Mantener cada preso detenido en las comisarías porteñas cuesta a la ciudad $ 83.576 por día
La crisis carcelaria provocada por la superpoblación en las comisarías y alcaldías porteñas le costó al Gobierno de la ciudad $70.161.000.000 durante 2024.
En el gobierno porteño afirman que la ley y los distintos fallos judiciales dispusieron que los más de 2300 presos alojados en dependencias de la Policía de la Ciudad deben estar detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Sin embargo, durante los últimos cuatro años los presos se acumularon en las comisarías y alcaldías de la ciudad por una decisión de la administración de Alberto Fernández, con María Laura Garrigós de Rébori, como interventora del SPF, hasta el 10 de diciembre de 2023 y con la actual gestión libertaria, durante 2024.
Desde 2020 hasta diciembre de 2023, la cantidad de presos en las comisarías porteñas pasó de 100 a 1460. El gasto de $83.576 diarios para alimentar, alojar, atender y custodiar a cada preso tuvo que ser solventado por el Gobierno de la ciudad.
Además del costo económico para mantener a cada preso, el Gobierno porteño tiene que asignar a 2250 efectivos de la Policía de la Ciudad para custodiar a los 2440 detenidos que hay en la actualidad. Esa superpoblación de presos en comisarías y alcaldías porteñas con capacidad para alojar a 1270 internos derivó en 15 fugas en 2024 y tres evasiones en el primer mes y medio de 2025.
Cada día los detenidos se acumulan en las ya superpobladas dependencias porteñas, a pesar que hace una semana, después de la tercera fuga de presos en el año de una comisaría, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron el traslado a cárceles del SPF “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena.
Si bien desde el gobierno nacional no hablaron de números, desde la Ciudad estimaron que podrían ser, aproximadamente, 400 los internos condenados que serían trasladados.
No obstante, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a cargo el SPF, afirman que la asignación de cupos en las cárceles federales no es tan automática.
La disponibilidad de plazas en los establecimientos del SPF depende de la cantidad de excarcelaciones y de la tipología de los delitos por los que fueron acusados los presos, debido a que no se pueden alojar procesados por hechos comunes junto con ofensores sexuales. También están limitados los cupos para hombres y mujeres.
Además, los presos a disposición de la Justicia porteña o de la Justicia Nacional Crimimal y Correccional no pueden ser alojados en cárceles fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires por cuestiones de arraigo y vínculos familiares.
Actualmente, en el SPF reciben por semana 60 presos derivados de las dependencias porteñas. Aunque el acuerdo inicial, fijado en la resolución de un Hábeas Corpus, era que 120 presos serían trasladados a las cárceles federales, se llegó a que, en la práctica sean 90 presos, en una proporción de 70 hombres y 20 mujeres, los que se derivaban semanalmente a las cárceles federales.
Pero, según fuentes del Gobierno porteño, hace una semana, la cantidad de presos derivados desde las comisarías porteñas a unidades del SPF pasó de 90 a 60 por semana.
Según fuentes del Gobierno porteño, de los 2440 presos alojados en la actualidad en las distintas comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad, 387 internos tienen condena.
De esos 2440 detenidos, hay 544 imputados de diferentes delitos, cuya situación debe ser definida por la Justicia; 1509 que tienen procesamientos con prisión preventiva y los mencionados 387 sobre los que pesan condenas.
Hasta antes de que la administración de Alberto Fernández dictó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia del Covi-19, las seccionales porteñas eran lugares de alojamiento transitorios de los acusados de delitos cometidos en territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de marzo de 2020, los detenidos pasaban no más de 72 horas en una seccional, desde allí los llevaban hasta los Tribunales donde los indagaban y se definía si los liberaban o les dictaban la prisión preventiva. Si el magistrado decidía que el acusado tenía que seguir preso lo enviaban a alguna de las cárceles federales más cercanas: en Villa Devoto, Ezeiza o Marcos Paz.
Pero, debido a que había una necesidad de evitar los contagios de coronavirus en un ambiente confinado, el SPF limitó el traslado de los presos que estaban alojados en dependencias porteñas a las cárceles federales.
Así comenzó un cuello de botella que provocó la actual crisis carcelaria donde, por ejemplo, hay 139 presos que llevan entre 1 y 2 años alojados en comisarías y 23 detenidos con más de 2 años en calabozos de seccionales porteñas.
De la misma forma se juntaron en un mismo espacio reducido y superpoblado, acusados por delitos menores y procesados por homicidio, como fue el caso de Eduardo Ajalla Cabrera, acusado del asesinato de Carlos Walter Molina, el financista asesinado en noviembre de 2021 en su departamento de Almagro durante un robo.
Ajalla Cabrera, alias “Calabaza”, formaba parte de la barra brava de Atlanta y comandaba una banda que se dedicaba a asaltar a cambistas de dólares. “Calabaza” huyó de la comisaría situada frente a Parque Centenario, el 8 de febrero pasado junto con otros cinco presos. El ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff, denunció que habría existido connivencia de algunos de los policías que estaban de guardia que habrían facilitado la evasión.
Una de las soluciones para aliviar la superpoblación en las seccionales porteñas fue la construcción de una cárcel dentro del complejo de Marcos Paz. Allí se alojarían 2240 presos. Dicho penal estará terminado a fines de este año o principios de 2026. Las obras están avanzadas, con la mitad de los cuatro pabellones terminados.
Allí serían trasladados los 900 presos alojados en el penal de Villa Devoto que se convertirá en un espacio recuperado para los vecinos del barrio y los detenidos alojados en las comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad.
Otro de los aspectos en el que trabajan a destajo en el Gobierno porteño apunta al traspaso del personal del SPF y de una parte de los recursos. Se estima que 2300 guardiacárceles pasarán a desempeñarse en Servicio Penitencias de la Ciudad.
El traspaso se realizaría en seis etapas, una situación similar a la que ocurrió con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y la de Bomberos cuando pasaron a la Policía de la Ciudad. En la primera etapa, no se descarta que algunos de los agentes del SPF que pasen formar parte del Servicio Penitenciario de la Ciudad sean asignados a custodiar presos en las alcaldías porteñas.
Si bien existe un acuerdo, en el gobierno porteño afirman que, por ahora, no hay nada firmado.
La crisis carcelaria provocada por la superpoblación en las comisarías y alcaldías porteñas le costó al Gobierno de la ciudad $70.161.000.000 durante 2024.
En el gobierno porteño afirman que la ley y los distintos fallos judiciales dispusieron que los más de 2300 presos alojados en dependencias de la Policía de la Ciudad deben estar detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Sin embargo, durante los últimos cuatro años los presos se acumularon en las comisarías y alcaldías de la ciudad por una decisión de la administración de Alberto Fernández, con María Laura Garrigós de Rébori, como interventora del SPF, hasta el 10 de diciembre de 2023 y con la actual gestión libertaria, durante 2024.
Desde 2020 hasta diciembre de 2023, la cantidad de presos en las comisarías porteñas pasó de 100 a 1460. El gasto de $83.576 diarios para alimentar, alojar, atender y custodiar a cada preso tuvo que ser solventado por el Gobierno de la ciudad.
Además del costo económico para mantener a cada preso, el Gobierno porteño tiene que asignar a 2250 efectivos de la Policía de la Ciudad para custodiar a los 2440 detenidos que hay en la actualidad. Esa superpoblación de presos en comisarías y alcaldías porteñas con capacidad para alojar a 1270 internos derivó en 15 fugas en 2024 y tres evasiones en el primer mes y medio de 2025.
Cada día los detenidos se acumulan en las ya superpobladas dependencias porteñas, a pesar que hace una semana, después de la tercera fuga de presos en el año de una comisaría, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron el traslado a cárceles del SPF “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena.
Si bien desde el gobierno nacional no hablaron de números, desde la Ciudad estimaron que podrían ser, aproximadamente, 400 los internos condenados que serían trasladados.
No obstante, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a cargo el SPF, afirman que la asignación de cupos en las cárceles federales no es tan automática.
La disponibilidad de plazas en los establecimientos del SPF depende de la cantidad de excarcelaciones y de la tipología de los delitos por los que fueron acusados los presos, debido a que no se pueden alojar procesados por hechos comunes junto con ofensores sexuales. También están limitados los cupos para hombres y mujeres.
Además, los presos a disposición de la Justicia porteña o de la Justicia Nacional Crimimal y Correccional no pueden ser alojados en cárceles fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires por cuestiones de arraigo y vínculos familiares.
Actualmente, en el SPF reciben por semana 60 presos derivados de las dependencias porteñas. Aunque el acuerdo inicial, fijado en la resolución de un Hábeas Corpus, era que 120 presos serían trasladados a las cárceles federales, se llegó a que, en la práctica sean 90 presos, en una proporción de 70 hombres y 20 mujeres, los que se derivaban semanalmente a las cárceles federales.
Pero, según fuentes del Gobierno porteño, hace una semana, la cantidad de presos derivados desde las comisarías porteñas a unidades del SPF pasó de 90 a 60 por semana.
Según fuentes del Gobierno porteño, de los 2440 presos alojados en la actualidad en las distintas comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad, 387 internos tienen condena.
De esos 2440 detenidos, hay 544 imputados de diferentes delitos, cuya situación debe ser definida por la Justicia; 1509 que tienen procesamientos con prisión preventiva y los mencionados 387 sobre los que pesan condenas.
Hasta antes de que la administración de Alberto Fernández dictó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia del Covi-19, las seccionales porteñas eran lugares de alojamiento transitorios de los acusados de delitos cometidos en territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de marzo de 2020, los detenidos pasaban no más de 72 horas en una seccional, desde allí los llevaban hasta los Tribunales donde los indagaban y se definía si los liberaban o les dictaban la prisión preventiva. Si el magistrado decidía que el acusado tenía que seguir preso lo enviaban a alguna de las cárceles federales más cercanas: en Villa Devoto, Ezeiza o Marcos Paz.
Pero, debido a que había una necesidad de evitar los contagios de coronavirus en un ambiente confinado, el SPF limitó el traslado de los presos que estaban alojados en dependencias porteñas a las cárceles federales.
Así comenzó un cuello de botella que provocó la actual crisis carcelaria donde, por ejemplo, hay 139 presos que llevan entre 1 y 2 años alojados en comisarías y 23 detenidos con más de 2 años en calabozos de seccionales porteñas.
De la misma forma se juntaron en un mismo espacio reducido y superpoblado, acusados por delitos menores y procesados por homicidio, como fue el caso de Eduardo Ajalla Cabrera, acusado del asesinato de Carlos Walter Molina, el financista asesinado en noviembre de 2021 en su departamento de Almagro durante un robo.
Ajalla Cabrera, alias “Calabaza”, formaba parte de la barra brava de Atlanta y comandaba una banda que se dedicaba a asaltar a cambistas de dólares. “Calabaza” huyó de la comisaría situada frente a Parque Centenario, el 8 de febrero pasado junto con otros cinco presos. El ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff, denunció que habría existido connivencia de algunos de los policías que estaban de guardia que habrían facilitado la evasión.
Una de las soluciones para aliviar la superpoblación en las seccionales porteñas fue la construcción de una cárcel dentro del complejo de Marcos Paz. Allí se alojarían 2240 presos. Dicho penal estará terminado a fines de este año o principios de 2026. Las obras están avanzadas, con la mitad de los cuatro pabellones terminados.
Allí serían trasladados los 900 presos alojados en el penal de Villa Devoto que se convertirá en un espacio recuperado para los vecinos del barrio y los detenidos alojados en las comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad.
Otro de los aspectos en el que trabajan a destajo en el Gobierno porteño apunta al traspaso del personal del SPF y de una parte de los recursos. Se estima que 2300 guardiacárceles pasarán a desempeñarse en Servicio Penitencias de la Ciudad.
El traspaso se realizaría en seis etapas, una situación similar a la que ocurrió con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y la de Bomberos cuando pasaron a la Policía de la Ciudad. En la primera etapa, no se descarta que algunos de los agentes del SPF que pasen formar parte del Servicio Penitenciario de la Ciudad sean asignados a custodiar presos en las alcaldías porteñas.
Si bien existe un acuerdo, en el gobierno porteño afirman que, por ahora, no hay nada firmado.
Actualmente hay 2440 internos alojados en alcaldías y seccionales con 2550 efectivos de la fuerza de seguridad asignados a custodiarlos LA NACION
