La fiscalía avanza con una causa penal contra un funcionario que pidió la intervención de un gremio bajo sospecha
El fiscal federal Guillermo Marijuan avanza con toda celeridad con una causa penal contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que fue denunciado por haber avalado un pedido de intervención a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas.
La presentación de la Secretaría de Trabajo puso en duda el liderazgo en el gremio de José Voytenco, un dirigente del PJ acorralado por una denuncia de lavado de dinero y por la deuda de la obra social del gremio.
La Secretaría de Trabajo solicitó la intervención ante la justicia laboral después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.
En respuesta, Voytenco hizo una denuncia penal y Cordero afronta ahora una causa que avanzó en los tribunales de Comodoro Py a toda velocidad desde el minuto que llegó a la fiscalía.
La acusación es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”. Junto con Cordero fue denunciado Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral. A Cordero se lo acusa de haber avalado la actuación de Aquino. Quienes defienden lo hecho por los funcionarios sostienen que realizaron actos enmarcados en su competencia funcional.
La denuncia fue presentada el 5 de febrero pasado. El 6 febrero, el juzgado de Sebastián Casanello delegó la investigación en la fiscalía de Marijuan, quien una hora y 20 minutos después de haber recibido la causa, firmó un pedido de medidas de prueba de seis carillas, que incluyó una notificación a la Cámara del Trabajo (el fuero donde estaba el pedido de intervención) para informarle la existencia de la causa penal, informaron fuentes con acceso a la causa.
En esa comunicación, el fiscal pidió además que le dijeran dónde estaba radicada la causa del pedido de intervención y que le enviaran “copia digital de tales actuaciones”.
Marijuan avanzó con sus medidas sin citar siquiera al denunciante a ratificar su denuncia, medida que suelen tomar los investigadores para hacerse de más elementos antes de avanzar con una causa penal.
La situación de Voytenco
El argumento para pedir la intervención de la Uatre fue que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales.
Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Dirigente chaqueño, vinculado al PJ, llegó al poder del gremio ruralista después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección le ganó por solo un punto a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza.
Voytenco afronta una denuncia en la Justicia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Además, Osprera, la obra social del gremio, está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que reveló tras una auditoría que la prestadora adeuda $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”.
El fiscal federal Guillermo Marijuan avanza con toda celeridad con una causa penal contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que fue denunciado por haber avalado un pedido de intervención a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas.
La presentación de la Secretaría de Trabajo puso en duda el liderazgo en el gremio de José Voytenco, un dirigente del PJ acorralado por una denuncia de lavado de dinero y por la deuda de la obra social del gremio.
La Secretaría de Trabajo solicitó la intervención ante la justicia laboral después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.
En respuesta, Voytenco hizo una denuncia penal y Cordero afronta ahora una causa que avanzó en los tribunales de Comodoro Py a toda velocidad desde el minuto que llegó a la fiscalía.
La acusación es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”. Junto con Cordero fue denunciado Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral. A Cordero se lo acusa de haber avalado la actuación de Aquino. Quienes defienden lo hecho por los funcionarios sostienen que realizaron actos enmarcados en su competencia funcional.
La denuncia fue presentada el 5 de febrero pasado. El 6 febrero, el juzgado de Sebastián Casanello delegó la investigación en la fiscalía de Marijuan, quien una hora y 20 minutos después de haber recibido la causa, firmó un pedido de medidas de prueba de seis carillas, que incluyó una notificación a la Cámara del Trabajo (el fuero donde estaba el pedido de intervención) para informarle la existencia de la causa penal, informaron fuentes con acceso a la causa.
En esa comunicación, el fiscal pidió además que le dijeran dónde estaba radicada la causa del pedido de intervención y que le enviaran “copia digital de tales actuaciones”.
Marijuan avanzó con sus medidas sin citar siquiera al denunciante a ratificar su denuncia, medida que suelen tomar los investigadores para hacerse de más elementos antes de avanzar con una causa penal.
La situación de Voytenco
El argumento para pedir la intervención de la Uatre fue que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales.
Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Dirigente chaqueño, vinculado al PJ, llegó al poder del gremio ruralista después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección le ganó por solo un punto a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza.
Voytenco afronta una denuncia en la Justicia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Además, Osprera, la obra social del gremio, está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que reveló tras una auditoría que la prestadora adeuda $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”.
El secretario de Trabajo es investigado por haber avalado un pedido para que la Justicia revise el liderazgo en la Uatre de Voytenco, un dirigente del PJ acorralado por una denuncia de lavado de dinero y la deuda de la obra social; los inusuales tiempos del caso LA NACION
