Cientos de venezolanos fueron enviados a la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, acusados de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, allegados de los detenidos afirman que estas acusaciones carecen de fundamento y que las deportaciones se realizaron sin pruebas concretas.

Estados Unidos deportó a cientos de venezolanos a El Salvador

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se convirtió en el destino de estos inmigrantes, enviados desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral y económico entre ambas naciones. La administración Trump transfirió 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los costos de detención por un año.

En el primer vuelo llegaron a El Salvador 261 personas, de las cuales 238 eran venezolanas, mientras que el resto pertenecía a pandillas salvadoreñas. De los nacidos en Venezuela, 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, acusados de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, y 101 bajo el Título 8.

La falta de evidencias concretas sobre la afiliación criminal de los deportados generó incertidumbre entre sus familiares y abogados. Algunos reconocieron a sus seres queridos en videos publicados por el gobierno salvadoreño y aseguraron que no tienen vínculos con la banda delictiva originada en Venezuela.

Historias de migrantes deportados a El Salvador

Uno de los casos conocidos es el de Jhon Willian Chacín Gómez, un tatuador venezolano que ingresó a EE.UU. en 2023 junto a su hermana Yurliana Chacín Gómez. Mientras ella pudo quedarse en el país norteamericano para solicitar asilo, el joven fue devuelto a México y posteriormente reingresó mediante una cita programada con CBP One.

Según relata su hermana en una entrevista con CNN en Español, el venezolano estuvo “preso por un tatuaje” y tras ser detenido lo interrogaron sobre los símbolos que llevaba en la piel, por los que era acusado de tener lazos con el Tren de Aragua.

A pesar de que las investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) determinaron que no existía tal vínculo, a principios de marzo fue transferido a Texas y, finalmente, enviado a El Salvador sin explicaciones adicionales.

Yurliana reconoció a Jhon Willian en un video del gobierno salvadoreño, aunque la imagen era borrosa. Identificó sus tatuajes y sus anteojos. Desde entonces, no ha tenido noticias sobre él. “No sé si está bien, si está comiendo, cómo está durmiendo. Debe estar nervioso y asustado”, dijo en la entrevista con CNN en Español.

Otra historia similar es la de Arturo Alejandro Suárez Trejo, un músico venezolano que fue detenido en Carolina del Norte mientras grababa un videoclip. Según su esposa, Nathalí Sánchez, ingresó legalmente a EE.UU. con una cita de CBP One y logró obtener su seguro social y un trabajo en construcción.

Sin embargo, ICE lo arrestó y, tras un proceso acelerado, lo deportó a El Salvador. Su esposa identificó a Arturo en una imagen publicada por el gobierno de Bukele, donde aparece rapado y vestido con un uniforme de prisión, rodeado de otros detenidos. “No es un criminal ni un terrorista, es un artista que vino a cumplir su sueño”, afirmó Sánchez, quien busca apoyo legal para demostrar la inocencia de su esposo y obtener su liberación.

Un caso más es el de Anyelo Sarabia González, un joven venezolano de 19 años, detenido tras asistir a una cita migratoria en Arlington, Texas. Los agentes de migración lo vincularon con el Tren de Aragua por un tatuaje en su mano que mostraba una rosa con pétalos en forma de billetes.

Su familia demostró que el tatuaje fue hecho en Texas y que no tiene relación con ninguna organización criminal, pero la evidencia no fue suficiente para evitar su deportación. “Pensó que se veía bien, no tenía ningún otro significado”, explicó su hermana.

Uso de tatuajes como criterio de detención genera controversia

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer un listado de tatuajes que supuestamente identifican a miembros del Tren de Aragua, en este incluyen símbolos de trenes, coronas, armas, dados y frases como “Real hasta la muerte” o “Hijos de Dios”. Esta práctica ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que basarse en tatuajes para determinar afiliaciones criminales es una estrategia riesgosa y discriminatoria.

La periodista venezolana Ronna Rísquez, experta en crimen organizado, explicó que esto no puede ser un criterio suficiente para detener a una persona. “La única manera de saber si alguien pertenece al Tren de Aragua es mediante una investigación”, sostuvo. Agregó que criminalizar a una persona por su apariencia podría llevar a errores y a la estigmatización de inocentes.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones también ha generado controversia. Esta legislación, utilizada en pocas ocasiones en la historia de EE.UU., permite la expulsión rápida de presuntos miembros de grupos delictivos considerados una amenaza sin necesidad de un juicio migratorio. Esto impide que los deportados puedan defenderse en tribunales y buscar alternativas legales para permanecer en el país norteamericano.

Con los migrantes ahora en El Salvador, el futuro de estos deportados es incierto. El presidente Bukele declaró que los presuntos miembros del Tren de Aragua permanecerán en prisión por al menos un año, sin opciones claras para su defensa o liberación.

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Cientos de venezolanos fueron enviados a la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, acusados de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, allegados de los detenidos afirman que estas acusaciones carecen de fundamento y que las deportaciones se realizaron sin pruebas concretas.

Estados Unidos deportó a cientos de venezolanos a El Salvador

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se convirtió en el destino de estos inmigrantes, enviados desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral y económico entre ambas naciones. La administración Trump transfirió 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los costos de detención por un año.

En el primer vuelo llegaron a El Salvador 261 personas, de las cuales 238 eran venezolanas, mientras que el resto pertenecía a pandillas salvadoreñas. De los nacidos en Venezuela, 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, acusados de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, y 101 bajo el Título 8.

La falta de evidencias concretas sobre la afiliación criminal de los deportados generó incertidumbre entre sus familiares y abogados. Algunos reconocieron a sus seres queridos en videos publicados por el gobierno salvadoreño y aseguraron que no tienen vínculos con la banda delictiva originada en Venezuela.

Historias de migrantes deportados a El Salvador

Uno de los casos conocidos es el de Jhon Willian Chacín Gómez, un tatuador venezolano que ingresó a EE.UU. en 2023 junto a su hermana Yurliana Chacín Gómez. Mientras ella pudo quedarse en el país norteamericano para solicitar asilo, el joven fue devuelto a México y posteriormente reingresó mediante una cita programada con CBP One.

Según relata su hermana en una entrevista con CNN en Español, el venezolano estuvo “preso por un tatuaje” y tras ser detenido lo interrogaron sobre los símbolos que llevaba en la piel, por los que era acusado de tener lazos con el Tren de Aragua.

A pesar de que las investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) determinaron que no existía tal vínculo, a principios de marzo fue transferido a Texas y, finalmente, enviado a El Salvador sin explicaciones adicionales.

Yurliana reconoció a Jhon Willian en un video del gobierno salvadoreño, aunque la imagen era borrosa. Identificó sus tatuajes y sus anteojos. Desde entonces, no ha tenido noticias sobre él. “No sé si está bien, si está comiendo, cómo está durmiendo. Debe estar nervioso y asustado”, dijo en la entrevista con CNN en Español.

Otra historia similar es la de Arturo Alejandro Suárez Trejo, un músico venezolano que fue detenido en Carolina del Norte mientras grababa un videoclip. Según su esposa, Nathalí Sánchez, ingresó legalmente a EE.UU. con una cita de CBP One y logró obtener su seguro social y un trabajo en construcción.

Sin embargo, ICE lo arrestó y, tras un proceso acelerado, lo deportó a El Salvador. Su esposa identificó a Arturo en una imagen publicada por el gobierno de Bukele, donde aparece rapado y vestido con un uniforme de prisión, rodeado de otros detenidos. “No es un criminal ni un terrorista, es un artista que vino a cumplir su sueño”, afirmó Sánchez, quien busca apoyo legal para demostrar la inocencia de su esposo y obtener su liberación.

Un caso más es el de Anyelo Sarabia González, un joven venezolano de 19 años, detenido tras asistir a una cita migratoria en Arlington, Texas. Los agentes de migración lo vincularon con el Tren de Aragua por un tatuaje en su mano que mostraba una rosa con pétalos en forma de billetes.

Su familia demostró que el tatuaje fue hecho en Texas y que no tiene relación con ninguna organización criminal, pero la evidencia no fue suficiente para evitar su deportación. “Pensó que se veía bien, no tenía ningún otro significado”, explicó su hermana.

Uso de tatuajes como criterio de detención genera controversia

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer un listado de tatuajes que supuestamente identifican a miembros del Tren de Aragua, en este incluyen símbolos de trenes, coronas, armas, dados y frases como “Real hasta la muerte” o “Hijos de Dios”. Esta práctica ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que basarse en tatuajes para determinar afiliaciones criminales es una estrategia riesgosa y discriminatoria.

La periodista venezolana Ronna Rísquez, experta en crimen organizado, explicó que esto no puede ser un criterio suficiente para detener a una persona. “La única manera de saber si alguien pertenece al Tren de Aragua es mediante una investigación”, sostuvo. Agregó que criminalizar a una persona por su apariencia podría llevar a errores y a la estigmatización de inocentes.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones también ha generado controversia. Esta legislación, utilizada en pocas ocasiones en la historia de EE.UU., permite la expulsión rápida de presuntos miembros de grupos delictivos considerados una amenaza sin necesidad de un juicio migratorio. Esto impide que los deportados puedan defenderse en tribunales y buscar alternativas legales para permanecer en el país norteamericano.

Con los migrantes ahora en El Salvador, el futuro de estos deportados es incierto. El presidente Bukele declaró que los presuntos miembros del Tren de Aragua permanecerán en prisión por al menos un año, sin opciones claras para su defensa o liberación.

 Cientos de venezolanos fueron enviados a la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, acusados de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua.  LA NACION