Así trabajaron el Uscis y el FBI para atrapar a un migrante mexicano que ingresaba mano de obra ilegal
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) colaboró en una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que permitió desarticular una red de tráfico laboral en Connecticut y condenar a Apolinar Francisco Paredes Espinoza, un ciudadano mexicano que había ingresado ilegalmente al país.
Cómo operaba la red de tráfico laboral entre México y Connecticut
La red criminal liderada por Paredes Espinoza, conocido como “Pancho”, reclutaba personas en México a través de acuerdos con María del Carmen Sánchez Potrero y otros cómplices. Exigían a cada víctima una tarifa inicial de entre 15.000 y 20.000 dólares, que debía abonarse una vez que lograran ingresar a Estados Unidos, según reveló el comunicado oficial de Uscis.
Para autorizar el viaje, los migrantes entregaban escrituras de propiedad en México como garantía. Una vez en territorio estadounidense, eran trasladados a viviendas en Hartford, Connecticut —incluida la residencia de Sánchez y Paredes en Madison Street— bajo condiciones de hacinamiento y riesgo, según documentos judiciales.
Al llegar, los traficantes notificaban a las víctimas que la deuda original se había duplicado por intereses adicionales. Además, los obligaban a pagar por alojamiento, alimentos, transporte y servicios. Para ubicarlos en empleos precarios, la organización falsificaba tarjetas de residencia y números de Seguro Social.
Muchas víctimas realizaban tareas domésticas, trabajos de jardinería y labores para los integrantes de la organización sin recibir salario ni reducir sus deudas. Si intentaban resistirse, amenazaban con dañar a sus familiares en México, confiscar propiedades o denunciar su estatus migratorio ante las autoridades.
El trabajo conjunto del FBI y Uscis que permitió desarticular la organización
La investigación, encabezada por el FBI, se fortaleció gracias a la colaboración de Uscis, que aportó información migratoria y antecedentes de los involucrados, además de detectar a víctimas sometidas a trabajo forzado.
El operativo contó con el apoyo del Departamento de Policía de Hartford, el Departamento de Trabajo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las agencias rastrearon documentos falsificados y propiedades utilizadas como centros de retención y explotación.
Durante la pesquisa se identificaron 19 víctimas, entre ellas varias menores de edad. Al menos dos habían ingresado al país sin la compañía de un adulto responsable, y todas permanecían bajo condiciones de abuso laboral y coerción.
La condena al líder mexicano por tráfico laboral y reingreso ilegal
El tribunal federal condenó a Apolinar Francisco Paredes Espinoza a 40 meses de prisión por reingresar ilegalmente a Estados Unidos y participar en este esquema de tráfico de personas con fines de trabajo forzado. Además, le ordenó una restitución solidaria de 574.608 dólares para las víctimas y su expulsión definitiva del país una vez completada la condena.
Registros oficiales indican que Paredes había sido deportado en noviembre de 2014 desde Hidalgo, Texas. Sin embargo, reingresó ilegalmente en varias oportunidades. Fue arrestado en diciembre de 2018 por delitos de tráfico, deportado en febrero de 2019 y reincidió poco tiempo después.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) colaboró en una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que permitió desarticular una red de tráfico laboral en Connecticut y condenar a Apolinar Francisco Paredes Espinoza, un ciudadano mexicano que había ingresado ilegalmente al país.
Cómo operaba la red de tráfico laboral entre México y Connecticut
La red criminal liderada por Paredes Espinoza, conocido como “Pancho”, reclutaba personas en México a través de acuerdos con María del Carmen Sánchez Potrero y otros cómplices. Exigían a cada víctima una tarifa inicial de entre 15.000 y 20.000 dólares, que debía abonarse una vez que lograran ingresar a Estados Unidos, según reveló el comunicado oficial de Uscis.
Para autorizar el viaje, los migrantes entregaban escrituras de propiedad en México como garantía. Una vez en territorio estadounidense, eran trasladados a viviendas en Hartford, Connecticut —incluida la residencia de Sánchez y Paredes en Madison Street— bajo condiciones de hacinamiento y riesgo, según documentos judiciales.
Al llegar, los traficantes notificaban a las víctimas que la deuda original se había duplicado por intereses adicionales. Además, los obligaban a pagar por alojamiento, alimentos, transporte y servicios. Para ubicarlos en empleos precarios, la organización falsificaba tarjetas de residencia y números de Seguro Social.
Muchas víctimas realizaban tareas domésticas, trabajos de jardinería y labores para los integrantes de la organización sin recibir salario ni reducir sus deudas. Si intentaban resistirse, amenazaban con dañar a sus familiares en México, confiscar propiedades o denunciar su estatus migratorio ante las autoridades.
El trabajo conjunto del FBI y Uscis que permitió desarticular la organización
La investigación, encabezada por el FBI, se fortaleció gracias a la colaboración de Uscis, que aportó información migratoria y antecedentes de los involucrados, además de detectar a víctimas sometidas a trabajo forzado.
El operativo contó con el apoyo del Departamento de Policía de Hartford, el Departamento de Trabajo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las agencias rastrearon documentos falsificados y propiedades utilizadas como centros de retención y explotación.
Durante la pesquisa se identificaron 19 víctimas, entre ellas varias menores de edad. Al menos dos habían ingresado al país sin la compañía de un adulto responsable, y todas permanecían bajo condiciones de abuso laboral y coerción.
La condena al líder mexicano por tráfico laboral y reingreso ilegal
El tribunal federal condenó a Apolinar Francisco Paredes Espinoza a 40 meses de prisión por reingresar ilegalmente a Estados Unidos y participar en este esquema de tráfico de personas con fines de trabajo forzado. Además, le ordenó una restitución solidaria de 574.608 dólares para las víctimas y su expulsión definitiva del país una vez completada la condena.
Registros oficiales indican que Paredes había sido deportado en noviembre de 2014 desde Hidalgo, Texas. Sin embargo, reingresó ilegalmente en varias oportunidades. Fue arrestado en diciembre de 2018 por delitos de tráfico, deportado en febrero de 2019 y reincidió poco tiempo después.
El hombre ya había sido deportado de Estados Unidos en 2014; por este delito recibió una condena de 40 meses de prisión LA NACION
