La deportación masiva de inmigrantes indocumentados —”la mayor de la historia de Estados Unidos”— se ha convertido en la punta de lanza de la campaña de Donald Trump para ganar las elecciones del 5 de noviembre. Con un discurso que los demoniza, el republicano promete que expulsará a todas las personas que carecen de un permiso legal de residencia si regresa a la Casa Blanca. La deportación de al menos 11 millones de personas que trabajan, estudian, consumen, pagan impuestos y forman parte de su comunidad no dejaría el país indemne.

A la alarma social que implicaría la persecución de millones de personas, se suman las consecuencias que supondría eliminar de la economía a todos esos consumidores y trabajadores. Los economistas estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711 mil millones y 1,6 billones de dólares al año.

“Los estudios económicos han documentado que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados provocaría una contracción de la economía. Los trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y sus salarios bajarían. La idea de que la deportación masiva ayudaría a los ciudadanos estadounidenses es una ilusión. Las investigaciones han documentado que no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro”, afirma Robert Lynch, profesor de Economía en la Universidad de Washington y autor de El Impacto Económico de la Deportación Masiva en Ciudadanos e Inmigrantes Autorizados.

Lynch se remite a los efectos que otras deportaciones masivas han causado en el país, ocurridas en 1930 y en 1960. Y más reciente, se refiere al caso de Arizona, que no experimentó una deportación como tal, pero donde la implementación de leyes muy estrictas antiinmigración causó una salida masiva de inmigrantes indocumentados a partir de 2007. Según datos de Pew Research Center, entre 2007 y 2016, un 40% de los inmigrantes sin papeles dejaron ese estado para regresar a México o mudarse a otro estado con leyes menos restrictivas.

Un estudio de Moody’s Analytics para The Wall Street Journal, reveló que la salida de los inmigrantes redujo el PIB de Arizona un promedio del 2% anual entre 2008 y 2015. Además, el empleo total en el Estado entre 2008 y 2015 fue un 2,5% menor de lo que habría sido de no producirse la expulsión. Uno de los argumentos favoritos de quienes apoyan la deportación es que quitan puestos de trabajo a los ciudadanos. Sin embargo, el estudio de Moody’s muestra que los nativos estadounidenses y los inmigrantes hispanos legales ocuparon menos del 10% de los empleos que antes realizaban indocumentados.

“Los políticos y defensores de las deportaciones afirmaron que la política crearía empleos para los trabajadores estadounidenses, aumentaría sus salarios y haría crecer la economía, pero eso no sucedió”, afirma Lynch.

En 2007 residían en el estado casi medio millón de inmigrantes indocumentados, que se redujeron a unos 275.000 en menos de una década. Entre 1990 y 2005 la población de inmigrantes irregulares de Arizona casi se había multiplicado por cinco, pero a partir de 2004, el Estado aprobó una serie de medidas para frenar la inmigración ilegal, tales como prohibir que recibieran beneficios gubernamentales, incluida la atención hospitalaria que no sea de emergencia, que obtuvieran licencias de conducir y que pudieran acceder a las tasas de matrícula estatales.

En 2010 Arizona adoptó la polémica ley SB1070 “Muestra tus papeles”, por la que autorizaba a la policía local a exigir la documentación a quienes consideraba que podían ser inmigrantes irregulares, lo que en la práctica se convirtió en un acoso a quienes lucían la piel más oscura. La ley obtuvo varios varapalos en tribunales y acabó por difuminarse.

Empleos no deseados

El caso de Arizona ofrece una idea de lo que podría pasar en el resto del país, donde hay alrededor de ocho millones de trabajadores que no están regularizados, lo que representa un 5% de la fuerza laboral estadounidense. En algunos sectores su presencia es fundamental, como en la agricultura, donde ocupan el 22% de los empleos, la construcción, con un 15%, y las manufacturas, con un 8%, aunque las cifras varían ligeramente según la fuente por la dificultad que supone recopilar datos fiables de una población que prefiere ser invisible.

“Si deportáramos al 22% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos que son inmigrantes no autorizados. ¿Realmente creen que los trabajadores estadounidenses se irían a los campos de algodón de Texas, los campos de azúcar de Florida y las granjas de maní de Georgia para aceptar trabajos mal pagados en el calor abrasador?”, pregunta retóricamente Lynch.

Este economista sostiene que además de los puestos que se quedarían sin cubrir, la pérdida de mano de obra de los inmigrantes indocumentados implicaría una caída en el empleo del resto de la población debido a la contracción de la demanda.

“Es muy simple, si se eliminan 11 millones de personas de la economía estadounidense, ocho millones de las cuales trabajan y ganan cientos de miles de millones de dólares al año y gastan cientos de miles de millones de dólares cada año en alimentos, ropa, vivienda, atención médica, entretenimiento y miles de otros bienes y servicios, lo que sucederá es que las ventas de las empresas estadounidenses caerán en miles de millones de dólares. Las empresas recortarán lo que producen, despedirán trabajadores, reducirán los salarios y la economía de Estados Unidos se contraerá”, predice Lynch.

Otros expertos concuerdan con la idea de que las vacantes que dejen los inmigrantes en el mercado laboral conllevarán un aumento del desempleo general. Según un estudio de Chloe East, economista de Brookings, cuando medio millón de inmigrantes son retirados del mercado laboral, se pierden unos 44.000 puestos de trabajo de ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

“Está claro que los inmigrantes no autorizados aceptan trabajos mal pagados, peligrosos y, por lo demás, menos atractivos con más frecuencia que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y los trabajadores inmigrantes autorizados. Por ejemplo, casi el 6% de los inmigrantes no autorizados trabajan como empleadas domésticas, obreros de la construcción o cocineros, en comparación con aproximadamente el 2% de los trabajadores inmigrantes autorizados y el 1% de los trabajadores nacidos en Estados Unidos”, afirma East.

El envejecimiento de la población y una caída de la tasa de natalidad prevén un escenario en el que los inmigrantes serán más necesarios aún para sostener las finanzas de la Seguridad Social y de programas como el Medicare. Los inmigrantes indocumentados aportan a las arcas públicas unos 100 mil millones de dólares al año en impuestos, mientras que no se benefician de esos programas públicos. Quienes se oponen a su permanencia en el país alegan que son una carga insostenible para las finanzas públicas, al usar los recursos de educación y de sanidad, aunque las estadísticas muestran que aportan más de lo que reciben.

El aumento de la inmigración también se ha reflejado en mayores expulsiones. En todo el país, las deportaciones pasaron de aproximadamente 200 mil por año a principios de la década de 2000 a 400 mil a finales de la misma, y se han mantenido estables en 300 mil anuales hasta la pandemia de Covid-19. Desde entonces, las deportaciones de residentes de larga duración han disminuido, pero otros tipos de expulsiones han aumentado, especialmente en la frontera.

Las medidas impuestas por el presidente Joe Biden para controlar la llegada de inmigrantes indocumentados endurecieron en junio las leyes de asilo, lo que ha tenido el efecto que se deseaba de reducir las entradas ilegales. El mes pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a 58.038 personas en la frontera, una cantidad ligeramente superior a julio (56,399), pero que sigue siendo la segunda menor cantidad de detenciones desde septiembre de 2020. Las detenciones de la Patrulla Fronteriza van camino de ser un 21% menos que las del año pasado.

Con vistas a las elecciones generales de noviembre, la política de inmigración será uno de los factores que más influyan en el voto para elegir al presidente, junto con la economía y los derechos productivos.

En el caso de Arizona, además, los electores decidirán si se aumentan las restricciones migratorias. La propuesta que votarán permitiría a los agentes locales detener a quienes crucen la frontera por lugares que no sean las garitas migratorias, con posibilidad de cárcel y de ser deportados. Con la nueva norma, además, los jueces estatales podrían ordenar la deportación, algo que hasta ahora está reservado a los magistrados federales, y que podría ser recurrido en el caso de ser aprobada la ley.

Caos y miedo

En términos nacionales, las expulsiones que promete Trump no serían fáciles de realizar. “Trump está hablando de deportaciones masivas, son esfuerzos para los que no hay recursos y el resultado sería el caos y un clima de miedo”, apunta Doris Meissner, socia del Migration Policy Institute (MPI).

Las estimaciones que hay apuntan a que la deportación costaría entre 13.000 y 18.000 dólares por persona expulsada. De dónde saldrían los recursos abre otra polémica. Según William Galston, director del Programa de Estudios de Gobierno de Brookings, se podría invocar la Ley de Insurrección “y eso podría darle una oportunidad para utilizar partes del presupuesto del Departamento de Defensa con el fin de sostener una situación que de otro modo sería operación insostenible, lo que crearía una situación interna realmente explosiva”, sostiene.

Aunque parece una posibilidad remota, “en el pasado, Trump ha estado dispuesto a crear situaciones explosivas para conseguir sus objetivos. No hay razón para creer que no estaría dispuesto a volver a hacerlo. Así que no se trata solo de una propuesta de fantasía. Esa es una posibilidad real”, alerta.

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La deportación masiva de inmigrantes indocumentados —”la mayor de la historia de Estados Unidos”— se ha convertido en la punta de lanza de la campaña de Donald Trump para ganar las elecciones del 5 de noviembre. Con un discurso que los demoniza, el republicano promete que expulsará a todas las personas que carecen de un permiso legal de residencia si regresa a la Casa Blanca. La deportación de al menos 11 millones de personas que trabajan, estudian, consumen, pagan impuestos y forman parte de su comunidad no dejaría el país indemne.

A la alarma social que implicaría la persecución de millones de personas, se suman las consecuencias que supondría eliminar de la economía a todos esos consumidores y trabajadores. Los economistas estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711 mil millones y 1,6 billones de dólares al año.

“Los estudios económicos han documentado que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados provocaría una contracción de la economía. Los trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y sus salarios bajarían. La idea de que la deportación masiva ayudaría a los ciudadanos estadounidenses es una ilusión. Las investigaciones han documentado que no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro”, afirma Robert Lynch, profesor de Economía en la Universidad de Washington y autor de El Impacto Económico de la Deportación Masiva en Ciudadanos e Inmigrantes Autorizados.

Lynch se remite a los efectos que otras deportaciones masivas han causado en el país, ocurridas en 1930 y en 1960. Y más reciente, se refiere al caso de Arizona, que no experimentó una deportación como tal, pero donde la implementación de leyes muy estrictas antiinmigración causó una salida masiva de inmigrantes indocumentados a partir de 2007. Según datos de Pew Research Center, entre 2007 y 2016, un 40% de los inmigrantes sin papeles dejaron ese estado para regresar a México o mudarse a otro estado con leyes menos restrictivas.

Un estudio de Moody’s Analytics para The Wall Street Journal, reveló que la salida de los inmigrantes redujo el PIB de Arizona un promedio del 2% anual entre 2008 y 2015. Además, el empleo total en el Estado entre 2008 y 2015 fue un 2,5% menor de lo que habría sido de no producirse la expulsión. Uno de los argumentos favoritos de quienes apoyan la deportación es que quitan puestos de trabajo a los ciudadanos. Sin embargo, el estudio de Moody’s muestra que los nativos estadounidenses y los inmigrantes hispanos legales ocuparon menos del 10% de los empleos que antes realizaban indocumentados.

“Los políticos y defensores de las deportaciones afirmaron que la política crearía empleos para los trabajadores estadounidenses, aumentaría sus salarios y haría crecer la economía, pero eso no sucedió”, afirma Lynch.

En 2007 residían en el estado casi medio millón de inmigrantes indocumentados, que se redujeron a unos 275.000 en menos de una década. Entre 1990 y 2005 la población de inmigrantes irregulares de Arizona casi se había multiplicado por cinco, pero a partir de 2004, el Estado aprobó una serie de medidas para frenar la inmigración ilegal, tales como prohibir que recibieran beneficios gubernamentales, incluida la atención hospitalaria que no sea de emergencia, que obtuvieran licencias de conducir y que pudieran acceder a las tasas de matrícula estatales.

En 2010 Arizona adoptó la polémica ley SB1070 “Muestra tus papeles”, por la que autorizaba a la policía local a exigir la documentación a quienes consideraba que podían ser inmigrantes irregulares, lo que en la práctica se convirtió en un acoso a quienes lucían la piel más oscura. La ley obtuvo varios varapalos en tribunales y acabó por difuminarse.

Empleos no deseados

El caso de Arizona ofrece una idea de lo que podría pasar en el resto del país, donde hay alrededor de ocho millones de trabajadores que no están regularizados, lo que representa un 5% de la fuerza laboral estadounidense. En algunos sectores su presencia es fundamental, como en la agricultura, donde ocupan el 22% de los empleos, la construcción, con un 15%, y las manufacturas, con un 8%, aunque las cifras varían ligeramente según la fuente por la dificultad que supone recopilar datos fiables de una población que prefiere ser invisible.

“Si deportáramos al 22% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos que son inmigrantes no autorizados. ¿Realmente creen que los trabajadores estadounidenses se irían a los campos de algodón de Texas, los campos de azúcar de Florida y las granjas de maní de Georgia para aceptar trabajos mal pagados en el calor abrasador?”, pregunta retóricamente Lynch.

Este economista sostiene que además de los puestos que se quedarían sin cubrir, la pérdida de mano de obra de los inmigrantes indocumentados implicaría una caída en el empleo del resto de la población debido a la contracción de la demanda.

“Es muy simple, si se eliminan 11 millones de personas de la economía estadounidense, ocho millones de las cuales trabajan y ganan cientos de miles de millones de dólares al año y gastan cientos de miles de millones de dólares cada año en alimentos, ropa, vivienda, atención médica, entretenimiento y miles de otros bienes y servicios, lo que sucederá es que las ventas de las empresas estadounidenses caerán en miles de millones de dólares. Las empresas recortarán lo que producen, despedirán trabajadores, reducirán los salarios y la economía de Estados Unidos se contraerá”, predice Lynch.

Otros expertos concuerdan con la idea de que las vacantes que dejen los inmigrantes en el mercado laboral conllevarán un aumento del desempleo general. Según un estudio de Chloe East, economista de Brookings, cuando medio millón de inmigrantes son retirados del mercado laboral, se pierden unos 44.000 puestos de trabajo de ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

“Está claro que los inmigrantes no autorizados aceptan trabajos mal pagados, peligrosos y, por lo demás, menos atractivos con más frecuencia que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y los trabajadores inmigrantes autorizados. Por ejemplo, casi el 6% de los inmigrantes no autorizados trabajan como empleadas domésticas, obreros de la construcción o cocineros, en comparación con aproximadamente el 2% de los trabajadores inmigrantes autorizados y el 1% de los trabajadores nacidos en Estados Unidos”, afirma East.

El envejecimiento de la población y una caída de la tasa de natalidad prevén un escenario en el que los inmigrantes serán más necesarios aún para sostener las finanzas de la Seguridad Social y de programas como el Medicare. Los inmigrantes indocumentados aportan a las arcas públicas unos 100 mil millones de dólares al año en impuestos, mientras que no se benefician de esos programas públicos. Quienes se oponen a su permanencia en el país alegan que son una carga insostenible para las finanzas públicas, al usar los recursos de educación y de sanidad, aunque las estadísticas muestran que aportan más de lo que reciben.

El aumento de la inmigración también se ha reflejado en mayores expulsiones. En todo el país, las deportaciones pasaron de aproximadamente 200 mil por año a principios de la década de 2000 a 400 mil a finales de la misma, y se han mantenido estables en 300 mil anuales hasta la pandemia de Covid-19. Desde entonces, las deportaciones de residentes de larga duración han disminuido, pero otros tipos de expulsiones han aumentado, especialmente en la frontera.

Las medidas impuestas por el presidente Joe Biden para controlar la llegada de inmigrantes indocumentados endurecieron en junio las leyes de asilo, lo que ha tenido el efecto que se deseaba de reducir las entradas ilegales. El mes pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a 58.038 personas en la frontera, una cantidad ligeramente superior a julio (56,399), pero que sigue siendo la segunda menor cantidad de detenciones desde septiembre de 2020. Las detenciones de la Patrulla Fronteriza van camino de ser un 21% menos que las del año pasado.

Con vistas a las elecciones generales de noviembre, la política de inmigración será uno de los factores que más influyan en el voto para elegir al presidente, junto con la economía y los derechos productivos.

En el caso de Arizona, además, los electores decidirán si se aumentan las restricciones migratorias. La propuesta que votarán permitiría a los agentes locales detener a quienes crucen la frontera por lugares que no sean las garitas migratorias, con posibilidad de cárcel y de ser deportados. Con la nueva norma, además, los jueces estatales podrían ordenar la deportación, algo que hasta ahora está reservado a los magistrados federales, y que podría ser recurrido en el caso de ser aprobada la ley.

Caos y miedo

En términos nacionales, las expulsiones que promete Trump no serían fáciles de realizar. “Trump está hablando de deportaciones masivas, son esfuerzos para los que no hay recursos y el resultado sería el caos y un clima de miedo”, apunta Doris Meissner, socia del Migration Policy Institute (MPI).

Las estimaciones que hay apuntan a que la deportación costaría entre 13.000 y 18.000 dólares por persona expulsada. De dónde saldrían los recursos abre otra polémica. Según William Galston, director del Programa de Estudios de Gobierno de Brookings, se podría invocar la Ley de Insurrección “y eso podría darle una oportunidad para utilizar partes del presupuesto del Departamento de Defensa con el fin de sostener una situación que de otro modo sería operación insostenible, lo que crearía una situación interna realmente explosiva”, sostiene.

Aunque parece una posibilidad remota, “en el pasado, Trump ha estado dispuesto a crear situaciones explosivas para conseguir sus objetivos. No hay razón para creer que no estaría dispuesto a volver a hacerlo. Así que no se trata solo de una propuesta de fantasía. Esa es una posibilidad real”, alerta.

 Los economistas estiman que la deportación de inmigrantes en EE.UU. causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711 mil millones y 1,6 billones de dólares al año.  LA NACION