En distintas ocasiones, hemos instado a las autoridades comunales a dejar de trasladar su ineficiencia administrativa y sus dispendiosos gastos políticos a los vecinos por la vía de tasas municipales. Poco a poco, aunque con cuentagotas, algunos municipios han comenzado a ofrecer señales de una etapa de mayor austeridad y menor presión tributaria.
Por caso, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, presentó el plan “Menos impuestos, más inversión”, con el que señaló que se procurará “generar condiciones para la inversión porque es el motor del desarrollo”. Los anuncios incluyeron la exención de tributos por hasta cinco años para empresas que contraten trabajadores o realicen inversiones.
Tal como reveló oportunamente LA NACION, en todo el país, existen 84 diferentes tipos de tributos municipales. Al margen de esta abultada cifra, llama la atención que muchos de esos cargos son aplicados en forma solapada con otros impuestos o con el pago de servicios públicos, sin que exista una contraprestación genuina para los contribuyentes.
Según la jurisprudencia, la doctrina y los especialistas en derecho tributario, los municipios no pueden cobrar impuestos, al tiempo que el reclamo del pago de tasas debería responder a un servicio efectivamente prestado. Así, el valor de cualquier tasa municipal debería ser proporcional al costo de la prestación. Si, en cambio, el precio que se le fija a la tasa es calculado en función de la facturación de otro servicio público, nos encontraríamos frente a una distorsión. Eso explicaría la gran cantidad de juicios contra las autoridades municipales por el cobro indebido de tasas sin contraprestación alguna. Derogarlas sería la mejor contribución que podrían hacer no solo a la justicia social, sino también a la previsibilidad económica, al incentivo de las inversiones y a la contratación de trabajadores por parte del sector privado.
Vecinos de municipios bonaerenses, especialmente en zonas rurales, son castigados por fuertes aumentos en tasas que ni siquiera se reflejan en la reparación de caminos que se hallan en estado deplorable
La mayoría de las provincias son cuestionadas por esquilmar a los contribuyentes con estratagemas recaudatorias de esa clase. Más aún, municipios de la provincia de Buenos Aires, ubicados especialmente en zonas rurales, han sido responsabilizados por fuertes aumentos en sus tasas que ni siquiera se reflejan en la reparación de caminos que se hallan en estado deplorable.
Por si eso fuera poco, algunos municipios han hecho florecer el negocio de las fotomultas, mediante verdaderas trampas “cazabobos” que persiguen un fin meramente recaudatorio antes que la prevención de siniestros viales.
La disminución de los giros desde los gobiernos provinciales y nacional a las comunas no puede servir de justificativo para que prosigan las desmedidas tasas municipales que castigan a los vecinos. Sería menester que los jefes comunales revisaran el enorme peso del mantenimiento de los aparatos políticos en sus presupuestos. Para eso, basta con analizar el descomunal costo por concejal que presentan los municipios.
Es imperioso que, desde el empresariado, se exija la disminución de la insoportable carga tributaria local que ahoga la actividad económica y castiga al consumidor.
Intendentes y concejales deben comprender que, de acuerdo con los últimos mensajes de la mayoría de la ciudadanía en las urnas, incluido el alto porcentaje de abstención electoral, ha llegado la hora de que los ajustes los haga de una vez por todas la política y no el común de la gente.
En distintas ocasiones, hemos instado a las autoridades comunales a dejar de trasladar su ineficiencia administrativa y sus dispendiosos gastos políticos a los vecinos por la vía de tasas municipales. Poco a poco, aunque con cuentagotas, algunos municipios han comenzado a ofrecer señales de una etapa de mayor austeridad y menor presión tributaria.
Por caso, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, presentó el plan “Menos impuestos, más inversión”, con el que señaló que se procurará “generar condiciones para la inversión porque es el motor del desarrollo”. Los anuncios incluyeron la exención de tributos por hasta cinco años para empresas que contraten trabajadores o realicen inversiones.
Tal como reveló oportunamente LA NACION, en todo el país, existen 84 diferentes tipos de tributos municipales. Al margen de esta abultada cifra, llama la atención que muchos de esos cargos son aplicados en forma solapada con otros impuestos o con el pago de servicios públicos, sin que exista una contraprestación genuina para los contribuyentes.
Según la jurisprudencia, la doctrina y los especialistas en derecho tributario, los municipios no pueden cobrar impuestos, al tiempo que el reclamo del pago de tasas debería responder a un servicio efectivamente prestado. Así, el valor de cualquier tasa municipal debería ser proporcional al costo de la prestación. Si, en cambio, el precio que se le fija a la tasa es calculado en función de la facturación de otro servicio público, nos encontraríamos frente a una distorsión. Eso explicaría la gran cantidad de juicios contra las autoridades municipales por el cobro indebido de tasas sin contraprestación alguna. Derogarlas sería la mejor contribución que podrían hacer no solo a la justicia social, sino también a la previsibilidad económica, al incentivo de las inversiones y a la contratación de trabajadores por parte del sector privado.
Vecinos de municipios bonaerenses, especialmente en zonas rurales, son castigados por fuertes aumentos en tasas que ni siquiera se reflejan en la reparación de caminos que se hallan en estado deplorable
La mayoría de las provincias son cuestionadas por esquilmar a los contribuyentes con estratagemas recaudatorias de esa clase. Más aún, municipios de la provincia de Buenos Aires, ubicados especialmente en zonas rurales, han sido responsabilizados por fuertes aumentos en sus tasas que ni siquiera se reflejan en la reparación de caminos que se hallan en estado deplorable.
Por si eso fuera poco, algunos municipios han hecho florecer el negocio de las fotomultas, mediante verdaderas trampas “cazabobos” que persiguen un fin meramente recaudatorio antes que la prevención de siniestros viales.
La disminución de los giros desde los gobiernos provinciales y nacional a las comunas no puede servir de justificativo para que prosigan las desmedidas tasas municipales que castigan a los vecinos. Sería menester que los jefes comunales revisaran el enorme peso del mantenimiento de los aparatos políticos en sus presupuestos. Para eso, basta con analizar el descomunal costo por concejal que presentan los municipios.
Es imperioso que, desde el empresariado, se exija la disminución de la insoportable carga tributaria local que ahoga la actividad económica y castiga al consumidor.
Intendentes y concejales deben comprender que, de acuerdo con los últimos mensajes de la mayoría de la ciudadanía en las urnas, incluido el alto porcentaje de abstención electoral, ha llegado la hora de que los ajustes los haga de una vez por todas la política y no el común de la gente.
Intendentes y concejales deben interpretar debidamente el mensaje de las urnas, en el sentido de que el ajuste debe hacerlo la política y no la gente LA NACION
