Procesaron a Alberto Fernández en el caso de los seguros por “negociaciones incompatibles” con su cargo de Presidente
El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su gestión.
El procesamiento –el primero por corrupción que afronta el expresidente- fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.
Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista).
De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.
Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de 2252 millones de pesos y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros. Mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.
En su fallo, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
La lista de delitos que a juicio de Casanello se habrían cometido en este caso incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos y su mujer recibieron sobornos de parte de aseguradoras a través de cooperativas.
Tanos era el responsable de la Gerencia de Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. Después, Javier Milei lo ascendió a gerente general de este organismo, pero lo despidió cuando los investigadores empezaron a reunir pruebas en su contra en esta causa.
Más allá de las sanciones que podrían caberles a las personas físicas involucradas en la causa, el juez pretende avanzar contra las personas jurídicas, que desde 2017, también tienen responsabilidad penal. Casanello citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y por mañana, antes de firmar los procesamientos, dispuso una serie de allanamientos en compañías.
El papel de Fernández
El juez sostuvo que en el tratamiento de los seguros estatales “convivían dos espacios: el público y el privado”. En el público, se cumplían las formalidades y Fernández dictó el decreto 823/2021 para que las entidades estatales contrataran todas con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Pero en el privado se hacía lo contrario, “fomentando –dijo el juez- los negocios particulares del entorno presidencial con el Estado en desmedro de aquella racionalización”.
El Presidente “tenía un rol clave” en esa maniobra, de acuerdo con el fallo de este jueves. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Para eso, se sacó fotos con Martínez Sosa que funcionaron como “un activo” para el empresario porque le permitían “documentar el vínculo” de “estrecha cercanía” con el Presidente y buscar negocios invocándolo.
Pero el papel de Fernández no se agotó ahí y si en algún caso el mensaje no bastó, a pedido de Cantero o de Martínez Sosa, el entonces presidente tomó a cargo la gestión necesaria y se ocupó “directamente de remover los obstáculos que pudieran aparecer”, relató el juez.
El fallo da cuenta de dos episodios en los que Fernández pasó de la aquiescencia a la acción directa.
El primero está relacionado con los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, le dijo Fernández a Cantero cuando ella se quejó de que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor” como intermediario con Nación Seguros. En efecto, unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Martínez Sosa conservó el negocio.
La segunda gestión directa fue, de acuerdo con el fallo, en 2022, cuando Martínez Sosa quería evitar que corrieran a Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros porque este funcionario podía colaborar con sus negocios con el Estado. García Argibay, según el fallo, tenía además negocios espurios con Martínez Sosa a través de la productora de seguros Bachellier, que resultó ser una empresa fantasma.
En su batalla para que no removieran a García Argibay, Martínez Sosa consiguió reunirse con Fernández -una serie de chats dan cuenta de cómo insistió para ello-. Después, le contó a su mujer que le había ido muy bien en ese encuentro y que todo se iba a destrabar. En efecto, pese al cambio de autoridades de Nación Seguros, García Argibay fue mantenido en el cargo.
En definitiva, dice el juez, “si la mera invocación no bastaba, los modos de convencimiento llegaban a incluir la intervención directa del entonces presidente: no era una venta de humo sino que la influencia era real”.
Este es el segundo procesamiento dictado contra Alberto Fernández. El primero, por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez, fue confirmado en abril de este año por la Cámara Federal.
La “comunidad” bajo sospecha
Casanello relató que Martínez Sosa, Cantero y Fernández forjaron una “comunidad de intereses económicos” durante años. Cantero era su secretaria histórica y conoció a Martínez Sosa cuando desembarcó con Fernández en la Superintendencia de Seguros, a principios de los 90.
Antes de ser Presidente, Fernández “todos los meses, durante al menos nueve años, emitió facturación” a la empresa de Martínez Sosa por sus servicios “jurídicos”, relata el fallo. Los mensajes de WhatsApp a los que accedieron los investigadores dan cuenta de cómo, entre 2016 y 2019, circulaba dinero entre Martínez Sosa y Fernández. “A modo de ejemplo –escribió el juez-, en junio de 2016, Fernández preguntó si Rodríguez iba a ir al otro día, porque necesitaba ‘algo de dinero para el finde”. Según el juez, Rodríguez buscaba fondos por lo de Martínez Sosa.
Daniel Rodríguez formó parte, según el juez, del mismo círculo. Fue nombrado intendente de la Quinta de Olivos por Fernández, pero antes de que asumiera como Presidente, hacía trabajos para él que corrían a cargo de Martínez Sosa. Este empresario –dijo el juez- “pagaba empleados que en los hechos prestaban labores para Fernández como Rodríguez, cercano al matrimonio”.
Otra prueba del vínculo estuvo siempre a la vista: Fernández declaró hasta el final de su mandato una deuda con Martínez Sosa de 20.000 dólares que nunca saldó.
El juez dijo que, siendo que entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero “existió una historia de comunidad de intereses”, él debió haber hecho “un corte total con el mundo de los negocios privados” cuando asumió la Presidencia, pero hizo lo contrario: “creó y habilitó un escenario permisivo” para el lucro de sus amigos.
En cuanto a Cantero, el juez dijo que “estaba claramente de los dos lados el mostrador” y que pese a que su solo nombramiento “suponía ya de base la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, por el contrario, Fernández permitió que Cantero usara la información que tenía por llevarle la agenda y los nexos con altos funcionarios para la “estrategia de expansión y obtención de la máxima cantidad de contratos estatales posibles” para la empresa familiar.
En total, 14 reparticiones públicas les dieron a Martínez Sosa contratos –dice el juez- para “la dudosa y desaconsejada tarea de intermediación”. Pero además, Martínez Sosa tenía participación, en las sombras, en otros contratos. “Se ocultaba detrás de otros brokers para que no sonaran alarmas”, afirmó el juez, que recordó que Pagliano, en un mensaje que está en poder de la Justicia, dice que Martínez Sosa no figuraba en una póliza “adrede”.
La defensa de Fernández
Fernández apelará este fallo. Así lo informó a LA NACION una fuente cercana a él, que sostuvo que al expresidente se le achacan “cosas que hacían y decían María [Cantero] y su marido”.
En defensa de Fernández, sostuvo que él no sacó rédito alguno del supuesto interés que se le imputa y dijo que el único caso en el que intervino fue el de Cancillería: que llamó a Cafiero porque quiso evitar que alguien hiciera un negocio sucio cambiando un broker a meses del final de su mandato.
El caso Anses
En las contrataciones de la Anses el juez cree que hubo una “administración infiel” que provocó un daño al Estado de 1981 millones de pesos. No acusó de este hecho a Alberto Fernández; sí a Pagliano, Tanos y otros tres funcionarios (además de a un grupo de empresarios).
En la Anses, se recurrió a “coaseguros” con empresas para compartir los riesgos. Casanello consideró acreditado que el organismo coaseguró con San Germán Seguros, una compañía que no tenía capacidad económica suficiente para soportar el riesgo asignado. Y que además contrató como intermediaria a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA, una empresa “de papel”.
Sobornos
Casanello consideró acreditado además que “a través de las cooperativas que conformaron la estructura para canalizar las ganancias ilícitas se instrumentaron retornos a Mauro Tanos”. El juez cree que una parte de los presuntos sobornos los recibió el funcionario a través de su mujer. Una de esas cooperativas, dice por ejemplo el fallo, “les proveyó a Tanos y su mujer dos autos nuevos de categoría (Volkswagen Amarok y Jeep Commander) y distintos viajes en avión”.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su gestión.
El procesamiento –el primero por corrupción que afronta el expresidente- fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.
Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista).
De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.
Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de 2252 millones de pesos y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros. Mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.
En su fallo, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
La lista de delitos que a juicio de Casanello se habrían cometido en este caso incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos y su mujer recibieron sobornos de parte de aseguradoras a través de cooperativas.
Tanos era el responsable de la Gerencia de Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. Después, Javier Milei lo ascendió a gerente general de este organismo, pero lo despidió cuando los investigadores empezaron a reunir pruebas en su contra en esta causa.
Más allá de las sanciones que podrían caberles a las personas físicas involucradas en la causa, el juez pretende avanzar contra las personas jurídicas, que desde 2017, también tienen responsabilidad penal. Casanello citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y por mañana, antes de firmar los procesamientos, dispuso una serie de allanamientos en compañías.
El papel de Fernández
El juez sostuvo que en el tratamiento de los seguros estatales “convivían dos espacios: el público y el privado”. En el público, se cumplían las formalidades y Fernández dictó el decreto 823/2021 para que las entidades estatales contrataran todas con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Pero en el privado se hacía lo contrario, “fomentando –dijo el juez- los negocios particulares del entorno presidencial con el Estado en desmedro de aquella racionalización”.
El Presidente “tenía un rol clave” en esa maniobra, de acuerdo con el fallo de este jueves. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Para eso, se sacó fotos con Martínez Sosa que funcionaron como “un activo” para el empresario porque le permitían “documentar el vínculo” de “estrecha cercanía” con el Presidente y buscar negocios invocándolo.
Pero el papel de Fernández no se agotó ahí y si en algún caso el mensaje no bastó, a pedido de Cantero o de Martínez Sosa, el entonces presidente tomó a cargo la gestión necesaria y se ocupó “directamente de remover los obstáculos que pudieran aparecer”, relató el juez.
El fallo da cuenta de dos episodios en los que Fernández pasó de la aquiescencia a la acción directa.
El primero está relacionado con los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, le dijo Fernández a Cantero cuando ella se quejó de que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor” como intermediario con Nación Seguros. En efecto, unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Martínez Sosa conservó el negocio.
La segunda gestión directa fue, de acuerdo con el fallo, en 2022, cuando Martínez Sosa quería evitar que corrieran a Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros porque este funcionario podía colaborar con sus negocios con el Estado. García Argibay, según el fallo, tenía además negocios espurios con Martínez Sosa a través de la productora de seguros Bachellier, que resultó ser una empresa fantasma.
En su batalla para que no removieran a García Argibay, Martínez Sosa consiguió reunirse con Fernández -una serie de chats dan cuenta de cómo insistió para ello-. Después, le contó a su mujer que le había ido muy bien en ese encuentro y que todo se iba a destrabar. En efecto, pese al cambio de autoridades de Nación Seguros, García Argibay fue mantenido en el cargo.
En definitiva, dice el juez, “si la mera invocación no bastaba, los modos de convencimiento llegaban a incluir la intervención directa del entonces presidente: no era una venta de humo sino que la influencia era real”.
Este es el segundo procesamiento dictado contra Alberto Fernández. El primero, por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez, fue confirmado en abril de este año por la Cámara Federal.
La “comunidad” bajo sospecha
Casanello relató que Martínez Sosa, Cantero y Fernández forjaron una “comunidad de intereses económicos” durante años. Cantero era su secretaria histórica y conoció a Martínez Sosa cuando desembarcó con Fernández en la Superintendencia de Seguros, a principios de los 90.
Antes de ser Presidente, Fernández “todos los meses, durante al menos nueve años, emitió facturación” a la empresa de Martínez Sosa por sus servicios “jurídicos”, relata el fallo. Los mensajes de WhatsApp a los que accedieron los investigadores dan cuenta de cómo, entre 2016 y 2019, circulaba dinero entre Martínez Sosa y Fernández. “A modo de ejemplo –escribió el juez-, en junio de 2016, Fernández preguntó si Rodríguez iba a ir al otro día, porque necesitaba ‘algo de dinero para el finde”. Según el juez, Rodríguez buscaba fondos por lo de Martínez Sosa.
Daniel Rodríguez formó parte, según el juez, del mismo círculo. Fue nombrado intendente de la Quinta de Olivos por Fernández, pero antes de que asumiera como Presidente, hacía trabajos para él que corrían a cargo de Martínez Sosa. Este empresario –dijo el juez- “pagaba empleados que en los hechos prestaban labores para Fernández como Rodríguez, cercano al matrimonio”.
Otra prueba del vínculo estuvo siempre a la vista: Fernández declaró hasta el final de su mandato una deuda con Martínez Sosa de 20.000 dólares que nunca saldó.
El juez dijo que, siendo que entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero “existió una historia de comunidad de intereses”, él debió haber hecho “un corte total con el mundo de los negocios privados” cuando asumió la Presidencia, pero hizo lo contrario: “creó y habilitó un escenario permisivo” para el lucro de sus amigos.
En cuanto a Cantero, el juez dijo que “estaba claramente de los dos lados el mostrador” y que pese a que su solo nombramiento “suponía ya de base la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, por el contrario, Fernández permitió que Cantero usara la información que tenía por llevarle la agenda y los nexos con altos funcionarios para la “estrategia de expansión y obtención de la máxima cantidad de contratos estatales posibles” para la empresa familiar.
En total, 14 reparticiones públicas les dieron a Martínez Sosa contratos –dice el juez- para “la dudosa y desaconsejada tarea de intermediación”. Pero además, Martínez Sosa tenía participación, en las sombras, en otros contratos. “Se ocultaba detrás de otros brokers para que no sonaran alarmas”, afirmó el juez, que recordó que Pagliano, en un mensaje que está en poder de la Justicia, dice que Martínez Sosa no figuraba en una póliza “adrede”.
La defensa de Fernández
Fernández apelará este fallo. Así lo informó a LA NACION una fuente cercana a él, que sostuvo que al expresidente se le achacan “cosas que hacían y decían María [Cantero] y su marido”.
En defensa de Fernández, sostuvo que él no sacó rédito alguno del supuesto interés que se le imputa y dijo que el único caso en el que intervino fue el de Cancillería: que llamó a Cafiero porque quiso evitar que alguien hiciera un negocio sucio cambiando un broker a meses del final de su mandato.
El caso Anses
En las contrataciones de la Anses el juez cree que hubo una “administración infiel” que provocó un daño al Estado de 1981 millones de pesos. No acusó de este hecho a Alberto Fernández; sí a Pagliano, Tanos y otros tres funcionarios (además de a un grupo de empresarios).
En la Anses, se recurrió a “coaseguros” con empresas para compartir los riesgos. Casanello consideró acreditado que el organismo coaseguró con San Germán Seguros, una compañía que no tenía capacidad económica suficiente para soportar el riesgo asignado. Y que además contrató como intermediaria a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA, una empresa “de papel”.
Sobornos
Casanello consideró acreditado además que “a través de las cooperativas que conformaron la estructura para canalizar las ganancias ilícitas se instrumentaron retornos a Mauro Tanos”. El juez cree que una parte de los presuntos sobornos los recibió el funcionario a través de su mujer. Una de esas cooperativas, dice por ejemplo el fallo, “les proveyó a Tanos y su mujer dos autos nuevos de categoría (Volkswagen Amarok y Jeep Commander) y distintos viajes en avión”.
El juez Casanello consideró probado que el expresidente intervino para favorecer, desde la Casa Rosada, los negocios del bróker Héctor Martínez Sosa, el marido de su secretaria; en total, procesó a 34 personas LA NACION
