La Corte Suprema activó la causa contra la reelección indefinida de Insfrán en Formosa
La Corte Suprema de Justicia activó la causa contra la reelección indefinida de Gildo Insfrán, que gobierna Formosa desde 1995. El tribunal decidió darle traslado a la administración provincial por 60 día hábiles de la demanda del senador libertario Francisco Paoltroni para que conteste sus argumentos. Cuando se cumpla ese plazo, estará en condiciones de resolver si es constitucional o no que los gobernadores puedan perpetuarse en el poder de Formosa.
Por indicación de la Corte, el secretario de juicios originarios –los que tramitan directamente ante el máximo tribunal sin pasar por los estrados inferiores–, Alejandro Rodríguez, envió un oficio este martes que señala: “Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días”
“A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa”, dice el breve texto que pone en movimiento el expediente que inició Paoltroni, quien llegó al Senado con la lista de La Libertad Avanza pero fue expulsado del bloque por criticar la candidatura a la Corte del juez federal Ariel Lijo, porque el magistrado benefició a Insfrán al enviar a la justicia de Formosa un tramo de la causa Ciccone. Tras la expulsión, Paoltroni conformó el monobloque “Libertad, trabajo y progreso”.
El proceso iniciado es una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las normas provinciales que permiten la reelección indefinida del gobernador. La Corte ya se pronunció en el pasado interpretando constituciones locales: limitó las reelecciones de los gobernadores en San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja.
Insfrán, que lleva 28 años al frente de la provincia, el año pasado fue reelegido y tiene mandato hasta 2027. Este es el segundo caso que está en esas condiciones, pues en abril pasado la Corte había dispuesto la misma medida para que Insfrán conteste la presentación de la Confederación Frente Amplio Formoseño, grupo político opositor a Insfrán.
Todos pidieron a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, que habilita la reelección del gobernador sin fijarle un límite. Dice: “El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.
Los que demandan sostienen que se estaba violando el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece que las provincias deberán adoptar el sistema “representativo republicano” de Gobierno. El principio republicano presupone, en términos de la Corte, la “periodicidad” y “renovación de las autoridades”.
Insfrán ganó su octavo mandato el año pasado, el 26 de junio, con casi el 70% de los votos.
En este expediente, Formosa es la demandada y se presentó en su nombre la Fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, con Rodolfo Mertehikian y Rodolfo Barra como abogados. Barra es hoy un funcionario clave de Javier Milei: es el Procurador del Tesoro; es decir, el jefe de los abogados del Estado.
A esa primer demanda, presentada en 2023 antes de la reelección de Insfrán, se le sumó en noviembre del año pasado la del senador Paoltroni, con el patrocinio de Daniel Sabsay. Allí pidió una medida cautelar que impida las reelecciones indefinidas en Formosa.
En el escrito, Paoltroni señala que viene a promover “una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la provincia de Formosa. Dicha acción tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad sin límite temporal para el cargo de Gobernador”. Asegura que se trata de una acción de “competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por fundarse la pretensión, directa y exclusivamente, contra la provincia de Formosa”.
Paoltroni explicó que “la constitución formoseña se aprobó en 1957 y no permitía, originalmente, la reelección de su gobernador”. Pero todo cambió el 10 de diciembre de 1995, cuando llegó al poder Insfrán y, en 2003, convocó a una convención constituyente para reformar la Constitución provincial. La historia de esa reforma es una serie de Netflix”.
Paoltroni en su escrito señaló que “Gabriel Hernández, líder de la Unión Cívica Radical, exintendente de Formosa, fue detenido y paseado por toda la ciudad esposado como escarmiento de ser opositor. Luego fue condenado en un juicio civil por una suma millonaria cuyo demandante era Gildo Insfrán”. Otro opositor a la reforma constitucional del 2003, luego de extraños hechos de inseguridad, cambió su voto a favor de Gildo.
Paoltroni es un productor agropecuario que fundó un partido y salió tercero en las elecciones provinciales pero llegó a senador en los comicios nacionales. Se enfrentó directamente a Santiago Caputo y a la Casa Rosada con su denuncia contra Lijo, al que acusó de favorecer a Insfrán al enviar un tramo de la causa Ciccone a la justicia de Formosa, que cerró el expediente.
Una vez que Formosa conteste (tiene 60 días hábiles judiciales), la Corte le dará intervención una vez más al procurador para que dictamine sobre el fondo del caso. Solo después decidirá. De hacer lugar al amparo, un eventual fallo contra Insfrán tendría efecto sobre un posible nuevo intento del gobernador para ser reelecto, dentro de tres años.
La Corte Suprema de Justicia activó la causa contra la reelección indefinida de Gildo Insfrán, que gobierna Formosa desde 1995. El tribunal decidió darle traslado a la administración provincial por 60 día hábiles de la demanda del senador libertario Francisco Paoltroni para que conteste sus argumentos. Cuando se cumpla ese plazo, estará en condiciones de resolver si es constitucional o no que los gobernadores puedan perpetuarse en el poder de Formosa.
Por indicación de la Corte, el secretario de juicios originarios –los que tramitan directamente ante el máximo tribunal sin pasar por los estrados inferiores–, Alejandro Rodríguez, envió un oficio este martes que señala: “Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días”
“A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa”, dice el breve texto que pone en movimiento el expediente que inició Paoltroni, quien llegó al Senado con la lista de La Libertad Avanza pero fue expulsado del bloque por criticar la candidatura a la Corte del juez federal Ariel Lijo, porque el magistrado benefició a Insfrán al enviar a la justicia de Formosa un tramo de la causa Ciccone. Tras la expulsión, Paoltroni conformó el monobloque “Libertad, trabajo y progreso”.
El proceso iniciado es una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las normas provinciales que permiten la reelección indefinida del gobernador. La Corte ya se pronunció en el pasado interpretando constituciones locales: limitó las reelecciones de los gobernadores en San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja.
Insfrán, que lleva 28 años al frente de la provincia, el año pasado fue reelegido y tiene mandato hasta 2027. Este es el segundo caso que está en esas condiciones, pues en abril pasado la Corte había dispuesto la misma medida para que Insfrán conteste la presentación de la Confederación Frente Amplio Formoseño, grupo político opositor a Insfrán.
Todos pidieron a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, que habilita la reelección del gobernador sin fijarle un límite. Dice: “El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.
Los que demandan sostienen que se estaba violando el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece que las provincias deberán adoptar el sistema “representativo republicano” de Gobierno. El principio republicano presupone, en términos de la Corte, la “periodicidad” y “renovación de las autoridades”.
Insfrán ganó su octavo mandato el año pasado, el 26 de junio, con casi el 70% de los votos.
En este expediente, Formosa es la demandada y se presentó en su nombre la Fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, con Rodolfo Mertehikian y Rodolfo Barra como abogados. Barra es hoy un funcionario clave de Javier Milei: es el Procurador del Tesoro; es decir, el jefe de los abogados del Estado.
A esa primer demanda, presentada en 2023 antes de la reelección de Insfrán, se le sumó en noviembre del año pasado la del senador Paoltroni, con el patrocinio de Daniel Sabsay. Allí pidió una medida cautelar que impida las reelecciones indefinidas en Formosa.
En el escrito, Paoltroni señala que viene a promover “una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la provincia de Formosa. Dicha acción tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad sin límite temporal para el cargo de Gobernador”. Asegura que se trata de una acción de “competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por fundarse la pretensión, directa y exclusivamente, contra la provincia de Formosa”.
Paoltroni explicó que “la constitución formoseña se aprobó en 1957 y no permitía, originalmente, la reelección de su gobernador”. Pero todo cambió el 10 de diciembre de 1995, cuando llegó al poder Insfrán y, en 2003, convocó a una convención constituyente para reformar la Constitución provincial. La historia de esa reforma es una serie de Netflix”.
Paoltroni en su escrito señaló que “Gabriel Hernández, líder de la Unión Cívica Radical, exintendente de Formosa, fue detenido y paseado por toda la ciudad esposado como escarmiento de ser opositor. Luego fue condenado en un juicio civil por una suma millonaria cuyo demandante era Gildo Insfrán”. Otro opositor a la reforma constitucional del 2003, luego de extraños hechos de inseguridad, cambió su voto a favor de Gildo.
Paoltroni es un productor agropecuario que fundó un partido y salió tercero en las elecciones provinciales pero llegó a senador en los comicios nacionales. Se enfrentó directamente a Santiago Caputo y a la Casa Rosada con su denuncia contra Lijo, al que acusó de favorecer a Insfrán al enviar un tramo de la causa Ciccone a la justicia de Formosa, que cerró el expediente.
Una vez que Formosa conteste (tiene 60 días hábiles judiciales), la Corte le dará intervención una vez más al procurador para que dictamine sobre el fondo del caso. Solo después decidirá. De hacer lugar al amparo, un eventual fallo contra Insfrán tendría efecto sobre un posible nuevo intento del gobernador para ser reelecto, dentro de tres años.
Le corrió traslado a la provincia de la demanda del senador Paoltroni; ahora el gobierno local tiene 60 días hábiles para contestar; cuando se cumplan, el tribunal estará en condiciones de decidir LA NACION
