El Gobierno denunció irregularidades en la mitad de los comedores financiados por el Estado: uno declara como sede un country

El Gobierno denunció ante la justicia federal que casi la mitad de los comedores comunitarios para personas de escasos recursos que fueron financiados por el Estado durante la gestión de Alberto Fernández no pudieron ser auditados. No existen o sus direcciones no se corresponden con un centro de asistencia social, a tal punto que uno de ellos había declarado que funcionaba donde, en realidad, hay un country.
La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría Legal, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
La información puesta en conocimiento de la Justicia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, informó el Gobierno.
Noticia en desarrollo
El Gobierno denunció ante la justicia federal que casi la mitad de los comedores comunitarios para personas de escasos recursos que fueron financiados por el Estado durante la gestión de Alberto Fernández no pudieron ser auditados. No existen o sus direcciones no se corresponden con un centro de asistencia social, a tal punto que uno de ellos había declarado que funcionaba donde, en realidad, hay un country.
La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría Legal, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
La información puesta en conocimiento de la Justicia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, informó el Gobierno.
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La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello; el caso le tocó por sorteo al juzgado de Ariel Lijo LA NACION