La polémica brava que queda en Santa Fe tras la detención y liberación de cinco gremialistasLa polémica brava que queda en Santa Fe tras la detención y liberación de cinco gremialistas
Lejos de producir distensión, la liberación de cinco sindicalistas detenidos por incidentes ocurridos frente a la Legislatura de Santa Fe hace un mes, cuando se trataba la reforma jubilatoria de estatales provinciales, mantiene muy cargada la discusión política. La fiscal que ordenó privar de la libertad a los gremialistas al final no pidió la prisión preventiva. La pregunta que cascabelea fuerte es para qué ordenó meterlos presos.
Allí las respuestas y los análisis se bifurcan. Las fiscales María Laura Urquiza y Yanina Tolosa acusaron a los sindicalistas, de ATE y del gremio provincial docente, de haber perturbado la sesión de la Legislatura y producido el delito de daños. Sostuvieron haber identificado a las personas imputadas entre una multitud de registros fílmicos, fotográficos e imágenes del 911 respecto de una gran cantidad de manifestantes que no cometieron delito.
Los ejes de los cuestionamientos son dos. El primero es que las fiscales ordenaron allanamientos contra los detenidos que una multiplicidad de entidades gremiales y sociales denunciaron como abusivos y violentos. No obstante el fuerte reproche a esas requisas, señaló la fiscal Urquiza, en la audiencia las defensas no objetaron esas medidas autorizadas por un juez.
La segunda objeción es que privaron de la libertad de personas a las que no se reclamó después prisión preventiva que es el fundamento razonable para ir a detener. Eso abre las interpretaciones políticas que hacen foco en el gobierno de Maximiliano Pullaro. Y que cuestionan un efecto simbólico de usar el proceso penal con fines políticos y no para gestionar pacíficamente la conflictividad.
Escándalo en la aprobación exprés de la reforma previsional de Pullaro
Con un Poder Ejecutivo notoriamente en sintonía con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que nuclea a los fiscales provinciales, los planteos de sindicalistas y críticos pasan porque la medida de apresar a gremialistas en el marco de conflictos induce a desalentar la protesta, imponer miedo y buscar efectos de disciplinamiento. Podrían haberlos allanado para buscar prueba y citarlos a imputativa, aducen. Se eligió la vía de meterlos presos para después no pedir que siguieran bajo encierro porque las acciones reprochadas difícilmente impliquen prisión efectiva.
La discordia está en el debate político y en la preocupación de entidades sociales que incipientemente se manifiestan. Y que creen que el paisaje nacional desalienta un contexto para la protesta con ejemplos represivos inquietantes. El más perturbador fue el de los 33 detenidos durante desmanes frente al Congreso en junio pasado por manifestarse contra la Ley Bases impulsada por Javier Milei. Llegó a haber personas con 84 días en prisión, acusadas de resistencia a la autoridad y daño agravado. Y finalmente desvinculadas todas ellas sin prosecución de causa. La manifestación que para la Justicia no cometieron delito.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Amsafe Rosario (@amsaferosario)
El 12 de septiembre pasado la Legislatura santafesina sesionó para analizar una reforma previsional que afectaba a unos 105 mil empleados estatales. Los gremios provinciales manifestaron fuerte oposición pero en el esquema de una Caja de Jubilaciones en déficit crónico e inviable hacia el futuro una mayoría legislativa estaba asegurada para garantizar reformas que impactarían en los haberes de empleados activos.
En ese panorama una multitud de trabajadores se manifestó en la explanada del Palacio Legislativo. «Es así que a las 11 horas aproximadamente, algunos grupos de personas identificados con pecheras de distintos gremios comenzaron a golpear la puerta del edificio con intención de ingresar pese a la resistencia del personal policial presente, y arrojaron todo tipo de elementos contundentes como hierros, piedras, botellas y bombas de estruendo», dijeron las fiscales.
Las acusadoras señalaron que varias personas arrancaron las rejas protectoras de las luminarias para arrojarlas contra el edificio y el personal policial y destruyeron una de las cámaras de seguridad de la explanada. Las imágenes mostraron esa violencia.
Desde gobierno y MPA hay un discurso compacto. «No hay criminalización de la protesta, hay persecución legítima a algunas personas que en la protesta violaron la ley. Un policía casi perdió un ojo, hubo daños a bienes del Estado y sobre todo se intentó frenar el funcionamiento de un órgano democrático que es justamente el que representa al pueblo», señaló un referente de la investigación.
Pero es un síntoma muy poderoso de algo fallido las fiscales que ordenaron detenciones no pidieron la prisión preventiva. Las defensoras de los gremialistas sostuvieron que no podían hacerlo por la baja perspectiva de pena de los hechos señalados y por ser la acusación genérica y mal fundamentada. «Se habla de perturbación de la sesión legislativa pero la ley se sancionó y no hay detalle del daño causado», dijo la defensora Celina Tidoni. Que subrayó el contexto: se habían propiciado detenciones luego no ratificadas en el marco de manifestaciones de protesta con amparo constitucional.
El contexto aludido es el de una fuerte disputa política que cruza el campo del trabajo. En una semana con universidades tomadas en distintos lugares de Santa Fe y el país. Y también en un terreno donde en Santa Fe el gremio docente provincial rechazó lo propuesto por el gobierno en negociaciones paritarias aunque sin ir a medidas de fuerza por primera vez en décadas. La razón es que el gobierno de Pullaro impulsó el incentivo salarial por asistencia perfecta -o presentismo como contrarían los gremios-lo que acrecentó la presencia de docentes en aulas que no quieren ver afectados sus ingresos.
Desde la oposición política y los gremios la iniciativa de poner presos a los sindicalistas, trasladarlos a cara descubiertas esposados y custodiados por policías encapuchados y con armas largas fue una puesta escena para desalentar acciones de protesta.
«Estoy muy orgulloso de la lucha que venimos dando», dijo al recibir la libertad Franco Cassasola, docente de Formación Etica muy apreciado en la Escuela Gurruchaga, el colegio secundario rosarino que tuvo estudiantes que fueron hasta Santa Fe para acompañarlo en su audiencia penal.
«La detención y el operativo fueron muy violentos. Un operativo de diez policías que rompieron la puerta de mi casa, me esposaron y me detuvieron», afirmó el dirigente gremial de 42 años. «Me quitaron pertenencias y me incautaron volantes, afiches y pecheras de Amsafé para mostrar lo peligroso que puede ser un volante que diga no a la reforma previsional. Lo que buscan es que nadie en la provincia salga a reclamar. Si Pullaro quiere amedrentar va a lograr lo contrario».
El primer artículo de la ley 13.013 que rige el funcionamiento del MPA, es decir de las fiscalías, subraya que el ejercicio de la persecución penal es gestionar pacíficamente los conflictos como objetivo central. Lo que se hizo, según los críticos, es lo contrario a lo que pide esa ley provincial.
«El MPA no tiene que realizar «el orden». Lo que hicieron las fiscales de Santa Fe fue agregar más leña al fuego», dijo un penalista docente de la Facultad de Derecho de la UNR que pide reserva de su nombre. «Cuando le rompemos a la madrugada la puerta a familias de dirigentes sociales, le metemos policías y después no les pedimos la prisión preventiva no hacemos más que atizar la violencia. Acá lo que se hizo fue todo lo contrario a gestionar pacíficamente un conflicto. Alguien dijo «vamos para adelante» y «rompámosle la cabeza a estos tipos para que aprendan».
El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, y la fiscal Urquiza señalaron que hay más personas identificadas en la comisión de hechos delictivos durante la protesta del 12 de septiembre. Este jueves para la hora de la audiencia contra los gremialistas hubo una nueva manifestación sindical frente al Palacio de Justicia de Santa Fe donde se realizaba la imputación.
Lejos de producir distensión, la liberación de cinco sindicalistas detenidos por incidentes ocurridos frente a la Legislatura de Santa Fe hace un mes, cuando se trataba la reforma jubilatoria de estatales provinciales, mantiene muy cargada la discusión política. La fiscal que ordenó privar de la libertad a los gremialistas al final no pidió la prisión preventiva. La pregunta que cascabelea fuerte es para qué ordenó meterlos presos.
Allí las respuestas y los análisis se bifurcan. Las fiscales María Laura Urquiza y Yanina Tolosa acusaron a los sindicalistas, de ATE y del gremio provincial docente, de haber perturbado la sesión de la Legislatura y producido el delito de daños. Sostuvieron haber identificado a las personas imputadas entre una multitud de registros fílmicos, fotográficos e imágenes del 911 respecto de una gran cantidad de manifestantes que no cometieron delito.
Los ejes de los cuestionamientos son dos. El primero es que las fiscales ordenaron allanamientos contra los detenidos que una multiplicidad de entidades gremiales y sociales denunciaron como abusivos y violentos. No obstante el fuerte reproche a esas requisas, señaló la fiscal Urquiza, en la audiencia las defensas no objetaron esas medidas autorizadas por un juez.
La segunda objeción es que privaron de la libertad de personas a las que no se reclamó después prisión preventiva que es el fundamento razonable para ir a detener. Eso abre las interpretaciones políticas que hacen foco en el gobierno de Maximiliano Pullaro. Y que cuestionan un efecto simbólico de usar el proceso penal con fines políticos y no para gestionar pacíficamente la conflictividad.
Escándalo en la aprobación exprés de la reforma previsional de Pullaro
Con un Poder Ejecutivo notoriamente en sintonía con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que nuclea a los fiscales provinciales, los planteos de sindicalistas y críticos pasan porque la medida de apresar a gremialistas en el marco de conflictos induce a desalentar la protesta, imponer miedo y buscar efectos de disciplinamiento. Podrían haberlos allanado para buscar prueba y citarlos a imputativa, aducen. Se eligió la vía de meterlos presos para después no pedir que siguieran bajo encierro porque las acciones reprochadas difícilmente impliquen prisión efectiva.
La discordia está en el debate político y en la preocupación de entidades sociales que incipientemente se manifiestan. Y que creen que el paisaje nacional desalienta un contexto para la protesta con ejemplos represivos inquietantes. El más perturbador fue el de los 33 detenidos durante desmanes frente al Congreso en junio pasado por manifestarse contra la Ley Bases impulsada por Javier Milei. Llegó a haber personas con 84 días en prisión, acusadas de resistencia a la autoridad y daño agravado. Y finalmente desvinculadas todas ellas sin prosecución de causa. La manifestación que para la Justicia no cometieron delito.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Amsafe Rosario (@amsaferosario)
El 12 de septiembre pasado la Legislatura santafesina sesionó para analizar una reforma previsional que afectaba a unos 105 mil empleados estatales. Los gremios provinciales manifestaron fuerte oposición pero en el esquema de una Caja de Jubilaciones en déficit crónico e inviable hacia el futuro una mayoría legislativa estaba asegurada para garantizar reformas que impactarían en los haberes de empleados activos.
En ese panorama una multitud de trabajadores se manifestó en la explanada del Palacio Legislativo. «Es así que a las 11 horas aproximadamente, algunos grupos de personas identificados con pecheras de distintos gremios comenzaron a golpear la puerta del edificio con intención de ingresar pese a la resistencia del personal policial presente, y arrojaron todo tipo de elementos contundentes como hierros, piedras, botellas y bombas de estruendo», dijeron las fiscales.
Las acusadoras señalaron que varias personas arrancaron las rejas protectoras de las luminarias para arrojarlas contra el edificio y el personal policial y destruyeron una de las cámaras de seguridad de la explanada. Las imágenes mostraron esa violencia.
Desde gobierno y MPA hay un discurso compacto. «No hay criminalización de la protesta, hay persecución legítima a algunas personas que en la protesta violaron la ley. Un policía casi perdió un ojo, hubo daños a bienes del Estado y sobre todo se intentó frenar el funcionamiento de un órgano democrático que es justamente el que representa al pueblo», señaló un referente de la investigación.
Pero es un síntoma muy poderoso de algo fallido las fiscales que ordenaron detenciones no pidieron la prisión preventiva. Las defensoras de los gremialistas sostuvieron que no podían hacerlo por la baja perspectiva de pena de los hechos señalados y por ser la acusación genérica y mal fundamentada. «Se habla de perturbación de la sesión legislativa pero la ley se sancionó y no hay detalle del daño causado», dijo la defensora Celina Tidoni. Que subrayó el contexto: se habían propiciado detenciones luego no ratificadas en el marco de manifestaciones de protesta con amparo constitucional.
El contexto aludido es el de una fuerte disputa política que cruza el campo del trabajo. En una semana con universidades tomadas en distintos lugares de Santa Fe y el país. Y también en un terreno donde en Santa Fe el gremio docente provincial rechazó lo propuesto por el gobierno en negociaciones paritarias aunque sin ir a medidas de fuerza por primera vez en décadas. La razón es que el gobierno de Pullaro impulsó el incentivo salarial por asistencia perfecta -o presentismo como contrarían los gremios-lo que acrecentó la presencia de docentes en aulas que no quieren ver afectados sus ingresos.
Desde la oposición política y los gremios la iniciativa de poner presos a los sindicalistas, trasladarlos a cara descubiertas esposados y custodiados por policías encapuchados y con armas largas fue una puesta escena para desalentar acciones de protesta.
«Estoy muy orgulloso de la lucha que venimos dando», dijo al recibir la libertad Franco Cassasola, docente de Formación Etica muy apreciado en la Escuela Gurruchaga, el colegio secundario rosarino que tuvo estudiantes que fueron hasta Santa Fe para acompañarlo en su audiencia penal.
«La detención y el operativo fueron muy violentos. Un operativo de diez policías que rompieron la puerta de mi casa, me esposaron y me detuvieron», afirmó el dirigente gremial de 42 años. «Me quitaron pertenencias y me incautaron volantes, afiches y pecheras de Amsafé para mostrar lo peligroso que puede ser un volante que diga no a la reforma previsional. Lo que buscan es que nadie en la provincia salga a reclamar. Si Pullaro quiere amedrentar va a lograr lo contrario».
El primer artículo de la ley 13.013 que rige el funcionamiento del MPA, es decir de las fiscalías, subraya que el ejercicio de la persecución penal es gestionar pacíficamente los conflictos como objetivo central. Lo que se hizo, según los críticos, es lo contrario a lo que pide esa ley provincial.
«El MPA no tiene que realizar «el orden». Lo que hicieron las fiscales de Santa Fe fue agregar más leña al fuego», dijo un penalista docente de la Facultad de Derecho de la UNR que pide reserva de su nombre. «Cuando le rompemos a la madrugada la puerta a familias de dirigentes sociales, le metemos policías y después no les pedimos la prisión preventiva no hacemos más que atizar la violencia. Acá lo que se hizo fue todo lo contrario a gestionar pacíficamente un conflicto. Alguien dijo «vamos para adelante» y «rompámosle la cabeza a estos tipos para que aprendan».
El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, y la fiscal Urquiza señalaron que hay más personas identificadas en la comisión de hechos delictivos durante la protesta del 12 de septiembre. Este jueves para la hora de la audiencia contra los gremialistas hubo una nueva manifestación sindical frente al Palacio de Justicia de Santa Fe donde se realizaba la imputación.
Fiscales pidieron apresar a sindicalistas que estuvieron en desmanes ante la Legislatura pero llamativamente después no les pidieron prisión preventiva. Para los críticos, la ley penal con fines políticos Leer más
