Una coalición de inmigrantes, junto con organizaciones legales y de derechos civiles, ha interpuesto una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por la implementación de políticas que permiten arrestos dentro o en las inmediaciones de tribunales.

Audiencias migratorias se convierten en escenario de detenciones

Según la demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Columbia, en los últimos meses, agentes del ICE han detenido a personas inmediatamente después de que sus casos fueran cerrados o desestimados en audiencia, a pesar de que muchas se presentaban para solicitar asilo u otras formas de alivio legal.

Los arrestos, en muchos casos, ocurren cuando el juez aprueba una solicitud del gobierno para cerrar el caso, lo que abre la puerta para que los agentes procedan con detenciones inmediatas.

Los demandantes incluyen a personas que han vivido durante años en Estados Unidos y que fueron separadas de sus familias tras ser arrestadas, así como solicitantes de protección internacional que huyen de persecuciones políticas o por razones de identidad sexual o de género.

“Nuestros tribunales de inmigración deberían ser lugares donde las personas puedan buscar justicia y protección, no ser emboscadas y arrestadas simplemente por presentarse”, declaró Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, una de las organizaciones que lleva la demanda, en un comunicado oficial.

Cambios recientes en políticas migratorias intensifican los arrestos del ICE

Desde enero de 2025, el gobierno ha emitido nuevas directrices que eliminan restricciones anteriores para llevar a cabo arrestos civiles de inmigración en tribunales. Esta práctica, anteriormente limitada por políticas que reconocían el riesgo de inhibir la asistencia a audiencias, ha sido reactivada con amplitud.

Además de autorizar detenciones dentro de los juzgados, también se permite detener a familiares, acompañantes o testigos de los inmigrantes, según retoma la demanda. La directriz del ICE emitida en mayo consolida esta política y remueve incluso las limitaciones impuestas por regulaciones locales.

De acuerdo con los demandantes, a la par, el DOJ ha instruido a jueces y fiscales a desestimar procedimientos migratorios completos, sin respetar los pasos legales previamente establecidos. Esta acción tiene como objetivo facilitar la remoción expedita de aquellos que se encuentran de manera ilegal, aunque estos no hayan agotado su proceso legal.

“La administración Trump ha creado un peligroso clima de miedo que socava tanto el debido proceso como la integridad del sistema legal”, dijo Yang. “Nos vemos obligados a impugnar estas prácticas inconstitucionales y defender el derecho a ser escuchados, de forma justa y segura, en un tribunal de justicia”, agregó.

Organizaciones jurídicas denuncian uso indebido del sistema judicial

La demanda ha sido presentada por varias organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes, entre ellas el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), American Gateways, Democracy Forward, RAICES, Immigrant Advocates Response Collaborative y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. Estas entidades argumentan que el sistema judicial ha sido transformado en un mecanismo de vigilancia y persecución, más que en un foro para el análisis justo de los casos.

“Esto no es justicia. Es un intento deliberado de intimidar y desaparecer a personas antes de que puedan ser escuchadas”, denunció Priyanka Gandhi-Abriano, directora ejecutiva interina de Immigrant ARC. “Defendemos la integridad del sistema legal, protegemos el derecho de todas las personas al debido proceso y exigimos responsabilidades al gobierno de Trump por sus prácticas profundamente perjudiciales dirigidas a las comunidades más vulnerables”, agregó.

Las prácticas denunciadas incluyen la falta de avisos adecuados, la eliminación de periodos para responder a mociones, y la negación de oportunidades para apelar decisiones judiciales. Las organizaciones demandantes también reportan que las nuevas políticas han afectado su capacidad de brindar asesoría legal, ya que se han visto obligadas a rediseñar sus servicios para proteger a las personas que ahora enfrentan un riesgo mayor al presentarse ante un tribunal.

Base legal de la demanda y exigencias ante la corte

Los demandantes fundan su caso en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y la Quinta Enmienda de la Constitución. Consideran que las acciones de ICE, DHS y EOIR han sido contrarias a la ley, aplicadas de forma arbitraria, y violatorias del derecho al debido proceso de los inmigrantes afectados.

“Estamos presenciando una toma autoritaria del sistema judicial de inmigración de EE. UU. por parte de la administración Trump”, aseguró Keren Zwick, directora de litigios del NIJC. “Las personas que asisten a sus audiencias para solicitar permiso para permanecer en este país y cumplir con la ley estadounidense están siendo detenidas y arrancadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de vida”, cuestionó.

Por su parte, Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, dijo que la coordinación entre agencias gubernamentales, la cual considera atroz, no solo inflige un daño irreparable a niños y adultos por igual, sino que también sienta un precedente aterrador en el que se abandona la ley y el orden para fomentar el pánico y el miedo generalizado. “Esto pone en riesgo a toda la ciudadanía estadounidense, independientemente de su estatus migratorio”, aseguró.

La acción colectiva solicita que se anulen las políticas que permiten arrestos en tribunales, así como las que autorizan la remoción expedita de personas con varios años de residencia. También se pide que se prohíba continuar procedimientos de remoción rápida cuando un proceso formal ya está en curso.

El caso presentado en Washington D. C. busca revertir medidas recientes que han cambiado el funcionamiento del sistema de inmigración, lo que convirtió a las cortes en puntos de captura en lugar de espacios para el resguardo de derechos.

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Una coalición de inmigrantes, junto con organizaciones legales y de derechos civiles, ha interpuesto una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por la implementación de políticas que permiten arrestos dentro o en las inmediaciones de tribunales.

Audiencias migratorias se convierten en escenario de detenciones

Según la demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Columbia, en los últimos meses, agentes del ICE han detenido a personas inmediatamente después de que sus casos fueran cerrados o desestimados en audiencia, a pesar de que muchas se presentaban para solicitar asilo u otras formas de alivio legal.

Los arrestos, en muchos casos, ocurren cuando el juez aprueba una solicitud del gobierno para cerrar el caso, lo que abre la puerta para que los agentes procedan con detenciones inmediatas.

Los demandantes incluyen a personas que han vivido durante años en Estados Unidos y que fueron separadas de sus familias tras ser arrestadas, así como solicitantes de protección internacional que huyen de persecuciones políticas o por razones de identidad sexual o de género.

“Nuestros tribunales de inmigración deberían ser lugares donde las personas puedan buscar justicia y protección, no ser emboscadas y arrestadas simplemente por presentarse”, declaró Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, una de las organizaciones que lleva la demanda, en un comunicado oficial.

Cambios recientes en políticas migratorias intensifican los arrestos del ICE

Desde enero de 2025, el gobierno ha emitido nuevas directrices que eliminan restricciones anteriores para llevar a cabo arrestos civiles de inmigración en tribunales. Esta práctica, anteriormente limitada por políticas que reconocían el riesgo de inhibir la asistencia a audiencias, ha sido reactivada con amplitud.

Además de autorizar detenciones dentro de los juzgados, también se permite detener a familiares, acompañantes o testigos de los inmigrantes, según retoma la demanda. La directriz del ICE emitida en mayo consolida esta política y remueve incluso las limitaciones impuestas por regulaciones locales.

De acuerdo con los demandantes, a la par, el DOJ ha instruido a jueces y fiscales a desestimar procedimientos migratorios completos, sin respetar los pasos legales previamente establecidos. Esta acción tiene como objetivo facilitar la remoción expedita de aquellos que se encuentran de manera ilegal, aunque estos no hayan agotado su proceso legal.

“La administración Trump ha creado un peligroso clima de miedo que socava tanto el debido proceso como la integridad del sistema legal”, dijo Yang. “Nos vemos obligados a impugnar estas prácticas inconstitucionales y defender el derecho a ser escuchados, de forma justa y segura, en un tribunal de justicia”, agregó.

Organizaciones jurídicas denuncian uso indebido del sistema judicial

La demanda ha sido presentada por varias organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes, entre ellas el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), American Gateways, Democracy Forward, RAICES, Immigrant Advocates Response Collaborative y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. Estas entidades argumentan que el sistema judicial ha sido transformado en un mecanismo de vigilancia y persecución, más que en un foro para el análisis justo de los casos.

“Esto no es justicia. Es un intento deliberado de intimidar y desaparecer a personas antes de que puedan ser escuchadas”, denunció Priyanka Gandhi-Abriano, directora ejecutiva interina de Immigrant ARC. “Defendemos la integridad del sistema legal, protegemos el derecho de todas las personas al debido proceso y exigimos responsabilidades al gobierno de Trump por sus prácticas profundamente perjudiciales dirigidas a las comunidades más vulnerables”, agregó.

Las prácticas denunciadas incluyen la falta de avisos adecuados, la eliminación de periodos para responder a mociones, y la negación de oportunidades para apelar decisiones judiciales. Las organizaciones demandantes también reportan que las nuevas políticas han afectado su capacidad de brindar asesoría legal, ya que se han visto obligadas a rediseñar sus servicios para proteger a las personas que ahora enfrentan un riesgo mayor al presentarse ante un tribunal.

Base legal de la demanda y exigencias ante la corte

Los demandantes fundan su caso en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y la Quinta Enmienda de la Constitución. Consideran que las acciones de ICE, DHS y EOIR han sido contrarias a la ley, aplicadas de forma arbitraria, y violatorias del derecho al debido proceso de los inmigrantes afectados.

“Estamos presenciando una toma autoritaria del sistema judicial de inmigración de EE. UU. por parte de la administración Trump”, aseguró Keren Zwick, directora de litigios del NIJC. “Las personas que asisten a sus audiencias para solicitar permiso para permanecer en este país y cumplir con la ley estadounidense están siendo detenidas y arrancadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de vida”, cuestionó.

Por su parte, Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, dijo que la coordinación entre agencias gubernamentales, la cual considera atroz, no solo inflige un daño irreparable a niños y adultos por igual, sino que también sienta un precedente aterrador en el que se abandona la ley y el orden para fomentar el pánico y el miedo generalizado. “Esto pone en riesgo a toda la ciudadanía estadounidense, independientemente de su estatus migratorio”, aseguró.

La acción colectiva solicita que se anulen las políticas que permiten arrestos en tribunales, así como las que autorizan la remoción expedita de personas con varios años de residencia. También se pide que se prohíba continuar procedimientos de remoción rápida cuando un proceso formal ya está en curso.

El caso presentado en Washington D. C. busca revertir medidas recientes que han cambiado el funcionamiento del sistema de inmigración, lo que convirtió a las cortes en puntos de captura en lugar de espacios para el resguardo de derechos.

 Una demanda colectiva en Washington D.C. busca frenar al ICE y evitar detenciones arbitrarias en las cortes de inmigración de EE.UU. La acción legal pretende proteger los derechos fundamentales de los migrantes frente a prácticas que consideran injustas y vulnerables.  LA NACION