La tarea de desregular ocupó un lugar prioritario en el programa que Javier Milei expuso en su campaña por la presidencia de la Nación. Supone la supresión o simplificación de la intervención del Estado en las relaciones entre personas o empresas. La desregulación debe ser considerada virtuosa en la medida en que apunta a remover una intervención que obedeció a intereses particulares o sectoriales en perjuicio del conjunto económico y social.
Los beneficiarios de una regulación reciben en forma concentrada un importante beneficio, mientras que los perjudicados, que seguramente son muy numerosos, no advierten lo que les afecta y están dispersos y no organizados. Es más, muchas veces creen que la regulación operará en bien de todos porque así lo presentan hábilmente los beneficiarios directos. Por ejemplo, si se trata de la prohibición de importar un determinado bien, gran parte de los consumidores de este bien aceptarán que es una medida beneficiosa porque genera trabajo en el país. No advierten que tendrán que pagar un precio mayor y que la ausencia de competencia afectará finalmente la productividad laboral y el salario real. Esto explica por qué los gobiernos populistas son intervencionistas.
La responsabilidad de conducir la desregulación fue puesta en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue él quien coordinó la preparación de la Ley Bases y el DNU 70/23. Estas dos normas, aunque esmeriladas en su paso por el Congreso y por una acción de amparo acogida por la justicia laboral, representaron un avance desregulador. Sin embargo, poco penetraron en el bosque de innumerables leyes, decretos y resoluciones que durante años nacieron respondiendo a intereses corporativos o impulsos estatizantes meramente ideológicos. Muchas de esas normas perdieron aplicabilidad, pero siguen vivas manteniendo latente la posibilidad de su uso por algún hábil explorador de ventajas. Hay también leyes que fueron sustituidas por otras, pero no formalmente derogadas. También las hay que se corresponden con organismos que ya no existen. En todos estos casos está bien aplicada la denominación de hojarasca. Su remoción es una operación de limpieza y difícilmente encuentre una oposición significativa.
El proyecto de ley hojarasca enviado al Congreso procura derogar 63 leyes y suprimir artículos de otras cinco
Distinta será la resistencia a otras derogaciones incluidas en el proyecto de ley hojarasca remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo. Son las que verdaderamente desregulan o desestatizan o las que utilizan fondos presupuestarios o de impuestos creados a tales efectos. Algunas regulaciones afectan las libertades individuales. Más que la hojarasca que debe barrerse, estos serían hongos que han crecido en la sombra del bosque, muchos de ellos venenosos.
El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo procura derogar 63 leyes y suprimir artículos de otras cinco. Gran parte constituye verdadera hojarasca y sostener su vigencia sería ridículo, cuando no gracioso. Un ejemplo es que se imponga la obligación de obtener el carnet de mochilero a quienes viajen a dedo, o que se regulen las carreras de palomas o la internación forzosa de enfermos de lepra. Otras normas derogadas se prestan a abusos sobre las libertades individuales, como la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados u otra que impone pena de prisión a los ciudadanos argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado (ley 4034 de 1951).
La ley hojarasca debiera obtener un rápido apoyo parlamentario. Sus fundamentos residen básicamente en el sentido común y se alinean con el propósito de reducir el riesgo país y mejorar la confianza. Una cuestión clave para impulsar la inversión y emerger de las durezas del ajuste.
La tarea de desregular ocupó un lugar prioritario en el programa que Javier Milei expuso en su campaña por la presidencia de la Nación. Supone la supresión o simplificación de la intervención del Estado en las relaciones entre personas o empresas. La desregulación debe ser considerada virtuosa en la medida en que apunta a remover una intervención que obedeció a intereses particulares o sectoriales en perjuicio del conjunto económico y social.
Los beneficiarios de una regulación reciben en forma concentrada un importante beneficio, mientras que los perjudicados, que seguramente son muy numerosos, no advierten lo que les afecta y están dispersos y no organizados. Es más, muchas veces creen que la regulación operará en bien de todos porque así lo presentan hábilmente los beneficiarios directos. Por ejemplo, si se trata de la prohibición de importar un determinado bien, gran parte de los consumidores de este bien aceptarán que es una medida beneficiosa porque genera trabajo en el país. No advierten que tendrán que pagar un precio mayor y que la ausencia de competencia afectará finalmente la productividad laboral y el salario real. Esto explica por qué los gobiernos populistas son intervencionistas.
La responsabilidad de conducir la desregulación fue puesta en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue él quien coordinó la preparación de la Ley Bases y el DNU 70/23. Estas dos normas, aunque esmeriladas en su paso por el Congreso y por una acción de amparo acogida por la justicia laboral, representaron un avance desregulador. Sin embargo, poco penetraron en el bosque de innumerables leyes, decretos y resoluciones que durante años nacieron respondiendo a intereses corporativos o impulsos estatizantes meramente ideológicos. Muchas de esas normas perdieron aplicabilidad, pero siguen vivas manteniendo latente la posibilidad de su uso por algún hábil explorador de ventajas. Hay también leyes que fueron sustituidas por otras, pero no formalmente derogadas. También las hay que se corresponden con organismos que ya no existen. En todos estos casos está bien aplicada la denominación de hojarasca. Su remoción es una operación de limpieza y difícilmente encuentre una oposición significativa.
El proyecto de ley hojarasca enviado al Congreso procura derogar 63 leyes y suprimir artículos de otras cinco
Distinta será la resistencia a otras derogaciones incluidas en el proyecto de ley hojarasca remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo. Son las que verdaderamente desregulan o desestatizan o las que utilizan fondos presupuestarios o de impuestos creados a tales efectos. Algunas regulaciones afectan las libertades individuales. Más que la hojarasca que debe barrerse, estos serían hongos que han crecido en la sombra del bosque, muchos de ellos venenosos.
El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo procura derogar 63 leyes y suprimir artículos de otras cinco. Gran parte constituye verdadera hojarasca y sostener su vigencia sería ridículo, cuando no gracioso. Un ejemplo es que se imponga la obligación de obtener el carnet de mochilero a quienes viajen a dedo, o que se regulen las carreras de palomas o la internación forzosa de enfermos de lepra. Otras normas derogadas se prestan a abusos sobre las libertades individuales, como la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados u otra que impone pena de prisión a los ciudadanos argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado (ley 4034 de 1951).
La ley hojarasca debiera obtener un rápido apoyo parlamentario. Sus fundamentos residen básicamente en el sentido común y se alinean con el propósito de reducir el riesgo país y mejorar la confianza. Una cuestión clave para impulsar la inversión y emerger de las durezas del ajuste.
La iniciativa desreguladora debe ser apoyada para no seguir sosteniendo normas que han perdido aplicabilidad y afectan la seguridad jurídica LA NACION
