Escándalo en Rosario. Allanaron el despacho del juez federal Bailaque, investigado por actos de corrupción con la AFIP y la Aduana
ROSARIO.- Agentes de fuerzas federales realizaron este jueves varios allanamientos, entre ellos, en el juzgado federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, que está siendo investigado por su desempeño en causas judiciales vinculadas a otras dependencias estatales, como AFIP y Aduana, cuyas sedes en Rosario también fueron requisadas por orden de varias fiscalías que trabajan en conjunto, entre ellas, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La fiscalía federal inició una investigación contra Bailaque, luego de que LA NACION publicara el 11 de junio pasado que el magistrado compartía su contador Gabriel Mizzau con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado, y que el hijo de este profesional había ingresado a trabajar en el juzgado federal. Luego, la diputada provincial Lionella Cattalini presentó una denuncia en el fuero federal.
Las fuentes judiciales consultadas por LA NACION señalaron que a partir de que empezaron a analizar distintas causas en las que había actuado Bailaque se encontraron con sospechas de que el magistrado era uno de los protagonistas de un presunto sistema de corrupción en el que interactuaban otras dependencias estatales, como AFIP y Aduana, y también estudios jurídico-contables de relevancia en Rosario.
Durante la mañana de este jueves, los funcionarios y empleados que trabajan en la sede de los tribunales de Rosario del bulevar Oroño quedaron envueltos en un clima de perplejidad cuando vieron ingresar en los despachos del juzgado de Bailaque a agentes de la Policía Federal. Fuentes judiciales usaron el término “requisas” para catalogar el despliegue policial, que terminó con el secuestro de documentación y de los celulares del magistrado y de su secretario.
Al mediodía los allanamientos continuaban en distintos puntos de las ciudades de Santa Fe y Rosario. En esta última, los efectivos también irrumpieron en las sedes de la Aduana y AFIP, donde también se produjo la incautación de documentación y de los teléfonos celulares de altos funcionarios de esas dependencias.
Según señalaron fuentes cercanas a la investigación, las maniobras que están bajo sospechas serían similares a las que llevaba adelante el Mendoza el exjuez federal Walter Bento, acusado de cobro de coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este magistrado fue destituido por el tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura en noviembre pasado y ahora enfrenta un juicio y está detenido en el penal de Campo Cacheuta.
A la par de esta causa judicial, Bailaque está siendo sometido a una investigación en el Consejo de la Magistratura, donde se analiza su desempeño en la causa contra el jefe narco Esteban Alvarado, que está preso actualmente en el penal de Marcos Paz.
Ese proceso se inició en abril y ya pasaron varios testigos, pero el Consejo de la Magistratura aún no resolvió si sancionará o destituirá al magistrado rosarino. El avance de la causa judicial que provocó una serie de allanamientos este jueves podría ejercer presión para un apartamiento de Bailaque de su cargo.
El magistrado rosarino está en la mira desde hace tiempo. En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo.
El juez al que no mencionaron era Bailaque que rechazó pedidos intervenciones de los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.
La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo llevaba adelante la diputada Roxana Reyes, que fue recusada por Bailaque.
Schiappa Pietra y Edery fueron los que pusieron en evidencia que en 2013 Bailaque había desestimado importante evidencia contra Alvarado. Según afirmaron los fiscales, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó pedidos de intervenciones telefónicas de los sospechosos que cambiaban de líneas y números.
LA NACION reveló una historia que tiene al contador Gabriel Mizzau y al juez como protagonistas. Este profesional trabaja para el magistrado, a quien le lleva sus cuentas, y también lo hizo para Alvarado, el jefe narco más poderoso de Rosario. Los balances de las empresas, como Logística Santino, con las que Alvarado lavó dinero llevan la firma de Mizzau.
Además, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 a trabajar al juzgado de Bailaque. Uno de los balances que firmó Mizzau en la empresa de transporte que manejaba el jefe narco es de 2017, año en que su hijo ingresó al juzgado como sumariante. Hace un mes y medio fue trasladado, como una especie de ascenso, al Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. El juez admitió en diálogo con este diario las dos situaciones polémicas: que su contador es Mizzau y que el hijo de este ingresó como sumariante en el juzgado federal a su cargo.
La dinámica de la justicia federal de Rosario muestra que alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciendo. “Sale hacia arriba”, ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario Bailaque, pasó eso.
Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso. Esta opción, después de lo que sucedió este jueves es probable que queda a un costado.
ROSARIO.- Agentes de fuerzas federales realizaron este jueves varios allanamientos, entre ellos, en el juzgado federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, que está siendo investigado por su desempeño en causas judiciales vinculadas a otras dependencias estatales, como AFIP y Aduana, cuyas sedes en Rosario también fueron requisadas por orden de varias fiscalías que trabajan en conjunto, entre ellas, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La fiscalía federal inició una investigación contra Bailaque, luego de que LA NACION publicara el 11 de junio pasado que el magistrado compartía su contador Gabriel Mizzau con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado, y que el hijo de este profesional había ingresado a trabajar en el juzgado federal. Luego, la diputada provincial Lionella Cattalini presentó una denuncia en el fuero federal.
Las fuentes judiciales consultadas por LA NACION señalaron que a partir de que empezaron a analizar distintas causas en las que había actuado Bailaque se encontraron con sospechas de que el magistrado era uno de los protagonistas de un presunto sistema de corrupción en el que interactuaban otras dependencias estatales, como AFIP y Aduana, y también estudios jurídico-contables de relevancia en Rosario.
Durante la mañana de este jueves, los funcionarios y empleados que trabajan en la sede de los tribunales de Rosario del bulevar Oroño quedaron envueltos en un clima de perplejidad cuando vieron ingresar en los despachos del juzgado de Bailaque a agentes de la Policía Federal. Fuentes judiciales usaron el término “requisas” para catalogar el despliegue policial, que terminó con el secuestro de documentación y de los celulares del magistrado y de su secretario.
Al mediodía los allanamientos continuaban en distintos puntos de las ciudades de Santa Fe y Rosario. En esta última, los efectivos también irrumpieron en las sedes de la Aduana y AFIP, donde también se produjo la incautación de documentación y de los teléfonos celulares de altos funcionarios de esas dependencias.
Según señalaron fuentes cercanas a la investigación, las maniobras que están bajo sospechas serían similares a las que llevaba adelante el Mendoza el exjuez federal Walter Bento, acusado de cobro de coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este magistrado fue destituido por el tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura en noviembre pasado y ahora enfrenta un juicio y está detenido en el penal de Campo Cacheuta.
A la par de esta causa judicial, Bailaque está siendo sometido a una investigación en el Consejo de la Magistratura, donde se analiza su desempeño en la causa contra el jefe narco Esteban Alvarado, que está preso actualmente en el penal de Marcos Paz.
Ese proceso se inició en abril y ya pasaron varios testigos, pero el Consejo de la Magistratura aún no resolvió si sancionará o destituirá al magistrado rosarino. El avance de la causa judicial que provocó una serie de allanamientos este jueves podría ejercer presión para un apartamiento de Bailaque de su cargo.
El magistrado rosarino está en la mira desde hace tiempo. En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo.
El juez al que no mencionaron era Bailaque que rechazó pedidos intervenciones de los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.
La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo llevaba adelante la diputada Roxana Reyes, que fue recusada por Bailaque.
Schiappa Pietra y Edery fueron los que pusieron en evidencia que en 2013 Bailaque había desestimado importante evidencia contra Alvarado. Según afirmaron los fiscales, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó pedidos de intervenciones telefónicas de los sospechosos que cambiaban de líneas y números.
LA NACION reveló una historia que tiene al contador Gabriel Mizzau y al juez como protagonistas. Este profesional trabaja para el magistrado, a quien le lleva sus cuentas, y también lo hizo para Alvarado, el jefe narco más poderoso de Rosario. Los balances de las empresas, como Logística Santino, con las que Alvarado lavó dinero llevan la firma de Mizzau.
Además, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 a trabajar al juzgado de Bailaque. Uno de los balances que firmó Mizzau en la empresa de transporte que manejaba el jefe narco es de 2017, año en que su hijo ingresó al juzgado como sumariante. Hace un mes y medio fue trasladado, como una especie de ascenso, al Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. El juez admitió en diálogo con este diario las dos situaciones polémicas: que su contador es Mizzau y que el hijo de este ingresó como sumariante en el juzgado federal a su cargo.
La dinámica de la justicia federal de Rosario muestra que alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciendo. “Sale hacia arriba”, ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario Bailaque, pasó eso.
Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso. Esta opción, después de lo que sucedió este jueves es probable que queda a un costado.
Agentes federales secuestraron los celulares del magistrado y su secretario; también requisaron las sedes de organismos públicos LA NACION
