La Justicia rechazó un intento por reanimar una denuncia contra un exfuncionario de Macri
La Cámara de Casación rechazó un planteo fiscal que buscaba reanimar una denuncia por abuso de autoridad contra Javier Iguacel, el extitular de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos, por haber dado de baja una serie de contratos con la firma constructora CPC SA, perteneciente al Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López.
La empresa −que contó con el patrocinio de Carlos Beraldi y Ary Llernavoy, los abogados de Cristina Kirchner en la causa por Vialidad− adujo que el funcionario emitió una serie de actos administrativos con la intención de perjudicar a la empresa, que debió entrar en concurso preventivo. Según la denuncia, Iguacel suspendió pagos, sancionó a la firma con multas y rescindió contratos de forma arbitraria.
Como cabeza del órgano vial, el funcionario fue además quien inició formalmente la causa Vialidad en la Justicia, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión.
En diciembre último, el juez Daniel Rafecas declaró extinguida la acción penal contra Iguacel por haber transcurrido más de dos años −el máximo de la pena por el delito de abuso de autoridad− y dispuso su sobreseimiento, en línea con lo dicho por el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen.
Beraldi apeló la decisión al sostener que Iguacel, con su accionar al frente del órgano vial, podía haber incurrido en delitos más graves, como fraude al Estado o asociación ilícita. La decisión del juez Rafecas, no obstante, fue ratificada por la Sala I de Cámara Federal. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que todo ello eran “meras suposiciones cuyo único fin apuntaría a mantener la vigencia de la acción penal” contra Iguacel.
Sin embargo, el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, interpuso un recurso de casación promoviendo la acción penal contra el funcionario, argumentando que, luego de ser titular de Vialidad, Iguacel fue secretario de Energía entre 2018 y 2019 e intendente de Capitán Sarmiento hasta 2023, y que esa continuidad en la función pública interrumpía el curso de la prescripción. El fiscal también dejó abierta la posibilidad de que pudieran haberse cometido otros delitos.
La Cámara Federal le dio luz verde al planteo y el caso llegó a Casación, que este martes, por mayoría, lo declaró mal concedido.
Disidencias
El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, respaldó a su colega Agüero Iturbe al sostener que la prescripción debía suspenderse porque Iguacel había seguido ocupando cargos públicos. Afirmó que el pronunciamiento del fiscal Taiano en primera instancia de ningún modo limitaba su accionar.
El juez Mariano Borinsky, que lideró el voto, sostuvo que la postura del Ministerio Público había quedado definida cuando Taiano no recurrió el fallo que sobreseyó a Iguacel, por lo que ahora Agüero Iturbe no podía pronunciarse en sentido contrario al de su colega de primera instancia.
El juez Javier Carbajo se plegó al voto de Borinsky mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia: afirmó que el recurso debía concederse y tratarse la cuestión de fondo.
La Cámara de Casación rechazó un planteo fiscal que buscaba reanimar una denuncia por abuso de autoridad contra Javier Iguacel, el extitular de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos, por haber dado de baja una serie de contratos con la firma constructora CPC SA, perteneciente al Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López.
La empresa −que contó con el patrocinio de Carlos Beraldi y Ary Llernavoy, los abogados de Cristina Kirchner en la causa por Vialidad− adujo que el funcionario emitió una serie de actos administrativos con la intención de perjudicar a la empresa, que debió entrar en concurso preventivo. Según la denuncia, Iguacel suspendió pagos, sancionó a la firma con multas y rescindió contratos de forma arbitraria.
Como cabeza del órgano vial, el funcionario fue además quien inició formalmente la causa Vialidad en la Justicia, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión.
En diciembre último, el juez Daniel Rafecas declaró extinguida la acción penal contra Iguacel por haber transcurrido más de dos años −el máximo de la pena por el delito de abuso de autoridad− y dispuso su sobreseimiento, en línea con lo dicho por el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen.
Beraldi apeló la decisión al sostener que Iguacel, con su accionar al frente del órgano vial, podía haber incurrido en delitos más graves, como fraude al Estado o asociación ilícita. La decisión del juez Rafecas, no obstante, fue ratificada por la Sala I de Cámara Federal. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que todo ello eran “meras suposiciones cuyo único fin apuntaría a mantener la vigencia de la acción penal” contra Iguacel.
Sin embargo, el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, interpuso un recurso de casación promoviendo la acción penal contra el funcionario, argumentando que, luego de ser titular de Vialidad, Iguacel fue secretario de Energía entre 2018 y 2019 e intendente de Capitán Sarmiento hasta 2023, y que esa continuidad en la función pública interrumpía el curso de la prescripción. El fiscal también dejó abierta la posibilidad de que pudieran haberse cometido otros delitos.
La Cámara Federal le dio luz verde al planteo y el caso llegó a Casación, que este martes, por mayoría, lo declaró mal concedido.
Disidencias
El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, respaldó a su colega Agüero Iturbe al sostener que la prescripción debía suspenderse porque Iguacel había seguido ocupando cargos públicos. Afirmó que el pronunciamiento del fiscal Taiano en primera instancia de ningún modo limitaba su accionar.
El juez Mariano Borinsky, que lideró el voto, sostuvo que la postura del Ministerio Público había quedado definida cuando Taiano no recurrió el fallo que sobreseyó a Iguacel, por lo que ahora Agüero Iturbe no podía pronunciarse en sentido contrario al de su colega de primera instancia.
El juez Javier Carbajo se plegó al voto de Borinsky mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia: afirmó que el recurso debía concederse y tratarse la cuestión de fondo.
Un recurso fiscal buscaba reactivar una acción por abuso de autoridad contra Javier Iguacel, que fue quien inició formalmente la causa Vialidad LA NACION
