El panorama de las leyes migratorias en Texas podría cambiar, dado que el Senado estatal avanza con una iniciativa que busca reforzar la cooperación entre las fuerzas locales y las autoridades federales. Se trata del proyecto de ley SB 8, impulsado por los legisladores Charles Schwertner y Joan Huffman, que exige que los sheriffs de los condados con más de 100 mil habitantes firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para aplicar la legislación antiinmigración.

Nuevo proyecto de ley en Texas para combatir la inmigración ilegal: a qué condados afecta

De acuerdo con el texto del proyecto, los sheriffs de los condados más poblados de Texas estarán obligados a solicitar un acuerdo con el ICE bajo el programa federal 287(g), que permite a los agentes locales actuar como autoridades migratorias. Si la solicitud no es aceptada, el sheriff deberá insistir cada año hasta obtener la autorización.

Estas son algunas de las disposiciones clave:

• Obligación de firmar acuerdos: los condados con más de 100 mil habitantes deberán solicitar un acuerdo con el ICE para que sus agentes puedan hacer cumplir la legislación migratoria federal.
• Revisión anual de la solicitud: en caso de que el ICE no acepte el acuerdo, los sheriffs tendrán que volver a presentar la petición al menos una vez por año.
• Alcance del convenio: se especificará en cada acuerdo la duración, alcance y limitaciones de la autoridad migratoria delegada.

Además, los condados con menos de 100 mil habitantes tendrán la opción de adherirse a estos acuerdos de manera voluntaria, aunque sin la obligación de solicitarlos anualmente en caso de ser rechazados.

Financiamiento de recursos: cómo se financiaría la nueva ley de Texas

Para garantizar la implementación de esta política, el proyecto de ley establece un programa de subvenciones gestionado por la oficina del contralor de Texas. Este fondo está destinado a cubrir los costos derivados de la participación en los acuerdos con el ICE y será distribuido de manera proporcional a la población de cada condado.

Los recursos del programa podrán ser utilizados para:

• Salarios de los agentes involucrados en la aplicación de las leyes migratorias.
• Compra y mantenimiento de equipamiento requerido para la ejecución de los acuerdos.
• Entrenamiento y certificaciones necesarias para que los agentes locales cumplan con los requisitos del programa federal.
• Generación de reportes administrativos exigidos por los acuerdos.

El contralor estatal será el responsable de definir los criterios de distribución de los fondos y de establecer un proceso de solicitud estandarizado para los condados que busquen acceder a estas subvenciones.

Avance legislativo y posibles implicaciones: ¿se aprobará la ley?

El proyecto SB 8 paso por el Comité de Asuntos Estatales del Senado, donde recibió un voto unánime de nueve a favor y ninguno en contra. Posteriormente, fue colocado en el calendario de intenciones del Senado el 26 de marzo de 2025, lo que indica que está listo para ser debatido en el pleno.

Desde su presentación el 5 de marzo de 2025, la iniciativa fue objeto de audiencias públicas en las que se evidenciaron dos posturas contrapuestas. Entre los argumentos a favor, sus impulsores sostienen que reforzará la seguridad pública y facilitará la colaboración con el gobierno federal. Sin embargo, los críticos advierten que podría llevar a un aumento en la discriminación racial y afectar la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.

El debate sobre la SB 8 refleja una tendencia en Texas hacia políticas migratorias más estrictas, alineadas con otras iniciativas estatales que buscan restringir la presencia de personas en situación irregular y fortalecer el papel de las autoridades locales en la aplicación de la legislación federal.

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El panorama de las leyes migratorias en Texas podría cambiar, dado que el Senado estatal avanza con una iniciativa que busca reforzar la cooperación entre las fuerzas locales y las autoridades federales. Se trata del proyecto de ley SB 8, impulsado por los legisladores Charles Schwertner y Joan Huffman, que exige que los sheriffs de los condados con más de 100 mil habitantes firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para aplicar la legislación antiinmigración.

Nuevo proyecto de ley en Texas para combatir la inmigración ilegal: a qué condados afecta

De acuerdo con el texto del proyecto, los sheriffs de los condados más poblados de Texas estarán obligados a solicitar un acuerdo con el ICE bajo el programa federal 287(g), que permite a los agentes locales actuar como autoridades migratorias. Si la solicitud no es aceptada, el sheriff deberá insistir cada año hasta obtener la autorización.

Estas son algunas de las disposiciones clave:

• Obligación de firmar acuerdos: los condados con más de 100 mil habitantes deberán solicitar un acuerdo con el ICE para que sus agentes puedan hacer cumplir la legislación migratoria federal.
• Revisión anual de la solicitud: en caso de que el ICE no acepte el acuerdo, los sheriffs tendrán que volver a presentar la petición al menos una vez por año.
• Alcance del convenio: se especificará en cada acuerdo la duración, alcance y limitaciones de la autoridad migratoria delegada.

Además, los condados con menos de 100 mil habitantes tendrán la opción de adherirse a estos acuerdos de manera voluntaria, aunque sin la obligación de solicitarlos anualmente en caso de ser rechazados.

Financiamiento de recursos: cómo se financiaría la nueva ley de Texas

Para garantizar la implementación de esta política, el proyecto de ley establece un programa de subvenciones gestionado por la oficina del contralor de Texas. Este fondo está destinado a cubrir los costos derivados de la participación en los acuerdos con el ICE y será distribuido de manera proporcional a la población de cada condado.

Los recursos del programa podrán ser utilizados para:

• Salarios de los agentes involucrados en la aplicación de las leyes migratorias.
• Compra y mantenimiento de equipamiento requerido para la ejecución de los acuerdos.
• Entrenamiento y certificaciones necesarias para que los agentes locales cumplan con los requisitos del programa federal.
• Generación de reportes administrativos exigidos por los acuerdos.

El contralor estatal será el responsable de definir los criterios de distribución de los fondos y de establecer un proceso de solicitud estandarizado para los condados que busquen acceder a estas subvenciones.

Avance legislativo y posibles implicaciones: ¿se aprobará la ley?

El proyecto SB 8 paso por el Comité de Asuntos Estatales del Senado, donde recibió un voto unánime de nueve a favor y ninguno en contra. Posteriormente, fue colocado en el calendario de intenciones del Senado el 26 de marzo de 2025, lo que indica que está listo para ser debatido en el pleno.

Desde su presentación el 5 de marzo de 2025, la iniciativa fue objeto de audiencias públicas en las que se evidenciaron dos posturas contrapuestas. Entre los argumentos a favor, sus impulsores sostienen que reforzará la seguridad pública y facilitará la colaboración con el gobierno federal. Sin embargo, los críticos advierten que podría llevar a un aumento en la discriminación racial y afectar la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.

El debate sobre la SB 8 refleja una tendencia en Texas hacia políticas migratorias más estrictas, alineadas con otras iniciativas estatales que buscan restringir la presencia de personas en situación irregular y fortalecer el papel de las autoridades locales en la aplicación de la legislación federal.

 El panorama de las leyes migratorias en Texas podría cambiar, dado que el Senado estatal avanza con una iniciativa que busca reforzar la cooperación entre las fuerzas locales y las autoridades federales.  LA NACION