La jueza Karina Andrade volvió a hablar este sábado mientras continúan las críticas de quienes se oponen a que haya liberado 114 presos durante la marcha de los jubilados. En este caso, la magistrada porteña se defendió ante quienes la acusan de ser kirchnerista -dijo que nunca militó en La Cámpora– y sumó otro motivo a su decisión de darles la libertad a los detenidos: el poco lugar que hay en las alcaidías porteñas. Según su postura, eso hubiera impedido alojar a las decenas de personas que habían quedado en manos de la Policía el miércoles, en el exterior del Congreso.

“Jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial en Sitraju [por el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires], estoy en Mafucaba [por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad], como todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay incompatibilidad”, indicó esta mañana en Radio 10 Andrade, denostada en los últimos días por el gobierno nacional -que pidió que se declare su incompetencia en la causa- y también por la administración de Jorge Macri, quien incluso este sábado retomó los cuestionamientos hacia ella.

Además, la magistrada contó que en sus épocas de secretaria en el fuero federal solo participó de la “colectividad de Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py” porque estaba “apegada” a las reglas de esa instancia judicial.

“Los jueces y las juezas estamos sometidos a escrutinio público, por eso estoy dando mi voz. Pero lo que hice es lo que debía hacer como jueza, eso juré, cumplir la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos. Me formé en las aulas de la UBA con los mejores maestros y maestras, y la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional que reposa en su escritorio permanezca inalterable ante los vientos políticos, eso es importante para mí”, sostuvo.

A cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital, Andrade –tal como contó LA NACION– está bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad desde el 15 de agosto de 2021, hace poco más de tres años. Como muchos de sus colegas, se inició en el fuero porteño, fue luego a trabajar al federal y regresó. En Comodoro Py se desempeñó en el Tribunal Oral Federal N° 8 con la jueza María Gabriela López Iñiguez, de quien fue secretaria, y en su llegada al juzgado de la Ciudad tuvo el apoyo del peronismo y de Juan Manuel Olmos, uno de los dos padrinos con ascendencia en la instancia local. El otro es Daniel Angelici.

Otra razón para la libertad

Mientras tanto, este sábado Andrade volvió a dar sus motivos principales para dejar en libertad a 114 de los presos en la manifestación (94 de la Policía de la Ciudad y diez de las federales) donde confluyeron jubilados, hinchas, barras, movimientos sociales y gremios: que hizo una priorización de derechos y que las fuerzas no le habían proporcionado a la fiscalía, y por consiguiente a ella, la información básica sobre las detenciones.

Sin embargo, este sábado sumó una cuestión más. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, indicó.

La situación de las alcaidías porteñas es un tema de debate álgido entre la administración nacional y la capitalina, que incluso derivó en fuertes dardos entre el jefe de Gobierno y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sobre todo, después de que hubiera distintos episodios de fuga de presos que desde la Ciudad dijeron que pertenecían al fuero federal.

“No es menor para ese momento que ya era la noche… Nosotros sabíamos que las primeras personas estaban siendo trasladadas a [la cárcel de] Madariaga, pero de las demás, nada. A mí no me informaban nada y los jueces de la Ciudad sabemos muy bien las condiciones en las que están las alcaidías, lo trabajamos todo el tiempo, nos presentan habeas corpus. Están superpobladas, la Policía de la Ciudad tiene que trabajar con funciones penitenciarias cuando no le corresponde. Hay una emergencia, no hay lugar y condiciones para ingresar a esa cantidad de personas, ¿dónde iban a pasar la noche?”, insistió por su parte Andrade y más tarde remarcó: “No tenía el lugar donde iban a quedar alojados y se venía toda la noche”.

Lo que sigue

Convencida de que debía dar una “respuesta rápida” ante el cese de la detención que estaban pidiendo las defensas de los presos, Andrade dijo que su medida inicial no obtura que ahora la fiscalía continúe con la investigación y pondere los antecedentes de estas personas, que no fueron tomados en cuenta primero para su soltura. “Nadie dice que los antecedentes no van a ser ponderados, el tema a decidir era cuándo”, se justificó, debido a que ya trascendió públicamente que parte del grupo contaba con otros ingresos por diversos delitos.

Además, dijo que también estará en revisión de la fiscalía si se produjeron o no detenciones ilegales en el marco del operativo que tuvo a cargo Bullrich.

“Si como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención con datos mínimos, debo hacerla cesar y luego seguirá la investigación. Era una situación de urgencia, en un contexto de priorización de derechos”, volvió a remarcar, como lo hizo el viernes en sus primeras apariciones, y destacó en el mismo sentido: “Tuve en cuenta también qué grupo de personas estaba involucrado en esta convocatoria, que forma parte de un derecho constitucional, eran adultos mayores, y como jueza tengo deber de protección especial. Mi decisión debía valorar a personas que necesitaban una respuesta rápida, la situación y los derechos que tenía que preservar primero y cuáles después”.

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La jueza Karina Andrade volvió a hablar este sábado mientras continúan las críticas de quienes se oponen a que haya liberado 114 presos durante la marcha de los jubilados. En este caso, la magistrada porteña se defendió ante quienes la acusan de ser kirchnerista -dijo que nunca militó en La Cámpora– y sumó otro motivo a su decisión de darles la libertad a los detenidos: el poco lugar que hay en las alcaidías porteñas. Según su postura, eso hubiera impedido alojar a las decenas de personas que habían quedado en manos de la Policía el miércoles, en el exterior del Congreso.

“Jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial en Sitraju [por el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires], estoy en Mafucaba [por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad], como todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay incompatibilidad”, indicó esta mañana en Radio 10 Andrade, denostada en los últimos días por el gobierno nacional -que pidió que se declare su incompetencia en la causa- y también por la administración de Jorge Macri, quien incluso este sábado retomó los cuestionamientos hacia ella.

Además, la magistrada contó que en sus épocas de secretaria en el fuero federal solo participó de la “colectividad de Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py” porque estaba “apegada” a las reglas de esa instancia judicial.

“Los jueces y las juezas estamos sometidos a escrutinio público, por eso estoy dando mi voz. Pero lo que hice es lo que debía hacer como jueza, eso juré, cumplir la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos. Me formé en las aulas de la UBA con los mejores maestros y maestras, y la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional que reposa en su escritorio permanezca inalterable ante los vientos políticos, eso es importante para mí”, sostuvo.

A cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital, Andrade –tal como contó LA NACION– está bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad desde el 15 de agosto de 2021, hace poco más de tres años. Como muchos de sus colegas, se inició en el fuero porteño, fue luego a trabajar al federal y regresó. En Comodoro Py se desempeñó en el Tribunal Oral Federal N° 8 con la jueza María Gabriela López Iñiguez, de quien fue secretaria, y en su llegada al juzgado de la Ciudad tuvo el apoyo del peronismo y de Juan Manuel Olmos, uno de los dos padrinos con ascendencia en la instancia local. El otro es Daniel Angelici.

Otra razón para la libertad

Mientras tanto, este sábado Andrade volvió a dar sus motivos principales para dejar en libertad a 114 de los presos en la manifestación (94 de la Policía de la Ciudad y diez de las federales) donde confluyeron jubilados, hinchas, barras, movimientos sociales y gremios: que hizo una priorización de derechos y que las fuerzas no le habían proporcionado a la fiscalía, y por consiguiente a ella, la información básica sobre las detenciones.

Sin embargo, este sábado sumó una cuestión más. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, indicó.

La situación de las alcaidías porteñas es un tema de debate álgido entre la administración nacional y la capitalina, que incluso derivó en fuertes dardos entre el jefe de Gobierno y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sobre todo, después de que hubiera distintos episodios de fuga de presos que desde la Ciudad dijeron que pertenecían al fuero federal.

“No es menor para ese momento que ya era la noche… Nosotros sabíamos que las primeras personas estaban siendo trasladadas a [la cárcel de] Madariaga, pero de las demás, nada. A mí no me informaban nada y los jueces de la Ciudad sabemos muy bien las condiciones en las que están las alcaidías, lo trabajamos todo el tiempo, nos presentan habeas corpus. Están superpobladas, la Policía de la Ciudad tiene que trabajar con funciones penitenciarias cuando no le corresponde. Hay una emergencia, no hay lugar y condiciones para ingresar a esa cantidad de personas, ¿dónde iban a pasar la noche?”, insistió por su parte Andrade y más tarde remarcó: “No tenía el lugar donde iban a quedar alojados y se venía toda la noche”.

Lo que sigue

Convencida de que debía dar una “respuesta rápida” ante el cese de la detención que estaban pidiendo las defensas de los presos, Andrade dijo que su medida inicial no obtura que ahora la fiscalía continúe con la investigación y pondere los antecedentes de estas personas, que no fueron tomados en cuenta primero para su soltura. “Nadie dice que los antecedentes no van a ser ponderados, el tema a decidir era cuándo”, se justificó, debido a que ya trascendió públicamente que parte del grupo contaba con otros ingresos por diversos delitos.

Además, dijo que también estará en revisión de la fiscalía si se produjeron o no detenciones ilegales en el marco del operativo que tuvo a cargo Bullrich.

“Si como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención con datos mínimos, debo hacerla cesar y luego seguirá la investigación. Era una situación de urgencia, en un contexto de priorización de derechos”, volvió a remarcar, como lo hizo el viernes en sus primeras apariciones, y destacó en el mismo sentido: “Tuve en cuenta también qué grupo de personas estaba involucrado en esta convocatoria, que forma parte de un derecho constitucional, eran adultos mayores, y como jueza tengo deber de protección especial. Mi decisión debía valorar a personas que necesitaban una respuesta rápida, la situación y los derechos que tenía que preservar primero y cuáles después”.

 La magistrada volvió a hablar este sábado y dijo que otra razón por la que evaluó darles la libertad a los detenidos es la situación de las alcaidías porteñas  LA NACION