Tío y sobrino, presos por vender armas y municiones que publicaban y ofrecían en redes sociales
“¿No hay nada?“, le preguntó Julio Ramón C., de 67 años, a su sobrino Antonio Sebastián C., de 42. ”No, no pintó nada. Yo también ando buscando para hacer negocio», fue la rápida respuesta y la conversación continuó. “Justo necesitaba 9 o 3.80, algo”, comentó el hombre mayor. Y, además, preguntó: “¿La 9 a cuánto está? “¿Cuánto era?» ¿Un millón?“
Tío y sobrino hablaban de armas de fuego. Buscaban pistolas y revólveres que después iban a ofrecer para su venta en grupos de la red social Facebook.
Así surge de un expediente judicial donde los dos sospechosos fueron procesados con prisión preventiva por ser miembros de una asociación ilícita en concurso real con acopio de armas de fuego, sin la debida autorización, en calidad de coautores.
“Se comprobó que los delitos cometidos en el marco asociativo aludido se vincularían, fundamentalmente, con la obtención y disposición constante de armas de fuego, piezas balísticas y municiones, sin la debida autorización legal y por canales irregulares, para su posterior ofrecimiento y comercialización a terceros, actividad que desarrollaban de forma habitual y utilizando principalmente redes sociales”, sostuvo el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola en la resolución donde procesó con prisión preventiva a los dos sospechosos.
La asociación ilícita que, entre otras personas, integraban Julio Ramón C. y Antonio Sebastián C., funcionó por lo menos desde el 25 de octubre de 2024 hasta fines del mes pasado, según surge del expediente judicial.
“De acuerdo a la prueba obtenida, para concretar las maniobras delictivas detalladas, los imputados se entrelazaban frecuentemente con otras personas (hasta aquí no identificadas, aunque no existen dudas de su existencia), para obtener de forma ilegítima toda clase de armas de fuego (entre las que se habrían mencionado pistolas y revólveres calibres .32 y .380 y pistolas 9 milímetros) y municiones de diversos calibres, que luego ofrecían para su venta a ocasionales personas interesadas, sin control y autorización alguna para actuar de ese modo”, sostuvo el juez Yadarola en la citada resolución a la que tuvo acceso LA NACION.
De la investigación participaron personal de la División Conductas Informáticas Ilícitas y detectives de la División Balística, ambas dependencias de la Policía de la Ciudad.
En los grupos de Facebook que estuvieron bajo análisis, los detectives policiales y judiciales pudieron determinar que Antonio Sebastián C. subía videos donde detallaba las características de las armas que ofrecía y reconstruyeron las conversaciones donde ante consultas puntuales, el sospechoso respondía el precio de las pistolas o revólveres.
“La evaluación probatoria detallada exponía que aquellas maniobras detectadas azarosamente por medio de tareas policiales de ciberpatrullaje, relacionadas con la compra y venta ilegal de armas de fuego y municiones, continuaba produciéndose con habitualidad y de la misma forma, quedando identificados como intervinientes directos los nombrados Antonio Sebastián C. y Julio Ramón C.“, afirmó el juez Yadarola al procesar a los dos sospechosos.
A mediados del mes pasado, por orden del juez Yaradola, la Policía de la Ciudad allanó los domicilios de Antonio Sebastián C. y de su tío, Juan Ramón C., ambos situados en el partido bonaerense de San Martín. En ambos procedimientos se secuestraron armas y municipios.
Tras ser detenidos, los sospechosos fueron indagados. Ambos dijeron no integrar ninguna asociación ilícita.
“En cuanto a la imputación, no integro ninguna asociación ilícita de compra y venta de armas, lo niego completamente. Con relación a las armas que estaban en mi domicilio, las tengo para hacer ruido en mi casa por si alguien quiere entrar, las tenía por seguridad, nada más”, sostuvo Julio Ramón C. cuando fue indagado por el juez Yadarola.
Su sobrino afirmó: “Primero y principal no hay ninguna asociación ilícita con nadie. Soy un aficionado a las armas, las tengo para mí. No es que ando buscando un arma para revender ni nada de eso. No hay ninguna asociación ilícita con nadie. Lo que tenía en mi casa lo tenía para mí, porque me gustan las armas, pero nada más”.
Sin control de la autoridad
Al procesar a los dos sospechosos, el juez Yadarola sostuvo: “Claro está que esta hipótesis ilícita general relacionada con la obtención, disposición y comercialización de material balístico –especialmente armas de fuego y municiones- por carriles totalmente irregulares, sin control de la autoridad y sin posibilidad de trazabilidad de los intercambios se entrelaza a la vez con otras conductas en apariencia delictivas ocurridas de manera accesoria o tangencial, desplegadas por los aquí implicados y también por otras personas vinculadas en las mismas maniobras. Tal sería el caso del uso indebido del armamento en lugares no autorizados, lo que quedó documentado en los videos grabados por el propio Antonio Sebastián C. donde efectuara disparos en lugares no preparados para ello a fin de demostrar que las armas que tenía a disposición funcionaban con normalidad (hasta le dio un arma a su hijo menor de edad para disparar), la fabricación casera de armas de fuego y municiones, y la modificación de las originales, y la entrega irregular de armas a terceros para ser usadas en total clandestinidad».
La investigación no terminó con la detención y procesamiento de Antonio Sebastián C. y su tío Julio Ramón C., explicaron fuentes de la investigación.
“La investigación sirvió para sacar del mercado negro las armas que vendían los dos sospechosos y también para desarmar los grupos de Facebook utilizados para la oferta y comercialización”, explicó un detective que participó del caso.
El juez Yadarola, además de la prisión preventiva, dispuso un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $15.000.000 para cada uno.
“Como se puede apreciar, nos hemos encontrado con una realidad que trasciende lo meramente deportivo, lo recreativo y también las finalidades de colección. Se evidenció un dolo de acopio con fines ulteriores de comercialización ilegal (siendo que ambos imputados expresaron en varios tramos de las conversaciones la intención de obtener un rédito económico tras hacerse de las armas y municiones). No quedan dudas de que han actuado con el conocimiento de que sus actividades podían poner en peligro la seguridad pública desde que la tenencia, origen y destino de las armas que detentaron era ignorado por el organismo de control, y sobre todo a partir de que, de no haber sido por los oportunos secuestros ordenados por este Tribunal, esas armas hubiesen terminado en manos de personas posiblemente carentes de toda autorización para poseerlas (puesto que quienes tienen real autorización para ello, en general no corren el riesgo de adquirir armamento en tales condiciones de ilicitud). Es el contexto de la investigación lo que evidencia el peligro”, afirmó el magistrado en parte de los fundamentos de la citada resolución.
Para el magistrado no hay dudas de que “se comprobó que Antonio Sebastián C. y Julio Ramón C. reunieron una importante cantidad de armas de fuego que, al no estar registradas –al menos las que fueron incautadas y pudo establecerse su numeración–, quedaron exentas de cualquier control administrativo por parte de la autoridad de contralor pertinente por parte de la autoridad de contralor pertinente (por la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMAC)“.
“¿No hay nada?“, le preguntó Julio Ramón C., de 67 años, a su sobrino Antonio Sebastián C., de 42. ”No, no pintó nada. Yo también ando buscando para hacer negocio», fue la rápida respuesta y la conversación continuó. “Justo necesitaba 9 o 3.80, algo”, comentó el hombre mayor. Y, además, preguntó: “¿La 9 a cuánto está? “¿Cuánto era?» ¿Un millón?“
Tío y sobrino hablaban de armas de fuego. Buscaban pistolas y revólveres que después iban a ofrecer para su venta en grupos de la red social Facebook.
Así surge de un expediente judicial donde los dos sospechosos fueron procesados con prisión preventiva por ser miembros de una asociación ilícita en concurso real con acopio de armas de fuego, sin la debida autorización, en calidad de coautores.
“Se comprobó que los delitos cometidos en el marco asociativo aludido se vincularían, fundamentalmente, con la obtención y disposición constante de armas de fuego, piezas balísticas y municiones, sin la debida autorización legal y por canales irregulares, para su posterior ofrecimiento y comercialización a terceros, actividad que desarrollaban de forma habitual y utilizando principalmente redes sociales”, sostuvo el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola en la resolución donde procesó con prisión preventiva a los dos sospechosos.
La asociación ilícita que, entre otras personas, integraban Julio Ramón C. y Antonio Sebastián C., funcionó por lo menos desde el 25 de octubre de 2024 hasta fines del mes pasado, según surge del expediente judicial.
“De acuerdo a la prueba obtenida, para concretar las maniobras delictivas detalladas, los imputados se entrelazaban frecuentemente con otras personas (hasta aquí no identificadas, aunque no existen dudas de su existencia), para obtener de forma ilegítima toda clase de armas de fuego (entre las que se habrían mencionado pistolas y revólveres calibres .32 y .380 y pistolas 9 milímetros) y municiones de diversos calibres, que luego ofrecían para su venta a ocasionales personas interesadas, sin control y autorización alguna para actuar de ese modo”, sostuvo el juez Yadarola en la citada resolución a la que tuvo acceso LA NACION.
De la investigación participaron personal de la División Conductas Informáticas Ilícitas y detectives de la División Balística, ambas dependencias de la Policía de la Ciudad.
En los grupos de Facebook que estuvieron bajo análisis, los detectives policiales y judiciales pudieron determinar que Antonio Sebastián C. subía videos donde detallaba las características de las armas que ofrecía y reconstruyeron las conversaciones donde ante consultas puntuales, el sospechoso respondía el precio de las pistolas o revólveres.
“La evaluación probatoria detallada exponía que aquellas maniobras detectadas azarosamente por medio de tareas policiales de ciberpatrullaje, relacionadas con la compra y venta ilegal de armas de fuego y municiones, continuaba produciéndose con habitualidad y de la misma forma, quedando identificados como intervinientes directos los nombrados Antonio Sebastián C. y Julio Ramón C.“, afirmó el juez Yadarola al procesar a los dos sospechosos.
A mediados del mes pasado, por orden del juez Yaradola, la Policía de la Ciudad allanó los domicilios de Antonio Sebastián C. y de su tío, Juan Ramón C., ambos situados en el partido bonaerense de San Martín. En ambos procedimientos se secuestraron armas y municipios.
Tras ser detenidos, los sospechosos fueron indagados. Ambos dijeron no integrar ninguna asociación ilícita.
“En cuanto a la imputación, no integro ninguna asociación ilícita de compra y venta de armas, lo niego completamente. Con relación a las armas que estaban en mi domicilio, las tengo para hacer ruido en mi casa por si alguien quiere entrar, las tenía por seguridad, nada más”, sostuvo Julio Ramón C. cuando fue indagado por el juez Yadarola.
Su sobrino afirmó: “Primero y principal no hay ninguna asociación ilícita con nadie. Soy un aficionado a las armas, las tengo para mí. No es que ando buscando un arma para revender ni nada de eso. No hay ninguna asociación ilícita con nadie. Lo que tenía en mi casa lo tenía para mí, porque me gustan las armas, pero nada más”.
Sin control de la autoridad
Al procesar a los dos sospechosos, el juez Yadarola sostuvo: “Claro está que esta hipótesis ilícita general relacionada con la obtención, disposición y comercialización de material balístico –especialmente armas de fuego y municiones- por carriles totalmente irregulares, sin control de la autoridad y sin posibilidad de trazabilidad de los intercambios se entrelaza a la vez con otras conductas en apariencia delictivas ocurridas de manera accesoria o tangencial, desplegadas por los aquí implicados y también por otras personas vinculadas en las mismas maniobras. Tal sería el caso del uso indebido del armamento en lugares no autorizados, lo que quedó documentado en los videos grabados por el propio Antonio Sebastián C. donde efectuara disparos en lugares no preparados para ello a fin de demostrar que las armas que tenía a disposición funcionaban con normalidad (hasta le dio un arma a su hijo menor de edad para disparar), la fabricación casera de armas de fuego y municiones, y la modificación de las originales, y la entrega irregular de armas a terceros para ser usadas en total clandestinidad».
La investigación no terminó con la detención y procesamiento de Antonio Sebastián C. y su tío Julio Ramón C., explicaron fuentes de la investigación.
“La investigación sirvió para sacar del mercado negro las armas que vendían los dos sospechosos y también para desarmar los grupos de Facebook utilizados para la oferta y comercialización”, explicó un detective que participó del caso.
El juez Yadarola, además de la prisión preventiva, dispuso un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $15.000.000 para cada uno.
“Como se puede apreciar, nos hemos encontrado con una realidad que trasciende lo meramente deportivo, lo recreativo y también las finalidades de colección. Se evidenció un dolo de acopio con fines ulteriores de comercialización ilegal (siendo que ambos imputados expresaron en varios tramos de las conversaciones la intención de obtener un rédito económico tras hacerse de las armas y municiones). No quedan dudas de que han actuado con el conocimiento de que sus actividades podían poner en peligro la seguridad pública desde que la tenencia, origen y destino de las armas que detentaron era ignorado por el organismo de control, y sobre todo a partir de que, de no haber sido por los oportunos secuestros ordenados por este Tribunal, esas armas hubiesen terminado en manos de personas posiblemente carentes de toda autorización para poseerlas (puesto que quienes tienen real autorización para ello, en general no corren el riesgo de adquirir armamento en tales condiciones de ilicitud). Es el contexto de la investigación lo que evidencia el peligro”, afirmó el magistrado en parte de los fundamentos de la citada resolución.
Para el magistrado no hay dudas de que “se comprobó que Antonio Sebastián C. y Julio Ramón C. reunieron una importante cantidad de armas de fuego que, al no estar registradas –al menos las que fueron incautadas y pudo establecerse su numeración–, quedaron exentas de cualquier control administrativo por parte de la autoridad de contralor pertinente por parte de la autoridad de contralor pertinente (por la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMAC)“.
El juez Martín Yadarola procesó con prisión preventiva a los dos sospechosos LA NACION
