Fuertes cruces con el kirchnerismo: Petri defendió las instrucciones a los militares para realizar detenciones en la frontera norte
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió las atribuciones otorgadas a los militares para realizar detenciones en flagrancia en la frontera norte y advirtió que se trata de una medida que regía en la presidencia de Cristina Kirchner. “El operativo Escudo Norte, lanzado en 2011, contemplaba la aprehensión de incursores ilegales por parte de las Fuerzas Armadas”, reveló el funcionario, al exponer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en un encuentro que se extendió durante cuatro horas y media. Hubo fuertes cruces con legisladores de la oposición, en particular el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.
“Nosotros en un año pusimos las cosas en su lugar. Respaldamos a las Fuerzas Armadas, porque creemos en ellas y no las perseguimos. Son Fuerzas Armadas democráticas y de la Constitución”, reivindicó Petri, ante los planteos de legisladores que expresaron sus dudas y preocupaciones por las reglas de empeñamiento otorgadas a las Fuerzas Armadas en forma reservada para actuar en la frontera norte. También se objetó la situación de la obra social de los militares, que arrastra una deuda superior a los $120.000 milllones, la pendiente equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el incierto panorama de la Fábrica de Aviones (Fadea) y el cierre de Coviara, una dependencia del Ministerio de Defensa creada en 1966 para promover la construcción de viviendas para el personal de la Armada.
Petri recordó que cuando asumió, en diciembre de 2023, encontró “un grupo de trabajo en el ministerio que se arrogaba facultades parajudiciales, con el fin de investigar y carpetear a miembros de las Fuerzas Armadas”. Y recriminó a Martínez las políticas de defensa de los gobiernos kirchneristas. “Tenían facultades civiles de precintar oficinas. No eran fiscales, eran civiles nombrados por el poder político de turno y no reportaban a las autoridades oficiales. Después les negaban el ascenso a miembros de las fuerzas por portación de apellido.
Cuestionó, incluso, que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández hacía tres meses que no había raciones en los cuarteles. “Mucho Plan Platita y tenían que dividir las guardias. Las persiguieron [a las Fuerzas Armadas]. Todos saben que las persiguieron. Tengo que refrescar la memoria”, lanzó el ministro. Y, en medio de la queja de diputados opositores, amplió: ientras los soldados no comían, en 2022 el Ministerio de Defensa compró 248 litros de Johnnie Walker y 743 kilos de jamón rosado. Vergüenza les tiene que dar”.
Petri intentó explicar las razones del abultado déficit del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que tiene 2700 empleados y que al asumir el gobierno de Javier Milei tenía las cuentas en orden. “Cada mes se van $9000 millones en medicamentos de alto costo y el 80% son de origen importado”, precisó, al ratificar la continuidad del actual presidente de la obra social, su comprovinciano Roberto Fiochi,. cuestionado por sectores castrenses. El ministro reveló que el viernes último presentó al Directorio del organismo un plan de reingeniería y que, a raíz del conflicto, la obra social gasta $110 millones en amparos judiciales.
En la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), el ministro reivindicó el reciente anuncio de reformulación del servicio militar voluntario, que garantizará la obligatoriedad de completar los estudios secundarios, con certificación de oficios.
Le salió al cruce el peronista Martínez: “En los temas de mediano y largo plazo no se puede asumir la realidad como si todo empezara cuando uno llega a un lugar. Hasta los aspectos positivos tienen antecedentes de gestiones anteriores. En el servicio militar voluntario ya había en 2015 capacitación en oficios y certificación de competencias. La pólvora está inventada. Bienvenido si tiene un nuevo impulso, pero aflójenle al humo”.
Atribuciones para detener
Respecto de las atribuciones de los militares para realizar detenciones en flagrancia en lafrontera norte, el jefe del bloque kirchnerista señaló al ministro: “Tiene derecho a impulsar que las reglas de empeñamiento sean secretas. Lo que queremos es conocerlas”.
Al respecto, Martínez dijo que el decreto que creó el Operativo Escudo Norte en 2011 fue un expediente iniciado por el Ministerio de Seguridad y se refería exclusivamente a la seguridad interior. “La atribución de aprehensión se limitaba al dispositivo de seguridad, no de defensa. Nunca hubo un acto administrativo en nuestras gestiones que le dieran la atribución de aprehensión a las Fuerzas Armadas. Macaneaste, dijiste algo equivocado”, expresó, molesto con el ministro.
A su turno, López Murphy planteó su preocupación por el déficit de la obra social de los militares y por la decisión de aprobar las reglas de empeñamiento por una resolución ministerial y no mediante un decreto o una ley. También advirtió sobre el incumplimiento de la equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad. Una promesa incumplida que también fue expresada por el bloque de Unión por la Patria.
“En diciembre 2019 la brecha con las fuerzas de seguridad era del 17 por ciento. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, la diferencia era del 25% y hoy es del 19 por ciento. Ustedes no equipararon nada”, respondió el ministro, al anunciar que cuando el presidente Javier Milei concluya su gestión, dicha equiparación se hará efectiva.
El ministro defendió la compra de los aviones caza supersónicos F-16 y recriminó que durante el kirchnerismo se incorporaron en el presupuesto partidas para la adquisición de los aviones chinos JF-17. “Es la compra más importante de los últimos 40 años. En el período anterior, el Congreso les aprobó a los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana la compra de aviones chinos por 644 millones de dólares”, apuntó.
Martínez replicó y dijo que el Congreso nunca aprobó esas compras, sino que dio autorización para un endeudamiento. “Usted no sabe lo que vota. Les duele haber aprobado en el presupuesto compras que después no se verificaron en la realidad”, insistió el ministro.
En el mismo sentido, el ministro cuestionó el ambicioso programa de la construcción de aviones IA-100 anunciados en la gestión de Alberto Fernández. “Puro relato. Lo único que encontré de ese anuncio fue una maqueta”, asestó Petri.
El ministro, en tanto, anunció su decisión de cerrar Coviara y generar planes de viviendas para las Fuerzas Armadas para incrementar la posibilidad de acceso a viviendas en forma real. Dijo que la empresa estatal “perdió $400 millones en 2023 y no se construyeron viviendas para la Armada en los últimos 20 años”. Reveló que tiene una deuda de $250 millones, mantiene una estructura burocrática desmesurada El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas”.
Agustina Propato (Unión por la Patria) agradeció la presencia del ministro de Defensa, pero señaló que más que preguntas tenía preocupaciones. Advirtió sobre la falta de políticas de bienestar social en las Fuerzas Armada y los niveles salariales “con sueldos de hambre”, además de lamentar la ausencia del presidente de Iosfa en la reunión. La legisladora planteo dudas sobre la posible existencia de un plan para privatizar la obra social, que tiene 600.000 afiliados, y cuestionó “el alineamiento internacional en materia de defensa” y el sugestivo interés de los Estados Unidos en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió las atribuciones otorgadas a los militares para realizar detenciones en flagrancia en la frontera norte y advirtió que se trata de una medida que regía en la presidencia de Cristina Kirchner. “El operativo Escudo Norte, lanzado en 2011, contemplaba la aprehensión de incursores ilegales por parte de las Fuerzas Armadas”, reveló el funcionario, al exponer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en un encuentro que se extendió durante cuatro horas y media. Hubo fuertes cruces con legisladores de la oposición, en particular el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.
“Nosotros en un año pusimos las cosas en su lugar. Respaldamos a las Fuerzas Armadas, porque creemos en ellas y no las perseguimos. Son Fuerzas Armadas democráticas y de la Constitución”, reivindicó Petri, ante los planteos de legisladores que expresaron sus dudas y preocupaciones por las reglas de empeñamiento otorgadas a las Fuerzas Armadas en forma reservada para actuar en la frontera norte. También se objetó la situación de la obra social de los militares, que arrastra una deuda superior a los $120.000 milllones, la pendiente equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el incierto panorama de la Fábrica de Aviones (Fadea) y el cierre de Coviara, una dependencia del Ministerio de Defensa creada en 1966 para promover la construcción de viviendas para el personal de la Armada.
Petri recordó que cuando asumió, en diciembre de 2023, encontró “un grupo de trabajo en el ministerio que se arrogaba facultades parajudiciales, con el fin de investigar y carpetear a miembros de las Fuerzas Armadas”. Y recriminó a Martínez las políticas de defensa de los gobiernos kirchneristas. “Tenían facultades civiles de precintar oficinas. No eran fiscales, eran civiles nombrados por el poder político de turno y no reportaban a las autoridades oficiales. Después les negaban el ascenso a miembros de las fuerzas por portación de apellido.
Cuestionó, incluso, que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández hacía tres meses que no había raciones en los cuarteles. “Mucho Plan Platita y tenían que dividir las guardias. Las persiguieron [a las Fuerzas Armadas]. Todos saben que las persiguieron. Tengo que refrescar la memoria”, lanzó el ministro. Y, en medio de la queja de diputados opositores, amplió: ientras los soldados no comían, en 2022 el Ministerio de Defensa compró 248 litros de Johnnie Walker y 743 kilos de jamón rosado. Vergüenza les tiene que dar”.
Petri intentó explicar las razones del abultado déficit del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que tiene 2700 empleados y que al asumir el gobierno de Javier Milei tenía las cuentas en orden. “Cada mes se van $9000 millones en medicamentos de alto costo y el 80% son de origen importado”, precisó, al ratificar la continuidad del actual presidente de la obra social, su comprovinciano Roberto Fiochi,. cuestionado por sectores castrenses. El ministro reveló que el viernes último presentó al Directorio del organismo un plan de reingeniería y que, a raíz del conflicto, la obra social gasta $110 millones en amparos judiciales.
En la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), el ministro reivindicó el reciente anuncio de reformulación del servicio militar voluntario, que garantizará la obligatoriedad de completar los estudios secundarios, con certificación de oficios.
Le salió al cruce el peronista Martínez: “En los temas de mediano y largo plazo no se puede asumir la realidad como si todo empezara cuando uno llega a un lugar. Hasta los aspectos positivos tienen antecedentes de gestiones anteriores. En el servicio militar voluntario ya había en 2015 capacitación en oficios y certificación de competencias. La pólvora está inventada. Bienvenido si tiene un nuevo impulso, pero aflójenle al humo”.
Atribuciones para detener
Respecto de las atribuciones de los militares para realizar detenciones en flagrancia en lafrontera norte, el jefe del bloque kirchnerista señaló al ministro: “Tiene derecho a impulsar que las reglas de empeñamiento sean secretas. Lo que queremos es conocerlas”.
Al respecto, Martínez dijo que el decreto que creó el Operativo Escudo Norte en 2011 fue un expediente iniciado por el Ministerio de Seguridad y se refería exclusivamente a la seguridad interior. “La atribución de aprehensión se limitaba al dispositivo de seguridad, no de defensa. Nunca hubo un acto administrativo en nuestras gestiones que le dieran la atribución de aprehensión a las Fuerzas Armadas. Macaneaste, dijiste algo equivocado”, expresó, molesto con el ministro.
A su turno, López Murphy planteó su preocupación por el déficit de la obra social de los militares y por la decisión de aprobar las reglas de empeñamiento por una resolución ministerial y no mediante un decreto o una ley. También advirtió sobre el incumplimiento de la equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad. Una promesa incumplida que también fue expresada por el bloque de Unión por la Patria.
“En diciembre 2019 la brecha con las fuerzas de seguridad era del 17 por ciento. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, la diferencia era del 25% y hoy es del 19 por ciento. Ustedes no equipararon nada”, respondió el ministro, al anunciar que cuando el presidente Javier Milei concluya su gestión, dicha equiparación se hará efectiva.
El ministro defendió la compra de los aviones caza supersónicos F-16 y recriminó que durante el kirchnerismo se incorporaron en el presupuesto partidas para la adquisición de los aviones chinos JF-17. “Es la compra más importante de los últimos 40 años. En el período anterior, el Congreso les aprobó a los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana la compra de aviones chinos por 644 millones de dólares”, apuntó.
Martínez replicó y dijo que el Congreso nunca aprobó esas compras, sino que dio autorización para un endeudamiento. “Usted no sabe lo que vota. Les duele haber aprobado en el presupuesto compras que después no se verificaron en la realidad”, insistió el ministro.
En el mismo sentido, el ministro cuestionó el ambicioso programa de la construcción de aviones IA-100 anunciados en la gestión de Alberto Fernández. “Puro relato. Lo único que encontré de ese anuncio fue una maqueta”, asestó Petri.
El ministro, en tanto, anunció su decisión de cerrar Coviara y generar planes de viviendas para las Fuerzas Armadas para incrementar la posibilidad de acceso a viviendas en forma real. Dijo que la empresa estatal “perdió $400 millones en 2023 y no se construyeron viviendas para la Armada en los últimos 20 años”. Reveló que tiene una deuda de $250 millones, mantiene una estructura burocrática desmesurada El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas”.
Agustina Propato (Unión por la Patria) agradeció la presencia del ministro de Defensa, pero señaló que más que preguntas tenía preocupaciones. Advirtió sobre la falta de políticas de bienestar social en las Fuerzas Armada y los niveles salariales “con sueldos de hambre”, además de lamentar la ausencia del presidente de Iosfa en la reunión. La legisladora planteo dudas sobre la posible existencia de un plan para privatizar la obra social, que tiene 600.000 afiliados, y cuestionó “el alineamiento internacional en materia de defensa” y el sugestivo interés de los Estados Unidos en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
En un clima caldeado, el ministro de Defensa expuso en la Comisión de Defensa de Diputados; hubo planteos sobre las reglas de empeñamiento otorgadas a las Fuerzas Armadas, la abultada deuda de la obra social y la equiparación salarial con la Gendarmería y la Prefectura LA NACION
