La auditoría sobre el correcto otorgamiento y continuidad de la percepción de una suma de dinero como pensión por invalidez laboral empezó a arrojar sus primeros resultados tras haberse enviado citaciones a unas 300.000 personas sobre un padrón mayor al millón de individuos con algún tipo de discapacidad que les impida trabajar.
Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral que otorga la Anses están recibiendo cartas documento. Se les asigna un turno con un médico del PAMI para que puedan dar fe de su limitación mediante una consulta presencial y el aporte de documentación respaldatoria. Una vez analizada, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) define si corresponde o no continuar otorgando la citada pensión.
La presentación es obligatoria. La inasistencia puede llevar a la suspensión de la pensión. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación. Con ese fin, las autoridades habilitaron dos vías: el correo electrónico inasistenciapnc@andis.gob.ar y el Whatsapp +54 11 3910-1010 del chatbot oficial TINA. “Hay que incluir la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI”, indicaron las autoridades.
En un país donde el sistema funciona adecuadamente, las personas con discapacidad, especialmente las que padecen situaciones crónicas, sin posibilidad de remisión alguna, son citadas una primera vez y, salvo razones de fuerza mayor, no se les exige declaraciones complementarias de manera continua. Lamentablemente, en el nuestro se ha hecho un uso tan descarado de este tipo de ayudas por parte de gente que no tiene siquiera la más mínima discapacidad, que es necesario revisar el padrón completo para depurarlo, con el objetivo de que los recursos estatales vayan a quienes realmente los necesitan. Ya el año pasado, cuando aparecieron las primeras señales de alerta, las autoridades nacionales advirtieron que el otorgamiento de estos beneficios era escandaloso.
Muchos destinatarios no vivían donde habían declarado; centenares de beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en el registro como “activos”, con adjudicaciones mensuales y “presenciales”; prestadores fantasmas cobraban por atender a pacientes que desconocían; se hallaron estudios médicos truchos y hasta la radiografía de un perro que, según se supo después, fue detectada antes de que se concediera la pensión.
Se hallaron estudios médicos “truchos” y hasta la radiografía de un perro que fue detectada a tiempo, antes de que se otorgara una pensión por discapacidad
La lista de ejemplos de ese tipo de aberraciones incluyó también el caso de una mujer que la cobraba por la amputación de un brazo cuando se comprobó que tenía los dos; la falta de coherencia y de rigor entre los diagnósticos presentados; la adjudicación de uno de estos subsidios a quien solo demostró tener un pie plano y otro a una mujer que aseguró padecer cáncer de mama, pero que nunca había sido diagnosticada en ese sentido ni tampoco se había realizado una sola mamografía en toda su vida.
Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, de mediados de julio pasado, cuando exhibió la radiografía del perro para tramitar una pensión, se hizo un primer relevamiento que arrojó que menos de la mitad de 10.000 beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cumplía con los requisitos para acceder a la pensión y que dos centenares de personas que la recibían estaban condenadas o presas. Hacia fines del año último, solo el 13,6% de los 2344 beneficiarios chaqueños que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo las pensiones.
Valga como otro ejemplo del descontrol en esos controvertidos otorgamientos la citación que se hizo recientemente a 1100 personas en la Capital Federal. De ellas, 759 no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad.
El monto actual de la prestación no contributiva por discapacidad laboral es de 261.160 pesos (incluye el bono de 70.000 pesos que también cobran quienes reciben el haber jubilatorio mínimo).
Es de esperar que esta depuración del padrón se convierta en más y mejores servicios para quienes realmente necesitan cobrar este beneficio. Si siempre resulta ominoso que se utilicen los dineros públicos con fines espurios, robar recursos que deben ir destinados a personas con semejante vulnerabilidad es imperdonable desde todo punto de vista.
La auditoría sobre el correcto otorgamiento y continuidad de la percepción de una suma de dinero como pensión por invalidez laboral empezó a arrojar sus primeros resultados tras haberse enviado citaciones a unas 300.000 personas sobre un padrón mayor al millón de individuos con algún tipo de discapacidad que les impida trabajar.
Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral que otorga la Anses están recibiendo cartas documento. Se les asigna un turno con un médico del PAMI para que puedan dar fe de su limitación mediante una consulta presencial y el aporte de documentación respaldatoria. Una vez analizada, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) define si corresponde o no continuar otorgando la citada pensión.
La presentación es obligatoria. La inasistencia puede llevar a la suspensión de la pensión. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación. Con ese fin, las autoridades habilitaron dos vías: el correo electrónico inasistenciapnc@andis.gob.ar y el Whatsapp +54 11 3910-1010 del chatbot oficial TINA. “Hay que incluir la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI”, indicaron las autoridades.
En un país donde el sistema funciona adecuadamente, las personas con discapacidad, especialmente las que padecen situaciones crónicas, sin posibilidad de remisión alguna, son citadas una primera vez y, salvo razones de fuerza mayor, no se les exige declaraciones complementarias de manera continua. Lamentablemente, en el nuestro se ha hecho un uso tan descarado de este tipo de ayudas por parte de gente que no tiene siquiera la más mínima discapacidad, que es necesario revisar el padrón completo para depurarlo, con el objetivo de que los recursos estatales vayan a quienes realmente los necesitan. Ya el año pasado, cuando aparecieron las primeras señales de alerta, las autoridades nacionales advirtieron que el otorgamiento de estos beneficios era escandaloso.
Muchos destinatarios no vivían donde habían declarado; centenares de beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en el registro como “activos”, con adjudicaciones mensuales y “presenciales”; prestadores fantasmas cobraban por atender a pacientes que desconocían; se hallaron estudios médicos truchos y hasta la radiografía de un perro que, según se supo después, fue detectada antes de que se concediera la pensión.
Se hallaron estudios médicos “truchos” y hasta la radiografía de un perro que fue detectada a tiempo, antes de que se otorgara una pensión por discapacidad
La lista de ejemplos de ese tipo de aberraciones incluyó también el caso de una mujer que la cobraba por la amputación de un brazo cuando se comprobó que tenía los dos; la falta de coherencia y de rigor entre los diagnósticos presentados; la adjudicación de uno de estos subsidios a quien solo demostró tener un pie plano y otro a una mujer que aseguró padecer cáncer de mama, pero que nunca había sido diagnosticada en ese sentido ni tampoco se había realizado una sola mamografía en toda su vida.
Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, de mediados de julio pasado, cuando exhibió la radiografía del perro para tramitar una pensión, se hizo un primer relevamiento que arrojó que menos de la mitad de 10.000 beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cumplía con los requisitos para acceder a la pensión y que dos centenares de personas que la recibían estaban condenadas o presas. Hacia fines del año último, solo el 13,6% de los 2344 beneficiarios chaqueños que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo las pensiones.
Valga como otro ejemplo del descontrol en esos controvertidos otorgamientos la citación que se hizo recientemente a 1100 personas en la Capital Federal. De ellas, 759 no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad.
El monto actual de la prestación no contributiva por discapacidad laboral es de 261.160 pesos (incluye el bono de 70.000 pesos que también cobran quienes reciben el haber jubilatorio mínimo).
Es de esperar que esta depuración del padrón se convierta en más y mejores servicios para quienes realmente necesitan cobrar este beneficio. Si siempre resulta ominoso que se utilicen los dineros públicos con fines espurios, robar recursos que deben ir destinados a personas con semejante vulnerabilidad es imperdonable desde todo punto de vista.
Es imperdonable que los fondos públicos que deberían destinarse a personas en situación vulnerable sean utilizados con fines espurios LA NACION
