La sede de la Sociedad Rural Argentina, donde se realiza la exposición anual del campo argentino, se convertirá en el “terreno neutral” que miembros del Gobierno y gobernadores dialoguistas dispondrán para comenzar acercar posturas, luego de las horas de mayor confrontación entre el presidente Javier Milei y los mandatarios provinciales desde que comenzara el gobierno libertario.

Fuentes de la Casa Rosada y distintas gobernaciones reconocieron a LA NACION que el “encuentro casual” que podrá darse el jueves, en Palermo, sería el lugar ideal para retomar una negociación, cuanto menos en formato de charlas informales. Nada de anuncios ni de mesas de negociación formales. “No hay nada oficial previsto, hay que dejar que baje la espuma”, comentó otra alta fuente de la Casa Rosada, con peso en las decisiones electorales.

El vínculo, por estas horas, parece tensado al máximo, con el presidente Milei repitiendo que vetará las leyes impulsadas por la oposición y aprobadas la semana pasada en el Senado, y los gobernadores enarbolando “firmes” los proyectos para recibir más fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que quedaron en condiciones de ser tratados por la Cámara de Diputados.

La negociación, de producirse, no será sencilla. Sin desconocer el enojo creciente de los mandatarios provinciales en búsqueda de más fondos, en Balcarce 50 dicen que “el diálogo nunca se cortó” con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estará en la Rural, como interlocutor renovado de los gobernadores dialoguistas, pero también con otras terminales como el karinista Eduardo “Lule” Menem o el hoy más silencioso asesor presidencial Santiago Caputo.

“No van a venir a la Rosada, la cosa está muy tensa. Pero en la Rural va a haber una convocatoria importante”, afirmaron altas fuentes del Poder Ejecutivo.

A diferencia de la convocatoria del miércoles 9 de julio en Tucumán, que los gobernadores decidieron desechar por amplia mayoría, esta vez la actitud de muchos de ellos será diferente, sobre todo entre los diez gobernadores que formaron parte de lo que era Juntos por el Cambio. “Seguramente nos vamos a cruzar”, afirmó otro mandatario invitado a la inauguración de la tradicional exposición agrícola-ganadera.

“Muchos quieren acordar, pero no con cero de respuesta. Quedarían desdibujados ante sus votantes”, agregan cerca de uno de los funcionarios que no cortó el teléfono, ni siquiera después de la abrumadora mayoría que, en el Senado, consiguió sanción de la ley de actualización de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La Casa Rosada se aferra a algunos datos alentadores en medio de la decepción. Es que los gobernadores Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos), Leandro Zdero (UCR-Chaco) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) ordenaron a sus senadores no participar de la sesión, mientras los que responden a Ignacio Torres (Pro-Chubut), se abstuvieron. “No estaban de acuerdo con meterle una bomba fiscal al gobierno y no querían quedar pegados con el kirchnerismo en votar todo”, afirmaron cerca de los gobernadores que decidieron, vía zoom, no sumarse a la ola opositora.

Conexiones

Sin una propuesta concreta para ofrecer por el momento −el Presidente no distinguió entre dialoguistas y kirchneristas en sus críticas− los negociadores oficiales saben que las exigencias de los gobernadores serán altas. Pero confían en que “los que tienen expectativas de no confrontar electoralmente” en octubre pongan un pie en el freno.

El plazo para las definiciones es concreto: si los proyectos aprobados por el Senado son comunicados este lunes a la Casa Rosada (hasta el viernes no lo habían hecho), el Gobierno tendrá diez días para vetarlos. Ante una eventual insistencia del Congreso, el Gobierno afirma que no está “tan lejos” de conseguir 72 votos que defiendan el veto presidencial en jubilaciones y discapacidad. Necesita 87.

Para los proyectos consensuados por los gobernadores (ATN y los fondos del impuesto a los combustibles) habrá más tiempo, dicen en la Casa Rosada, con el receso invernal ya pisando los talones en el calendario del Congreso.

¿Qué dicen los gobernadores? “Ya es una decisión tomada por los 10 gobernadores ex-JxC que si se abre una mesa de negociación no va a ser gratis para el Gobierno, como lo hicieron siempre”, afirmaron desde dos gobernaciones de ese sector. Agregaron que las normas con media sanción impulsadas por la totalidad de los gobernadores “no generan costo fiscal y le devuelve un porcentaje ínfimo de sus recursos [a las provincias] de agosto a diciembre. No afectan el superávit ni las metas acordadas con el FMI”, desafiaron.

Destacaron que, a diferencia del Senado, gobernadores como Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) sí tienen representación en la Cámara baja. “Ahí el Gobierno va a tener que decidir si entabla una negociación o no. Por promesas vacías o amor a la Patria no los ayudaremos de vuelta. Estamos para votar en favor del veto siempre y cuando haya una estrategia con los recursos de las provincias, hasta ahora ha sido nefasta la manera en la que se manejaron”, destacan.

“Entendemos que la Anses para ellos es como pagar sueldos para nosotros. Por eso, tiene que haber una negociación”, agregaron, conciliadores, desde una gobernación norteña, mientras desde otra administración provincial, habitualmente contemplativa con el Poder Ejecutivo, afirman que los fondos de ATN y el impuesto a los combustibles “no se negocian”. También se quejan de la falta de inversión en obra pública, y sostienen que “subir retenciones es limar ganancias” de los productores.

“Van a ser tres meses turbulentos, habrá ruido externo y también interno”, se resignan en el Gobierno. Las tensiones entre Karina Milei y el sector que encabeza Santiago Caputo también forman parte del actual paisaje oficial, aunque muchos creen −y esperan− que las nubes se disiparán luego de los cierres de listas, tanto de septiembre como las de octubre.

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La sede de la Sociedad Rural Argentina, donde se realiza la exposición anual del campo argentino, se convertirá en el “terreno neutral” que miembros del Gobierno y gobernadores dialoguistas dispondrán para comenzar acercar posturas, luego de las horas de mayor confrontación entre el presidente Javier Milei y los mandatarios provinciales desde que comenzara el gobierno libertario.

Fuentes de la Casa Rosada y distintas gobernaciones reconocieron a LA NACION que el “encuentro casual” que podrá darse el jueves, en Palermo, sería el lugar ideal para retomar una negociación, cuanto menos en formato de charlas informales. Nada de anuncios ni de mesas de negociación formales. “No hay nada oficial previsto, hay que dejar que baje la espuma”, comentó otra alta fuente de la Casa Rosada, con peso en las decisiones electorales.

El vínculo, por estas horas, parece tensado al máximo, con el presidente Milei repitiendo que vetará las leyes impulsadas por la oposición y aprobadas la semana pasada en el Senado, y los gobernadores enarbolando “firmes” los proyectos para recibir más fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que quedaron en condiciones de ser tratados por la Cámara de Diputados.

La negociación, de producirse, no será sencilla. Sin desconocer el enojo creciente de los mandatarios provinciales en búsqueda de más fondos, en Balcarce 50 dicen que “el diálogo nunca se cortó” con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estará en la Rural, como interlocutor renovado de los gobernadores dialoguistas, pero también con otras terminales como el karinista Eduardo “Lule” Menem o el hoy más silencioso asesor presidencial Santiago Caputo.

“No van a venir a la Rosada, la cosa está muy tensa. Pero en la Rural va a haber una convocatoria importante”, afirmaron altas fuentes del Poder Ejecutivo.

A diferencia de la convocatoria del miércoles 9 de julio en Tucumán, que los gobernadores decidieron desechar por amplia mayoría, esta vez la actitud de muchos de ellos será diferente, sobre todo entre los diez gobernadores que formaron parte de lo que era Juntos por el Cambio. “Seguramente nos vamos a cruzar”, afirmó otro mandatario invitado a la inauguración de la tradicional exposición agrícola-ganadera.

“Muchos quieren acordar, pero no con cero de respuesta. Quedarían desdibujados ante sus votantes”, agregan cerca de uno de los funcionarios que no cortó el teléfono, ni siquiera después de la abrumadora mayoría que, en el Senado, consiguió sanción de la ley de actualización de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La Casa Rosada se aferra a algunos datos alentadores en medio de la decepción. Es que los gobernadores Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos), Leandro Zdero (UCR-Chaco) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) ordenaron a sus senadores no participar de la sesión, mientras los que responden a Ignacio Torres (Pro-Chubut), se abstuvieron. “No estaban de acuerdo con meterle una bomba fiscal al gobierno y no querían quedar pegados con el kirchnerismo en votar todo”, afirmaron cerca de los gobernadores que decidieron, vía zoom, no sumarse a la ola opositora.

Conexiones

Sin una propuesta concreta para ofrecer por el momento −el Presidente no distinguió entre dialoguistas y kirchneristas en sus críticas− los negociadores oficiales saben que las exigencias de los gobernadores serán altas. Pero confían en que “los que tienen expectativas de no confrontar electoralmente” en octubre pongan un pie en el freno.

El plazo para las definiciones es concreto: si los proyectos aprobados por el Senado son comunicados este lunes a la Casa Rosada (hasta el viernes no lo habían hecho), el Gobierno tendrá diez días para vetarlos. Ante una eventual insistencia del Congreso, el Gobierno afirma que no está “tan lejos” de conseguir 72 votos que defiendan el veto presidencial en jubilaciones y discapacidad. Necesita 87.

Para los proyectos consensuados por los gobernadores (ATN y los fondos del impuesto a los combustibles) habrá más tiempo, dicen en la Casa Rosada, con el receso invernal ya pisando los talones en el calendario del Congreso.

¿Qué dicen los gobernadores? “Ya es una decisión tomada por los 10 gobernadores ex-JxC que si se abre una mesa de negociación no va a ser gratis para el Gobierno, como lo hicieron siempre”, afirmaron desde dos gobernaciones de ese sector. Agregaron que las normas con media sanción impulsadas por la totalidad de los gobernadores “no generan costo fiscal y le devuelve un porcentaje ínfimo de sus recursos [a las provincias] de agosto a diciembre. No afectan el superávit ni las metas acordadas con el FMI”, desafiaron.

Destacaron que, a diferencia del Senado, gobernadores como Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) sí tienen representación en la Cámara baja. “Ahí el Gobierno va a tener que decidir si entabla una negociación o no. Por promesas vacías o amor a la Patria no los ayudaremos de vuelta. Estamos para votar en favor del veto siempre y cuando haya una estrategia con los recursos de las provincias, hasta ahora ha sido nefasta la manera en la que se manejaron”, destacan.

“Entendemos que la Anses para ellos es como pagar sueldos para nosotros. Por eso, tiene que haber una negociación”, agregaron, conciliadores, desde una gobernación norteña, mientras desde otra administración provincial, habitualmente contemplativa con el Poder Ejecutivo, afirman que los fondos de ATN y el impuesto a los combustibles “no se negocian”. También se quejan de la falta de inversión en obra pública, y sostienen que “subir retenciones es limar ganancias” de los productores.

“Van a ser tres meses turbulentos, habrá ruido externo y también interno”, se resignan en el Gobierno. Las tensiones entre Karina Milei y el sector que encabeza Santiago Caputo también forman parte del actual paisaje oficial, aunque muchos creen −y esperan− que las nubes se disiparán luego de los cierres de listas, tanto de septiembre como las de octubre.

 Funcionarios de Milei y gobernadores coincidirán en la Rural; en la Casa Rosada confían acercar posiciones con los mandatarios dialoguistas, aunque los reclamos de las provincias se mantienen  LA NACION