Mañana será un día clave en el Congreso Nacional. Si la Cámara de Diputados logra aprobar en el recinto el proyecto de ley de ficha limpia, se habrá dado el fundamental –y largamente demorado– primer paso para impedir que condenados judiciales en segunda instancia puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
Hace ya ocho años que Pro presentó esa iniciativa tan imprescindible como la ley que exige el uso de la boleta única de papel (BUP) para la elección de cargos nacionales, sancionada recientemente y reglamentada ayer por Poder Ejecutivo.
La diputada Silvia Lospennato (Buenos Aires), autora del proyecto de ficha limpia, fue al hueso del asunto al espolear a quienes la semana pasada retacearon su apoyo parlamentario: “Cuando hay un robo de un niño, venimos [al recinto] a modificar la ley de trata; cuando hay incendios intencionales, venimos a subir las penas. En una Argentina carcomida por la corrupción, donde hay miles de millones que faltan porque se los robaron –se robaron hasta las vacunas–, nos demoramos ocho años”.
El quorum en la Cámara baja se conforma con 129 legisladores sentados en sus bancas. La semana pasada faltó solo uno para alcanzarlo. Las ausencias provinieron de casi todas las bancadas: algunas totalmente justificadas, como los casos de enfermedad acreditados, pero hubo llegadas tarde, legisladores de los que no se sabe por qué razón no contribuyeron a dar comienzo a la sesión, otros que se sentaban y paraban como si jugaran al juego de la silla sopesando si colaboraban o no con la obtención del número, no pocos digitados por gobernadores que reclamaban beneficios sectoriales a cambio de avales, y un buen número de diputados que abierta o calladamente atribuían y atribuyen como finalidad exclusiva de la eventual sanción de la ley dejar fuera de carrera electoral en 2025 a Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos por el caso Vialidad.
Entre estos últimos están los que sostienen que ninguna ley puede tener aplicación retroactiva y que, como la condena con doble conforme a la expresidenta antecede a la norma que se pretende sancionar, no le sería aplicable. En la vereda de enfrente están quienes argumentan que la ley en debate solo pone condiciones para la elegibilidad de todos los candidatos y no de uno en particular y que en 2009 –recordó Lospennato– se aprobó a instancias del kirchnerismo que los procesados por delitos de lesa humanidad no pueden presentarse a competir por cargos electivos, siendo que los delitos de los que se los acusa databan ya entonces de varias décadas atrás. Otra comparación, no exenta de lógica, la deslizó un veterano analista parlamentario: “Es como cuando te piden un certificado de antecedentes penales antes de ingresar en un trabajo. Quieren saber si ya sos delincuente, no si lo vas a ser después de darte el empleo”.
Es muy probable que, de sancionarse la ley de ficha limpia, termine en Tribunales. Como se sabe, muchas presentaciones judiciales persiguen un único fin: empantanar el proceso y, en este caso, se trata lisa y llanamente, de darles tiempo a los corruptos para que vuelvan a conseguir fueros bajo el paraguas de una banca legislativa. He ahí una malversación de otro significado: el de los fueros, que se instituyeron para que los legisladores sean libres de emitir sus opiniones sin ser encarcelados por ello, a menos que el mismo Congreso les quite esa inmunidad.
“No queremos ni coimeros ni ladrones ni lavadores de guita ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta”, retrucó la diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) tras la caída de la anterior sesión.
Si Diputados lograra mañana conseguir quorum, deberá luego obtener la misma mayoría de votos –129– para aprobar la norma, que pasará a ser debatida en el Senado, donde se estima que el kirchnerismo y sus aliados no le allanarían el trayecto fácilmente.
Es necesario que cierta dirigencia política comprenda que la mayoría de la sociedad viene reclamando, cada vez con mayor intensidad, reglas de juego claras, que las leyes se cumplan y que sean condenados debidamente quienes han cometido delitos. Una sociedad que aspira a que el Congreso vuelva a ser honorable y no un aguantadero en el que los corruptos encuentren asilo, cobren dietas siderales que pagamos todos y, peor aún, que legislen sobre las vidas del conjunto de los habitantes.
Mañana, insistimos, será un día clave. Un primer paso importantísimo para empezar a poner las cosas en su debido lugar.
Mañana será un día clave en el Congreso Nacional. Si la Cámara de Diputados logra aprobar en el recinto el proyecto de ley de ficha limpia, se habrá dado el fundamental –y largamente demorado– primer paso para impedir que condenados judiciales en segunda instancia puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
Hace ya ocho años que Pro presentó esa iniciativa tan imprescindible como la ley que exige el uso de la boleta única de papel (BUP) para la elección de cargos nacionales, sancionada recientemente y reglamentada ayer por Poder Ejecutivo.
La diputada Silvia Lospennato (Buenos Aires), autora del proyecto de ficha limpia, fue al hueso del asunto al espolear a quienes la semana pasada retacearon su apoyo parlamentario: “Cuando hay un robo de un niño, venimos [al recinto] a modificar la ley de trata; cuando hay incendios intencionales, venimos a subir las penas. En una Argentina carcomida por la corrupción, donde hay miles de millones que faltan porque se los robaron –se robaron hasta las vacunas–, nos demoramos ocho años”.
El quorum en la Cámara baja se conforma con 129 legisladores sentados en sus bancas. La semana pasada faltó solo uno para alcanzarlo. Las ausencias provinieron de casi todas las bancadas: algunas totalmente justificadas, como los casos de enfermedad acreditados, pero hubo llegadas tarde, legisladores de los que no se sabe por qué razón no contribuyeron a dar comienzo a la sesión, otros que se sentaban y paraban como si jugaran al juego de la silla sopesando si colaboraban o no con la obtención del número, no pocos digitados por gobernadores que reclamaban beneficios sectoriales a cambio de avales, y un buen número de diputados que abierta o calladamente atribuían y atribuyen como finalidad exclusiva de la eventual sanción de la ley dejar fuera de carrera electoral en 2025 a Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos por el caso Vialidad.
Entre estos últimos están los que sostienen que ninguna ley puede tener aplicación retroactiva y que, como la condena con doble conforme a la expresidenta antecede a la norma que se pretende sancionar, no le sería aplicable. En la vereda de enfrente están quienes argumentan que la ley en debate solo pone condiciones para la elegibilidad de todos los candidatos y no de uno en particular y que en 2009 –recordó Lospennato– se aprobó a instancias del kirchnerismo que los procesados por delitos de lesa humanidad no pueden presentarse a competir por cargos electivos, siendo que los delitos de los que se los acusa databan ya entonces de varias décadas atrás. Otra comparación, no exenta de lógica, la deslizó un veterano analista parlamentario: “Es como cuando te piden un certificado de antecedentes penales antes de ingresar en un trabajo. Quieren saber si ya sos delincuente, no si lo vas a ser después de darte el empleo”.
Es muy probable que, de sancionarse la ley de ficha limpia, termine en Tribunales. Como se sabe, muchas presentaciones judiciales persiguen un único fin: empantanar el proceso y, en este caso, se trata lisa y llanamente, de darles tiempo a los corruptos para que vuelvan a conseguir fueros bajo el paraguas de una banca legislativa. He ahí una malversación de otro significado: el de los fueros, que se instituyeron para que los legisladores sean libres de emitir sus opiniones sin ser encarcelados por ello, a menos que el mismo Congreso les quite esa inmunidad.
“No queremos ni coimeros ni ladrones ni lavadores de guita ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta”, retrucó la diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) tras la caída de la anterior sesión.
Si Diputados lograra mañana conseguir quorum, deberá luego obtener la misma mayoría de votos –129– para aprobar la norma, que pasará a ser debatida en el Senado, donde se estima que el kirchnerismo y sus aliados no le allanarían el trayecto fácilmente.
Es necesario que cierta dirigencia política comprenda que la mayoría de la sociedad viene reclamando, cada vez con mayor intensidad, reglas de juego claras, que las leyes se cumplan y que sean condenados debidamente quienes han cometido delitos. Una sociedad que aspira a que el Congreso vuelva a ser honorable y no un aguantadero en el que los corruptos encuentren asilo, cobren dietas siderales que pagamos todos y, peor aún, que legislen sobre las vidas del conjunto de los habitantes.
Mañana, insistimos, será un día clave. Un primer paso importantísimo para empezar a poner las cosas en su debido lugar.
Es de esperar que quienes pregonan el saneamiento de los partidos políticos y la transparencia electoral den mañana el primer paso en el Congreso LA NACION
