El fiscal general pidió rechazar el recurso de Cristina Kirchner contra su condena en la causa Vialidad
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pidió el rechazo de los recursos de la expresidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema intervenga y anule su condena de seis años de prisión por corrupción en la causa conocida como Vialidad.
Cuando todos los condenados presenten sus argumentos, la Cámara de Casación estará en condiciones de decidir si concede los recursos extraordinarios, suspende el efecto de la condena y abre el camino a la Corte Suprema de Justicia. O, si por el contrario, rechaza esos recursos y los acusados deberían ir en queja a la Corte, pero con la condena en condiciones de ser ejecutada. La decisión se tomará entre el mes de abril y junio próximos.
El fiscal argumentó que no existen motivos válidos para que la Corte Suprema revise las sentencias ya dictadas. Insistió en que los planteos de las defensas se basan en meros desacuerdos con las decisiones judiciales previas y no en verdaderas violaciones a la ley o a la Constitución.
Dijo que las defensas no lograron demostrar la existencia de arbitrariedad en la condena, que es el principal argumento esgrimido para justificar la intervención de la Corte Suprema.
“No se advierten las causales de arbitrariedad invocadas por el recurrente para autorizar la habilitación de la vía extraordinaria contemplada en el artículo 14 de la ley 48, en la medida en que la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.
Dijo el fiscal que lo hizo la defensa es reiterar planteos que ya tuvieron respuesta. Con respecto al recurso de Cristina Kirchner, señaló que “no se ha hecho cargo de refutar en debida forma los fundamentos que fueron dados a idénticos planteos, ya que se limita a reiterar su particular visión sobre el tema en cuestión, sin tener en cuenta dicha respuesta“.
Explicó que los asuntos vinculados con los hechos y las prueba que sustentan la condena son ajenos a estos recursos, pero que no obstante la defensa busca reabrir esa discusión sobre la valoración de las evidencias.
En relación al recurso de José Francisco López, el exsecretario de Obras Públicas detenido mientras intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento, afirmó que se pretende discutir la existencia de dolo (intención), lo que “remite a una cuestión de hecho y prueba que no habilita la instancia federal“.
Dijo la fiscalía que no se explicó de manera concreta cómo se habrían violado garantías constitucionales en las sentencias impugnadas. Frente al argumento de Cristina Kirchner sobre los planteos de cosa juzgada, recordó que la propia Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema.
Dijo Villar que no hay gravedad institucional para que intervenga la Corte, ya que los planteos se limitan al interés particular de los condenados y no afectan principios fundamentales del orden social.
Por eso, dictaminó que los recursos extraordinarios de las defensas de los condenados son inadmisibles, al no cumplir con los requisitos exigidos para habilitar la intervención de la Corte Suprema. De esta manera, el fiscal busca que se ratifiquen las condenas, ya confirmadas por la Cámara Federal de Casación.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pidió el rechazo de los recursos de la expresidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema intervenga y anule su condena de seis años de prisión por corrupción en la causa conocida como Vialidad.
Cuando todos los condenados presenten sus argumentos, la Cámara de Casación estará en condiciones de decidir si concede los recursos extraordinarios, suspende el efecto de la condena y abre el camino a la Corte Suprema de Justicia. O, si por el contrario, rechaza esos recursos y los acusados deberían ir en queja a la Corte, pero con la condena en condiciones de ser ejecutada. La decisión se tomará entre el mes de abril y junio próximos.
El fiscal argumentó que no existen motivos válidos para que la Corte Suprema revise las sentencias ya dictadas. Insistió en que los planteos de las defensas se basan en meros desacuerdos con las decisiones judiciales previas y no en verdaderas violaciones a la ley o a la Constitución.
Dijo que las defensas no lograron demostrar la existencia de arbitrariedad en la condena, que es el principal argumento esgrimido para justificar la intervención de la Corte Suprema.
“No se advierten las causales de arbitrariedad invocadas por el recurrente para autorizar la habilitación de la vía extraordinaria contemplada en el artículo 14 de la ley 48, en la medida en que la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.
Dijo el fiscal que lo hizo la defensa es reiterar planteos que ya tuvieron respuesta. Con respecto al recurso de Cristina Kirchner, señaló que “no se ha hecho cargo de refutar en debida forma los fundamentos que fueron dados a idénticos planteos, ya que se limita a reiterar su particular visión sobre el tema en cuestión, sin tener en cuenta dicha respuesta“.
Explicó que los asuntos vinculados con los hechos y las prueba que sustentan la condena son ajenos a estos recursos, pero que no obstante la defensa busca reabrir esa discusión sobre la valoración de las evidencias.
En relación al recurso de José Francisco López, el exsecretario de Obras Públicas detenido mientras intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento, afirmó que se pretende discutir la existencia de dolo (intención), lo que “remite a una cuestión de hecho y prueba que no habilita la instancia federal“.
Dijo la fiscalía que no se explicó de manera concreta cómo se habrían violado garantías constitucionales en las sentencias impugnadas. Frente al argumento de Cristina Kirchner sobre los planteos de cosa juzgada, recordó que la propia Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema.
Dijo Villar que no hay gravedad institucional para que intervenga la Corte, ya que los planteos se limitan al interés particular de los condenados y no afectan principios fundamentales del orden social.
Por eso, dictaminó que los recursos extraordinarios de las defensas de los condenados son inadmisibles, al no cumplir con los requisitos exigidos para habilitar la intervención de la Corte Suprema. De esta manera, el fiscal busca que se ratifiquen las condenas, ya confirmadas por la Cámara Federal de Casación.
Mario Villar dijo que “no hay causales de arbitrariedad” y que no está justificada la intervención de la Corte Suprema LA NACION
