El Gobierno se prepara para anunciar en las próximas horas el fin de los cargos hereditarios en el sector público. Según dijeron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, el anuncio, que podría concretarse este jueves, apunta “a terminar con privilegios de los empleados públicos”.
La medida se suma a la búsqueda de reducir los puestos en el Estado, que esta semana tuvo novedades con el anuncio de la reubicación y pase a disponibilidad de 3100 cargos en la ex-AFIP, además de la intimación para que 10.000 personas en condiciones de jubilarse inicien el trámite en el corto plazo. Esas decisiones se suman al número de empleados estatales que saldrán de la órbita pública con la futura privatización, anunciada este miércoles, del Belgrano Cargas.
La medida alcanzaría a los organismos estatales que tienen contemplados en sus estatutos la posibilidad de que, ante el fallecimiento de un empleado, pueda reemplazarlo un familiar o cónyuge. La decisión sería concretada vía decreto.
El beneficio ya había sido disuelto durante la presidencia de Mauricio Macri, quien lo hizo a través del decreto 732/2018, que estuvo vigente hasta que Alberto Fernández, en 2019, decidió reponerlo.
En su decreto, Macri aludió a distintos artículos de la Constitución Nacional, leyes y tratados, para sostener: “Las personas deben ser seleccionadas para acceder al cargo público sobre la base de su idoneidad para ejercerlo, acreditada a través de un proceso que no conceda privilegios o preferencias discriminatorias y reñidas con el derecho de igualdad”.
Entre los organismos en los que se da la posibilidad de ingreso por el fallecimiento de un familiar están el Banco Central y la AFIP, entre otros.
Sobre el tema ya había un proyecto de ley del diputado por Santa Fe Alejandro Bongiovanni, de Pro. “Hay varios órganos y entes del sector público nacional que otorgan una curiosísima y descarada prerrogativa de sangre a sus empleados de planta permanente”, argumentó el legislador, quien recordó que hay espacios en los que se prevé, ante la muerte de un empleado, que sus hijos, cónyuges o convivientes tienen “derecho” a “heredar el puesto”.
Presentado en marzo pasado, el proyecto de Bongiovanni apuntaba a eliminar la herencia de cargos y sancionar a los funcionarios que dicten normas internas que vulneren la prohibición.
Déficit cero
El Gobierno avanzó este miércoles con 10.000 intimaciones –6800 fueron dirigidas a empleados de planta permanente– para iniciar trámites de jubilación. Fueron ordenadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se suman a 40.000 contratos transitorios que vencen a fin de año y que deberán atravesar previamente un examen de idoneidad, establecido también por el funcionario.
A esas bajas se suman los 3155 despidos anunciados junto a la disolución de la AFIP y su recambio por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). También, las dispuestas en el Senado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Todo junto conforma un combo que busca acercarse a los 75.000 despidos que el propio Milei planteó como meta en junio pasado. Fuentes gremiales llevan contabilizados 28.000 despidos.
Fuentes oficiales defienden la ofensiva, que comenzó a principios de año, con el objetivo de contribuir al equilibrio fiscal y el déficit cero que promueve el Gobierno como uno de los pilares de su política económica.
El Gobierno se prepara para anunciar en las próximas horas el fin de los cargos hereditarios en el sector público. Según dijeron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, el anuncio, que podría concretarse este jueves, apunta “a terminar con privilegios de los empleados públicos”.
La medida se suma a la búsqueda de reducir los puestos en el Estado, que esta semana tuvo novedades con el anuncio de la reubicación y pase a disponibilidad de 3100 cargos en la ex-AFIP, además de la intimación para que 10.000 personas en condiciones de jubilarse inicien el trámite en el corto plazo. Esas decisiones se suman al número de empleados estatales que saldrán de la órbita pública con la futura privatización, anunciada este miércoles, del Belgrano Cargas.
La medida alcanzaría a los organismos estatales que tienen contemplados en sus estatutos la posibilidad de que, ante el fallecimiento de un empleado, pueda reemplazarlo un familiar o cónyuge. La decisión sería concretada vía decreto.
El beneficio ya había sido disuelto durante la presidencia de Mauricio Macri, quien lo hizo a través del decreto 732/2018, que estuvo vigente hasta que Alberto Fernández, en 2019, decidió reponerlo.
En su decreto, Macri aludió a distintos artículos de la Constitución Nacional, leyes y tratados, para sostener: “Las personas deben ser seleccionadas para acceder al cargo público sobre la base de su idoneidad para ejercerlo, acreditada a través de un proceso que no conceda privilegios o preferencias discriminatorias y reñidas con el derecho de igualdad”.
Entre los organismos en los que se da la posibilidad de ingreso por el fallecimiento de un familiar están el Banco Central y la AFIP, entre otros.
Sobre el tema ya había un proyecto de ley del diputado por Santa Fe Alejandro Bongiovanni, de Pro. “Hay varios órganos y entes del sector público nacional que otorgan una curiosísima y descarada prerrogativa de sangre a sus empleados de planta permanente”, argumentó el legislador, quien recordó que hay espacios en los que se prevé, ante la muerte de un empleado, que sus hijos, cónyuges o convivientes tienen “derecho” a “heredar el puesto”.
Presentado en marzo pasado, el proyecto de Bongiovanni apuntaba a eliminar la herencia de cargos y sancionar a los funcionarios que dicten normas internas que vulneren la prohibición.
Déficit cero
El Gobierno avanzó este miércoles con 10.000 intimaciones –6800 fueron dirigidas a empleados de planta permanente– para iniciar trámites de jubilación. Fueron ordenadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se suman a 40.000 contratos transitorios que vencen a fin de año y que deberán atravesar previamente un examen de idoneidad, establecido también por el funcionario.
A esas bajas se suman los 3155 despidos anunciados junto a la disolución de la AFIP y su recambio por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). También, las dispuestas en el Senado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Todo junto conforma un combo que busca acercarse a los 75.000 despidos que el propio Milei planteó como meta en junio pasado. Fuentes gremiales llevan contabilizados 28.000 despidos.
Fuentes oficiales defienden la ofensiva, que comenzó a principios de año, con el objetivo de contribuir al equilibrio fiscal y el déficit cero que promueve el Gobierno como uno de los pilares de su política económica.
Va en línea con los anuncios para reducir los cargos públicos y sus “privilegios”; alcanzaría a organismos como el Banco Central y la ex-AFIP; Macri había eliminado el beneficio, pero Alberto Fernández lo repuso LA NACION
