Varias noticias sobre los graves defectos de los sistemas carcelarios en nuestro país volvieron a poner en agenda un tema que, aunque se han producido avances como en el caso de Rosario, está lejos de ser solucionado.
Por lo burda y riesgosa, la estrategia de varios presos peligrosos de apelar a la percepción de género para conseguir que se los reubicara en cárceles de mujeres, con tratamientos más laxos respecto de aquellos a los que son sometidos en los penales que les corresponden, se impuso a otros ardides que se fueron pergeñando ante la inoperancia de muchos actores del sistema penitenciario, la complacencia de sectores de la Justicia y la complicidad de parte de la política.
Hace pocos días, LA NACION narró que el jefe de la banda narcoterrorista rosarina Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, pidió reiteradamente ante la Justicia ser reconocido como mujer. Cantero está detenido desde junio de 2013 y desde entonces pasó por numerosos penales provinciales y federales, desde donde siguió manejando esa organización criminal. Nunca la cárcel le resultó un obstáculo para organizar y dirigir el delito, dando órdenes a sus sicarios desde la pequeña superficie de una celda.
Como consecuencia de la intensificación de sus condiciones de detención a partir de la asunción del actual gobierno nacional, Cantero vio la oportunidad de comunicar algo de lo que nunca había dado cuenta, probablemente porque es falso: que se percibía como mujer.
Esa clara maniobra para obtener beneficios se suma al aberrante hecho protagonizado por otro caso de simulación de cambio de género ocurrido en Córdoba, donde el detenido que supuestamente se autopercibía mujer y había sido derivado por la Justicia a un penal femenino terminó violando a una presa, a la que embarazó, ademas de ejercer violencia sobre otras detenidas.
La misma treta se le había ocurrido a un preso de Bariloche, condenado por el asesinato de su pareja en un claro caso de violencia de género. La pena que corresponde por femicidio es la prisión perpetua, pero, anclado en su declarada nueva condición femenina y ya usando nombre de mujer, pretendió un castigo menor, cosa que no consiguió porque mediaron otros agravantes. Tras la condena, lo derivaron a un cárcel de mujeres, de donde finalmente se fugó.
Tras aclarar que nada tiene que ver con cancelar cuestiones vinculadas a la autopercepción, el Gobierno hizo saber que bloqueará los intentos de presos que buscan ser admitidos como mujeres para suavizar sus condiciones carcelarias. Al respecto, el presidente Javier Milei adelantó que se prohibirá la aceptación de cambios de género de personas condenadas en penales federales.
A esa deleznable argucia de utilizar la identidad de género para beneficiarse y, en muchos casos, seguir delinquiendo se agrega la incomprensible decisión de algunas autoridades políticas de poner los derechos de los delincuentes por delante de los de las víctimas. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el acceso a la telefonía celular es libre para los detenidos. Según una investigación publicada por el diario Clarín, el 73% de la población carcelaria bonaerense está conectada a una línea móvil. Ese beneficio, considerado “humanitario” por las autoridades del distrito, terminó sirviendo para la comisión de muchos delitos desde detrás de las rejas, como los secuestros extorsivos y las estafas virtuales que padece una ciudadanía inocente, harta ya de la inseguridad.
Un fallo pretendidamente garantista generó en 2020 una extendida polémica por cuanto hizo lugar al habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria para que las personas detenidas en el complejo penitenciario de Batán pudieran utilizar los teléfonos celulares sin ser sancionadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en el contexto de las restricciones impuestas durante la pandemia.
Aquella medida fue adoptada por el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Mar del Plata. En su resolución de marzo de 2020, el juez Juan Galarreta ordenó la “habilitación inmediata del uso de los celulares por los internos” alojados en las unidades penitenciarias 15, 44 y 50 del complejo carcelario de Batán. Entre otros conceptos, el magistrado fundamentó su fallo en que se tornaba “imprescindible la eliminación de cualquier normativa o práctica” que por entonces impidiera la comunicación al exterior de las personas privadas de libertad.
La posibilidad de que los presos bonaerenses sigan usando celulares se mantiene hasta hoy, ya que el gobierno de Axel Kicillof no tendría ningún interés en que se revoque. Entiende que la posesión de celulares por parte de los detenidos disminuye conflictos en las cárceles, como revueltas, motines y peleas entre grupos. Ya se sabe que la seguridad ciudadana jamás estuvo en los primeros lugares de la agenda del gobernador, como tampoco lo estuvo en la del expresidente Alberto Fernández, quien avaló que presos comunes salieran de prisión y accedieran al beneficio de la detención domiciliaria durante el encierro eterno en el que mantuvo al resto de la población durante el Covid-19. A pesar de que hizo recaer todo el peso de esas decisiones en los jueces, las apoyó generando más indignación en una sociedad a la que se obligó a vivir encerrada tras las rejas virtuales de una nefasta decisión política que se extendió hasta lo indecible comparado con lo que sucedió en otros países.
Se necesita poner coto a las pseudogarantías que solo “garantizan” más víctimas e inseguridad. Son prerrogativas inaceptables. Rendirse ante la creatividad criminal convierte al funcionario en cómplice del delito.
Varias noticias sobre los graves defectos de los sistemas carcelarios en nuestro país volvieron a poner en agenda un tema que, aunque se han producido avances como en el caso de Rosario, está lejos de ser solucionado.
Por lo burda y riesgosa, la estrategia de varios presos peligrosos de apelar a la percepción de género para conseguir que se los reubicara en cárceles de mujeres, con tratamientos más laxos respecto de aquellos a los que son sometidos en los penales que les corresponden, se impuso a otros ardides que se fueron pergeñando ante la inoperancia de muchos actores del sistema penitenciario, la complacencia de sectores de la Justicia y la complicidad de parte de la política.
Hace pocos días, LA NACION narró que el jefe de la banda narcoterrorista rosarina Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, pidió reiteradamente ante la Justicia ser reconocido como mujer. Cantero está detenido desde junio de 2013 y desde entonces pasó por numerosos penales provinciales y federales, desde donde siguió manejando esa organización criminal. Nunca la cárcel le resultó un obstáculo para organizar y dirigir el delito, dando órdenes a sus sicarios desde la pequeña superficie de una celda.
Como consecuencia de la intensificación de sus condiciones de detención a partir de la asunción del actual gobierno nacional, Cantero vio la oportunidad de comunicar algo de lo que nunca había dado cuenta, probablemente porque es falso: que se percibía como mujer.
Esa clara maniobra para obtener beneficios se suma al aberrante hecho protagonizado por otro caso de simulación de cambio de género ocurrido en Córdoba, donde el detenido que supuestamente se autopercibía mujer y había sido derivado por la Justicia a un penal femenino terminó violando a una presa, a la que embarazó, ademas de ejercer violencia sobre otras detenidas.
La misma treta se le había ocurrido a un preso de Bariloche, condenado por el asesinato de su pareja en un claro caso de violencia de género. La pena que corresponde por femicidio es la prisión perpetua, pero, anclado en su declarada nueva condición femenina y ya usando nombre de mujer, pretendió un castigo menor, cosa que no consiguió porque mediaron otros agravantes. Tras la condena, lo derivaron a un cárcel de mujeres, de donde finalmente se fugó.
Tras aclarar que nada tiene que ver con cancelar cuestiones vinculadas a la autopercepción, el Gobierno hizo saber que bloqueará los intentos de presos que buscan ser admitidos como mujeres para suavizar sus condiciones carcelarias. Al respecto, el presidente Javier Milei adelantó que se prohibirá la aceptación de cambios de género de personas condenadas en penales federales.
A esa deleznable argucia de utilizar la identidad de género para beneficiarse y, en muchos casos, seguir delinquiendo se agrega la incomprensible decisión de algunas autoridades políticas de poner los derechos de los delincuentes por delante de los de las víctimas. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el acceso a la telefonía celular es libre para los detenidos. Según una investigación publicada por el diario Clarín, el 73% de la población carcelaria bonaerense está conectada a una línea móvil. Ese beneficio, considerado “humanitario” por las autoridades del distrito, terminó sirviendo para la comisión de muchos delitos desde detrás de las rejas, como los secuestros extorsivos y las estafas virtuales que padece una ciudadanía inocente, harta ya de la inseguridad.
Un fallo pretendidamente garantista generó en 2020 una extendida polémica por cuanto hizo lugar al habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria para que las personas detenidas en el complejo penitenciario de Batán pudieran utilizar los teléfonos celulares sin ser sancionadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en el contexto de las restricciones impuestas durante la pandemia.
Aquella medida fue adoptada por el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Mar del Plata. En su resolución de marzo de 2020, el juez Juan Galarreta ordenó la “habilitación inmediata del uso de los celulares por los internos” alojados en las unidades penitenciarias 15, 44 y 50 del complejo carcelario de Batán. Entre otros conceptos, el magistrado fundamentó su fallo en que se tornaba “imprescindible la eliminación de cualquier normativa o práctica” que por entonces impidiera la comunicación al exterior de las personas privadas de libertad.
La posibilidad de que los presos bonaerenses sigan usando celulares se mantiene hasta hoy, ya que el gobierno de Axel Kicillof no tendría ningún interés en que se revoque. Entiende que la posesión de celulares por parte de los detenidos disminuye conflictos en las cárceles, como revueltas, motines y peleas entre grupos. Ya se sabe que la seguridad ciudadana jamás estuvo en los primeros lugares de la agenda del gobernador, como tampoco lo estuvo en la del expresidente Alberto Fernández, quien avaló que presos comunes salieran de prisión y accedieran al beneficio de la detención domiciliaria durante el encierro eterno en el que mantuvo al resto de la población durante el Covid-19. A pesar de que hizo recaer todo el peso de esas decisiones en los jueces, las apoyó generando más indignación en una sociedad a la que se obligó a vivir encerrada tras las rejas virtuales de una nefasta decisión política que se extendió hasta lo indecible comparado con lo que sucedió en otros países.
Se necesita poner coto a las pseudogarantías que solo “garantizan” más víctimas e inseguridad. Son prerrogativas inaceptables. Rendirse ante la creatividad criminal convierte al funcionario en cómplice del delito.
Se requiere firmeza ante la creatividad delictiva, como la de reos que apelan a una falsa percepción de género para lograr condiciones de detención más laxas LA NACION
