Senado: el Gobierno negocia contra reloj para sostener a García-Mansilla como juez de la Corte Suprema
Advertido de que los números en el Senado le son adversos, el Gobierno busca la ayuda de los “radicales con peluca” para tratar de bloquear el tratamiento y casi seguro rechazo en el recinto de la Cámara alta del pliego que designa a Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia, tribunal al que se integró hace casi dos semanas “en comisión” por decreto del presidente Javier Milei.
Sin embargo, la designación por decreto de García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte por parte del Ejecutivo divide aguas al interior del radicalismo, que pareciera tener la llave para definir la suerte de una respuesta institucional del Senado ante la medida adoptada por Milei.
Para algunos senadores del centenario partido, la Casa Rosada está apelando a los gobernadores radicales para que sus senadores se resistan a permitir que la Cámara alta defina la suerte de los dos candidatos en una sesión que se viene postergando por falta de un acuerdo político desde agosto último, cuando los postulantes enfrentaron sus respectivas audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos.
Pero otros legisladores de la UCR tienen temor a quedar “entrampados” en una jugada del kirchnerismo. Se preguntan si detrás de la postura del bloque de Unión por la Patria, que preside José Mayans (Formosa), se esconde una maniobra para apurar negociaciones con el Gobierno y que, a la hora de votar en el recinto, Lijo consiga los votos para llegar al máximo tribunal y el pliego de García-Mansilla termine rechazado.
La encrucijada que atraviesa al radicalismo en la Cámara alta quedó expuesta en la noche del jueves, en un encuentro virtual en el que algunos legisladores, como Martín Lousteau (Capital), reclamaron habilitar a los representantes del bloque en la Comisión de Acuerdos para que firmaran algún dictamen que facilitara el debate en el recinto del pliego de García-Mansilla.
También se analizó la posibilidad de acompañar un pedido a Victoria Villarruel para que fije fecha a una sesión especial para tratar las dos nominaciones. El pliego de Lijo obtuvo la luz verde de la comisión hace tres semanas, cuando el Gobierno intentó apurar su designación para que Milei pudiera encabezar la Asamblea Legislativa del 1 de marzo último con la Corte Suprema completa, con sus cinco integrantes.
Sin embargo, todo quedó en suspenso cuando los senadores Mariana Juri, Víctor Zimmermann y Eduardo Galaretto pidieron tiempo para consultar con sus respectivos gobernadores, Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), los pasos a seguir.
Tras esa reunión, Lousteau redactó junto a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), un proyecto de dictamen de rechazo a García-Mansilla por haber aceptado jurar como juez de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo, entre otras razones.
Además de Lousteau, los otros radicales que integran la Comisión de Acuerdos son Juri, Maximiliano Abad (Buenos Aires), que el fin de semana participaron de los actos de la Vendimia en Mendoza, y Carolina Losada (Santa Fe). Por el momento, al pliego de García-Mansilla le falta una para alcanzar las nueve firmas que se necesitan para que su dictamen pueda ser tratado en el recinto sin necesidad de forzar su tratamiento sobre tablas.
Esto es así porque, por vía separada, el kirchnerismo también elaboró un dictamen contrario a la designación del catedrático que, aseguran, tiene seis firmas, pero que hasta el momento no fue presentado de manera formal.
La situación generada en torno al pliego de García-Mansilla guarda similitud con la registrada en la última sesión del Senado, el pasado 20 de febrero, cuando el Gobierno logró bloquear la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En aquella oportunidad, seis legisladores de la UCR, todos con terminal en gobernadores de sus provincias, se opusieron y frustraron el proyecto impulsado por su correligionario Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que por un voto no alcanzó la mayoría exigida por el reglamento de la Cámara alta.
Por el momento, la disyuntiva radical no encuentra solución y se espera que la pueda tener en las próximas horas en una reunión presencial en la que el bloque defina una posición unificada o, de lo contrario, deje en libertad de acción a sus integrantes para que sigan el camino que crean más conveniente.
Advertido de que los números en el Senado le son adversos, el Gobierno busca la ayuda de los “radicales con peluca” para tratar de bloquear el tratamiento y casi seguro rechazo en el recinto de la Cámara alta del pliego que designa a Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia, tribunal al que se integró hace casi dos semanas “en comisión” por decreto del presidente Javier Milei.
Sin embargo, la designación por decreto de García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte por parte del Ejecutivo divide aguas al interior del radicalismo, que pareciera tener la llave para definir la suerte de una respuesta institucional del Senado ante la medida adoptada por Milei.
Para algunos senadores del centenario partido, la Casa Rosada está apelando a los gobernadores radicales para que sus senadores se resistan a permitir que la Cámara alta defina la suerte de los dos candidatos en una sesión que se viene postergando por falta de un acuerdo político desde agosto último, cuando los postulantes enfrentaron sus respectivas audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos.
Pero otros legisladores de la UCR tienen temor a quedar “entrampados” en una jugada del kirchnerismo. Se preguntan si detrás de la postura del bloque de Unión por la Patria, que preside José Mayans (Formosa), se esconde una maniobra para apurar negociaciones con el Gobierno y que, a la hora de votar en el recinto, Lijo consiga los votos para llegar al máximo tribunal y el pliego de García-Mansilla termine rechazado.
La encrucijada que atraviesa al radicalismo en la Cámara alta quedó expuesta en la noche del jueves, en un encuentro virtual en el que algunos legisladores, como Martín Lousteau (Capital), reclamaron habilitar a los representantes del bloque en la Comisión de Acuerdos para que firmaran algún dictamen que facilitara el debate en el recinto del pliego de García-Mansilla.
También se analizó la posibilidad de acompañar un pedido a Victoria Villarruel para que fije fecha a una sesión especial para tratar las dos nominaciones. El pliego de Lijo obtuvo la luz verde de la comisión hace tres semanas, cuando el Gobierno intentó apurar su designación para que Milei pudiera encabezar la Asamblea Legislativa del 1 de marzo último con la Corte Suprema completa, con sus cinco integrantes.
Sin embargo, todo quedó en suspenso cuando los senadores Mariana Juri, Víctor Zimmermann y Eduardo Galaretto pidieron tiempo para consultar con sus respectivos gobernadores, Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), los pasos a seguir.
Tras esa reunión, Lousteau redactó junto a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), un proyecto de dictamen de rechazo a García-Mansilla por haber aceptado jurar como juez de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo, entre otras razones.
Además de Lousteau, los otros radicales que integran la Comisión de Acuerdos son Juri, Maximiliano Abad (Buenos Aires), que el fin de semana participaron de los actos de la Vendimia en Mendoza, y Carolina Losada (Santa Fe). Por el momento, al pliego de García-Mansilla le falta una para alcanzar las nueve firmas que se necesitan para que su dictamen pueda ser tratado en el recinto sin necesidad de forzar su tratamiento sobre tablas.
Esto es así porque, por vía separada, el kirchnerismo también elaboró un dictamen contrario a la designación del catedrático que, aseguran, tiene seis firmas, pero que hasta el momento no fue presentado de manera formal.
La situación generada en torno al pliego de García-Mansilla guarda similitud con la registrada en la última sesión del Senado, el pasado 20 de febrero, cuando el Gobierno logró bloquear la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En aquella oportunidad, seis legisladores de la UCR, todos con terminal en gobernadores de sus provincias, se opusieron y frustraron el proyecto impulsado por su correligionario Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que por un voto no alcanzó la mayoría exigida por el reglamento de la Cámara alta.
Por el momento, la disyuntiva radical no encuentra solución y se espera que la pueda tener en las próximas horas en una reunión presencial en la que el bloque defina una posición unificada o, de lo contrario, deje en libertad de acción a sus integrantes para que sigan el camino que crean más conveniente.
La gestión libertaria aprovecha la interna de la UCR y toma contacto con los “radicales con peluca”; el sector de Lousteau quiere que la Cámara alta fije una postura, pero otros sospechan del kirchnerismo LA NACION
