«El gobierno busca que no le aprueben el Presupuesto, pero no existe la prórroga de la prórroga»»El gobierno busca que no le aprueben el Presupuesto, pero no existe la prórroga de la prórroga»
Guillermo Michel afirma que el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por Javier Milei al Congreso es una jugada para que la oposición no lo apruebe y el Gobierno pueda mantener el manejo discrecional vía prórroga, pero advierte que podría enfrentar problemas legales.
El ex titular de la Aduana dialogó con LPO sobre el proyecto, que sostiene que castiga a las provincias con la regla del déficit cero y a los contribuyentes de ingresos medios y bajos con el impuesto a las Ganancias y el monotributo.
¿Qué análisis hace del proyecto de Presupuesto 2025 que Milei mandó al Congreso?
El proyecto de Presupuesto enviado es muy básico, con un núcleo duro que surge de la página 3 del mensaje: ‘En 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal. Esto se hará a través de un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1,5% del PBI. Para ello, en base al escenario macroeconómico proyectado para el año entrante, se determina la proyección de ingresos, estimada en 16,5 puntos del producto para 2025. A partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas…’.
En otras palabras, este párrafo muestra la «regla de política fiscal» que busca el gobierno: en caso de que los ingresos se desvíen de lo proyectado se deberán recortar todas las partidas que no tengan «gastos mínimos» en una cuantía suficiente para llegar al equilibrio financiero.
Es una visión unitaria y centrista del presupuesto porque las más afectadas serán las provincias, dado que al tener las jubilaciones y los salarios un «piso presupuestario» lo primero para recortar son los fondos disponibles vía transferencias discrecionales a las provincias y obra pública.
¿Hay antecedentes de una exigencia fiscal de este tipo?
Desde el punto de vista del articulado jurídico, se parece a la ley de déficit cero del gobierno de la Alianza. La diferencia es que esta regla no afecta a todas las partidas.
Ahora, en mi opinión lo que busca el gobierno con este presupuesto enviado es no tener un presupuesto votado. Esta «regla fiscal» tiene un objetivo político: que la oposición no la convalide y así el gobierno calificarlos a los diputados y senadores como «degenerados fiscales». Y tratar de mantener la prórroga presupuestaria anteriores para en un año electoral administrar de manera discrecional las partidas.
¿Puede el gobierno seguir prorrogando el Presupuesto?
Desde 1992 que rige la actual Ley de Administración Financiera hay solo 5 antecedentes de prórrogas: 2002, 2011, 2020, 2022 y 2024. Pero no existen antecedentes de la «prórroga de la prórroga».
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera es muy clara con lo que dispone: si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los ajustes que disponga el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, en el año 2024 no estuvo vigente ningún presupuesto (entendiendo por vigencia una ley de presupuesto aprobada por el Congreso). Solo se prorrogó -por el Decreto 88/2023- el del año anterior, si bien la prórroga es un recurso administrativo no cumple los requisitos constitucionales y legales de «presupuesto vigente».
Tengo entendido que las áreas jurídicas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete están buscando antecedentes y dictámenes para justificar la «prórroga de la prórroga» del presupuesto. Desde mi óptica es un tema sensible, que no solo quita seguridad jurídica a los actos del Estado, sino que además puede generar situaciones complicadas desde el punto de vista de la responsabilidad funcional y penal de los funcionarios. No es sencillo administrar partidas presupuestarias sin un presupuesto aprobado.
¿Cuáles considera que serían los sectores más perjudicados si se aprueba este Presupuesto?
Mas allá de sectores afectados veo algunas cuestiones particulares que van a generar debate. En el tema universidades, el presupuesto condiciona las transferencias a universidades a través del artículo 17 que las obliga a presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos y habilita al Ministerio de Capital Humano a interrumpir el envío de fondos en caso de incumplimiento en el envío de información.
Lo mismo con las cajas provinciales, el articulo 59 limita las transferencias a cajas provinciales al introducir la necesidad de acuerdos con ANSES posteriores a 2021.
Son todos condicionamientos ad hoc que el Poder Ejecutivo introduce para tener discrecionalidad al momento de transferir partidas.
Malestar entre los empresarios porque el Presupuesto de Milei viene con un impuestazo
Usted ya advirtió que el proyecto incluye un impuestazo
A diferencia de lo prometido en la campaña del 2023, el Gobierno sube los impuestos. Y es fácil de verlo. La presión impositiva -en términos relativos del PBI, que es como se mide-, pasaría del 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025.
Y si se observa el detalle de impuestos vemos que sube el Impuesto a las Ganancias (trabajadores), los Derechos de Exportación (sector agrícola y productivo), el Impuesto a los Combustibles y la presión sobre el monotributista se duplica. El Monotributo pasa del 0,04% del PIB en 2024 a 0,09% del PIB en 2025.
Pero hay una excepción, el impuesto sobre los Bienes Personales. El presupuesto desnuda la política tributaria de este gobierno de populismo para millonarios. 800 mil trabajadores vuelven a pagar Ganancias, más de 4 millones de monotributistas pagan el doble de cuota, pero 10 mil contribuyentes de altos patrimonios pagan menos Bienes Personales y si se fueron del país para no pagar en los años anteriores el blanqueo les permite volver a ser residentes fiscales en Argentina y «regularizar» pagando solo un 5%.
Claramente, en materia tributaria el gobierno les pide un sacrificio inútil a los contribuyentes. Les sube la presión impositiva sin ninguna estrategia.
¿Cómo analiza los datos respecto al crecimiento económico que plantea el Presupuesto y la caída de las reservas?
La economía para crecer necesita dólares. El presupuesto tiene proyectado un crecimiento de importaciones del 14%. Para eso se necesitan dólares.
Ahora bien, la Argentina tiene vencimientos en moneda extranjera estimados para 2025 en USD 25.000 millones, incluyendo Bonares, Globales, Letras Intransferibles, FMI y resto de Organismos internacionales, además de deudas provinciales y privadas. Esos dólares hoy no están.
¿Y ve alguna salida rápida para que Milei consiga dólares?
Lo primero que debería hacer el gobierno es darse una hoja de ruta geopolítica seria con China y analizar variables para el pago del swap, que empieza a vencer en julio de 2025. Este año China prorrogo el swap por presión del FMI, no podemos seguir atados a ese nivel de improvisación con un acreedor internacional.
Y si bien el presupuesto autoriza al Tesoro a emitir hasta USD 24.200 millones en títulos públicos en moneda y jurisdicción extranjera, con el Riesgo País en torno a los 1.350 puntos actuales parece un objetivo poco probable.
¿Cómo cree que impactará el fin del Impuesto PAIS en la recaudación y en el objetivo del gobierno de tener superávit fiscal?
Primero, hay que recordar que todo el arco político criticó al Impuesto PAIS, pero el gobierno no solo lo mantuvo sino que lo elevo al inicio de la gestión al 17,5%. Si uno mira el superávit financiero del gobierno en los primeros 7 meses, claramente se ancla en el Impuesto PAIS. El acumulado a julio es de +$ 1,9 billones.
Este resultado financiero positivo se ancla -además de la licuación a las jubilaciones, la acumulación de deuda con las generadoras eléctricas y el freno del giro de fondos a las provincias- en la presión impositiva del Impuesto PAIS. Sin la recaudación del Impuesto PAIS, el resultado sería déficit -$ 2,3 billones.
Pero, además, si miramos este presupuesto 2025 el programa financiero del gobierno también sirve para «maquillar» el resultado financiero. No ya con el impuesto PAIS, cuya vigencia vence el 24/12/2024, sino subestimando los pagos de intereses de deuda.
¿Cómo subestima los intereses?
Como el Tesoro emite Letras Capitalizables (Lecaps y LeFis) y Bonos cupón cero (dólar linked y ajustables por CER), el cómputo de intereses se suma al capital y, por ende, no computa como intereses que el Tesoro tiene que pagar mes a mes, sino como «aplicación financiera» (debajo de la línea).
En otras palabras, el resultado fiscal -del 2024 y el proyectado 2025- sería muy diferente si no fuera por estos títulos que emite el Tesoro. No tengo el monto exacto, pero la estimación es que sólo por el stock actual de esos títulos los intereses capitalizados alcanzarán aproximadamente el 2% del PBI para fin de 2025. Un monto importante de intereses que se «barren debajo de la alfombra».
¿Qué le recomendaría a los diputados para que miren con detalle durante el tratamiento del Presupuesto?
Mas allá de lo que marque al principio de la «regla de política fiscal», si fuera legislador miraría con mucha atención el articulo 54 del proyecto por el cual buscan modificar la autorización para realizar operaciones de pasivos, eliminando la mención a las operaciones de reestructuración reguladas por el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de 2 de 3 condiciones -plazo, monto, intereses-). Es probable que el equipo económico busque esta modificación para poder realizar una operación de pasivos en moneda extranjera (canje o compra contra colocación de nueva deuda) sin cumplir con esas condiciones. Creo que como país necesitamos mantener la autorización del Congreso para la toma de deuda de manera previa, tal cual lo estipula el artículo 65 de la LAF.
Hay una frase de un político francés que dice «la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares». En mi opinión, la deuda de una Nación es demasiado importante para dejarla solo en manos del Poder Ejecutivo de turno.
Guillermo Michel afirma que el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por Javier Milei al Congreso es una jugada para que la oposición no lo apruebe y el Gobierno pueda mantener el manejo discrecional vía prórroga, pero advierte que podría enfrentar problemas legales.
El ex titular de la Aduana dialogó con LPO sobre el proyecto, que sostiene que castiga a las provincias con la regla del déficit cero y a los contribuyentes de ingresos medios y bajos con el impuesto a las Ganancias y el monotributo.
¿Qué análisis hace del proyecto de Presupuesto 2025 que Milei mandó al Congreso?
El proyecto de Presupuesto enviado es muy básico, con un núcleo duro que surge de la página 3 del mensaje: ‘En 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal. Esto se hará a través de un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1,5% del PBI. Para ello, en base al escenario macroeconómico proyectado para el año entrante, se determina la proyección de ingresos, estimada en 16,5 puntos del producto para 2025. A partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas…’.
En otras palabras, este párrafo muestra la «regla de política fiscal» que busca el gobierno: en caso de que los ingresos se desvíen de lo proyectado se deberán recortar todas las partidas que no tengan «gastos mínimos» en una cuantía suficiente para llegar al equilibrio financiero.
Es una visión unitaria y centrista del presupuesto porque las más afectadas serán las provincias, dado que al tener las jubilaciones y los salarios un «piso presupuestario» lo primero para recortar son los fondos disponibles vía transferencias discrecionales a las provincias y obra pública.
¿Hay antecedentes de una exigencia fiscal de este tipo?
Desde el punto de vista del articulado jurídico, se parece a la ley de déficit cero del gobierno de la Alianza. La diferencia es que esta regla no afecta a todas las partidas.
Ahora, en mi opinión lo que busca el gobierno con este presupuesto enviado es no tener un presupuesto votado. Esta «regla fiscal» tiene un objetivo político: que la oposición no la convalide y así el gobierno calificarlos a los diputados y senadores como «degenerados fiscales». Y tratar de mantener la prórroga presupuestaria anteriores para en un año electoral administrar de manera discrecional las partidas.
¿Puede el gobierno seguir prorrogando el Presupuesto?
Desde 1992 que rige la actual Ley de Administración Financiera hay solo 5 antecedentes de prórrogas: 2002, 2011, 2020, 2022 y 2024. Pero no existen antecedentes de la «prórroga de la prórroga».
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera es muy clara con lo que dispone: si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los ajustes que disponga el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, en el año 2024 no estuvo vigente ningún presupuesto (entendiendo por vigencia una ley de presupuesto aprobada por el Congreso). Solo se prorrogó -por el Decreto 88/2023- el del año anterior, si bien la prórroga es un recurso administrativo no cumple los requisitos constitucionales y legales de «presupuesto vigente».
Tengo entendido que las áreas jurídicas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete están buscando antecedentes y dictámenes para justificar la «prórroga de la prórroga» del presupuesto. Desde mi óptica es un tema sensible, que no solo quita seguridad jurídica a los actos del Estado, sino que además puede generar situaciones complicadas desde el punto de vista de la responsabilidad funcional y penal de los funcionarios. No es sencillo administrar partidas presupuestarias sin un presupuesto aprobado.
¿Cuáles considera que serían los sectores más perjudicados si se aprueba este Presupuesto?
Mas allá de sectores afectados veo algunas cuestiones particulares que van a generar debate. En el tema universidades, el presupuesto condiciona las transferencias a universidades a través del artículo 17 que las obliga a presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos y habilita al Ministerio de Capital Humano a interrumpir el envío de fondos en caso de incumplimiento en el envío de información.
Lo mismo con las cajas provinciales, el articulo 59 limita las transferencias a cajas provinciales al introducir la necesidad de acuerdos con ANSES posteriores a 2021.
Son todos condicionamientos ad hoc que el Poder Ejecutivo introduce para tener discrecionalidad al momento de transferir partidas.
Malestar entre los empresarios porque el Presupuesto de Milei viene con un impuestazo
Usted ya advirtió que el proyecto incluye un impuestazo
A diferencia de lo prometido en la campaña del 2023, el Gobierno sube los impuestos. Y es fácil de verlo. La presión impositiva -en términos relativos del PBI, que es como se mide-, pasaría del 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025.
Y si se observa el detalle de impuestos vemos que sube el Impuesto a las Ganancias (trabajadores), los Derechos de Exportación (sector agrícola y productivo), el Impuesto a los Combustibles y la presión sobre el monotributista se duplica. El Monotributo pasa del 0,04% del PIB en 2024 a 0,09% del PIB en 2025.
Pero hay una excepción, el impuesto sobre los Bienes Personales. El presupuesto desnuda la política tributaria de este gobierno de populismo para millonarios. 800 mil trabajadores vuelven a pagar Ganancias, más de 4 millones de monotributistas pagan el doble de cuota, pero 10 mil contribuyentes de altos patrimonios pagan menos Bienes Personales y si se fueron del país para no pagar en los años anteriores el blanqueo les permite volver a ser residentes fiscales en Argentina y «regularizar» pagando solo un 5%.
Claramente, en materia tributaria el gobierno les pide un sacrificio inútil a los contribuyentes. Les sube la presión impositiva sin ninguna estrategia.
¿Cómo analiza los datos respecto al crecimiento económico que plantea el Presupuesto y la caída de las reservas?
La economía para crecer necesita dólares. El presupuesto tiene proyectado un crecimiento de importaciones del 14%. Para eso se necesitan dólares.
Ahora bien, la Argentina tiene vencimientos en moneda extranjera estimados para 2025 en USD 25.000 millones, incluyendo Bonares, Globales, Letras Intransferibles, FMI y resto de Organismos internacionales, además de deudas provinciales y privadas. Esos dólares hoy no están.
¿Y ve alguna salida rápida para que Milei consiga dólares?
Lo primero que debería hacer el gobierno es darse una hoja de ruta geopolítica seria con China y analizar variables para el pago del swap, que empieza a vencer en julio de 2025. Este año China prorrogo el swap por presión del FMI, no podemos seguir atados a ese nivel de improvisación con un acreedor internacional.
Y si bien el presupuesto autoriza al Tesoro a emitir hasta USD 24.200 millones en títulos públicos en moneda y jurisdicción extranjera, con el Riesgo País en torno a los 1.350 puntos actuales parece un objetivo poco probable.
¿Cómo cree que impactará el fin del Impuesto PAIS en la recaudación y en el objetivo del gobierno de tener superávit fiscal?
Primero, hay que recordar que todo el arco político criticó al Impuesto PAIS, pero el gobierno no solo lo mantuvo sino que lo elevo al inicio de la gestión al 17,5%. Si uno mira el superávit financiero del gobierno en los primeros 7 meses, claramente se ancla en el Impuesto PAIS. El acumulado a julio es de +$ 1,9 billones.
Este resultado financiero positivo se ancla -además de la licuación a las jubilaciones, la acumulación de deuda con las generadoras eléctricas y el freno del giro de fondos a las provincias- en la presión impositiva del Impuesto PAIS. Sin la recaudación del Impuesto PAIS, el resultado sería déficit -$ 2,3 billones.
Pero, además, si miramos este presupuesto 2025 el programa financiero del gobierno también sirve para «maquillar» el resultado financiero. No ya con el impuesto PAIS, cuya vigencia vence el 24/12/2024, sino subestimando los pagos de intereses de deuda.
¿Cómo subestima los intereses?
Como el Tesoro emite Letras Capitalizables (Lecaps y LeFis) y Bonos cupón cero (dólar linked y ajustables por CER), el cómputo de intereses se suma al capital y, por ende, no computa como intereses que el Tesoro tiene que pagar mes a mes, sino como «aplicación financiera» (debajo de la línea).
En otras palabras, el resultado fiscal -del 2024 y el proyectado 2025- sería muy diferente si no fuera por estos títulos que emite el Tesoro. No tengo el monto exacto, pero la estimación es que sólo por el stock actual de esos títulos los intereses capitalizados alcanzarán aproximadamente el 2% del PBI para fin de 2025. Un monto importante de intereses que se «barren debajo de la alfombra».
¿Qué le recomendaría a los diputados para que miren con detalle durante el tratamiento del Presupuesto?
Mas allá de lo que marque al principio de la «regla de política fiscal», si fuera legislador miraría con mucha atención el articulo 54 del proyecto por el cual buscan modificar la autorización para realizar operaciones de pasivos, eliminando la mención a las operaciones de reestructuración reguladas por el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de 2 de 3 condiciones -plazo, monto, intereses-). Es probable que el equipo económico busque esta modificación para poder realizar una operación de pasivos en moneda extranjera (canje o compra contra colocación de nueva deuda) sin cumplir con esas condiciones. Creo que como país necesitamos mantener la autorización del Congreso para la toma de deuda de manera previa, tal cual lo estipula el artículo 65 de la LAF.
Hay una frase de un político francés que dice «la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares». En mi opinión, la deuda de una Nación es demasiado importante para dejarla solo en manos del Poder Ejecutivo de turno.
En diálogo con LPO, Guillermo Michel analiza el proyecto enviado por Milei al Congreso y advierte que busca mantener el manejo discrecional para el año electoral. Leer más
