El estado de las rutas nacionales: obras frenadas, caída en la inversión y conflictos laborales
Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los corredores viales nacionales sufrieron una reducción de la inversión pública en obras y mantenimiento. Además, en los últimos meses ocurrieron dos hechos clave para el futuro de rutas y autopistas: la intervención de Corredores Viales SA por parte del Gobierno y el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay que derivaron en conflictos laborales que todavía siguen en pie.
Por qué importa.
Según cifras oficiales, la red vial cuenta con cerca de 640.000 km de rutas, autopistas, autovías y caminos entre todas las jurisdicciones: Nación, provincias y municipios. De este total hay unos 38.000 km bajo la gestión de Vialidad Nacional, de los cuales solo el 10% es de alta transitabilidad: 1.500 km de autopistas y 2.300 km de autovías.
En números.
De 2023 a 2024, el Estado invirtió 43% menos en construir rutas, autopistas y autovías y de 2024 a 2025 la inversión cayó 34%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. En cuanto al mantenimiento y repavimentación, de 2023 a 2024 el Ejecutivo nacional invirtió 29% menos y de 2024 a 2025, 21% menos.
Pero.
El Estado nacional recauda, a través del Impuesto al Combustible (ICL), fondos destinados específicamente a obras viales y mantenimiento de rutas. En abril, el ICL aumentó 44% (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).
En detalle.
La red vial nacional se divide en dos sistemas: uno estatal, gestionado por la Dirección Nacional de Vialidad y otro concesionado a empresas, que recaudan a través de los peajes. La principal empresa que gestiona el sistema vial es pública: Corredores Viales.
Qué pasó.
El 1° de abril, el Gobierno intervino Corredores Viales como paso previo a su privatización.
Los argumentos fueron que gran parte de los tramos «estaban en un estado malo o crítico» y que «los contratos de obra estaban paralizados». Esto cerró la puerta a sus empleados para discutir condiciones de trabajo y negociar paritarias.
Denuncia.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) denunció ante la Secretaría de Trabajo de la Nación irregularidades e incumplimientos en las condiciones laborales y de seguridad de todos los sectores de Corredores Viales y el retraso paritario desde enero, pero no hubo respuesta. Ante esto, el sindicato convocó a un paro en los 10 tramos de la empresa. Tres días después, en el marco de la medida de fuerza, la empresa echó sin causa a 117 trabajadores.
Además.
En paralelo, el 8 de abril venció la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A (CRUSA), que mantenía las rutas 12 y 14 y 174, claves para la conexión con el MERCOSUR. Hoy están en manos del Gobierno Nacional – a través de Vialidad Nacional, porque todavía no lanzó la licitación para su privatización (aunque la habían anunciado para principios de abril), para que una nueva empresa se haga cargo. Mientras tanto, se levantó el cobro de peaje y con ello todos los servicios al usuario. Según CRUSA, algunas autoridades y organizaciones provinciales, esto pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad.
Conflicto.
A partir de este hecho, 500 trabajadores quedaron sin continuidad laboral y sin indemnización, con la empresa en convocatoria de acreedores y declarada en quiebra por la Justicia el 29 de abril. Para el SUTPA, «la empresa debe garantizar las indemnizaciones y el Estado asegurar que suceda». Para el Estado, «la solución es del sector privado». Para CRUSA «es imposible hacerle frente al pago de las indemnizaciones con la tarifa retrasada desde hace años, responsabilidad de Vialidad Nacional».
Fuente: CORTA
Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los corredores viales nacionales sufrieron una reducción de la inversión pública en obras y mantenimiento. Además, en los últimos meses ocurrieron dos hechos clave para el futuro de rutas y autopistas: la intervención de Corredores Viales SA por parte del Gobierno y el fin de la concesión de Caminos del Leer más
