En medio de la puja de Cristina Kirchner por ampliar su margen de maniobra política pese a su prisión domiciliaria, este lunes vence el plazo de 48 horas hábiles que la Justicia le otorgó para que entregue el listado de las personas que podrán visitarla sin autorización en su departamento de Constitución, donde desde el martes pasado cumple su pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción.

La nómina está atravesada por un criterio que contempla solo a su núcleo familiar y al primer cordón de profesionales que la asisten, como abogados y médicos. Así, excluye a dirigentes políticos, uno de los ejes sobre los que sus defensores construyeron el escrito de protesta, el pasado jueves, con el que le pidieron al Tribunal Oral que revoque esta decisión.

“Ella es la principal dirigente de la oposición”, justificaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy en el escrito. La presentación de ese recurso de reposición, en principio, no suspende los plazos judiciales, que se extinguen en las “dos primeras” horas de este lunes: las 9.30, dado que Tribunales comienza a funcionar a las 7.30.

El escrito de los abogados defensores está sembrado con indicios que hablan del rol que la expresidenta le asigna a su departamento en Constitución: un centro de operaciones desde donde explotar electoralmente su renovada centralidad en el peronismo.

Los abogados de la expresidenta recorren dos líneas de acción. La principal sostiene que el tribunal no puede ir más allá de la condena que le impuso y que los derechos políticos y civiles de la expresidenta están en pie, a pesar de haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Por eso, los abogados de la expresidenta cuestionan tanto la decisión como su profundidad: señalan que ese régimen de visitas, además de inédito, es muy estrecho, puesto que deja afuera a sus afectos -necesarios inclusive para la “reinserción social” de su clienta- y a otros defensores suyos, como los peritos que la asisten en procesos judiciales paralelos: por estas horas, por caso, se ultiman los detalles de un peritaje contable que vuelve a revisar presuntas irregularidades en el empalme patrimonial entre la expresidenta y Néstor Kirchner tras su fallecimiento en 2010.

El acento del escrito, sin embargo, está puesto en lo político. Además de reafirmar a su defendida como la principal líder de la oposición, los abogados remarcan su visión sobre cuán perjudicial es para la democracia el régimen de visitas impuesto.

Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa.

Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.

El resto de mis…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

“Lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, afirmaron Beraldi y Llernovoy.

“Los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”, enfatizaron.

También plantearon dudas, y pidieron precisiones, respecto a cual será el criterio que adoptará el tribunal cuando a futuro deba tratar con las “innumerables” presentaciones que harán quienes queden afuera del listado y deseen visitar a Cristina Kirchner en su domicilio de Constitución. Sean de la política doméstica o internacional, como podría suceder en el caso del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. “En cualquier caso, y dado el tiempo que viene por delante, seguramente deberán efectuarse innumerables presentaciones”, pronosticaron los abogados.

Qué dirán los jueces

Los jueces no han dado pistas sobre el camino a tomar. Podrían ser varios e incluso cruzarse. El tribunal podría ampliar el plazo de 48 horas para que Cristina Kirchner presente el listado, flexibilizar eventualmente el régimen de visitas o, tal como hizo al responder la solicitud sobre el uso del balcón, ceñirse al criterio antes expresados y sostener que solo podrán visitarla sus familiares más cercanos, su custodia o sus médicos y abogados.

La decisión del tribunal de excluir a dirigentes políticos parece seguir el recorrido que proyecta la propia sentencia. El diciembre de 2022, los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini encontraron culpable a Cristina Kirchner de haber defraudado al Estado desde la primera magistratura. Además de los seis años de prisión, y tal como lo establece el Código Penal, limitaron los derechos políticos de la expresidenta al impedirle ejercer cargos públicos.

Es el presidente de ese tribunal -una particularidad del sistema de Comodoro Py-, Jorge Gorini, quien debe hacer cumplir la ejecución de esa pena.

Para la expresidenta, el régimen impuesto limita no solo sus derechos políticos sino también sus civiles. Para apuntalar su postura, la defensa de la expresidenta se apoyó en el voto que un juez de la Cámara de Casación volcó en otra causa. Se trata de Gustavo Hornos, que cuando debió intervenir en la causa Vialidad pidió juzgar a la expresidenta por el delito de asociación ilícita.

“Se debe garantizar -dicen los abogados de la expresidenta a través del juez Hornos- que la persona condenada mantenga sus relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible, asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano. Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos”.

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En medio de la puja de Cristina Kirchner por ampliar su margen de maniobra política pese a su prisión domiciliaria, este lunes vence el plazo de 48 horas hábiles que la Justicia le otorgó para que entregue el listado de las personas que podrán visitarla sin autorización en su departamento de Constitución, donde desde el martes pasado cumple su pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción.

La nómina está atravesada por un criterio que contempla solo a su núcleo familiar y al primer cordón de profesionales que la asisten, como abogados y médicos. Así, excluye a dirigentes políticos, uno de los ejes sobre los que sus defensores construyeron el escrito de protesta, el pasado jueves, con el que le pidieron al Tribunal Oral que revoque esta decisión.

“Ella es la principal dirigente de la oposición”, justificaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy en el escrito. La presentación de ese recurso de reposición, en principio, no suspende los plazos judiciales, que se extinguen en las “dos primeras” horas de este lunes: las 9.30, dado que Tribunales comienza a funcionar a las 7.30.

El escrito de los abogados defensores está sembrado con indicios que hablan del rol que la expresidenta le asigna a su departamento en Constitución: un centro de operaciones desde donde explotar electoralmente su renovada centralidad en el peronismo.

Los abogados de la expresidenta recorren dos líneas de acción. La principal sostiene que el tribunal no puede ir más allá de la condena que le impuso y que los derechos políticos y civiles de la expresidenta están en pie, a pesar de haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Por eso, los abogados de la expresidenta cuestionan tanto la decisión como su profundidad: señalan que ese régimen de visitas, además de inédito, es muy estrecho, puesto que deja afuera a sus afectos -necesarios inclusive para la “reinserción social” de su clienta- y a otros defensores suyos, como los peritos que la asisten en procesos judiciales paralelos: por estas horas, por caso, se ultiman los detalles de un peritaje contable que vuelve a revisar presuntas irregularidades en el empalme patrimonial entre la expresidenta y Néstor Kirchner tras su fallecimiento en 2010.

El acento del escrito, sin embargo, está puesto en lo político. Además de reafirmar a su defendida como la principal líder de la oposición, los abogados remarcan su visión sobre cuán perjudicial es para la democracia el régimen de visitas impuesto.

Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa.

Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.

El resto de mis…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

“Lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, afirmaron Beraldi y Llernovoy.

“Los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”, enfatizaron.

También plantearon dudas, y pidieron precisiones, respecto a cual será el criterio que adoptará el tribunal cuando a futuro deba tratar con las “innumerables” presentaciones que harán quienes queden afuera del listado y deseen visitar a Cristina Kirchner en su domicilio de Constitución. Sean de la política doméstica o internacional, como podría suceder en el caso del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. “En cualquier caso, y dado el tiempo que viene por delante, seguramente deberán efectuarse innumerables presentaciones”, pronosticaron los abogados.

Qué dirán los jueces

Los jueces no han dado pistas sobre el camino a tomar. Podrían ser varios e incluso cruzarse. El tribunal podría ampliar el plazo de 48 horas para que Cristina Kirchner presente el listado, flexibilizar eventualmente el régimen de visitas o, tal como hizo al responder la solicitud sobre el uso del balcón, ceñirse al criterio antes expresados y sostener que solo podrán visitarla sus familiares más cercanos, su custodia o sus médicos y abogados.

La decisión del tribunal de excluir a dirigentes políticos parece seguir el recorrido que proyecta la propia sentencia. El diciembre de 2022, los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini encontraron culpable a Cristina Kirchner de haber defraudado al Estado desde la primera magistratura. Además de los seis años de prisión, y tal como lo establece el Código Penal, limitaron los derechos políticos de la expresidenta al impedirle ejercer cargos públicos.

Es el presidente de ese tribunal -una particularidad del sistema de Comodoro Py-, Jorge Gorini, quien debe hacer cumplir la ejecución de esa pena.

Para la expresidenta, el régimen impuesto limita no solo sus derechos políticos sino también sus civiles. Para apuntalar su postura, la defensa de la expresidenta se apoyó en el voto que un juez de la Cámara de Casación volcó en otra causa. Se trata de Gustavo Hornos, que cuando debió intervenir en la causa Vialidad pidió juzgar a la expresidenta por el delito de asociación ilícita.

“Se debe garantizar -dicen los abogados de la expresidenta a través del juez Hornos- que la persona condenada mantenga sus relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible, asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano. Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos”.

 La Justicia le había dado 48 horas hábiles, que concluyen este lunes por la mañana; la expresidenta pretende que su departamento también funcione como un centro de operaciones del peronismo  LA NACION