Diputados: la oposición aprobó una mejora en los haberes jubilatorios
En desafío a las advertencias de veto por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó esta noche con 142 votos positivos y 67 votos en contra y una avalancha de abstenciones un aumento en los haberes jubilatorios. Este consiste, por un lado, en un incremento por única vez del 7,2% en todas las escalas por la inflación no reconocida de enero de 2024 y, por el otro, en la actualización por índice de movilidad del bono que paga la Anses a los jubilados que cobran el haber mínimo, que treparía de $70.000 a $110.000 mensuales.
La iniciativa –que se giró al Senado- se aprobó con el voto de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda –convocantes de la sesión especial-.
El oficialismo y sus aliados votaron en contra del proyecto; es más, desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete Guillermo Francos insistió hoy que, de ser convertido en ley, será vetado por el presidente Javier Milei con el argumento de su impacto fiscal. “El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, advirtió Francos.
El proyecto opositor contempla, además, un artículo que ratifica la actual fórmula de movilidad jubilatoria consagrada por un decreto presidencial de abril del año pasado. En otro artículo se estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación.
A manera de réplica al Poder Ejecutivo por el impacto fiscal de esta iniciativa, los opositores precisaron que, en su dictamen, establecen distintas alternativas de financiamiento. Entre ellas, la eliminación de una serie de beneficios fiscales que actualmente gozan determinadas actividades y que impactan negativamente en la recaudación fiscal. Asimismo, proponen que los refuerzos presupuestarios que el Gobierno otorgó a la SIDE –unos $33.000 millones- se redireccionen a la ANSES, como así también el ahorro que logró el Gobierno como consecuencia de la decisión del FMI de reducir los costos del endeudamiento de los países miembros. En el caso de la Argentina serían unos 3200 millones de dólares.
Además de la suba en las jubilaciones, la oposición se disponía a someter a votación otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.
El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro y la UCR- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con una prestación proporcional que consiste, básicamente, en un haber base -la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que significa el 80% del haber jubilatorio mínimo- al que se sumaría un pago adicional por la cantidad de años efectivamente aportados por el trabajador al régimen general.
El oficialismo y Pro rechazan de plano ambos proyectos y, en cambio, proponen constituir una comisión de expertos que diseñe una ley previsional integral.
“El sistema previsional está en terapia intensiva por culpa del populismo kirchnerista y estas moratorias perversas, que ocasionaron que aquella persona que durante décadas hicieron aportes en tiempo y forma hoy cobren poco más de 300 mil pesos cuando deberían cobrar 1,2 millones”, acicateó el diputado Sergio Capozzi (Pro).
“Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización -advirtió Silvana Giudici (Pro)-. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche. Por eso proponemos el abordaje de una reforma integral que permita una sostenibilidad financiera del sistema. Una reforma que contemple el problema de las cajas previsionales no transferidas y la eliminación de las jubilaciones de privilegio que, entre otros, gozan Cristina Kirchner y Alberto Fernández”.
Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman defendió la prórroga. “Es un acto de justicia social; con este sistema pudieron jubilarse poco más de 800.000 personas; ahora que venció, 7 de cada 10 personas no van a poder hacerlo”, sostuvo, y apuntó contra el oficialismo: “hoy tenemos un gobierno que habilita blanqueos fiscales a los que evadieron y fugan divisas. Dice que son héroes; en cambio, los pobres y los que están en la informalidad son los villanos”.
Como alternativa intermedia, el diputado Nicolás Massot insistió en un sistema de prestación proporcional. “Nosotros no estamos con la continuidad de la moratoria porque creemos en una solución que la perfecciona -explicó-. Es un sistema que reconoce los aportes efectivamente aportados: que todos aquellos en edad de jubilarse cobren la PUAM y que cada año de aporte, sean uno, cinco, diez o veintinueve se sume para mejorar esa jubilación mínima”
Massot también defendió una mejora inmediata en las jubilaciones. “No queremos alterar el equilibrio fiscal. Siempre vimos como un valor positivo. Pero no pueden decir que no hay plata cuando promueven blanqueos y reducciones impositivas a los altos patrimonios y a los que negrean aportes y contribuciones”, asestó.
La UCR y el macrismo se diferencian
Durante el debate sobre la conveniencia o no de prorrogar la moratoria previsional vencida, un lote de aliados del oficialismo marcaron diferencias con el oficialismo y se pronunció a favor de un sistema de prestación proporcional, en línea con otros bloques opositores. Se trata de la bancada radical que preside Rodrigo De Loredo y los diputados de Pro que responden a Mauricio Macri.
Vale aclarar, sin embargo, que estos aliados no dieron quorum a la sesión pese a que, hace apenas un año atrás, la UCR fue el bloque promotor de la ley para mejorar las jubilaciones que después fueron vetadas. En este contexto electoral pesan más los acuerdos políticos con el oficialismo.
“Consideramos mucho mejor la proporcionalidad para que vaya desde la PUAM hasta una jubilación mínima en función de los años aportados”, planteó el diputado radical Lisandro Nieri, quien también se expresó a favor de la actualización del bono de $70.000. Empero, a diferencia de la oposición, propone dejar en manos del Poder Ejecutivo el financiamiento de esta mejora.
“Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación”, sostuvo.
Otro proyecto de alta sensibilidad social que la oposición pretende aprobar durante esta sesión es aquel que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
En líneas generales, la iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Hacia el final de la sesión, los opositores pretenden colar en el debate la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. Su objetivo será emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que se discutan allí los dos proyectos que ayer tuvieron dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social: uno de ellos propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años, mientras que el segundo reconoce al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”.
Fracaso libertario
El oficialismo, a sabiendas de que la sesión venía complicada para la Casa Rosada, hizo todos los intentos por hacerla caer como ya lo hizo hace dos semanas. Esta vez fracasó: los bloques opositores convocantes –Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda– lograron sentar 131 legisladores en sus bancas, lo que fue festejado con sonrisas y aplausos.
El quorum fue posible gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Mario Barletta (Unidos). A ellos se sumaron Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).
También dieron quorum cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; la diputada Silvana Ginocchio, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.
No dieron quorum, como era de prever, los diputados libertarios y sus aliados de Pro, además de los legisladores provinciales de Innovación Federal. A ellos se sumaron los diputados radicales que conduce De Loredo.
El temario del debate incomoda, y mucho, al oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió nuevamente esta mañana que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de US$ 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó nuevamente hoy que serán vetadas por el Poder Ejecutivo.
“El sistema previsional y discapacidad, que son dos temas que sin dudas sensibilizan a la sociedad y son importantes, pero son dos temas que el Estado no puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, dijo Francos.
En desafío a las advertencias de veto por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó esta noche con 142 votos positivos y 67 votos en contra y una avalancha de abstenciones un aumento en los haberes jubilatorios. Este consiste, por un lado, en un incremento por única vez del 7,2% en todas las escalas por la inflación no reconocida de enero de 2024 y, por el otro, en la actualización por índice de movilidad del bono que paga la Anses a los jubilados que cobran el haber mínimo, que treparía de $70.000 a $110.000 mensuales.
La iniciativa –que se giró al Senado- se aprobó con el voto de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda –convocantes de la sesión especial-.
El oficialismo y sus aliados votaron en contra del proyecto; es más, desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete Guillermo Francos insistió hoy que, de ser convertido en ley, será vetado por el presidente Javier Milei con el argumento de su impacto fiscal. “El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, advirtió Francos.
El proyecto opositor contempla, además, un artículo que ratifica la actual fórmula de movilidad jubilatoria consagrada por un decreto presidencial de abril del año pasado. En otro artículo se estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación.
A manera de réplica al Poder Ejecutivo por el impacto fiscal de esta iniciativa, los opositores precisaron que, en su dictamen, establecen distintas alternativas de financiamiento. Entre ellas, la eliminación de una serie de beneficios fiscales que actualmente gozan determinadas actividades y que impactan negativamente en la recaudación fiscal. Asimismo, proponen que los refuerzos presupuestarios que el Gobierno otorgó a la SIDE –unos $33.000 millones- se redireccionen a la ANSES, como así también el ahorro que logró el Gobierno como consecuencia de la decisión del FMI de reducir los costos del endeudamiento de los países miembros. En el caso de la Argentina serían unos 3200 millones de dólares.
Además de la suba en las jubilaciones, la oposición se disponía a someter a votación otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.
El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro y la UCR- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con una prestación proporcional que consiste, básicamente, en un haber base -la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que significa el 80% del haber jubilatorio mínimo- al que se sumaría un pago adicional por la cantidad de años efectivamente aportados por el trabajador al régimen general.
El oficialismo y Pro rechazan de plano ambos proyectos y, en cambio, proponen constituir una comisión de expertos que diseñe una ley previsional integral.
“El sistema previsional está en terapia intensiva por culpa del populismo kirchnerista y estas moratorias perversas, que ocasionaron que aquella persona que durante décadas hicieron aportes en tiempo y forma hoy cobren poco más de 300 mil pesos cuando deberían cobrar 1,2 millones”, acicateó el diputado Sergio Capozzi (Pro).
“Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización -advirtió Silvana Giudici (Pro)-. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche. Por eso proponemos el abordaje de una reforma integral que permita una sostenibilidad financiera del sistema. Una reforma que contemple el problema de las cajas previsionales no transferidas y la eliminación de las jubilaciones de privilegio que, entre otros, gozan Cristina Kirchner y Alberto Fernández”.
Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman defendió la prórroga. “Es un acto de justicia social; con este sistema pudieron jubilarse poco más de 800.000 personas; ahora que venció, 7 de cada 10 personas no van a poder hacerlo”, sostuvo, y apuntó contra el oficialismo: “hoy tenemos un gobierno que habilita blanqueos fiscales a los que evadieron y fugan divisas. Dice que son héroes; en cambio, los pobres y los que están en la informalidad son los villanos”.
Como alternativa intermedia, el diputado Nicolás Massot insistió en un sistema de prestación proporcional. “Nosotros no estamos con la continuidad de la moratoria porque creemos en una solución que la perfecciona -explicó-. Es un sistema que reconoce los aportes efectivamente aportados: que todos aquellos en edad de jubilarse cobren la PUAM y que cada año de aporte, sean uno, cinco, diez o veintinueve se sume para mejorar esa jubilación mínima”
Massot también defendió una mejora inmediata en las jubilaciones. “No queremos alterar el equilibrio fiscal. Siempre vimos como un valor positivo. Pero no pueden decir que no hay plata cuando promueven blanqueos y reducciones impositivas a los altos patrimonios y a los que negrean aportes y contribuciones”, asestó.
La UCR y el macrismo se diferencian
Durante el debate sobre la conveniencia o no de prorrogar la moratoria previsional vencida, un lote de aliados del oficialismo marcaron diferencias con el oficialismo y se pronunció a favor de un sistema de prestación proporcional, en línea con otros bloques opositores. Se trata de la bancada radical que preside Rodrigo De Loredo y los diputados de Pro que responden a Mauricio Macri.
Vale aclarar, sin embargo, que estos aliados no dieron quorum a la sesión pese a que, hace apenas un año atrás, la UCR fue el bloque promotor de la ley para mejorar las jubilaciones que después fueron vetadas. En este contexto electoral pesan más los acuerdos políticos con el oficialismo.
“Consideramos mucho mejor la proporcionalidad para que vaya desde la PUAM hasta una jubilación mínima en función de los años aportados”, planteó el diputado radical Lisandro Nieri, quien también se expresó a favor de la actualización del bono de $70.000. Empero, a diferencia de la oposición, propone dejar en manos del Poder Ejecutivo el financiamiento de esta mejora.
“Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación”, sostuvo.
Otro proyecto de alta sensibilidad social que la oposición pretende aprobar durante esta sesión es aquel que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
En líneas generales, la iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Hacia el final de la sesión, los opositores pretenden colar en el debate la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. Su objetivo será emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que se discutan allí los dos proyectos que ayer tuvieron dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social: uno de ellos propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años, mientras que el segundo reconoce al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”.
Fracaso libertario
El oficialismo, a sabiendas de que la sesión venía complicada para la Casa Rosada, hizo todos los intentos por hacerla caer como ya lo hizo hace dos semanas. Esta vez fracasó: los bloques opositores convocantes –Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda– lograron sentar 131 legisladores en sus bancas, lo que fue festejado con sonrisas y aplausos.
El quorum fue posible gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Mario Barletta (Unidos). A ellos se sumaron Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).
También dieron quorum cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; la diputada Silvana Ginocchio, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.
No dieron quorum, como era de prever, los diputados libertarios y sus aliados de Pro, además de los legisladores provinciales de Innovación Federal. A ellos se sumaron los diputados radicales que conduce De Loredo.
El temario del debate incomoda, y mucho, al oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió nuevamente esta mañana que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de US$ 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó nuevamente hoy que serán vetadas por el Poder Ejecutivo.
“El sistema previsional y discapacidad, que son dos temas que sin dudas sensibilizan a la sociedad y son importantes, pero son dos temas que el Estado no puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, dijo Francos.
El oficialismo advirtió que si las iniciativas se convierten en ley, serán vetadas; los libertarios y Pro votaron en contra LA NACION
