Tras la denuncia de Fabiola Yañez, desde la línea 144 aseguran que registran un pico de llamados y advierten que hay guardias con solo dos operadoras
Fernanda Fuentealba asegura que desde que se conoció la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, aumentó el caudal de llamados a la línea 144, que asiste y asesora a mujeres y personas LGBTIQ+ que están en situaciones como la de ella. “Es superimportante que la gente sepa que la línea sigue activa, pero hay momentos en que no damos abasto”, señala Fuentealba, que es operadora de ese servicio desde el año 2015.
Sus palabras no aluden únicamente a este pico de llamados de las últimas horas sino al recorte de personal que sufrió el servicio nacional, que estaba dentro de la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que funciona dentro del Ministerio de Justicia. “Éramos 146 personas y ahora somos 82″, asegura Fuentealba, que es secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el ministerio ya disuelto.
Los despidos fueron a fines de junio, en el contexto de una reducción de personal en la Subsecretaría. El 28 de junio se despidió al 85% de las personas empleadas de esa subsecretaría, según da cuenta un informe que unas semanas más tarde publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y que analiza el impacto de esa reducción sobre los diferentes programas del organismo. Uno de ellos es la línea 144.
“Como consecuencia de los despidos, los trabajadores denuncian que hay guardias de la línea que quedaron con dos operadoras a cargo, lo que hace imposible la sostenibilidad del servicio que se prestaba”, puede leerse en el informe conjunto.
La línea 144 fue creada en 2013 para brindar asesoramiento, acompañamiento y contención a personas que están padeciendo alguna o varias de las diferentes formas en que puede manifestarse la violencia de género: física, psicológica, económica, etcétera. Sus tareas implican, muchas veces, articular con otras áreas del Estado, así como con comisarías o juzgados. Además del canal telefónico, también recibe consultas vía WhatsApp y mail. En todos los casos, son las mismas operadoras las que responden.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el servicio en CABA y la provincia de Buenos Aires se descentralizó. De esta manera, actualmente cuenta con tres sedes: la porteña, que depende de la Vicejefatura de Gabinete porteña; la bonaerense, que depende del Ministerio de Mujeres provincial; y la nacional, que es la que ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y se ocupa del resto del país, además de articular con las otras dos sedes. Es en esta última en la que se hicieron los recortes de personal.
LA NACION se comunicó con el Ministerio de Justicia para hablar con un responsable de la sede nacional pero no obtuvo respuesta.
Fernanda Fuentealba cuenta que, en sus nueve años de trabajo, atendió todo tipo de llamados. Desde quienes le han dicho, por ejemplo, “no estoy segura de que esto que me está pasando sea violencia de género, pero me sugirieron llamar y consultarlo” hasta mujeres encerradas en el baño de sus casas que buscaban ayuda para escapar de la violencia de su agresor. Incluso atendió llamados en los que escuchó gritos y golpes antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente.
“Hay días en los que te vas orgullosa de tu trabajo, porque sabés que posibilitó que una mujer quedara a resguardo ante una situación de violencia. Hay otros en los que te vas muy angustiada”, reconoce la mujer. En ese sentido, asegura que, entre las compañeras de guardia, no solo se ayudan sino que también se contienen. “Pero ahora te das vuelta y ves que esa compañera que estaba, ya no está”, se lamenta.
La línea 144 funciona las 24 horas todos los días de la semana. El personal realiza turnos de seis horas. “Hay guardias que quedaron más desmanteladas que otras después de los despidos. Han despedido a gente muy idónea, que estaba casi desde el principio de la línea”, se lamenta Fernanda.
La semana próxima, ELA dará a conocer un monitoreo que profundiza el estado de implementación de todas las políticas de género que gestionaba el exministerio de Mujeres. En lo que respecta a la línea 144, según ese monitoreo, la reducción de la planta de trabajadoras fue del 38%.
“Para 2024, la línea 144 tiene un presupuesto vigente de 898,7 millones de pesos y al mes de junio lleva ejecutados 747,83 millones, lo que equivale al 83% del presupuesto disponible. Si se compara interanualmente la ejecución semestral se observa una reducción del 28%”, explica la socióloga Agustina Rossi, investigadora senior del área de Políticas de ELA y encargada de coordinar el monitoreo.
Rossi habla de “desmantelamiento” de las 19 políticas de género que se venían implementando, lo que repercute en el trabajo de la línea 144. “Vemos un retroceso preocupante”, alerta. También agrega que, durante el primer trimestre del año, se recibieron 9011 comunicaciones a esta línea en todo el país y se hicieron 9957 seguimientos de casos.
Con ella coincide Fuentealba, “Cada vez hay menos espacios y programas con los que articular porque las instituciones cerraron o tienen menor capacidad de atención. También notamos que hay juzgados, comisarías y fiscalías con menor voluntad de atención cuando los contactamos por algún caso. Antes eso era más difícil porque había una política de Estado clara”, reconoce.
Para confeccionar el monitoreo, el equipo de ELA entrevistó a las representantes de diferentes áreas de género de las provincias. Rossi cuenta que todas denunciaron el impacto concreto de los recortes de programas que dependen de Nación, pero también expresaron preocupación por el avance de los discursos de odio y su incidencia sobre las víctimas de violencia. “Las mujeres dudan más en pedir ayuda en un contexto como el actual”, afirma la especialista.
Entonces recuerda que se estima que 7 de cada 10 mujeres que piden ayuda por violencia tienen hijos a su cargo. “Las mujeres llaman para pedir asesoramiento y ayuda, pero si el Estado no tiene nada para ofrecerles, no van a tener otra opción que regresar con el agresor, porque tienen que elegir entre garantizar su subsistencia y la de sus hijos o ponerse a resguardo”, concluye.
Fernanda Fuentealba asegura que desde que se conoció la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, aumentó el caudal de llamados a la línea 144, que asiste y asesora a mujeres y personas LGBTIQ+ que están en situaciones como la de ella. “Es superimportante que la gente sepa que la línea sigue activa, pero hay momentos en que no damos abasto”, señala Fuentealba, que es operadora de ese servicio desde el año 2015.
Sus palabras no aluden únicamente a este pico de llamados de las últimas horas sino al recorte de personal que sufrió el servicio nacional, que estaba dentro de la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que funciona dentro del Ministerio de Justicia. “Éramos 146 personas y ahora somos 82″, asegura Fuentealba, que es secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el ministerio ya disuelto.
Los despidos fueron a fines de junio, en el contexto de una reducción de personal en la Subsecretaría. El 28 de junio se despidió al 85% de las personas empleadas de esa subsecretaría, según da cuenta un informe que unas semanas más tarde publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y que analiza el impacto de esa reducción sobre los diferentes programas del organismo. Uno de ellos es la línea 144.
“Como consecuencia de los despidos, los trabajadores denuncian que hay guardias de la línea que quedaron con dos operadoras a cargo, lo que hace imposible la sostenibilidad del servicio que se prestaba”, puede leerse en el informe conjunto.
La línea 144 fue creada en 2013 para brindar asesoramiento, acompañamiento y contención a personas que están padeciendo alguna o varias de las diferentes formas en que puede manifestarse la violencia de género: física, psicológica, económica, etcétera. Sus tareas implican, muchas veces, articular con otras áreas del Estado, así como con comisarías o juzgados. Además del canal telefónico, también recibe consultas vía WhatsApp y mail. En todos los casos, son las mismas operadoras las que responden.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el servicio en CABA y la provincia de Buenos Aires se descentralizó. De esta manera, actualmente cuenta con tres sedes: la porteña, que depende de la Vicejefatura de Gabinete porteña; la bonaerense, que depende del Ministerio de Mujeres provincial; y la nacional, que es la que ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y se ocupa del resto del país, además de articular con las otras dos sedes. Es en esta última en la que se hicieron los recortes de personal.
LA NACION se comunicó con el Ministerio de Justicia para hablar con un responsable de la sede nacional pero no obtuvo respuesta.
Fernanda Fuentealba cuenta que, en sus nueve años de trabajo, atendió todo tipo de llamados. Desde quienes le han dicho, por ejemplo, “no estoy segura de que esto que me está pasando sea violencia de género, pero me sugirieron llamar y consultarlo” hasta mujeres encerradas en el baño de sus casas que buscaban ayuda para escapar de la violencia de su agresor. Incluso atendió llamados en los que escuchó gritos y golpes antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente.
“Hay días en los que te vas orgullosa de tu trabajo, porque sabés que posibilitó que una mujer quedara a resguardo ante una situación de violencia. Hay otros en los que te vas muy angustiada”, reconoce la mujer. En ese sentido, asegura que, entre las compañeras de guardia, no solo se ayudan sino que también se contienen. “Pero ahora te das vuelta y ves que esa compañera que estaba, ya no está”, se lamenta.
La línea 144 funciona las 24 horas todos los días de la semana. El personal realiza turnos de seis horas. “Hay guardias que quedaron más desmanteladas que otras después de los despidos. Han despedido a gente muy idónea, que estaba casi desde el principio de la línea”, se lamenta Fernanda.
La semana próxima, ELA dará a conocer un monitoreo que profundiza el estado de implementación de todas las políticas de género que gestionaba el exministerio de Mujeres. En lo que respecta a la línea 144, según ese monitoreo, la reducción de la planta de trabajadoras fue del 38%.
“Para 2024, la línea 144 tiene un presupuesto vigente de 898,7 millones de pesos y al mes de junio lleva ejecutados 747,83 millones, lo que equivale al 83% del presupuesto disponible. Si se compara interanualmente la ejecución semestral se observa una reducción del 28%”, explica la socióloga Agustina Rossi, investigadora senior del área de Políticas de ELA y encargada de coordinar el monitoreo.
Rossi habla de “desmantelamiento” de las 19 políticas de género que se venían implementando, lo que repercute en el trabajo de la línea 144. “Vemos un retroceso preocupante”, alerta. También agrega que, durante el primer trimestre del año, se recibieron 9011 comunicaciones a esta línea en todo el país y se hicieron 9957 seguimientos de casos.
Con ella coincide Fuentealba, “Cada vez hay menos espacios y programas con los que articular porque las instituciones cerraron o tienen menor capacidad de atención. También notamos que hay juzgados, comisarías y fiscalías con menor voluntad de atención cuando los contactamos por algún caso. Antes eso era más difícil porque había una política de Estado clara”, reconoce.
Para confeccionar el monitoreo, el equipo de ELA entrevistó a las representantes de diferentes áreas de género de las provincias. Rossi cuenta que todas denunciaron el impacto concreto de los recortes de programas que dependen de Nación, pero también expresaron preocupación por el avance de los discursos de odio y su incidencia sobre las víctimas de violencia. “Las mujeres dudan más en pedir ayuda en un contexto como el actual”, afirma la especialista.
Entonces recuerda que se estima que 7 de cada 10 mujeres que piden ayuda por violencia tienen hijos a su cargo. “Las mujeres llaman para pedir asesoramiento y ayuda, pero si el Estado no tiene nada para ofrecerles, no van a tener otra opción que regresar con el agresor, porque tienen que elegir entre garantizar su subsistencia y la de sus hijos o ponerse a resguardo”, concluye.
“Hay momentos en los que no damos abasto”, afirma una referente del sector; un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género da cuenta de que el área perdió un tercio de su personal LA NACION
