Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para declarar ante el juez Casanello en la causa de los seguros
Alberto Fernández ya está en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco del caso de los seguros, que investiga presuntas irregularidades en el reparto de los contratos en las dependencias públicas durante su mandato, uno de los dos frentes judiciales que aqueja al expresidente.
Fernández fue indagado en noviembre, pero su situación procesal, y la de otra treintena de imputados, nunca se definió. El juzgado federal donde tramita el caso cambió de manos en febrero, días después de terminada la extensa ronda de indagatorias.
Por pedido de su defensa, en manos de la abogada Mariana Barbitta, se pospuso por algunas horas la declaración del expresidente, que estaba prevista para las 10. Será una ampliación de la realizada en noviembre, cuando entregó un escrito y no contestó preguntas del juez -Julián Ercolini, al que había recusado- ni del fiscal.
El exmandatario quedó bajo la lupa de la Justicia por haber firmado el decreto 823/2021 que obligaba a organismos del Estado a contratar sus seguros a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación, que, a su vez, intermediaba la contratación de las pólizas a través de brokers, como Héctor Martínez Sosa, uno de los principales beneficiarios de la presunta maniobra y pareja de la entonces secretaria de Fernández María Cantero.
La nueva indagatoria está precedida por una visita de Fernández a los tribunales, donde pidió ampliar esa declaración, y un fallo de la Cámara Federal que, por mayoría, hizo caer la inhibición de bienes que pesaba sobre un total de 51 personas físicas y jurídicas, incluidos el expresidente, Martínez Sosa y Cantero.
Además, los camaristas que conformaron la mayoría, Martín Irurzun y Eduardo Farah, le pidieron al juez Casanello que “se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados”. En disidencia votó Roberto Boico, que optó por confirmar tanto la inhibición de bienes como los embargos preventivos.
La medida que regía hasta ayer fue ordenada por Casanello que, tras recorrer lo actuado y familiarizarse con el expediente, decidió restituir esa inhibición -había sido ordenada por el juez Ercolini y dada de baja por la Cámara- y abrir nuevas líneas de investigación.
Entre las medidas adicionales, resolvió hacer un peritaje controlado sobre el teléfono de Fernández que ya estaba en manos de la Justicia -pero en otro juzgado- desde agosto de 2024, cuando fue secuestrado en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, el otro frente que complica al expresidente, donde ya está procesado por lesiones.
Casanello decidió volver a peritar la copia forense del aparato con un filtrado de palabras y parámetros vinculados con lo que se investiga en este expediente.
Alberto Fernández ya está en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco del caso de los seguros, que investiga presuntas irregularidades en el reparto de los contratos en las dependencias públicas durante su mandato, uno de los dos frentes judiciales que aqueja al expresidente.
Fernández fue indagado en noviembre, pero su situación procesal, y la de otra treintena de imputados, nunca se definió. El juzgado federal donde tramita el caso cambió de manos en febrero, días después de terminada la extensa ronda de indagatorias.
Por pedido de su defensa, en manos de la abogada Mariana Barbitta, se pospuso por algunas horas la declaración del expresidente, que estaba prevista para las 10. Será una ampliación de la realizada en noviembre, cuando entregó un escrito y no contestó preguntas del juez -Julián Ercolini, al que había recusado- ni del fiscal.
El exmandatario quedó bajo la lupa de la Justicia por haber firmado el decreto 823/2021 que obligaba a organismos del Estado a contratar sus seguros a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación, que, a su vez, intermediaba la contratación de las pólizas a través de brokers, como Héctor Martínez Sosa, uno de los principales beneficiarios de la presunta maniobra y pareja de la entonces secretaria de Fernández María Cantero.
La nueva indagatoria está precedida por una visita de Fernández a los tribunales, donde pidió ampliar esa declaración, y un fallo de la Cámara Federal que, por mayoría, hizo caer la inhibición de bienes que pesaba sobre un total de 51 personas físicas y jurídicas, incluidos el expresidente, Martínez Sosa y Cantero.
Además, los camaristas que conformaron la mayoría, Martín Irurzun y Eduardo Farah, le pidieron al juez Casanello que “se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados”. En disidencia votó Roberto Boico, que optó por confirmar tanto la inhibición de bienes como los embargos preventivos.
La medida que regía hasta ayer fue ordenada por Casanello que, tras recorrer lo actuado y familiarizarse con el expediente, decidió restituir esa inhibición -había sido ordenada por el juez Ercolini y dada de baja por la Cámara- y abrir nuevas líneas de investigación.
Entre las medidas adicionales, resolvió hacer un peritaje controlado sobre el teléfono de Fernández que ya estaba en manos de la Justicia -pero en otro juzgado- desde agosto de 2024, cuando fue secuestrado en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, el otro frente que complica al expresidente, donde ya está procesado por lesiones.
Casanello decidió volver a peritar la copia forense del aparato con un filtrado de palabras y parámetros vinculados con lo que se investiga en este expediente.
El expresidente fue indagado en noviembre, pero no se resolvió su situación procesal; ahora un nuevo magistrado lleva el expediente y el exmandatario pidió ampliar su descargo LA NACION
