Preocupa la pérdida de estudiantes de la UBA en las cárceles después de una medida del Ministerio de Seguridad
El diseñador Coco Cerrella perdió la cuenta de la cantidad de alumnos que pasaron por el taller de Diseño Gráfico que dicta desde hace 13 años en el Centro Universitario que funciona en el penal de Devoto. “Seguro, más de 800”, arriesga.
Lo que sí sabe es que para este cuatrimestre se habían inscripto unos 80 estudiantes. Por eso, le da mucha tristeza estar dando clases, apenas, para unos 10. Hace una semana, hizo catarsis con un posteo en Instagram. Y expuso lo que, para él, es la raíz del problema.
“El Ministerio de Seguridad ha dispuesto restringir la presencia de los estudiantes en el pabellón universitario, que es lo único que se ha comprobado que puede bajar los niveles de reincidencia en forma fehaciente”, dice en ese posteo con visible enojo.
El docente se refiere a la resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad que dispuso que a partir del 25 de marzo no se permite la permanencia de los internos en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases. La misma disposición prohíbe la formación de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal.
A partir de 1985 y gracias a un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, comenzó a funcionar el Programa UBA XXII, que acerca la formación universitaria a las personas que están privadas de su libertad tanto en el penal de Villa Devoto, en CABA, como en las unidades 1, 4, 19 y 31, todas de Ezeiza. A este, se sumarían otros convenios con otras 16 universidades más y cubrir así, 27 cárceles, según fuentes del Ministerio de Seguridad.
Cada centro universitario cuenta con aulas pero también con biblioteca, sala de computación y espacios de estudio. Cerrella explica que, en el caso de Devoto al igual que en los demás centros de la UBA, son los mismos internos los que se ocupan de la gestión administrativa de cada uno de estos espacios.
“Ellos mismos son los que toman lista, los se ocupan de que cada docente cuente con el material que necesita para sus clases y los que incentivan a sus propios compañeros para que tengan la disciplina necesaria para sostener la asistencia”, ejemplifica. Todo esto cambió a partir de la entrada en vigencia de la resolución de marzo.
“Están dejando al centro universitario sin gente que lo administre”, se lamenta este diseñador, quien asegura que el espacio perdió toda la riqueza y el dinamismo que solía tener.
“Hoy es un espacio prácticamente vacío”, considera. Y dice que esa no es la consecuencia más grave de la resolución. “Alejar a los alumnos de todo ese ecosistema que se genera en el centro universitario es alejarlos de un ambiente que propicia el estudio y la construcción de otro tipo de subjetividad. Ahora tienen que estudiar en los pabellones, con ruido, con música y eso no favorece el desarrollo académico”, sostiene.
Para la directora del programa UBA XXII, Marta Laferriere, la manera en que se fundamenta la medida del Ministerio de Seguridad es producto de una confusión. “Por un lado, se confunden a los centros universitarios con los centros de estudiantes y son dos cosas muy distintas. Se le pretende dar un cariz político que los centros universitarios no tienen”, dice.
“Por otro lado -continúa Laferriere-, el Servicio Penitenciario manifiesta que la permanencia en el espacio educativo impide el tratamiento penitenciario. Pero una base esencial de ese tratamiento tendría que ser la educación”, sostiene.
Laferriere suele visitar los diferentes centros universitarios y lo que ve confirma lo que le cuentan la mayoría de los docentes: una merma significativa en el alumnado. “Fue un primer cuatrimestre muy malo desde la resolución ministerial. El rector respondió pidiendo una entrevista, cosa que todavía no sucedió. Nuestra posición es la misma que la del rector, creemos que este programa no hizo otra cosa que mostrar logros en sus 40 años de existencia”, sostiene.
Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Seguridad negaron que la cantidad de estudiantes haya disminuido y aseguran que la matrícula total sigue aumentando. “Desde la resolución ministerial tenemos 15 inscriptos nuevos al CBC en Devoto y 50 nuevos estudiantes en las unidades de Ezeiza”, expresaron. También afirman que hay un canal de diálogo abierto con la rectoría de la UBA.
“Al terminar las clases, los internos deben continuar con el tratamiento penitenciario como el trabajo o la limpieza”, explicaron desde ese organismo. “Los presos de los centros universitarios de la UBA quieren evadir esa rutina”, sostuvieron.
La resolución ministerial fue rechazada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), organismo que presentó un habeas corpus en favor de todas las personas privadas de su libertad que cursan estudios universitarios en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. La medida generó una protesta que incluyó batucada y quema de basura en el penal de Devoto.
La PPN también emitió un comunicado en el que sostuvo que la resolución ministerial empeora las condiciones de detención y limita el derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Nacional y otras leyes.
De armar una faca a leer grandes autores
Laferriere asegura que en estas cuatro décadas han pasado miles de estudiantes por UBA XXII. “La gran mayoría, comenzó sus estudios en la cárcel y los continuó al haber recuperado su libertad. Así y todo, llevamos otorgados unos 300 títulos a personas que iniciaron y terminaron sus estudios privados de su libertad. El nivel de reincidencia es mínimo, un 3%”, agrega, una relación bajísima si se la compara con la reincidencia promedio, que ronda el 41%.
“Pasás de pensar en cómo armar una faca para defenderte en el pabellón a leer grandes autores, a estar con los lápices, con el mouse. Eso es un cambio enorme en tu subjetividad”. El que habla es Gastón Brosio, un licenciado en Administración de Empresas y profesor en Letras que da clases en una escuela y en una cooperativa. Tiene 43 años y pasó 15 de ellos privado de su libertad.
La trayectoria educativa de Gastón había sido muy accidentada. “Me echaron de cuatro escuelas”, cuenta. Al momento de quedar privado de su libertad en la cárcel de Villa Devoto solo contaba con la primaria completa. “Después de todo lo que pasé, me enorgullece verme dando clases”, dice y asegura que su paso por el Centro Universitario fue fundamental para lograrlo.
Fue entonces cuando empezó a tener contacto con los libros, con las computadoras. “En la biblioteca me iba cruzando de casualidad con textos que se me volvieron esenciales, de sociología, de psicología. A la par de cursar la licenciatura, descubrí las letras y empecé a escribir. Tengo cinco libros escritos en aquellos años”, agrega.
En su barrio, Ciudadela, Gastón está siempre dispuesto a ayudar con sus estudios a quien lo necesite. “Aunque el sueldo no me alcanza, no se me pasa por la cabeza volver a delinquir. Valoro la libertad, me di valor a mí mismo y eso fue gracias al conocimiento y a los libros que leí”, dice convencido.
En el centro universitario de Villa Devoto, Coco Cerrella cuenta que reina la tristeza. Que la biblioteca y el aula de computación, antes llenas de gente, ahora están, casi siempre, vacías. Supone que, a los que dejaron de venir, les ganó el desánimo. “Aunque sea por uno, yo voy a seguir yendo”, cierra su posteo en redes. “A nadie le sirve que los pibes que están acá adentro salgan peor de lo que entraron”.
El diseñador Coco Cerrella perdió la cuenta de la cantidad de alumnos que pasaron por el taller de Diseño Gráfico que dicta desde hace 13 años en el Centro Universitario que funciona en el penal de Devoto. “Seguro, más de 800”, arriesga.
Lo que sí sabe es que para este cuatrimestre se habían inscripto unos 80 estudiantes. Por eso, le da mucha tristeza estar dando clases, apenas, para unos 10. Hace una semana, hizo catarsis con un posteo en Instagram. Y expuso lo que, para él, es la raíz del problema.
“El Ministerio de Seguridad ha dispuesto restringir la presencia de los estudiantes en el pabellón universitario, que es lo único que se ha comprobado que puede bajar los niveles de reincidencia en forma fehaciente”, dice en ese posteo con visible enojo.
El docente se refiere a la resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad que dispuso que a partir del 25 de marzo no se permite la permanencia de los internos en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases. La misma disposición prohíbe la formación de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal.
A partir de 1985 y gracias a un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, comenzó a funcionar el Programa UBA XXII, que acerca la formación universitaria a las personas que están privadas de su libertad tanto en el penal de Villa Devoto, en CABA, como en las unidades 1, 4, 19 y 31, todas de Ezeiza. A este, se sumarían otros convenios con otras 16 universidades más y cubrir así, 27 cárceles, según fuentes del Ministerio de Seguridad.
Cada centro universitario cuenta con aulas pero también con biblioteca, sala de computación y espacios de estudio. Cerrella explica que, en el caso de Devoto al igual que en los demás centros de la UBA, son los mismos internos los que se ocupan de la gestión administrativa de cada uno de estos espacios.
“Ellos mismos son los que toman lista, los se ocupan de que cada docente cuente con el material que necesita para sus clases y los que incentivan a sus propios compañeros para que tengan la disciplina necesaria para sostener la asistencia”, ejemplifica. Todo esto cambió a partir de la entrada en vigencia de la resolución de marzo.
“Están dejando al centro universitario sin gente que lo administre”, se lamenta este diseñador, quien asegura que el espacio perdió toda la riqueza y el dinamismo que solía tener.
“Hoy es un espacio prácticamente vacío”, considera. Y dice que esa no es la consecuencia más grave de la resolución. “Alejar a los alumnos de todo ese ecosistema que se genera en el centro universitario es alejarlos de un ambiente que propicia el estudio y la construcción de otro tipo de subjetividad. Ahora tienen que estudiar en los pabellones, con ruido, con música y eso no favorece el desarrollo académico”, sostiene.
Para la directora del programa UBA XXII, Marta Laferriere, la manera en que se fundamenta la medida del Ministerio de Seguridad es producto de una confusión. “Por un lado, se confunden a los centros universitarios con los centros de estudiantes y son dos cosas muy distintas. Se le pretende dar un cariz político que los centros universitarios no tienen”, dice.
“Por otro lado -continúa Laferriere-, el Servicio Penitenciario manifiesta que la permanencia en el espacio educativo impide el tratamiento penitenciario. Pero una base esencial de ese tratamiento tendría que ser la educación”, sostiene.
Laferriere suele visitar los diferentes centros universitarios y lo que ve confirma lo que le cuentan la mayoría de los docentes: una merma significativa en el alumnado. “Fue un primer cuatrimestre muy malo desde la resolución ministerial. El rector respondió pidiendo una entrevista, cosa que todavía no sucedió. Nuestra posición es la misma que la del rector, creemos que este programa no hizo otra cosa que mostrar logros en sus 40 años de existencia”, sostiene.
Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Seguridad negaron que la cantidad de estudiantes haya disminuido y aseguran que la matrícula total sigue aumentando. “Desde la resolución ministerial tenemos 15 inscriptos nuevos al CBC en Devoto y 50 nuevos estudiantes en las unidades de Ezeiza”, expresaron. También afirman que hay un canal de diálogo abierto con la rectoría de la UBA.
“Al terminar las clases, los internos deben continuar con el tratamiento penitenciario como el trabajo o la limpieza”, explicaron desde ese organismo. “Los presos de los centros universitarios de la UBA quieren evadir esa rutina”, sostuvieron.
La resolución ministerial fue rechazada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), organismo que presentó un habeas corpus en favor de todas las personas privadas de su libertad que cursan estudios universitarios en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. La medida generó una protesta que incluyó batucada y quema de basura en el penal de Devoto.
La PPN también emitió un comunicado en el que sostuvo que la resolución ministerial empeora las condiciones de detención y limita el derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Nacional y otras leyes.
De armar una faca a leer grandes autores
Laferriere asegura que en estas cuatro décadas han pasado miles de estudiantes por UBA XXII. “La gran mayoría, comenzó sus estudios en la cárcel y los continuó al haber recuperado su libertad. Así y todo, llevamos otorgados unos 300 títulos a personas que iniciaron y terminaron sus estudios privados de su libertad. El nivel de reincidencia es mínimo, un 3%”, agrega, una relación bajísima si se la compara con la reincidencia promedio, que ronda el 41%.
“Pasás de pensar en cómo armar una faca para defenderte en el pabellón a leer grandes autores, a estar con los lápices, con el mouse. Eso es un cambio enorme en tu subjetividad”. El que habla es Gastón Brosio, un licenciado en Administración de Empresas y profesor en Letras que da clases en una escuela y en una cooperativa. Tiene 43 años y pasó 15 de ellos privado de su libertad.
La trayectoria educativa de Gastón había sido muy accidentada. “Me echaron de cuatro escuelas”, cuenta. Al momento de quedar privado de su libertad en la cárcel de Villa Devoto solo contaba con la primaria completa. “Después de todo lo que pasé, me enorgullece verme dando clases”, dice y asegura que su paso por el Centro Universitario fue fundamental para lograrlo.
Fue entonces cuando empezó a tener contacto con los libros, con las computadoras. “En la biblioteca me iba cruzando de casualidad con textos que se me volvieron esenciales, de sociología, de psicología. A la par de cursar la licenciatura, descubrí las letras y empecé a escribir. Tengo cinco libros escritos en aquellos años”, agrega.
En su barrio, Ciudadela, Gastón está siempre dispuesto a ayudar con sus estudios a quien lo necesite. “Aunque el sueldo no me alcanza, no se me pasa por la cabeza volver a delinquir. Valoro la libertad, me di valor a mí mismo y eso fue gracias al conocimiento y a los libros que leí”, dice convencido.
En el centro universitario de Villa Devoto, Coco Cerrella cuenta que reina la tristeza. Que la biblioteca y el aula de computación, antes llenas de gente, ahora están, casi siempre, vacías. Supone que, a los que dejaron de venir, les ganó el desánimo. “Aunque sea por uno, yo voy a seguir yendo”, cierra su posteo en redes. “A nadie le sirve que los pibes que están acá adentro salgan peor de lo que entraron”.
Docentes y directivos del programa UBA XXII aseguran que restringieron la permanencia en los espacios de estudio; hay clases que perdieron el 80% de sus estudiantes; quienes pasan por este plan antes de salir en libertad tienen tasas mucho más bajas de reincidencia LA NACION
