Desde hace cuatro años se dirime en La Pampa un conflicto entre la política y el campo sobre prácticas agronómicas que ha entrado, en principio, en zona de negociación. Debió esto haber ocurrido mucho antes y de manera más abierta, más ventilada, de la que se pretende resguardar en secreto inexplicable.
Hace cuatro años se dictó en la provincia la ley 3288, referida a la gestión integral de plaguicidas, pero en lugar de haber sido reglamentada dentro de los 120 días siguientes a su sanción, sigue en el limbo de una administración que demoró hasta aquí el cumplimiento de la subsiguiente sanción legal que correspondía. La ley, en sí misma, es de exorbitancia restrictiva para los productores y en línea con todos los excesos que aquí, como en otras partes del mundo, se han manifestado en las últimas décadas, a tenor de un falso progresismo que ha pretendido alterarlo todo en nombre, curiosamente, de valores que destruye; desde las cuestiones de género hasta la lógica interna y estructura gramatical de las lenguas que se hablan.
El gobernador peronista Sergio Ziliotto, a pesar de su condición de veterinario, ha sido visto con desconfianza por las fuerzas productivas del campo. Sus arengas kirchneristas han estado lejos de comprender el papel fundamental de la producción agropecuaria para el país y, en particular, para su propia provincia, que depende esencialmente de las actividades rurales. Ha dicho que la ley 3288 no se puede tocar, como si una ley no pudiera ser derogada o modificada por otra ulterior.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto sea utilizado para llegar a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales mayores a las que afectan a cualquier otro sector
La Legislatura provincial está empatada entre la oposición y el oficialismo y, en última instancia, en una votación parecida a la de la famosa resolución 125 en 2008 en el Senado de la Nación, aquí definiría la situación la vicegobernadora.
La Nación, por intermedio de la vicepresidenta del INTA, María Giraudo, hizo saber su posición, coincidente con la mesa de entidades que viene luchando para evitar que más de 200.000 hectáreas activas sean condenadas a la improductividad y se pierda una facturación anual estimada en 276.000 millones de pesos. Tanto Carbap como la Federación Agraria Argentina, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina han hecho en la Mesa de Enlace pampeana aportes conceptuales en el sentido de que la ley cuestionada desconoce los avances tecnológicos disponibles para trabajar con buenas prácticas agrícolas.
Las restricciones sin suficientes evidencias científicas, como dijo Giraudo, no pueden regir a tontas ni locas, sobre todo cuando existen instituciones de la seriedad del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) que autorizan los agroquímicos según normas estrictas sobre uso y aplicación. No solo eso: deben ser las provincias y no las intendencias los actores que actúen en representación del interés general a fin de evitar un caos de reglas que se sumaría a las perturbaciones burocráticas que afectan, en otro orden, a usuarios de agroquímicos, técnicos, distribuidores, expendedores y aplicadores. Por ejemplo, lo lógico que es que las aplicaciones sore los cultivos se hagan con aviso previo e indicación suficiente de los insumos por utilizar, y no después de obtenerse una autorización expresa de la autoridad local, con el riesgo de demoras y trámites a veces poco transparentes que enervan el trabajo rural.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto con participación de la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González, sea utilizado para llegar a la brevedad a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales incomparablemente mayores a las que afectan a cualquier otro sector de la economía nacional.
Desde hace cuatro años se dirime en La Pampa un conflicto entre la política y el campo sobre prácticas agronómicas que ha entrado, en principio, en zona de negociación. Debió esto haber ocurrido mucho antes y de manera más abierta, más ventilada, de la que se pretende resguardar en secreto inexplicable.
Hace cuatro años se dictó en la provincia la ley 3288, referida a la gestión integral de plaguicidas, pero en lugar de haber sido reglamentada dentro de los 120 días siguientes a su sanción, sigue en el limbo de una administración que demoró hasta aquí el cumplimiento de la subsiguiente sanción legal que correspondía. La ley, en sí misma, es de exorbitancia restrictiva para los productores y en línea con todos los excesos que aquí, como en otras partes del mundo, se han manifestado en las últimas décadas, a tenor de un falso progresismo que ha pretendido alterarlo todo en nombre, curiosamente, de valores que destruye; desde las cuestiones de género hasta la lógica interna y estructura gramatical de las lenguas que se hablan.
El gobernador peronista Sergio Ziliotto, a pesar de su condición de veterinario, ha sido visto con desconfianza por las fuerzas productivas del campo. Sus arengas kirchneristas han estado lejos de comprender el papel fundamental de la producción agropecuaria para el país y, en particular, para su propia provincia, que depende esencialmente de las actividades rurales. Ha dicho que la ley 3288 no se puede tocar, como si una ley no pudiera ser derogada o modificada por otra ulterior.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto sea utilizado para llegar a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales mayores a las que afectan a cualquier otro sector
La Legislatura provincial está empatada entre la oposición y el oficialismo y, en última instancia, en una votación parecida a la de la famosa resolución 125 en 2008 en el Senado de la Nación, aquí definiría la situación la vicegobernadora.
La Nación, por intermedio de la vicepresidenta del INTA, María Giraudo, hizo saber su posición, coincidente con la mesa de entidades que viene luchando para evitar que más de 200.000 hectáreas activas sean condenadas a la improductividad y se pierda una facturación anual estimada en 276.000 millones de pesos. Tanto Carbap como la Federación Agraria Argentina, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina han hecho en la Mesa de Enlace pampeana aportes conceptuales en el sentido de que la ley cuestionada desconoce los avances tecnológicos disponibles para trabajar con buenas prácticas agrícolas.
Las restricciones sin suficientes evidencias científicas, como dijo Giraudo, no pueden regir a tontas ni locas, sobre todo cuando existen instituciones de la seriedad del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) que autorizan los agroquímicos según normas estrictas sobre uso y aplicación. No solo eso: deben ser las provincias y no las intendencias los actores que actúen en representación del interés general a fin de evitar un caos de reglas que se sumaría a las perturbaciones burocráticas que afectan, en otro orden, a usuarios de agroquímicos, técnicos, distribuidores, expendedores y aplicadores. Por ejemplo, lo lógico que es que las aplicaciones sore los cultivos se hagan con aviso previo e indicación suficiente de los insumos por utilizar, y no después de obtenerse una autorización expresa de la autoridad local, con el riesgo de demoras y trámites a veces poco transparentes que enervan el trabajo rural.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto con participación de la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González, sea utilizado para llegar a la brevedad a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales incomparablemente mayores a las que afectan a cualquier otro sector de la economía nacional.
Es llamativo que el gobernador pampeano insista en arengas que están lejos de comprender el papel fundamental de la principal actividad de su provincia LA NACION
