La Fiscalía pidió la suspensión por diez días del juicio por la muerte de Diego Maradona
Con énfasis, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro a cargo de la acusación pública, solicitó la suspensión por diez días del juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona.
“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.
“La gravedad institucional” a la que hizo el representante del Ministerio Público Fiscal es un expediente judicial que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro donde se investiga el supuesto vínculo entre una de las juezas que interviene en el juicio, Julieta Makintach, con la producción de un documental sobre el debate.
La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradonay de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública,vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal».
Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.
“Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“, sostuvo el fiscal Ferrari al comenzar su alocución.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal lo sucedido en la audiencia del jueves pasado, cuando la jueza Makintach se sentó en la silla reservada para el presidente del tribunal, que desde el 11 de marzo, cuando comenzó el debate, era utilizada por el juez Savarino “fue un paso de comedia”.
“Esta situación para nosotros compromete el prestigio del Poder Judicial”, afirmó Ferrari.
Con énfasis, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro a cargo de la acusación pública, solicitó la suspensión por diez días del juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona.
“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.
“La gravedad institucional” a la que hizo el representante del Ministerio Público Fiscal es un expediente judicial que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro donde se investiga el supuesto vínculo entre una de las juezas que interviene en el juicio, Julieta Makintach, con la producción de un documental sobre el debate.
La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradonay de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública,vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal».
Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.
“Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“, sostuvo el fiscal Ferrari al comenzar su alocución.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal lo sucedido en la audiencia del jueves pasado, cuando la jueza Makintach se sentó en la silla reservada para el presidente del tribunal, que desde el 11 de marzo, cuando comenzó el debate, era utilizada por el juez Savarino “fue un paso de comedia”.
“Esta situación para nosotros compromete el prestigio del Poder Judicial”, afirmó Ferrari.
La solicitud de aplazamiento del debate es consecuencia de una investigación que intenta determinar el vínculo de la jueza Julieta Makintach con un supuesto documental LA NACION
