Vuelve el ruido del dólar: luces rojas para la aplanadora libertaria y el secreto mejor guardado de Néstor Kirchner
La militancia entró en un estado de emoción intensa con las palabras, los gestos y la firma de Néstor Kirchner. Era el año 2006 y el expresidente había decidido sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional pagándole todo lo que el país le debía.
El hecho, de dudosa conveniencia financiera en aquel momento, pero de altísimo rédito en términos de propaganda política, encerraba un secreto bien guardado de cara a la opinión pública. En la práctica, Kirchner no sacó plata de su bolsillo de Presidente girando recursos del Tesoro, sino que obtuvo el dinero del Banco Central.
A cambio, le puso una Letra Intransferible, un lastre de utilidad nula que le quitó al organismo monetario poder de fuego para pelear contra el dólar cuando resultara necesario, como siempre pasa en alguna ocasión en la Argentina.
La denominación Letra Intransferible era desconocida para el público menos familiarizado con las finanzas nacionales, hasta ahora. Javier Milei la puso en boca de una audiencia más amplia porque la mencionó en el decreto que someterá al Congreso para convalidar el nuevo acuerdo con el FMI.
Es la filosofía circular de la deuda. La Casa Rosada usará parte del dinero que le dará el Fondo Monetario para pagarle al Banco Central el dinero que alguna vez le pidió prestado Kirchner para pagarle al propio organismo internacional. El juego de la deuda se enmarca en un eterno retorno de préstamos que se pagan con préstamos hasta que la cadena se rompe y la Argentina entra en crisis.
La ayuda externa llega en el momento indicado. El viento a favor que empujó al alza a las acciones y bonos argentinos el año pasado cambió en la primera parte de 2025 por un rojo derivado de problemas internacionales que también hicieron crecer el riesgo país.
El acuerdo con el Fondo vendrá con otros panes bajo el brazo. Se espera que haya nuevos recursos de más organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que faciliten la salida del cepo cambiario y, tan importante como eso, les muestren a quienes empiezan a dudar que el gobierno argentino tiene herramientas para administrar expectativas de devaluación.
Hay algo que se rompió en el último tiempo. El denominado dólar futuro, que anticipa el valor de la divisa norteamericana para adelante según la previsión del mercado, está para diciembre más más caro que la proyección del dólar oficial que sugiere el Gobierno. Eso no pasó en la última mitad de 2024. Hay motivos para pensar que el mundo le pondrá más presión a ese pronóstico negativo, más allá de las mejores intenciones de la Casa Rosada.
En el reverso de esa tensión se encuentra la discusión con el FMI. El Fondo no pide una devaluación, pero sí que se acumulen reservas. Muchos ven en ese reclamo al Gobierno un posible deslizamiento cambiario.
Anteayer se escuchó en el establishment el eco de las palabras de Ricardo Arriazu, un economista que en general coincide con el modelo económico de Luis Caputo, fue ponderado por Javier Milei y tiene larga ascendencia en el establishment.
Según Arriazu, el Gobierno no va a devaluar, pero deslizó que hay diferencias en el centro del poder sobre el futuro esquema cambiario. Milei se inclinaría por un modelo de flotación, mientras que el dúo Caputo-Santiago Bausili, presidente del BCRA, buscarían un esquema más rígido. En medio de estas discusiones, la entidad monetaria debió vender una cifra récord de dólares anteayer.
El miércoles fue un día difícil de digerir para Techint y Aluar, dos gigantes de la industria argentina. Desde las 00:00 comenzaron a regir los aranceles del 25% para las exportaciones de acero y de aluminio que se enviaban a Estados Unidos.
Más allá de la preocupación que puede generar para sus timoneles, Paolo Roca -tiene, además, plantas en México, otro país afectado por los aranceles- y Javier Madanes Quintanilla en cada caso, es un problema serio para la Argentina.
La empresa de Madanes, por ejemplo, volcaba cada año 180.000 toneladas de aluminio a Estados Unidos, que representan US$500 millones. Es una cifra importante para un país que busca aumentar las ventas al exterior para sostener un peso fuerte que permita bajar la inflación y mejorar los salarios. Hoy, esas ventas están completamente paralizadas y se arrumban unas 15.000 toneladas por mes a la espera de definiciones.
El problema comenzó con la noticia. En función de la incertidumbre comercial que provocaron las conductas de Trump, desde hace días se frenó el comercio de aluminio con Estados Unidos. Es decir, se trata de un cimbronazo despiadado para el sector productivo argentino, con capacidad de contagiar otras áreas más allá de la que dominan los barones del metal. Cabe preguntarse qué pasaría, por caso, con las bodegas argentinas si los vitivinícolas norteamericanos cuelan un reclamo de mayor protección.
El sector privado está empujando para que se conforme una comitiva integrada por funcionarios de la Cancillería (Gerardo Werthein), el Ministerio de Economía (Luis Caputo) y ARCA (Juan Pazo) que viajen a Estados Unidos en las próximas tres semanas. El objetivo es participar de una mesa de negociación para discutir aranceles recíprocos.
El optimismo es menos que moderado. Quienes desde el sector privado manejan una parte importante de la economía se ven miniaturizados frente a las discusiones que está atravesando el Norte con otros países. Descartan que sus inquietudes serán consideradas después de las urgencias que presentan Canadá y México. Tampoco creen que la Argentina vaya a tener un trato preferencial por la cercanía de Javier Milei con Donald Trump.
De manera que al problema endémico de la Argentina para conseguir divisas se le suma la adversidad del proteccionismo norteamericano. El socorro financiero del FMI y otros bancos se hace, entonces, cada vez más importante, porque es el puente para administrar el precio del dólar mientras continúa el proceso de baja de inflación.
Todo el proyecto libertario está atado a la desaceleración de los precios. A esta altura no sólo es la principal propaganda política que tiene Javier Milei en el año electoral, sino también la condición sobresaliente para la vuelta del país hacia cierta normalidad de cara a 2027. Hay un laboratorio en marcha con todo esto que involucra al sector de servicios públicos.
Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti son los dueños de Edenor, la distribuidora de electricidad que mejor transitó la semana de apagones que puso de malhumor al área metropolitana de Buenos Aires en la última ola de calor. Sus terminales le hicieron llegar al Gobierno un mensaje entusiasta: creen que pueden alcanzar hacia el final del mandato de Milei la mejor calidad del servicio desde que se hizo la concesión, a principios de los años 90. Sería saldar una deuda con la sociedad de las últimas dos décadas.
La clave para que mejore es que las empresas le cobren más a los usuarios por el servicio que les dan. El Gobierno encontró la fórmula para que los ajustes que en el pasado convulsionaron al poder político hoy sean tolerables para la población. Se trata de aplicar una suba mensual de entre uno y dos puntos por encima de la inflación.
El ministro de Economía administró esa cuenta en el pasado. Cuando había mayor presión sobre el IPC, frenó las subas. Luego, las reanudó. Entre noviembre y febrero pasados, Edenor y Edesur recibieron periódicamente los aumentos esperados. Y a partir de abril comenzará a regir un esquema quinquenal que, de cumplirse, podría marcar un cambio en la relación de los argentinos con la denostada electricidad. Eso depende de que siga bajando la inflación para no ir a buscar en el congelamiento de tarifas, lo que otros precios no dan.
La normalización del país en un sentido más amplio que la economía obligará al Gobierno a tomar algunas decisiones que aún no tiene resueltas. Tras los cortes de luz de febrero, las empresas del sector esperan que el año próximo esté hecho el proyecto denominado AMBA I para reducir el stress del sistema. Daniel González (coordinador de Energía) y María Tettamanti, secretaría del área, consideraron la propuesta, que fue finalmente vetada por Santiago Caputo.
El poder del integrante del triángulo de hierro que se completa con Karina Milei y el propio Presidente es cada vez más destacado. Aunque convive con Luis Caputo, el ministro de Economía, su despliegue en ese territorio se expande. No sólo puede sugerir un aumento de la intervención en los dólares financieros según las necesidades políticas del calendario o influir en la manera en que se concesionarán las rutas, sino también bajarle el pulgar a la recomendación de funcionarios de perfil más técnico sobre temas de infraestructura. Tanto es así que González, Tettamanti y sus equipos están buscando alternativas para anunciar en las próximas semanas un plan alternativo que permita licitar ese proyecto estratégico para que haya luz para los porteños sin lacerar los mandamientos libertarios.
La obra pública también puede incomodar a la Casa Rosada por otros motivos. Javier Milei está abiertamente en contra del financiamiento con recursos estatales de proyectos que, según su mirada, deberían estar solventados por el sector privado. Considera que son ciénagas donde crece el dengue de la corrupción. Pero el propio ejercicio del poder coloca al Gobierno en una situación que no está contemplada en los libros. Un buen ejemplo es lo que pasó en Bahía Blanca.
Diversos especialistas consideran que la inundación se debió a la falta de obras que solo el Estado estaría interesado en hacer. Hasta el expresidente Mauricio Macri, quien tiene una idea comparable con la de Milei sobre el manejo de la economía, está de acuerdo con esa mirada de la cosa pública.
Nadie podría cuestionarle seriamente a este Gobierno la falta de infraestructura que lleva años, pero sí hacerle algunas preguntas sobre el letargo de algunos recursos.
Números oficiales del tercer trimestre de 2024, los últimos disponibles, muestran que el Fondo Fiduciario para Infraestructura Hídrica tenía $53.593 millones disponibles. Se nutre de impuestos sobre determinadas operaciones con las naftas y con el GNC. Entre sus usos específicos está la mitigación de inundaciones.
La misma documentación pública indica que $47.831,8 millones de ese monto están colocados en la línea Inversión Financiera. La información oficial no da más detalles. Podrían estar en el banco o en bonos de deuda pública. En cualquier caso, es dinero sin gastar que ayudó al Gobierno a mostrar un resultado fiscal positivo.
La Casa Rosada creó su propio antídoto político para combatir críticas antipáticas cuando dispuso una ayuda extraordinaria de $200.000 millones para asistir de manera directo a los damnificados de Bahía Blanca. Es una concesión generosa para una administración que prioriza el equilibrio en las cuentas. Es, también, la evidencia de que las necesidades del contexto cuestionan el proceso de ahorro que permitió la baja de la inflación. El otro puntal de la desaceleración de los precios es valor del dólar. Por eso es necesario que vengan más.
La militancia entró en un estado de emoción intensa con las palabras, los gestos y la firma de Néstor Kirchner. Era el año 2006 y el expresidente había decidido sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional pagándole todo lo que el país le debía.
El hecho, de dudosa conveniencia financiera en aquel momento, pero de altísimo rédito en términos de propaganda política, encerraba un secreto bien guardado de cara a la opinión pública. En la práctica, Kirchner no sacó plata de su bolsillo de Presidente girando recursos del Tesoro, sino que obtuvo el dinero del Banco Central.
A cambio, le puso una Letra Intransferible, un lastre de utilidad nula que le quitó al organismo monetario poder de fuego para pelear contra el dólar cuando resultara necesario, como siempre pasa en alguna ocasión en la Argentina.
La denominación Letra Intransferible era desconocida para el público menos familiarizado con las finanzas nacionales, hasta ahora. Javier Milei la puso en boca de una audiencia más amplia porque la mencionó en el decreto que someterá al Congreso para convalidar el nuevo acuerdo con el FMI.
Es la filosofía circular de la deuda. La Casa Rosada usará parte del dinero que le dará el Fondo Monetario para pagarle al Banco Central el dinero que alguna vez le pidió prestado Kirchner para pagarle al propio organismo internacional. El juego de la deuda se enmarca en un eterno retorno de préstamos que se pagan con préstamos hasta que la cadena se rompe y la Argentina entra en crisis.
La ayuda externa llega en el momento indicado. El viento a favor que empujó al alza a las acciones y bonos argentinos el año pasado cambió en la primera parte de 2025 por un rojo derivado de problemas internacionales que también hicieron crecer el riesgo país.
El acuerdo con el Fondo vendrá con otros panes bajo el brazo. Se espera que haya nuevos recursos de más organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que faciliten la salida del cepo cambiario y, tan importante como eso, les muestren a quienes empiezan a dudar que el gobierno argentino tiene herramientas para administrar expectativas de devaluación.
Hay algo que se rompió en el último tiempo. El denominado dólar futuro, que anticipa el valor de la divisa norteamericana para adelante según la previsión del mercado, está para diciembre más más caro que la proyección del dólar oficial que sugiere el Gobierno. Eso no pasó en la última mitad de 2024. Hay motivos para pensar que el mundo le pondrá más presión a ese pronóstico negativo, más allá de las mejores intenciones de la Casa Rosada.
En el reverso de esa tensión se encuentra la discusión con el FMI. El Fondo no pide una devaluación, pero sí que se acumulen reservas. Muchos ven en ese reclamo al Gobierno un posible deslizamiento cambiario.
Anteayer se escuchó en el establishment el eco de las palabras de Ricardo Arriazu, un economista que en general coincide con el modelo económico de Luis Caputo, fue ponderado por Javier Milei y tiene larga ascendencia en el establishment.
Según Arriazu, el Gobierno no va a devaluar, pero deslizó que hay diferencias en el centro del poder sobre el futuro esquema cambiario. Milei se inclinaría por un modelo de flotación, mientras que el dúo Caputo-Santiago Bausili, presidente del BCRA, buscarían un esquema más rígido. En medio de estas discusiones, la entidad monetaria debió vender una cifra récord de dólares anteayer.
El miércoles fue un día difícil de digerir para Techint y Aluar, dos gigantes de la industria argentina. Desde las 00:00 comenzaron a regir los aranceles del 25% para las exportaciones de acero y de aluminio que se enviaban a Estados Unidos.
Más allá de la preocupación que puede generar para sus timoneles, Paolo Roca -tiene, además, plantas en México, otro país afectado por los aranceles- y Javier Madanes Quintanilla en cada caso, es un problema serio para la Argentina.
La empresa de Madanes, por ejemplo, volcaba cada año 180.000 toneladas de aluminio a Estados Unidos, que representan US$500 millones. Es una cifra importante para un país que busca aumentar las ventas al exterior para sostener un peso fuerte que permita bajar la inflación y mejorar los salarios. Hoy, esas ventas están completamente paralizadas y se arrumban unas 15.000 toneladas por mes a la espera de definiciones.
El problema comenzó con la noticia. En función de la incertidumbre comercial que provocaron las conductas de Trump, desde hace días se frenó el comercio de aluminio con Estados Unidos. Es decir, se trata de un cimbronazo despiadado para el sector productivo argentino, con capacidad de contagiar otras áreas más allá de la que dominan los barones del metal. Cabe preguntarse qué pasaría, por caso, con las bodegas argentinas si los vitivinícolas norteamericanos cuelan un reclamo de mayor protección.
El sector privado está empujando para que se conforme una comitiva integrada por funcionarios de la Cancillería (Gerardo Werthein), el Ministerio de Economía (Luis Caputo) y ARCA (Juan Pazo) que viajen a Estados Unidos en las próximas tres semanas. El objetivo es participar de una mesa de negociación para discutir aranceles recíprocos.
El optimismo es menos que moderado. Quienes desde el sector privado manejan una parte importante de la economía se ven miniaturizados frente a las discusiones que está atravesando el Norte con otros países. Descartan que sus inquietudes serán consideradas después de las urgencias que presentan Canadá y México. Tampoco creen que la Argentina vaya a tener un trato preferencial por la cercanía de Javier Milei con Donald Trump.
De manera que al problema endémico de la Argentina para conseguir divisas se le suma la adversidad del proteccionismo norteamericano. El socorro financiero del FMI y otros bancos se hace, entonces, cada vez más importante, porque es el puente para administrar el precio del dólar mientras continúa el proceso de baja de inflación.
Todo el proyecto libertario está atado a la desaceleración de los precios. A esta altura no sólo es la principal propaganda política que tiene Javier Milei en el año electoral, sino también la condición sobresaliente para la vuelta del país hacia cierta normalidad de cara a 2027. Hay un laboratorio en marcha con todo esto que involucra al sector de servicios públicos.
Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti son los dueños de Edenor, la distribuidora de electricidad que mejor transitó la semana de apagones que puso de malhumor al área metropolitana de Buenos Aires en la última ola de calor. Sus terminales le hicieron llegar al Gobierno un mensaje entusiasta: creen que pueden alcanzar hacia el final del mandato de Milei la mejor calidad del servicio desde que se hizo la concesión, a principios de los años 90. Sería saldar una deuda con la sociedad de las últimas dos décadas.
La clave para que mejore es que las empresas le cobren más a los usuarios por el servicio que les dan. El Gobierno encontró la fórmula para que los ajustes que en el pasado convulsionaron al poder político hoy sean tolerables para la población. Se trata de aplicar una suba mensual de entre uno y dos puntos por encima de la inflación.
El ministro de Economía administró esa cuenta en el pasado. Cuando había mayor presión sobre el IPC, frenó las subas. Luego, las reanudó. Entre noviembre y febrero pasados, Edenor y Edesur recibieron periódicamente los aumentos esperados. Y a partir de abril comenzará a regir un esquema quinquenal que, de cumplirse, podría marcar un cambio en la relación de los argentinos con la denostada electricidad. Eso depende de que siga bajando la inflación para no ir a buscar en el congelamiento de tarifas, lo que otros precios no dan.
La normalización del país en un sentido más amplio que la economía obligará al Gobierno a tomar algunas decisiones que aún no tiene resueltas. Tras los cortes de luz de febrero, las empresas del sector esperan que el año próximo esté hecho el proyecto denominado AMBA I para reducir el stress del sistema. Daniel González (coordinador de Energía) y María Tettamanti, secretaría del área, consideraron la propuesta, que fue finalmente vetada por Santiago Caputo.
El poder del integrante del triángulo de hierro que se completa con Karina Milei y el propio Presidente es cada vez más destacado. Aunque convive con Luis Caputo, el ministro de Economía, su despliegue en ese territorio se expande. No sólo puede sugerir un aumento de la intervención en los dólares financieros según las necesidades políticas del calendario o influir en la manera en que se concesionarán las rutas, sino también bajarle el pulgar a la recomendación de funcionarios de perfil más técnico sobre temas de infraestructura. Tanto es así que González, Tettamanti y sus equipos están buscando alternativas para anunciar en las próximas semanas un plan alternativo que permita licitar ese proyecto estratégico para que haya luz para los porteños sin lacerar los mandamientos libertarios.
La obra pública también puede incomodar a la Casa Rosada por otros motivos. Javier Milei está abiertamente en contra del financiamiento con recursos estatales de proyectos que, según su mirada, deberían estar solventados por el sector privado. Considera que son ciénagas donde crece el dengue de la corrupción. Pero el propio ejercicio del poder coloca al Gobierno en una situación que no está contemplada en los libros. Un buen ejemplo es lo que pasó en Bahía Blanca.
Diversos especialistas consideran que la inundación se debió a la falta de obras que solo el Estado estaría interesado en hacer. Hasta el expresidente Mauricio Macri, quien tiene una idea comparable con la de Milei sobre el manejo de la economía, está de acuerdo con esa mirada de la cosa pública.
Nadie podría cuestionarle seriamente a este Gobierno la falta de infraestructura que lleva años, pero sí hacerle algunas preguntas sobre el letargo de algunos recursos.
Números oficiales del tercer trimestre de 2024, los últimos disponibles, muestran que el Fondo Fiduciario para Infraestructura Hídrica tenía $53.593 millones disponibles. Se nutre de impuestos sobre determinadas operaciones con las naftas y con el GNC. Entre sus usos específicos está la mitigación de inundaciones.
La misma documentación pública indica que $47.831,8 millones de ese monto están colocados en la línea Inversión Financiera. La información oficial no da más detalles. Podrían estar en el banco o en bonos de deuda pública. En cualquier caso, es dinero sin gastar que ayudó al Gobierno a mostrar un resultado fiscal positivo.
La Casa Rosada creó su propio antídoto político para combatir críticas antipáticas cuando dispuso una ayuda extraordinaria de $200.000 millones para asistir de manera directo a los damnificados de Bahía Blanca. Es una concesión generosa para una administración que prioriza el equilibrio en las cuentas. Es, también, la evidencia de que las necesidades del contexto cuestionan el proceso de ahorro que permitió la baja de la inflación. El otro puntal de la desaceleración de los precios es valor del dólar. Por eso es necesario que vengan más.
El ejercicio cotidiano del poder puso en evidencia los desafíos para mantener la pata central de todo el programa libertario; Santiago Caputo expande sus dominios a decisiones relacionadas con la infraestructura y el acuerdo con el FMI expone una vieja picardía del expresidente Kirchner LA NACION
