El Gobierno actualizó el precio del gas y oficializó nuevas tarifas que regirán a partir de julio
La Secretaría de Energía determinó un nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se aplicará a partir de julio como parte del proceso de revisión de tarifas y reducción de subsidios generalizados. Según surge del texto de la normativa, la medida determina los valores a trasladar a los cuadros tarifarios del servicio público de distribución, dentro del marco del Plan Gas.Ar, creado para garantizar la producción federal de hidrocarburos y el abastecimiento interno.
De acuerdo con lo dispuesto, el objetivo de este ajuste es «sostener los precios reales estables, garantizar la continuidad del abastecimiento con producción nacional y aliviar la presión sobre las cuentas públicas». La decisión se inscribe en el proceso de transición hacia subsidios focalizados que comenzó a fines de 2023, cuando se declaró la emergencia del sector energético.
La normativa establece que cada distribuidora deberá adecuar sus contratos de abastecimiento a los nuevos valores y que los usuarios verán reflejado este cambio en las próximas facturas. La medida alcanza a hogares y comercios de todo el país, con precios que varían según la región y la prestadora de servicio, contemplando diferencias por ubicación geográfica y costos de transporte. En general, los valores se ubican en un rango de US$2,90 a poco más de 3 dólares por millón de BTU, con tarifas más bajas en el sur y más altas en provincias del norte y centro.
El esquema de segmentación por niveles de ingresos, en tanto, seguirá vigente. Los usuarios de mayores ingresos afrontarán el costo pleno del servicio, mientras que para los hogares de ingresos bajos y medios se mantendrán bonificaciones sobre el consumo básico, de acuerdo con los topes definidos. Si se superan esos límites, se paga un precio diferencial sin subsidio, una forma de incentivar el consumo eficiente.
En el texto de la normativa se indica que esta medida se inscribe en el Plan Gas.Ar, programa de estímulo a la producción de gas natural argentino, que busca fortalecer la oferta local, sostener el autoabastecimiento y reducir la dependencia de importaciones. A través de un esquema de contratos con precios garantizados, se procura incentivar las inversiones en todas las cuencas hidrocarburíferas del país, lo que incluye la expansión de la infraestructura de transporte.
La Secretaría de Energía confirmó que las distribuidoras y productoras deberán coordinar la adecuación de los contratos de suministro para que los nuevos valores se apliquen sin demoras. Además, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se encargará de verificar que los cuadros tarifarios se ajusten correctamente y de controlar la aplicación de los topes y bonificaciones según cada categoría de usuario.
El proceso de transición hacia subsidios focalizados continuará en los próximos meses, ya que la emergencia energética se prorrogó hasta mediados de 2026. El esquema apunta a proteger el consumo esencial de los hogares vulnerables y a asegurar que quienes tienen mayor capacidad de pago asuman el costo pleno del servicio.
La normativa también prevé que los nuevos precios se mantengan sujetos a revisión periódica, en línea con las pautas establecidas por el Ministerio de Economía. De este modo, se busca que la evolución de tarifas acompañe la variación de los costos de producción, transporte y distribución.
La Secretaría de Energía determinó un nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se aplicará a partir de julio como parte del proceso de revisión de tarifas y reducción de subsidios generalizados. Según surge del texto de la normativa, la medida determina los valores a trasladar a los cuadros tarifarios del servicio público de distribución, dentro del marco del Plan Gas.Ar, creado para garantizar la producción federal de hidrocarburos y el abastecimiento interno.
De acuerdo con lo dispuesto, el objetivo de este ajuste es «sostener los precios reales estables, garantizar la continuidad del abastecimiento con producción nacional y aliviar la presión sobre las cuentas públicas». La decisión se inscribe en el proceso de transición hacia subsidios focalizados que comenzó a fines de 2023, cuando se declaró la emergencia del sector energético.
La normativa establece que cada distribuidora deberá adecuar sus contratos de abastecimiento a los nuevos valores y que los usuarios verán reflejado este cambio en las próximas facturas. La medida alcanza a hogares y comercios de todo el país, con precios que varían según la región y la prestadora de servicio, contemplando diferencias por ubicación geográfica y costos de transporte. En general, los valores se ubican en un rango de US$2,90 a poco más de 3 dólares por millón de BTU, con tarifas más bajas en el sur y más altas en provincias del norte y centro.
El esquema de segmentación por niveles de ingresos, en tanto, seguirá vigente. Los usuarios de mayores ingresos afrontarán el costo pleno del servicio, mientras que para los hogares de ingresos bajos y medios se mantendrán bonificaciones sobre el consumo básico, de acuerdo con los topes definidos. Si se superan esos límites, se paga un precio diferencial sin subsidio, una forma de incentivar el consumo eficiente.
En el texto de la normativa se indica que esta medida se inscribe en el Plan Gas.Ar, programa de estímulo a la producción de gas natural argentino, que busca fortalecer la oferta local, sostener el autoabastecimiento y reducir la dependencia de importaciones. A través de un esquema de contratos con precios garantizados, se procura incentivar las inversiones en todas las cuencas hidrocarburíferas del país, lo que incluye la expansión de la infraestructura de transporte.
La Secretaría de Energía confirmó que las distribuidoras y productoras deberán coordinar la adecuación de los contratos de suministro para que los nuevos valores se apliquen sin demoras. Además, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se encargará de verificar que los cuadros tarifarios se ajusten correctamente y de controlar la aplicación de los topes y bonificaciones según cada categoría de usuario.
El proceso de transición hacia subsidios focalizados continuará en los próximos meses, ya que la emergencia energética se prorrogó hasta mediados de 2026. El esquema apunta a proteger el consumo esencial de los hogares vulnerables y a asegurar que quienes tienen mayor capacidad de pago asuman el costo pleno del servicio.
La normativa también prevé que los nuevos precios se mantengan sujetos a revisión periódica, en línea con las pautas establecidas por el Ministerio de Economía. De este modo, se busca que la evolución de tarifas acompañe la variación de los costos de producción, transporte y distribución.
La Secretaría de Energía definió los valores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte; el ajuste impactará en usuarios residenciales y empresas distribuidoras LA NACION
