El Gobierno volvió a licitar una obra que comenzó en la primera presidencia de Cristina Kirchner
La gestión de Javier Milei se propuso concluir una obra pública iniciada durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. En el medio pasaron 14 años y una investigación por presunto pago de coimas que sacudió su financiamiento. Según documentos oficiales, se trata del Segundo Acueducto para el Interior de Chaco, que pretende abastecer de agua potable a 417.000 personas. Su período de inversión iba a completarse en tres años, pero su demora es, al menos, cuatro veces mayor.
El Boletín Oficial arrojó una novedad atípica en el Gobierno libertario: una licitación de obra pública con un presupuesto que asciende a $71.305 millones (aproximadamente US$64 millones). No se trata de un proyecto nuevo, sino de terminar lo viejo. El Ejecutivo busca contratistas que puedan completar el 18% restante del acueducto, que comenzó a construirse el 2 de mayo de 2011, tal como figura en los registros oficiales.
“La importancia estratégica de la obra impone la necesidad de adoptar medidas urgentes para asegurar su culminación y puesta en funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines de bienestar social que persigue su ejecución, y a la vez evitar el deterioro de sus partes concluidas”, justifica la resolución que habilita el gasto en obra pública.
Según la normativa, la obra podría finalizar en 2027, es decir, 16 años después de haber comenzado. Para poder lanzar esta nueva licitación, el Gobierno debió rescindir en 2024 el contrato anterior, perteneciente a una unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Rovella Carranza, Supercemento y CPC, con un costo de $4.204 millones, según documentos comerciales oficiales.
Entonces, esta historia plantea dos grandes interrogantes: ¿cuánto falta para terminar el acueducto? y ¿qué pasó durante estos 14 años?
La respuesta a la primera pregunta puede ser tan errante como el desarrollo de esta obra. Según informó la gestión libertaria en el Boletín Oficial, el avance físico llega al 82%, por lo que el Gobierno decidió encarar el 18% restante.
Sin embargo, la gestión albertista sostiene que dejó la Casa Rosada con un avance del 92%, según un documento del Ministerio de Obras Públicas de octubre de 2023. No obstante, el acta de rescisión de contrato firmada por representantes de la provincia de Chaco y las empresas contratistas indica que el grado de avance de la obra era del 82% al 26 de diciembre de 2023.
LA NACION consultó a autoridades de la gestión anterior, quienes reiteraron que el avance era del 92%. Los números de la administración Fernández también se contradicen con los de Fernández de Kirchner. El 23 de octubre de 2014, la entonces presidenta afirmó que el acueducto estaba 70% terminado, pero esto difiere de un documento elaborado por la cartera que dirigió Gabriel Katopodis durante el Frente de Todos, que señala: “Los trabajos comenzaron en septiembre de 2011 y hasta noviembre de 2015 alcanzaron un grado de ejecución del 33,5%”.
Fuentes cercanas a Cristina Kirchner desligaron a la expresidenta de la ejecución de la obra, argumentando que no era su responsabilidad. Apuntaron a las empresas contratadas y a los organismos encargados del desarrollo: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) —disuelto en noviembre de 2024 por la gestión libertaria— y la compañía pública chaqueña Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep).
A su vez, desde el entorno del exgobernador Jorge Capitanich se responsabilizó a las actuales gestiones provincial y nacional por la paralización de la obra en diciembre de 2023.
“Debido a cambios en su financiamiento, restricciones presupuestarias y diversas crisis económicas que ha atravesado el país, la obra sufrió reprogramaciones, produciéndose el total quiebre de su ecuación económica”, resumió la Fiscalía de Estado de Chaco en un documento firmado en diciembre pasado.
Los problemas en el avance de esta obra son la cara visible de las dificultades en su financiamiento, salpicado por el Lava Jato brasileño.
La licitación original se lanzó en 2009. La obra recibía financiamiento del Gobierno nacional (a través del Enohsa), la provincia de Chaco y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). El 25 de febrero de 2011, se firmó el contrato con Rovella Carranza, Supercemento y la brasileña Constructora OAS S.A.
Según un decreto del entonces gobernador Capitanich, del 7 de febrero de 2011, el financiamiento proveniente del BNDES fue obtenido por OAS, que debía cubrir los gastos de importaciones de bienes y servicios brasileños.
Entonces apareció el primer gran obstáculo: el Lava Jato. En 2014, la Justicia brasileña detuvo al por entonces titular de OAS, Leo Pinheiro, junto con otros directivos acusados de supuesto pago de sobornos en su país. Varios imputados lo reconocieron mediante delaciones premiadas.
Según informó el diario O Globo, el BNDES suspendió los desembolsos previstos para las constructoras implicadas, entre ellas OAS. Esto impactó directamente sobre el Segundo Acueducto del Interior del Chaco.
Un informe del Departamento de Ingeniería de Producción de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM) señaló que el BNDES destinó US$4.320 millones para financiar obras en Argentina bajo sospecha de corrupción en Brasil. En este caso, el acueducto chaqueño absorbía US$180 millones.
De vuelta en Argentina, en 2017 se reemplazó el financiamiento del BNDES por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, pero, según un documento de julio de 2022 de la Fiscalía de Estado de Chaco, nunca se concretó en su totalidad.
Ese cambio en la financiación trajo también una modificación de contratistas: salió OAS y entró CPC S.A., la constructora del Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López.
Fuentes cercanas a una de las empresas señalaron que era “imposible seguir trabajando”, ya que el avance físico superaba al avance financiero.
El historial del acueducto incluye una inauguración parcial, entre Charata y General Pinedo, según un documento de octubre de 2023 de la gestión albertista. Dos meses después, la obra quedó paralizada, y espera reactivarse con la nueva licitación lanzada por la gestión de Milei.
Desde el Gobierno provincial de Chaco destacan sus gestiones en Buenos Aires para conseguir el financiamiento que permita finalizar la obra. En ese marco, en marzo, el gobernador Leandro Zdero anunció una alianza local entre La Libertad Avanza y el radicalismo chaqueño para enfrentar al kirchnerismo. Así, la finalización del acueducto se sumó a la agenda común entre ambas partes.
La gestión de Javier Milei se propuso concluir una obra pública iniciada durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. En el medio pasaron 14 años y una investigación por presunto pago de coimas que sacudió su financiamiento. Según documentos oficiales, se trata del Segundo Acueducto para el Interior de Chaco, que pretende abastecer de agua potable a 417.000 personas. Su período de inversión iba a completarse en tres años, pero su demora es, al menos, cuatro veces mayor.
El Boletín Oficial arrojó una novedad atípica en el Gobierno libertario: una licitación de obra pública con un presupuesto que asciende a $71.305 millones (aproximadamente US$64 millones). No se trata de un proyecto nuevo, sino de terminar lo viejo. El Ejecutivo busca contratistas que puedan completar el 18% restante del acueducto, que comenzó a construirse el 2 de mayo de 2011, tal como figura en los registros oficiales.
“La importancia estratégica de la obra impone la necesidad de adoptar medidas urgentes para asegurar su culminación y puesta en funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines de bienestar social que persigue su ejecución, y a la vez evitar el deterioro de sus partes concluidas”, justifica la resolución que habilita el gasto en obra pública.
Según la normativa, la obra podría finalizar en 2027, es decir, 16 años después de haber comenzado. Para poder lanzar esta nueva licitación, el Gobierno debió rescindir en 2024 el contrato anterior, perteneciente a una unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Rovella Carranza, Supercemento y CPC, con un costo de $4.204 millones, según documentos comerciales oficiales.
Entonces, esta historia plantea dos grandes interrogantes: ¿cuánto falta para terminar el acueducto? y ¿qué pasó durante estos 14 años?
La respuesta a la primera pregunta puede ser tan errante como el desarrollo de esta obra. Según informó la gestión libertaria en el Boletín Oficial, el avance físico llega al 82%, por lo que el Gobierno decidió encarar el 18% restante.
Sin embargo, la gestión albertista sostiene que dejó la Casa Rosada con un avance del 92%, según un documento del Ministerio de Obras Públicas de octubre de 2023. No obstante, el acta de rescisión de contrato firmada por representantes de la provincia de Chaco y las empresas contratistas indica que el grado de avance de la obra era del 82% al 26 de diciembre de 2023.
LA NACION consultó a autoridades de la gestión anterior, quienes reiteraron que el avance era del 92%. Los números de la administración Fernández también se contradicen con los de Fernández de Kirchner. El 23 de octubre de 2014, la entonces presidenta afirmó que el acueducto estaba 70% terminado, pero esto difiere de un documento elaborado por la cartera que dirigió Gabriel Katopodis durante el Frente de Todos, que señala: “Los trabajos comenzaron en septiembre de 2011 y hasta noviembre de 2015 alcanzaron un grado de ejecución del 33,5%”.
Fuentes cercanas a Cristina Kirchner desligaron a la expresidenta de la ejecución de la obra, argumentando que no era su responsabilidad. Apuntaron a las empresas contratadas y a los organismos encargados del desarrollo: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) —disuelto en noviembre de 2024 por la gestión libertaria— y la compañía pública chaqueña Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep).
A su vez, desde el entorno del exgobernador Jorge Capitanich se responsabilizó a las actuales gestiones provincial y nacional por la paralización de la obra en diciembre de 2023.
“Debido a cambios en su financiamiento, restricciones presupuestarias y diversas crisis económicas que ha atravesado el país, la obra sufrió reprogramaciones, produciéndose el total quiebre de su ecuación económica”, resumió la Fiscalía de Estado de Chaco en un documento firmado en diciembre pasado.
Los problemas en el avance de esta obra son la cara visible de las dificultades en su financiamiento, salpicado por el Lava Jato brasileño.
La licitación original se lanzó en 2009. La obra recibía financiamiento del Gobierno nacional (a través del Enohsa), la provincia de Chaco y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). El 25 de febrero de 2011, se firmó el contrato con Rovella Carranza, Supercemento y la brasileña Constructora OAS S.A.
Según un decreto del entonces gobernador Capitanich, del 7 de febrero de 2011, el financiamiento proveniente del BNDES fue obtenido por OAS, que debía cubrir los gastos de importaciones de bienes y servicios brasileños.
Entonces apareció el primer gran obstáculo: el Lava Jato. En 2014, la Justicia brasileña detuvo al por entonces titular de OAS, Leo Pinheiro, junto con otros directivos acusados de supuesto pago de sobornos en su país. Varios imputados lo reconocieron mediante delaciones premiadas.
Según informó el diario O Globo, el BNDES suspendió los desembolsos previstos para las constructoras implicadas, entre ellas OAS. Esto impactó directamente sobre el Segundo Acueducto del Interior del Chaco.
Un informe del Departamento de Ingeniería de Producción de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM) señaló que el BNDES destinó US$4.320 millones para financiar obras en Argentina bajo sospecha de corrupción en Brasil. En este caso, el acueducto chaqueño absorbía US$180 millones.
De vuelta en Argentina, en 2017 se reemplazó el financiamiento del BNDES por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, pero, según un documento de julio de 2022 de la Fiscalía de Estado de Chaco, nunca se concretó en su totalidad.
Ese cambio en la financiación trajo también una modificación de contratistas: salió OAS y entró CPC S.A., la constructora del Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López.
Fuentes cercanas a una de las empresas señalaron que era “imposible seguir trabajando”, ya que el avance físico superaba al avance financiero.
El historial del acueducto incluye una inauguración parcial, entre Charata y General Pinedo, según un documento de octubre de 2023 de la gestión albertista. Dos meses después, la obra quedó paralizada, y espera reactivarse con la nueva licitación lanzada por la gestión de Milei.
Desde el Gobierno provincial de Chaco destacan sus gestiones en Buenos Aires para conseguir el financiamiento que permita finalizar la obra. En ese marco, en marzo, el gobernador Leandro Zdero anunció una alianza local entre La Libertad Avanza y el radicalismo chaqueño para enfrentar al kirchnerismo. Así, la finalización del acueducto se sumó a la agenda común entre ambas partes.
Se trata del Segundo Acueducto para el interior de Chaco que comenzó en 2011 y, según documentos oficiales, su etapa de inversión iba a prolongarse durante tres años; la ejecución sufrió cambios por el Lava Jato brasileño y problemas en su financiamiento LA NACION
