Volvieron a inhibir a Alberto Fernández y a 51 personas más en la causa de los seguros
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, ahora a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó reimponer una inhibición general de bienes sobre 51 personas físicas y jurídicas, en el marco de la causa de los seguros que investiga delitos vinculados a la contratación irregular por parte de organismos del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández.
La inhibición ya se había impuesto hace exactamente un año (9 de abril de 2024) y fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones. En ese entonces, la causa la llevaba adelante el juez Julián Ercolini.
Los imputados y alcanzados por esta decisión son Alberto Ángel Fernández, Héctor Horacio Martínez Sosa, María Marta Cantero, Alberto Carlos Pagliano, Sebastián Díaz Bancalari, Gustavo Carlos García Argibay, Federico Alejandro D’Angelo Campos, Juan Santiago Fraschina, Andrés Severino, Carlos Alberto Soria, Fernando Andrés Arana, Mauro Damián Tanos, Pablo Andrés Torres García, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Luciano Torre Arregui, Osvaldo Alfredo Tórtora, Hernán Alejandro Berretta, Diego Carlos Marin, Ricardo Mauricio Clement, Héctor Basilio Villaverde, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Fernando Carlos Salim, Agustín Beraldi, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, Sebastián Ignacio Rosendi, Alfredo Fernando Del Corro, Hernán Marcos Bressi, Brian Kelly, María Victoria Bisogni, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Daniel Celes y Déborah Toloza.
En cuanto a las personas jurídicas, fueron alcanzadas por la medida las siguientes entidades: Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., TG Broker S.A., Bachellier S.A., BRI Brokers S.A., Castello Mercuri S.A., Levelar S.A., París Broker de Seguros S.A., San German Seguros S.A., San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., Service Risk S.A., 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada.
Noticia en desarrollo
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, ahora a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó reimponer una inhibición general de bienes sobre 51 personas físicas y jurídicas, en el marco de la causa de los seguros que investiga delitos vinculados a la contratación irregular por parte de organismos del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández.
La inhibición ya se había impuesto hace exactamente un año (9 de abril de 2024) y fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones. En ese entonces, la causa la llevaba adelante el juez Julián Ercolini.
Los imputados y alcanzados por esta decisión son Alberto Ángel Fernández, Héctor Horacio Martínez Sosa, María Marta Cantero, Alberto Carlos Pagliano, Sebastián Díaz Bancalari, Gustavo Carlos García Argibay, Federico Alejandro D’Angelo Campos, Juan Santiago Fraschina, Andrés Severino, Carlos Alberto Soria, Fernando Andrés Arana, Mauro Damián Tanos, Pablo Andrés Torres García, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Luciano Torre Arregui, Osvaldo Alfredo Tórtora, Hernán Alejandro Berretta, Diego Carlos Marin, Ricardo Mauricio Clement, Héctor Basilio Villaverde, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Fernando Carlos Salim, Agustín Beraldi, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, Sebastián Ignacio Rosendi, Alfredo Fernando Del Corro, Hernán Marcos Bressi, Brian Kelly, María Victoria Bisogni, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Daniel Celes y Déborah Toloza.
En cuanto a las personas jurídicas, fueron alcanzadas por la medida las siguientes entidades: Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., TG Broker S.A., Bachellier S.A., BRI Brokers S.A., Castello Mercuri S.A., Levelar S.A., París Broker de Seguros S.A., San German Seguros S.A., San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., Service Risk S.A., 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada.
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El juez Casanello decidió reimponer la medida que había sido revocada por la Cámara de Casación el año pasado LA NACION
