La preocupación por la evolución de los precios de la hacienda y la carne vacuna llegó a la Sociedad Rural Argentina (SRA) que, en un informe, marcó la diferencia entre el incremento del índice de precios al consumidor y los valores del ganado en pie y de los cortes vacunos en el mostrador.
“Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, el precio de la hacienda aumentó, en promedio, un 41%, y el de la carne al consumidor un 59%, mientras que el IPC registró un incremento del 107%. Este comportamiento se profundizó aún más en octubre, cuando los valores de la hacienda mostraron una evolución negativa: el novillo de consumo cayó un 0,6% y el ternero de cría un 5,6%”, destacó el trabajo.
Nicolás Pino, presidente de la SRA, expresó que en sus recorridas y contactos con productores recogió la preocupación por ese escenario y el titular de la comisión de carnes de la entidad, Carlos Odriozola, expresó que esa diferencia “genera falta de certidumbre en la planificación de las inversiones por parte de los productores”.
Esto sucedió en la misma semana en la que el Gobierno derogó una norma histórica del kirchnerismo. Se trata de la resolución 1 que firmó el entonces secretario de Coordinación económica, luego secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que en abril de 2006 fijó precios de referencia para la carne y de la hacienda y curiosamente estableció un fideicomiso con una duración de 99 años. Aunque el kirchnerismo, como se recordará, ya había tomado algunas decisiones para intervenir en el mercado de la hacienda y las carnes, aquella norma fue la piedra angular sobre la que se montó el edificio de intervención que frenó la actividad ganadera y de las carnes durante una década, lo que se retomó en el período 2019/2023.
Pese a que desde diciembre pasado este tipo de normas ya no tenían aplicación práctica, su eliminación formal representa un hito que debe ser recordado sobre lo que no hay que hacer. Las consecuencias de esa norma y otras posteriores como las que se dictaron en 2008, en pleno conflicto con el campo, fueron devastadoras para la actividad y aún hoy cuesta recuperarse del cierre de frigoríficos, de la caída del stock y de la pérdida de mercados. Esa política no sirvió ni a consumidores ni a productores.
Ahora el escenario es otro, pero vale la pena recordar lo que significó aquella concepción de la participación del Estado en la actividad privada para que los futuros gobernantes no incurran en la misma decisión. Como recuerdan los especialistas, los controles del mercado de la carne y de la hacienda son tan extensos como la historia misma de la Argentina.
Por el contrario, hay que mirar lo que sucede en otros países que no aplicaron estas políticas para comprobar cómo han crecido en términos de producción ganadera e industrial. El caso más evidente es Brasil, que no solo logró multiplicar su stock y mejorar la calidad de su ganado bovino por el trabajo de sus productores y de la genética que incorporaron, incluida la de la Argentina, sino también como la industria logró dar el salto internacional al punto de dominar el negocio de la carne a nivel global.
Ahora, el desafío que enfrenta la ganadería y el negocio de las carnes en la Argentina va mucho más allá que los avatares del presente en el mercado doméstico. Esto quedó en evidencia en los últimos días cuando el CEO de la cadena de supermercados Carrefour en Francia, Alexandre Bompard, dijo que no iba a comprar carne de los países del Mercosur si se concretaba el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque regional que forman Brasil Uruguay Paraguay y la Argentina.
Por supuesto, la excusa es el falso interés por el cuidado del ambiente, cuando en rigor se sabe quieren enviar un mensaje demagógico a los propios productores franceses, acorralados por el Pacto Verde que impulsa la UE. La mayoría de los gobiernos europeos parece estar empeñado en destruir a su propia actividad agropecuaria y algunos productores prefieren buscar culpables en los países del Mercosur.
La ecuación del negocio ganadero en el corto plazo seguirá siendo difícil de resolver hasta tanto la recuperación de la economía no sea generalizada, especialmente por la reactivación del consumo interno. Pero, al eliminarse trabas y reducirse el peso de los impuestos, se están sentando las bases para que la actividad tenga un horizonte certero de crecimiento en el futuro. Es la mejor manera de encarar los desafíos y exigencias que vienen de afuera.
La preocupación por la evolución de los precios de la hacienda y la carne vacuna llegó a la Sociedad Rural Argentina (SRA) que, en un informe, marcó la diferencia entre el incremento del índice de precios al consumidor y los valores del ganado en pie y de los cortes vacunos en el mostrador.
“Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, el precio de la hacienda aumentó, en promedio, un 41%, y el de la carne al consumidor un 59%, mientras que el IPC registró un incremento del 107%. Este comportamiento se profundizó aún más en octubre, cuando los valores de la hacienda mostraron una evolución negativa: el novillo de consumo cayó un 0,6% y el ternero de cría un 5,6%”, destacó el trabajo.
Nicolás Pino, presidente de la SRA, expresó que en sus recorridas y contactos con productores recogió la preocupación por ese escenario y el titular de la comisión de carnes de la entidad, Carlos Odriozola, expresó que esa diferencia “genera falta de certidumbre en la planificación de las inversiones por parte de los productores”.
Esto sucedió en la misma semana en la que el Gobierno derogó una norma histórica del kirchnerismo. Se trata de la resolución 1 que firmó el entonces secretario de Coordinación económica, luego secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que en abril de 2006 fijó precios de referencia para la carne y de la hacienda y curiosamente estableció un fideicomiso con una duración de 99 años. Aunque el kirchnerismo, como se recordará, ya había tomado algunas decisiones para intervenir en el mercado de la hacienda y las carnes, aquella norma fue la piedra angular sobre la que se montó el edificio de intervención que frenó la actividad ganadera y de las carnes durante una década, lo que se retomó en el período 2019/2023.
Pese a que desde diciembre pasado este tipo de normas ya no tenían aplicación práctica, su eliminación formal representa un hito que debe ser recordado sobre lo que no hay que hacer. Las consecuencias de esa norma y otras posteriores como las que se dictaron en 2008, en pleno conflicto con el campo, fueron devastadoras para la actividad y aún hoy cuesta recuperarse del cierre de frigoríficos, de la caída del stock y de la pérdida de mercados. Esa política no sirvió ni a consumidores ni a productores.
Ahora el escenario es otro, pero vale la pena recordar lo que significó aquella concepción de la participación del Estado en la actividad privada para que los futuros gobernantes no incurran en la misma decisión. Como recuerdan los especialistas, los controles del mercado de la carne y de la hacienda son tan extensos como la historia misma de la Argentina.
Por el contrario, hay que mirar lo que sucede en otros países que no aplicaron estas políticas para comprobar cómo han crecido en términos de producción ganadera e industrial. El caso más evidente es Brasil, que no solo logró multiplicar su stock y mejorar la calidad de su ganado bovino por el trabajo de sus productores y de la genética que incorporaron, incluida la de la Argentina, sino también como la industria logró dar el salto internacional al punto de dominar el negocio de la carne a nivel global.
Ahora, el desafío que enfrenta la ganadería y el negocio de las carnes en la Argentina va mucho más allá que los avatares del presente en el mercado doméstico. Esto quedó en evidencia en los últimos días cuando el CEO de la cadena de supermercados Carrefour en Francia, Alexandre Bompard, dijo que no iba a comprar carne de los países del Mercosur si se concretaba el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque regional que forman Brasil Uruguay Paraguay y la Argentina.
Por supuesto, la excusa es el falso interés por el cuidado del ambiente, cuando en rigor se sabe quieren enviar un mensaje demagógico a los propios productores franceses, acorralados por el Pacto Verde que impulsa la UE. La mayoría de los gobiernos europeos parece estar empeñado en destruir a su propia actividad agropecuaria y algunos productores prefieren buscar culpables en los países del Mercosur.
La ecuación del negocio ganadero en el corto plazo seguirá siendo difícil de resolver hasta tanto la recuperación de la economía no sea generalizada, especialmente por la reactivación del consumo interno. Pero, al eliminarse trabas y reducirse el peso de los impuestos, se están sentando las bases para que la actividad tenga un horizonte certero de crecimiento en el futuro. Es la mejor manera de encarar los desafíos y exigencias que vienen de afuera.
Hay preocupación por el retraso de los precios de la hacienda en los últimos meses mientras el Gobierno busca dar señales de largo plazo para la actividad con la derogación de normas intervencionistas; crece la presión europea contra el Mercosur LA NACION
