Se levantó el paro de colectivos del jueves 31 de octubre: hubo acuerdo entre la UTA y las empresas
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los trabajadores de las principales líneas de colectivos del país, levantó el paro previsto para este jueves 31 de octubre luego de llegar a un acuerdo de recomposición salarial con el Gobierno y las cámaras empresariales. La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes del sindicato y luego ratificada por la administración de Javier Milei, a través de un comunicado que no ofreció detalles sobre los avances alcanzados.
Fuentes del sector consultadas por LA NACION apuntaron que la Casa Rosada habría aceptado ceder $18.700 millones mensuales más en concepto de subsidios, sin admitir una suba de tarifas, porque considera que podría tener un impacto negativo en la inflación.
El anuncio del “principio de acuerdo” llegó tras largas horas de negociación en la Secretaría de Trabajo, sin la presencia –por viaje– de su titular, Julio Cordero. En el encuentro participaron representantes del gremio comandado por Roberto Fernández y las principales cámaras empresariales –Aaeta, CEAP, Ctpba y Ceutupba–, en un intento de revertir la amenaza de paro que el titular de la UTA había lanzado para este jueves.
Fernández, distanciado de los sindicalistas del transporte que este miércoles coordinaron el paro de trenes, subtes, camiones, aviones, taxis y barcos, había decidido no plegarse a esa huelga del sector y, en cambio, anunció que su protesta se realizaría por separado, un día después, lo que se interpretó como un guiño para el gobierno libertario y una ventana abierta para llegar a un acuerdo.
La Casa Rosada, por su parte, se cuidó de aislar a Fernández de las duras críticas que dedicó en estos días a los gremialistas Pablo Moyano (camioneros) y Pablo Biró (pilotos), sobre quienes volcó las culpas de los percances que generó el paro de transporte sobre los ciudadanos. Con Fernández “se puede hablar”, contrastaban en la Casa Rosada.
La UTA estaba en conflicto con las cámaras empresarias del sector y este lunes se había vencido el plazo para una conciliación obligatoria, que no podría ser extendida por la Secretaría de Trabajo.
El gremio venía solicitando un salario básico para agosto de $1.160.000, base para calcular las subas de septiembre ($1.200.600), octubre ($1.242.621), noviembre ($1.283.627) y diciembre ($1.322.136). El lunes se realizó una reunión en Trabajo, que fracasó, pero el Gobierno mantuvo abiertos los canales de diálogo con Fernández hasta la cumbre de hoy.
La UTA, por su parte, también mantuvo al administración libertaria fuera de sus críticas. Este lunes, a través de un comunicado, advirtió que “el Estado nacional ha asignado un incremento de las partidas para las empresas destinado al aumento salarial de agosto, septiembre y octubre por $17.877.000.000 y los trabajadores no lo han percibido en sus salarios”. Y agregó: “Por eso, el Estado debe exigir a las empresas para garantizar la protección de los trabajadores (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y asegurar el funcionamiento del sistema como responsable directo del transporte de pasajeros”.
“Esperamos que tanto las empresas como las autoridades se hagan responsables ante la sociedad, y se comprometan a acordar los salarios, evitando la medida que genera tanto daño para los trabajadores y los usuarios del transporte”, concluía el comunicado.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los trabajadores de las principales líneas de colectivos del país, levantó el paro previsto para este jueves 31 de octubre luego de llegar a un acuerdo de recomposición salarial con el Gobierno y las cámaras empresariales. La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes del sindicato y luego ratificada por la administración de Javier Milei, a través de un comunicado que no ofreció detalles sobre los avances alcanzados.
Fuentes del sector consultadas por LA NACION apuntaron que la Casa Rosada habría aceptado ceder $18.700 millones mensuales más en concepto de subsidios, sin admitir una suba de tarifas, porque considera que podría tener un impacto negativo en la inflación.
El anuncio del “principio de acuerdo” llegó tras largas horas de negociación en la Secretaría de Trabajo, sin la presencia –por viaje– de su titular, Julio Cordero. En el encuentro participaron representantes del gremio comandado por Roberto Fernández y las principales cámaras empresariales –Aaeta, CEAP, Ctpba y Ceutupba–, en un intento de revertir la amenaza de paro que el titular de la UTA había lanzado para este jueves.
Fernández, distanciado de los sindicalistas del transporte que este miércoles coordinaron el paro de trenes, subtes, camiones, aviones, taxis y barcos, había decidido no plegarse a esa huelga del sector y, en cambio, anunció que su protesta se realizaría por separado, un día después, lo que se interpretó como un guiño para el gobierno libertario y una ventana abierta para llegar a un acuerdo.
La Casa Rosada, por su parte, se cuidó de aislar a Fernández de las duras críticas que dedicó en estos días a los gremialistas Pablo Moyano (camioneros) y Pablo Biró (pilotos), sobre quienes volcó las culpas de los percances que generó el paro de transporte sobre los ciudadanos. Con Fernández “se puede hablar”, contrastaban en la Casa Rosada.
La UTA estaba en conflicto con las cámaras empresarias del sector y este lunes se había vencido el plazo para una conciliación obligatoria, que no podría ser extendida por la Secretaría de Trabajo.
El gremio venía solicitando un salario básico para agosto de $1.160.000, base para calcular las subas de septiembre ($1.200.600), octubre ($1.242.621), noviembre ($1.283.627) y diciembre ($1.322.136). El lunes se realizó una reunión en Trabajo, que fracasó, pero el Gobierno mantuvo abiertos los canales de diálogo con Fernández hasta la cumbre de hoy.
La UTA, por su parte, también mantuvo al administración libertaria fuera de sus críticas. Este lunes, a través de un comunicado, advirtió que “el Estado nacional ha asignado un incremento de las partidas para las empresas destinado al aumento salarial de agosto, septiembre y octubre por $17.877.000.000 y los trabajadores no lo han percibido en sus salarios”. Y agregó: “Por eso, el Estado debe exigir a las empresas para garantizar la protección de los trabajadores (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y asegurar el funcionamiento del sistema como responsable directo del transporte de pasajeros”.
“Esperamos que tanto las empresas como las autoridades se hagan responsables ante la sociedad, y se comprometan a acordar los salarios, evitando la medida que genera tanto daño para los trabajadores y los usuarios del transporte”, concluía el comunicado.
El Gobierno celebró el cierre de las negociaciones con el gremio que conduce Roberto Fernández, al que había aislado de las críticas que lanzó contra otros sindicalistas del transporte LA NACION
