igual que ahora el gobernador Weretilneck, ese decreto invocaba la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, tratándose de una “cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto”. Además, le autorizó a cancelar deudas con la AFIP a través de créditos fiscales de IVA (“saldos técnicos”) violando una norma del organismo y, mediante otra resolución, cerró la importación del carbonato de calcio.
Si Alpat no puede pagar las tarifas actuales del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, es un problema de la empresa, del cual se tienen que hacer cargo sus accionistas. En particular, sus dueños multimillonarios que saben perfectamente de negocios y prefieren recurrir al Estado provincial en lugar de aportar capital para cubrir ese déficit y reconvertir su tecnología para modernizarla.
Lo más probable es que no quieran hacerlo porque saben que esa empresa, que les regaló Néstor Kirchner sin invertir un peso, no es competitiva y no quieren poner “good money after bad money” como se dice en el mundo de los negocios. En lugar de encarar un proyecto serio de modernización, prefieren que sea la provincia de Rio Negro la que ponga fondos frescos para cubrir el déficit operativo y no ellos.
Si está en peligro “el sustento laboral de casi mil familias” en San Antonio Oeste, y la provincia está dispuesta a destinar recursos para financiar una transición, debe hacerlo mediante subsidios a esas familias y nunca aportando fondos a una empresa comercial de propietarios que no tienen currículum, sino prontuarios. Los funcionarios que autoricen esos pagos estarán expuestos a procesos penales por malversación de caudales públicos, por más que los caractericen de otra forma. De nada servirá monitorear su utilización con veedores, pues tendrán enfrente a los mayores reyes del juego, los más hábiles defraudadores fiscales y consumados operadores de la política que jamás revertirán la situación de Alpat con fondos de sus propios bolsillos y dejarán a Rio Negro con un problema insoluble.
La provincia de Río Negro ha otorgado asistencia financiera a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat) por la suma de 793.300.000 de pesos mensuales para cubrir el impacto de las tarifas del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, culpando al gobierno nacional por haberlas aumentado y por la apertura de las importaciones que “ponen en peligro el sustento laboral de casi mil familias” vinculadas a esa empresa. El tema tiene actualidad en un momento en que las provincias reclaman más fondos al Gobierno por no alcanzarles lo que tienen para cubrir sus servicios esenciales como educación, salud y seguridad.
Este nuevo favor oficial a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa, fue denunciado por la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro), quien acusó al gobernador de ese distrito, Alberto Weretilneck, de “girar millones del Estado” en beneficio de hombres de negocios que siempre han sabido lucrar con la política.
Como reveló una investigación de LA NACION en 2013, aquellos empresarios kirchneristas, a través de Oil Combustibles SA, compraron activos de Petróleo Brasileiro SA en la Argentina (refinería San Lorenzo, unidad fluvial y 345 estaciones de servicio). Al tomar control de las estaciones de servicio dejaron de pagar a la AFIP el impuesto a los combustibles apropiándose de unos mil millones de dólares, que usaron para abonar lo pactado a Petrobras y financiar negocios de su grupo Indalo, como Paraná Metal, el Banco Finansur, Comercial del Plata Construcciones (CPC) y adquirir Radio 10, entre otros negocios. En ese caso escandaloso, López y De Sousa lograron ser sobreseídos, aunque esa sentencia se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia.
López y De Sousa ya tenían una larga práctica de engordar sus arcas privadas con ayuda oficial. Recordemos, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 1851/07, por el cual Néstor Kirchner prorrogó hasta 2032 la concesión del Hipódromo de Palermo y sus tragamonedas, la que vencía en 2017, “obligando” a la sociedad de Cristóbal López y Federico de Achával (padre del actual intendente de Pilar) a incorporar 1500 máquinas tragamonedas más a las 3000 existentes, superando el límite de máquinas permitido en los casinos de Las Vegas.
Otro caso paradigmático de apropiación de recursos públicos por aquel dúo fue la compra de Alpat, la empresa denunciada por la diputada Villaverde, única productora de carbonato de calcio (soda Solvay), situada en San Antonio Oeste, Río Negro. Esa monumental obra, adjudicada hace más de 50 años a un grupo inversor desconocido y sin solvencia alguna, se construyó en su totalidad con fondos públicos que costaron al Estado nacional más de 500 millones de dólares. Medio siglo más tarde, Alpat opera con una tecnología perimida que no puede competir en una economía abierta y que no tiene ya viabilidad alguna.
Según una investigación del diario Río Negro, la inversión se sufragó enteramente con diferimientos impositivos por devolver sin intereses ni indexación; exenciones de impuestos y préstamos del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) con avales del Estado nacional, que la deudora nunca honró. El negocio de construir Alpat no consistía en hacerla funcionar, sino en aumentar regularmente la dimensión del proyecto para sobrefacturar más equipos y realizar más obras con dineros públicos, fugando dólares al exterior. Cuando el enorme proyecto se terminó, luego de 30 años y 500 millones de dólares enterrados por el Estado, había que poner la planta en marcha y competir en el mercado internacional. Pero ese no había sido nunca el objetivo de los dueños, quienes se encontraron con una empresa endeudada, sin capital de trabajo y con una tecnología superada por la obsolescencia del equipamiento.
En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron pesificar deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. Aunque Kirchner se negó a hacerlo en ese momento, las cosas cambiaron cuando falleció el dueño “tras las sombras” de la compañía, el francés Marcel Degraye, un prófugo del fisco francés que vivía en Punta del Este y quien la controlaba a través de Bergo Anstalt (Liechtenstein), también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing). Como más tarde con los Esquenazi en YPF, el expresidente concibió un negocio y llamó a su amigo, Cristóbal López, para que se aproximase a los herederos de Degraye y les comprara Alpat por los pasivos, lo que hizo.
Fue entonces cuando Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia 475/05, refinanciando sus deudas y renovando los beneficios de promoción ya vencidos, como lo habían pedido los anteriores accionistas. Al igual que ahora el gobernador Weretilneck, ese decreto invocaba la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, tratándose de una “cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto”. Además, le autorizó a cancelar deudas con la AFIP a través de créditos fiscales de IVA (“saldos técnicos”) violando una norma del organismo y, mediante otra resolución, cerró la importación del carbonato de calcio.
Si Alpat no puede pagar las tarifas actuales del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, es un problema de la empresa, del cual se tienen que hacer cargo sus accionistas. En particular, sus dueños multimillonarios que saben perfectamente de negocios y prefieren recurrir al Estado provincial en lugar de aportar capital para cubrir ese déficit y reconvertir su tecnología para modernizarla.
Lo más probable es que no quieran hacerlo porque saben que esa empresa, que les regaló Néstor Kirchner sin invertir un peso, no es competitiva y no quieren poner “good money after bad money” como se dice en el mundo de los negocios. En lugar de encarar un proyecto serio de modernización, prefieren que sea la provincia de Rio Negro la que ponga fondos frescos para cubrir el déficit operativo y no ellos.
Si está en peligro “el sustento laboral de casi mil familias” en San Antonio Oeste, y la provincia está dispuesta a destinar recursos para financiar una transición, debe hacerlo mediante subsidios a esas familias y nunca aportando fondos a una empresa comercial de propietarios que no tienen currículum, sino prontuarios. Los funcionarios que autoricen esos pagos estarán expuestos a procesos penales por malversación de caudales públicos, por más que los caractericen de otra forma. De nada servirá monitorear su utilización con veedores, pues tendrán enfrente a los mayores reyes del juego, los más hábiles defraudadores fiscales y consumados operadores de la política que jamás revertirán la situación de Alpat con fondos de sus propios bolsillos y dejarán a Rio Negro con un problema insoluble.
Cristóbal López y Fabián de Sousa, eternos defraudadores fiscales y consumados operadores de la política, vuelven ahora a ser beneficiados por la provincia de Río Negro LA NACION
