Se complicó el escenario judicial de Cristina Kirchner y su futuro quedó en manos de la Corte Suprema
El futuro judicial de Cristina Kirchner quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia: cárcel, arresto domiciliario y la revisión de su condena.
Con la incertidumbre de no saber qué Corte será la que resuelva su caso: si la actual con cuatro integrantes, que incluyen a Manuel García-Mansilla. O si i habrá un quinto juez, con Ariel Lijo.
Todo se definirá el 3 de abril en el Senado, cuando se traten los pliegos de ambos magistrados. Los tiempos parlamentarios corren en paralelo con los plazos procesales de la causa de Cristina Kirchner. El kirchnerismo podría apoyar a Lijo, confiando en que favorezca a Cristina Kirchner y vetar a Garcia Mansilla, a quien no quieren en la Corte.
Las alternativas de cárcel o la libertad quedaron expresadas luego de que la Cámara Federal de Casación rechazó sorpresivamente el viernes su recurso extraordinario contra la condena a seis años de prisión que le fue impuesta en la causa Vialidad por corrupción.
El fallo de los jueces Mariano Borinsky, candidato a procurador, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña fue sorpresivo, porque estaba previsto para la primera semana de abril, en la medida en que los vencimientos de los plazo procesales para recurrir vencían luego del fin de semana largo del 24 de marzo. Incluso alguno de los jueces querían llevar la decisión hasta mediados de año.
Acaso fue el anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio de las sanciones contra Cristina Kirchner y sus hijos por corrupción, lo que motivó sincronizar el fallo con esa decisión.
Fue un mensaje claro además para el Gobierno, que busca polarizar en este año electoral con el kirchnerismo para asegurarse un triunfo electoral.
Ahora hay un plazo de cinco días hábiles para que la defensa de Cristina Kirchner presente un recurso de queja directamente ante lo estrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ese plazo vence el 1º de abril. Si no presenta ese recurso y se allana, su condena queda firme y Cristina Kirchner irá presa o deberá pedir cumplir su pena en arresto domiciliario.
Lo lógico es que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, recurra ante la Corte. Su idea siempre fue agotar la instancia local, para reclamar ante los tribunales internacionales por lo que interpreta que es un caso de “lawfare” que la mantiene condenada injustamente.
El recurso de queja está normado que es in escrito de 10 páginas con 26 renglones, donde las defensas y la fiscalía explican las razones de porque debió ser admitido su recurso extraordinario. En este caso el fiscal Mario Villar pidió además que se abra la queja para condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita además de por fraude, con lo que quiere elevar la condena de 6 a 12 años. Y las defensas reclamaron abrir la queja para pedir la absolución.
En caso de presentar el recurso de queja, en abril, Cristina Kirchner quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia que no tiene plazos para dictar su fallo.
El trámite que le puede dar la Corte al recurso de queja puede incluir que -previo a resolver- le pida opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y luego decidir, lo que alargaría los plazos, pero no mucho más. Casal sostendrá el recurso de Villar.
Para ese momento, la decisión de cuándo se dictará esa sentencia es política. En caso de que la Corte Suprema de Justicia falle en contra de Cristina Kirchner en la causa Vialidad antes del 17 de agosto, la expresidenta no podrá ser candidata en las próximas elecciones, ya que quedaría firme su inhabilitación perpetua además de su condena a seis años de prisión.
Distintas son las consecuencias si ese fallo contrario se produce luego de su oficialización como candidata y antes de las elecciones de octubre o si la Corte dicta sentencia con Cristina Kirchner sentada en su banca, ya como legisladora.
LA NACION consultó a funcionarios judiciales especialistas en justicia electoral que analizaron los posibles escenarios que se abren al cruzar el cronograma electoral de este año, difundido por la Cámara Nacional Electoral, y los plazos procesales de la causa Vialidad, donde está condenada Cristina Kirchner.
El cronograma electoral estableció que el 17 de agosto próximo es la fecha límite para la oficialización de los candidatos a las elecciones del 26 de octubre y ese día vence el plazo para el registro de los postulantes ante los juzgados federales electorales de cada jurisdicción.
Como la Casación rechazó el recurso extraordinario, quedan firmes los efectos de la sentencia, en este caso ir a prisión y la inhabilitación. Pero no se ejecutan porque entró en vigor con el kirchnerismo el artículo 375 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que indica que la sentencia condenatoria y la pena quedan firmes cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso.
Si la Corte falla en contra de la expresidenta antes del 17 de agosto, fecha límite para oficializar candidaturas, Cristina Kirchner no puede ser candidata. Es en ese momento cuando los jueces federales revisan si los postulantes tienen algún impedimento para serlo.
Si la Corte falla entre el 17 de agosto y el día de las elecciones, el 26 de octubre, se abre un paréntesis donde el antikirchnerismo buscará impugnar la candidatura y el kirchnerismo defenderla. Un limbo donde nadie quiere arriesgar.
Ahora, si la Corte se pronuncia luego de las elecciones del 26 de octubre, con Cristina Kirchner eventualmente elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, no se aplicaría la inhabilitación, ya que cuando fue votada, estaba habilitada. Es decir que no puede retrotraerle el efecto de la condena.
Así al menos lo entienden los especialistas, que señalaron que en todo caso deberá ser la Cámara de Diputados la que tome una decisión acerca de si hay alguna situación de “inhabilidad moral” que le impida ser legisladora.
Hay antecedentes. El exministro del kirchnerismo Julio De Vido fue expulsado de su banca en 2017. Lo mismo que el peronista catamarqueño Luis Arturo Luque, en 1991 (su hijo fue condenado por el crimen de María Soledad Morales).
En 2002 expulsaron a la diputada peronista bonaerense Norma Ancarani de Godoy, que amenazó a periodistas del programa Puntodoc/2. A los exrepresores Luis Patti y Antonio Bussi y al exgobernador de Corrientes Raúl Romero Feris no se les permitió asumir su banca luego de ser elegidos.
En este caso de Romero Feris, la Cámara Nacional Electoral la que lo inhabilitó en 2003 para asumir la banca de senador nacional que ganó en las elecciones.
El tribunal, con la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y el fallecido Rodolfo Munne, sostuvo que una cosa es el derecho a elegir, que tiene todo ciudadano, y otra, distinta, es el derecho a ser elegido.
Y entendió que Romero Feris tenía dos condenas penales en su haber, y si bien no estaban firmes, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica –incorporado a la Constitución Nacional– dice que se puede prohibir presentarse a elección a quien tiene condenas penales, sin requerir que estén firmes, con doble conforme.
Con este mismo precedente, y en razón de las condenas, aún no firmes, la Cámara Nacional Electoral impidió la postulación de Carlos Menem como precandidato a senador de La Rioja, pero ese fallo fue dejado sin efecto en 2017 por la Corte Suprema. La sentencia lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Tres de esos jueces siguen en la Corte.
El principio general en la Corte es que cuando llega un caso con una sentencia condenatoria con un doble conforme, se rechaza la queja. Y ello implicaría que se ejecute la sentencia, siempre y cuando Cristina Kirchner para ese momento sea diputada nacional.
El futuro judicial de Cristina Kirchner quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia: cárcel, arresto domiciliario y la revisión de su condena.
Con la incertidumbre de no saber qué Corte será la que resuelva su caso: si la actual con cuatro integrantes, que incluyen a Manuel García-Mansilla. O si i habrá un quinto juez, con Ariel Lijo.
Todo se definirá el 3 de abril en el Senado, cuando se traten los pliegos de ambos magistrados. Los tiempos parlamentarios corren en paralelo con los plazos procesales de la causa de Cristina Kirchner. El kirchnerismo podría apoyar a Lijo, confiando en que favorezca a Cristina Kirchner y vetar a Garcia Mansilla, a quien no quieren en la Corte.
Las alternativas de cárcel o la libertad quedaron expresadas luego de que la Cámara Federal de Casación rechazó sorpresivamente el viernes su recurso extraordinario contra la condena a seis años de prisión que le fue impuesta en la causa Vialidad por corrupción.
El fallo de los jueces Mariano Borinsky, candidato a procurador, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña fue sorpresivo, porque estaba previsto para la primera semana de abril, en la medida en que los vencimientos de los plazo procesales para recurrir vencían luego del fin de semana largo del 24 de marzo. Incluso alguno de los jueces querían llevar la decisión hasta mediados de año.
Acaso fue el anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio de las sanciones contra Cristina Kirchner y sus hijos por corrupción, lo que motivó sincronizar el fallo con esa decisión.
Fue un mensaje claro además para el Gobierno, que busca polarizar en este año electoral con el kirchnerismo para asegurarse un triunfo electoral.
Ahora hay un plazo de cinco días hábiles para que la defensa de Cristina Kirchner presente un recurso de queja directamente ante lo estrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ese plazo vence el 1º de abril. Si no presenta ese recurso y se allana, su condena queda firme y Cristina Kirchner irá presa o deberá pedir cumplir su pena en arresto domiciliario.
Lo lógico es que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, recurra ante la Corte. Su idea siempre fue agotar la instancia local, para reclamar ante los tribunales internacionales por lo que interpreta que es un caso de “lawfare” que la mantiene condenada injustamente.
El recurso de queja está normado que es in escrito de 10 páginas con 26 renglones, donde las defensas y la fiscalía explican las razones de porque debió ser admitido su recurso extraordinario. En este caso el fiscal Mario Villar pidió además que se abra la queja para condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita además de por fraude, con lo que quiere elevar la condena de 6 a 12 años. Y las defensas reclamaron abrir la queja para pedir la absolución.
En caso de presentar el recurso de queja, en abril, Cristina Kirchner quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia que no tiene plazos para dictar su fallo.
El trámite que le puede dar la Corte al recurso de queja puede incluir que -previo a resolver- le pida opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y luego decidir, lo que alargaría los plazos, pero no mucho más. Casal sostendrá el recurso de Villar.
Para ese momento, la decisión de cuándo se dictará esa sentencia es política. En caso de que la Corte Suprema de Justicia falle en contra de Cristina Kirchner en la causa Vialidad antes del 17 de agosto, la expresidenta no podrá ser candidata en las próximas elecciones, ya que quedaría firme su inhabilitación perpetua además de su condena a seis años de prisión.
Distintas son las consecuencias si ese fallo contrario se produce luego de su oficialización como candidata y antes de las elecciones de octubre o si la Corte dicta sentencia con Cristina Kirchner sentada en su banca, ya como legisladora.
LA NACION consultó a funcionarios judiciales especialistas en justicia electoral que analizaron los posibles escenarios que se abren al cruzar el cronograma electoral de este año, difundido por la Cámara Nacional Electoral, y los plazos procesales de la causa Vialidad, donde está condenada Cristina Kirchner.
El cronograma electoral estableció que el 17 de agosto próximo es la fecha límite para la oficialización de los candidatos a las elecciones del 26 de octubre y ese día vence el plazo para el registro de los postulantes ante los juzgados federales electorales de cada jurisdicción.
Como la Casación rechazó el recurso extraordinario, quedan firmes los efectos de la sentencia, en este caso ir a prisión y la inhabilitación. Pero no se ejecutan porque entró en vigor con el kirchnerismo el artículo 375 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que indica que la sentencia condenatoria y la pena quedan firmes cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso.
Si la Corte falla en contra de la expresidenta antes del 17 de agosto, fecha límite para oficializar candidaturas, Cristina Kirchner no puede ser candidata. Es en ese momento cuando los jueces federales revisan si los postulantes tienen algún impedimento para serlo.
Si la Corte falla entre el 17 de agosto y el día de las elecciones, el 26 de octubre, se abre un paréntesis donde el antikirchnerismo buscará impugnar la candidatura y el kirchnerismo defenderla. Un limbo donde nadie quiere arriesgar.
Ahora, si la Corte se pronuncia luego de las elecciones del 26 de octubre, con Cristina Kirchner eventualmente elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, no se aplicaría la inhabilitación, ya que cuando fue votada, estaba habilitada. Es decir que no puede retrotraerle el efecto de la condena.
Así al menos lo entienden los especialistas, que señalaron que en todo caso deberá ser la Cámara de Diputados la que tome una decisión acerca de si hay alguna situación de “inhabilidad moral” que le impida ser legisladora.
Hay antecedentes. El exministro del kirchnerismo Julio De Vido fue expulsado de su banca en 2017. Lo mismo que el peronista catamarqueño Luis Arturo Luque, en 1991 (su hijo fue condenado por el crimen de María Soledad Morales).
En 2002 expulsaron a la diputada peronista bonaerense Norma Ancarani de Godoy, que amenazó a periodistas del programa Puntodoc/2. A los exrepresores Luis Patti y Antonio Bussi y al exgobernador de Corrientes Raúl Romero Feris no se les permitió asumir su banca luego de ser elegidos.
En este caso de Romero Feris, la Cámara Nacional Electoral la que lo inhabilitó en 2003 para asumir la banca de senador nacional que ganó en las elecciones.
El tribunal, con la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y el fallecido Rodolfo Munne, sostuvo que una cosa es el derecho a elegir, que tiene todo ciudadano, y otra, distinta, es el derecho a ser elegido.
Y entendió que Romero Feris tenía dos condenas penales en su haber, y si bien no estaban firmes, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica –incorporado a la Constitución Nacional– dice que se puede prohibir presentarse a elección a quien tiene condenas penales, sin requerir que estén firmes, con doble conforme.
Con este mismo precedente, y en razón de las condenas, aún no firmes, la Cámara Nacional Electoral impidió la postulación de Carlos Menem como precandidato a senador de La Rioja, pero ese fallo fue dejado sin efecto en 2017 por la Corte Suprema. La sentencia lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Tres de esos jueces siguen en la Corte.
El principio general en la Corte es que cuando llega un caso con una sentencia condenatoria con un doble conforme, se rechaza la queja. Y ello implicaría que se ejecute la sentencia, siempre y cuando Cristina Kirchner para ese momento sea diputada nacional.
Hay plazo hasta el 1º de abril para que la expresidenta presente un recurso de queja ante el máximo tribunal; si no lo ahce se ejecuta su condena; si lo hace definen los cortesanos LA NACION
