La causa conocida como Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, sigue deparando sorpresas.

Los abogados de los acusados que fueron absueltos en el juicio oral ahora piden cobrar sus honorarios en una causa paralela, que se inició en la justicia civil. En ese fuero, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Dirección Nacional de Vialidad demandó por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. La cifra, pasada a dólares según la cotización de 2018, alcanza a 1125 millones de dólares.

Los acusados que resultaron absueltos, con sentencia firme, no van a ser alcanzados por esa demanda civil, por lo que sus abogados ya están reclamando que les regulen honorarios. La ley establece que el importe de los honorarios corresponde al 12% del monto de la demanda. Y el porcentaje que les corresponde percibir depende de las instancias en que intervinieron en el proceso.

Como en este caso intervinieron solo en la primera parte, contestando la demanda, el monto podría ascender a un 30% de ese 12%, es decir unos 30 millones de dólares.

De todos modos, lo más probable es que el cálculo provisorio se realice en pesos por un porcentaje del monto de la demanda, y que los intereses se calculen al final del proceso, que puede demorar varios años.

El Estado, por otro lado, debería cobrarles a los condenados, si queda firme la pena, el monto total de la demanda, más los intereses. Un patrimonio muy importante como para recuperar los bienes en juego.

La demanda fue iniciada en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad. El monto del reclamo es de $22.500 millones, más intereses, lo que convertido a dólares de 2018 asciende a unos 1125 millones de dólares.

Los abogados de Carlos Santiago Kirchner –los doctores Enrique Arce y Nicolás Guzmán– se presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo dos Santos, y pidieron que les regulen los honorarios.

Lo hicieron porque Kirchner cambió de letrado y porque hay un plazo de dos años para reclamar la regulación provisoria o, en caso contrario, prescribe el pedido. Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, había sido funcionario del Ministerio de Planificación y en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada, él resultó absuelto. Reemplazó a sus abogados Arce y Guzmán por el doctor Carlos Jorge Kirchner y, luego, por la defensoría oficial.

Los argumentos

En el escrito, al que accedió LA NACION, los abogados Arce y Guzmán señalan que les corresponde el 12% del monto de la demanda y que el cálculo de los intereses será una cuestión posterior. Pero aclararon que intervinieron en la primera parte del proceso.

Indicaron, así, que los honorarios se estiman en un 10% del monto de la condena. Pero que esa suma llega al 12% por el “daño punitivo”, es decir un plus sobre las indemnizaciones que los tribunales ordenan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

“Ejercimos la representación durante la primera etapa del proceso, por lo que nuestra labor comprende la tercera parte del juicio”, dijeron los abogados.

Según explicaron, los letrados no hicieron el planteo con la expectativa de cobrar una fortuna y hacerse millonarios, sino de asegurarse de no perder su derecho a reclamar los honorarios.

Lo habitual es que el juez haga el cálculo provisorio de honorarios sobre el monto de la demanda en pesos, sin actualizar, y que los intereses se calculen al final del proceso. Si realiza esta cuenta el monto es inferior, unos $670 millones.

El caso de los abogados de Kirchner es similar al reclamo que pueden hacer cuando termine la causa penal los abogados de otros de los que fueron imputados y absueltos en el juicio penal, como Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Jesús Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz. Para ello deben esperar que quede firme la absolución, con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Reclamo de Cristina Kirchner

En este expediente de la demanda civil, Cristina Kirchner ya reclamó dos veces “la caducidad de la instancia, al argumentar que la causa debe cerrarse porque Vialidad dejó transcurrir seis meses sin ejercer su reclamo.

El primer planteo, realizado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado por el juez de primera instancia y, luego, apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Allí la Sala III no pudo fallar aún. Se suscitó una controversia entre el presidente de la Cámara Guillermo Antelo y el camarista Alfredo Silverio Gusmán.

Antelo denunció a Gusmán ante el Consejo de la Magistratura porque dijo que evitó votar en esta causa, aun cuando estaban sobre la fecha del plazo para hacerlo. Dijo que ese magistrado firmó su voto en papel, pero no de manera electrónica, por lo cual carece de validez. Pero Gusmán contestó que Antelo no había sorteado a un tercer juez para integrar el tribunal y por eso no votó.

Gusmán le indicó al Consejo de la Magistratura que la causa no estaba en condiciones de ser resuelta, dado que el presidente del tribunal no realizó el sorteo pendiente para designar un vocal. “Esa situación anómala se mantiene”, dijo el magistrado denunciado en el Consejo.

Agregó que la Sala III de la Cámara “no se encuentra integrada” y que el conflicto permanece abierto. Finalmente, fueron sorteados los integrantes de la Sala III: Juan Perozziello Vizier Florencia Nallar y Antelo, pero la Cámara aún no resolvió el pedido de Cristina Kirchner para cerrar definitivamente esta demanda civil.

Por las dudas, la expresidenta presentó ante el juez de primera instancia un nuevo pedido para que se declare la caducidad de la instancia.

Esta vez, representada por el abogado Luis Goldín, dijo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene un “desinterés” en el reclamo.

“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025″, dijo el letrado, y agregó que “el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable”. Este nuevo planteo aún debe resolverse.

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La causa conocida como Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, sigue deparando sorpresas.

Los abogados de los acusados que fueron absueltos en el juicio oral ahora piden cobrar sus honorarios en una causa paralela, que se inició en la justicia civil. En ese fuero, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Dirección Nacional de Vialidad demandó por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. La cifra, pasada a dólares según la cotización de 2018, alcanza a 1125 millones de dólares.

Los acusados que resultaron absueltos, con sentencia firme, no van a ser alcanzados por esa demanda civil, por lo que sus abogados ya están reclamando que les regulen honorarios. La ley establece que el importe de los honorarios corresponde al 12% del monto de la demanda. Y el porcentaje que les corresponde percibir depende de las instancias en que intervinieron en el proceso.

Como en este caso intervinieron solo en la primera parte, contestando la demanda, el monto podría ascender a un 30% de ese 12%, es decir unos 30 millones de dólares.

De todos modos, lo más probable es que el cálculo provisorio se realice en pesos por un porcentaje del monto de la demanda, y que los intereses se calculen al final del proceso, que puede demorar varios años.

El Estado, por otro lado, debería cobrarles a los condenados, si queda firme la pena, el monto total de la demanda, más los intereses. Un patrimonio muy importante como para recuperar los bienes en juego.

La demanda fue iniciada en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad. El monto del reclamo es de $22.500 millones, más intereses, lo que convertido a dólares de 2018 asciende a unos 1125 millones de dólares.

Los abogados de Carlos Santiago Kirchner –los doctores Enrique Arce y Nicolás Guzmán– se presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo dos Santos, y pidieron que les regulen los honorarios.

Lo hicieron porque Kirchner cambió de letrado y porque hay un plazo de dos años para reclamar la regulación provisoria o, en caso contrario, prescribe el pedido. Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, había sido funcionario del Ministerio de Planificación y en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada, él resultó absuelto. Reemplazó a sus abogados Arce y Guzmán por el doctor Carlos Jorge Kirchner y, luego, por la defensoría oficial.

Los argumentos

En el escrito, al que accedió LA NACION, los abogados Arce y Guzmán señalan que les corresponde el 12% del monto de la demanda y que el cálculo de los intereses será una cuestión posterior. Pero aclararon que intervinieron en la primera parte del proceso.

Indicaron, así, que los honorarios se estiman en un 10% del monto de la condena. Pero que esa suma llega al 12% por el “daño punitivo”, es decir un plus sobre las indemnizaciones que los tribunales ordenan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

“Ejercimos la representación durante la primera etapa del proceso, por lo que nuestra labor comprende la tercera parte del juicio”, dijeron los abogados.

Según explicaron, los letrados no hicieron el planteo con la expectativa de cobrar una fortuna y hacerse millonarios, sino de asegurarse de no perder su derecho a reclamar los honorarios.

Lo habitual es que el juez haga el cálculo provisorio de honorarios sobre el monto de la demanda en pesos, sin actualizar, y que los intereses se calculen al final del proceso. Si realiza esta cuenta el monto es inferior, unos $670 millones.

El caso de los abogados de Kirchner es similar al reclamo que pueden hacer cuando termine la causa penal los abogados de otros de los que fueron imputados y absueltos en el juicio penal, como Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Jesús Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz. Para ello deben esperar que quede firme la absolución, con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Reclamo de Cristina Kirchner

En este expediente de la demanda civil, Cristina Kirchner ya reclamó dos veces “la caducidad de la instancia, al argumentar que la causa debe cerrarse porque Vialidad dejó transcurrir seis meses sin ejercer su reclamo.

El primer planteo, realizado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado por el juez de primera instancia y, luego, apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Allí la Sala III no pudo fallar aún. Se suscitó una controversia entre el presidente de la Cámara Guillermo Antelo y el camarista Alfredo Silverio Gusmán.

Antelo denunció a Gusmán ante el Consejo de la Magistratura porque dijo que evitó votar en esta causa, aun cuando estaban sobre la fecha del plazo para hacerlo. Dijo que ese magistrado firmó su voto en papel, pero no de manera electrónica, por lo cual carece de validez. Pero Gusmán contestó que Antelo no había sorteado a un tercer juez para integrar el tribunal y por eso no votó.

Gusmán le indicó al Consejo de la Magistratura que la causa no estaba en condiciones de ser resuelta, dado que el presidente del tribunal no realizó el sorteo pendiente para designar un vocal. “Esa situación anómala se mantiene”, dijo el magistrado denunciado en el Consejo.

Agregó que la Sala III de la Cámara “no se encuentra integrada” y que el conflicto permanece abierto. Finalmente, fueron sorteados los integrantes de la Sala III: Juan Perozziello Vizier Florencia Nallar y Antelo, pero la Cámara aún no resolvió el pedido de Cristina Kirchner para cerrar definitivamente esta demanda civil.

Por las dudas, la expresidenta presentó ante el juez de primera instancia un nuevo pedido para que se declare la caducidad de la instancia.

Esta vez, representada por el abogado Luis Goldín, dijo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene un “desinterés” en el reclamo.

“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025″, dijo el letrado, y agregó que “el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable”. Este nuevo planteo aún debe resolverse.

 Es el planteo de los letrados que defendieron en la instancia civil a los acusados que resultaron absueltos; la demanda había sido iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad y el importe representa el 12% del monto que reclamaba el organismo  LA NACION