Paro general | La contundencia de la huelga enfrenta a la CGT a una disyuntiva incómoda
La CGT no está dispuesta por ahora a revivir la amenaza de parálisis constante que sostuvo contra los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, que sufrieron un paro general cada 157 y 92 días, respectivamente. En la cúpula de la central obrera ya se vislumbra un consenso interno para frenar la conflictividad después de la contundencia de la huelga de hoy, la segunda contra la gestión de Javier Milei.
La continuidad del plan de lucha activado a los 45 días de la llegada de Milei al poder es motivo de debate entre los sindicatos. Prima por el momento la postura de tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. “No hay contexto para escalar la confrontación”, fue el rápido diagnóstico desde una tribu dialoguista. Es decir, no hay luz verde para el esquema de paros a repetición como los que encabezó Saúl Ubaldini contra Alfonsín.
La segunda huelga en cinco meses contra Milei sirvió para descomprimir demandas internas y para que el sindicalismo ocupe fugazmente el liderazgo vacante que quedó en el peronismo después de la derrota electoral de Sergio Massa en el balotaje del año pasado y del repliegue del kirchnerismo. “Ahora es la política la que debe actuar”, repitió un sindicalista con más de tres décadas en su gremio y al que la idea de un conflicto permanente lo incomoda.
Con el paro, la CGT intenta condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluyen una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias. La hoja de ruta gremial está vinculada directamente con lo que suceda en el Congreso y en la Justicia.
La reforma laboral fue edulcorada en el proyecto oficial por gestiones sindicales con el Gobierno y el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Hubo sectores que hasta dieron el aval con tal de evitar que rija el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que prevé transformar la huelga en un delito y limita la recaudación y representación de los gremios. Ese capítulo del DNU está suspendido, a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. La CGT no encontró respuesta de los jueces de la Corte cuando golpeó sus puertas. Espera que confirmen la inconstitucionalidad del decreto de Milei en el capítulo que los afecta.
Diferente es lo que sucede en el fuero laboral, donde los gremios mantienen intacta su influencia. De hecho, hoy mismo, el poderoso gremio de los colectiveros de la UTA recibió un guiño en primera instancia, que hizo lugar a la medida cautelar presentada contra el Grupo DOTA, de los operadores José y Ángel Faija, por haberse escudado en la letra chica del DNU 70/23 para brindar el servicio de transporte en un día de paro. “El DNU no resulta aplicable”, señaló José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°69. Fue una respuesta exprés ante la presentación judicial de Roberto Fernández contra este grupo empresario en el que el jefe de la UTA no hizo pie, pero en el que manda Miguel Ángel Bustinduy, quien hasta hoy era un aliado de Pablo Moyano. “Es un traidor al que seguramente le cortemos el chorro”, dijeron cerca del camionero, enojados porque Bustinduy y sus choferes no adhirieron al paro.
Mañana, el Gobierno, en su rol de financista porque aporta subsidios, se sentará en la paritaria entre las cámaras empresarias y la UTA para definir un aumento salarial. Podría surgir de allí un nuevo incremento del boleto. En el AMBA el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. La huelga de hoy fue, en definitiva, la más contudente de los últimos 20 años y eso se debe a la adhesión casi total del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento. Hubo otro rasgo distintivo en relación a las medidas contras las diferentes gestiones kirchneristas y la de Cambiemos. Esta vez no hubo cortes ni piquetes como método intimidante para no movilizarse por las calles.
La precoz reacción sindical, que ya activó dos paros generales en cinco meses, llevó a la CGT a un juego de equilibrios. Empujan las medidas de fuerza las presiones del kirchnerismo y la izquierda para profundizar las protestas, pero también un contexto de permanente caída salarial y hundimiento de la economía, tal como lo escenificaron los datos de ayer en la industria y la construcción.
Definir una estrategia, no obstante, no les está resultando fácil. Tal vez Massa tenía razón cuando el 24 de enero, el día del primer paro contra Milei, reprochó el apresuramiento sindical. “Si a 45 días le haces un paro general, a los 90 días, ¿qué haces? ¿Un bombardeo?”, advirtió el exministro de Economía. Van 151 días de gobierno y se abre una imperiosa necesidad de negociar una salida. Los contactos entre los funcionarios de Milei y la CGT ya se reanudaron, incluso con contactos cara a cara. Resta saber si podrán explorar algún acuerdo o si el plan de lucha con un esquema de paros a repetición, como lanzó algún dirigente de poca representatividad, encuentra algún tipo de consenso.
La CGT no está dispuesta por ahora a revivir la amenaza de parálisis constante que sostuvo contra los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, que sufrieron un paro general cada 157 y 92 días, respectivamente. En la cúpula de la central obrera ya se vislumbra un consenso interno para frenar la conflictividad después de la contundencia de la huelga de hoy, la segunda contra la gestión de Javier Milei.
La continuidad del plan de lucha activado a los 45 días de la llegada de Milei al poder es motivo de debate entre los sindicatos. Prima por el momento la postura de tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. “No hay contexto para escalar la confrontación”, fue el rápido diagnóstico desde una tribu dialoguista. Es decir, no hay luz verde para el esquema de paros a repetición como los que encabezó Saúl Ubaldini contra Alfonsín.
La segunda huelga en cinco meses contra Milei sirvió para descomprimir demandas internas y para que el sindicalismo ocupe fugazmente el liderazgo vacante que quedó en el peronismo después de la derrota electoral de Sergio Massa en el balotaje del año pasado y del repliegue del kirchnerismo. “Ahora es la política la que debe actuar”, repitió un sindicalista con más de tres décadas en su gremio y al que la idea de un conflicto permanente lo incomoda.
Con el paro, la CGT intenta condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluyen una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias. La hoja de ruta gremial está vinculada directamente con lo que suceda en el Congreso y en la Justicia.
La reforma laboral fue edulcorada en el proyecto oficial por gestiones sindicales con el Gobierno y el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Hubo sectores que hasta dieron el aval con tal de evitar que rija el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que prevé transformar la huelga en un delito y limita la recaudación y representación de los gremios. Ese capítulo del DNU está suspendido, a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. La CGT no encontró respuesta de los jueces de la Corte cuando golpeó sus puertas. Espera que confirmen la inconstitucionalidad del decreto de Milei en el capítulo que los afecta.
Diferente es lo que sucede en el fuero laboral, donde los gremios mantienen intacta su influencia. De hecho, hoy mismo, el poderoso gremio de los colectiveros de la UTA recibió un guiño en primera instancia, que hizo lugar a la medida cautelar presentada contra el Grupo DOTA, de los operadores José y Ángel Faija, por haberse escudado en la letra chica del DNU 70/23 para brindar el servicio de transporte en un día de paro. “El DNU no resulta aplicable”, señaló José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°69. Fue una respuesta exprés ante la presentación judicial de Roberto Fernández contra este grupo empresario en el que el jefe de la UTA no hizo pie, pero en el que manda Miguel Ángel Bustinduy, quien hasta hoy era un aliado de Pablo Moyano. “Es un traidor al que seguramente le cortemos el chorro”, dijeron cerca del camionero, enojados porque Bustinduy y sus choferes no adhirieron al paro.
Mañana, el Gobierno, en su rol de financista porque aporta subsidios, se sentará en la paritaria entre las cámaras empresarias y la UTA para definir un aumento salarial. Podría surgir de allí un nuevo incremento del boleto. En el AMBA el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. La huelga de hoy fue, en definitiva, la más contudente de los últimos 20 años y eso se debe a la adhesión casi total del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento. Hubo otro rasgo distintivo en relación a las medidas contras las diferentes gestiones kirchneristas y la de Cambiemos. Esta vez no hubo cortes ni piquetes como método intimidante para no movilizarse por las calles.
La precoz reacción sindical, que ya activó dos paros generales en cinco meses, llevó a la CGT a un juego de equilibrios. Empujan las medidas de fuerza las presiones del kirchnerismo y la izquierda para profundizar las protestas, pero también un contexto de permanente caída salarial y hundimiento de la economía, tal como lo escenificaron los datos de ayer en la industria y la construcción.
Definir una estrategia, no obstante, no les está resultando fácil. Tal vez Massa tenía razón cuando el 24 de enero, el día del primer paro contra Milei, reprochó el apresuramiento sindical. “Si a 45 días le haces un paro general, a los 90 días, ¿qué haces? ¿Un bombardeo?”, advirtió el exministro de Economía. Van 151 días de gobierno y se abre una imperiosa necesidad de negociar una salida. Los contactos entre los funcionarios de Milei y la CGT ya se reanudaron, incluso con contactos cara a cara. Resta saber si podrán explorar algún acuerdo o si el plan de lucha con un esquema de paros a repetición, como lanzó algún dirigente de poca representatividad, encuentra algún tipo de consenso.
Un sector mayoritario no está dispuesto a avanzar con un esquema de protestas a repetición y abre un canal de diálogo con el Gobierno; la estrategia sindical está condicionada a lo que suceda con Ley Bases y el curso de la economía LA NACION
