EL PRESIDENTE RECLAMÓ AL CONGRESO QUE AVANCE CON LA REFORMA JUDICIAL

El presidente Alberto Fernández reclamó este martes el “compromiso de los tres poderes del Estado” para cambiar el sistema de Justicia en una Argentina en la que ahora “no hay espionaje político”, y sostuvo que la oposición resistió su proyecto de reforma judicial en 2020 “para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas”.

Al hablar ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias, el Presidente insistió en la necesidad de debatir en este año cambios en la “conformación y funcionamiento” de la Corte Suprema y la reforma judicial.

“No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales. Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema“, enfatizó.

El Presidente sostuvo que el objetivo es que el Poder Judicial “recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”.

Ante los cuatro integrantes del máximo tribunal del país, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, presentes en el recinto, el Presidente sostuvo que “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.

Afirmó que “debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado” poner fin a prácticas como el “espionaje político”, al anunciar además el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Inteligencia.

“En la Argentina de hoy no hay espionaje político”, remarcó. “Lo dijimos en 2019 y lo sostenemos hoy. Este debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado”, añadió.

Sobre la crisis judicial, recordó que el proyecto de reforma que presentó en 2020 perdió estado parlamentario tras ser aprobado en el Senado y que además de cambios en el fuero federal establecía la creación de juzgados para el combate del narcotráfico y crimen organizado.

Al respecto, evaluó que “no hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente”.

“También debemos admitir el muy serio problema de la inseguridad. Luchamos de manera implacable contra el narcotráfico y el contrabando. Priorizamos la lucha contra el crimen organizado y entendemos a la seguridad democrática como un derecho de los argentinos y argentinas”.

El proyecto presentado en julio de 2020 preveía la duplicación de los doce juzgados del fuero federal porteño que investigan causas por corrupción en la administración pública nacional, narcotráfico y trata de personas, entre otras, mediante su unificación con el fuero penal económico.

“Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py“, cuestionó.

En ese proyecto de Ley, “además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico”, explicó.

También “establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Santa Fe)”, una de las regiones más afectadas por el narcotráfico.

“Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial“, remarcó el Presidente.

Fernández recordó que al asumir la Presidencia se comprometió a “terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad”.

“Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico”, destacó.

“Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia”, concluyó.

En otro orden y al criticar el funcionamiento del Poder Judicial, puso como ejemplo al inicio de su discurso las medidas cautelares que se dictaron en el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el DNU que declaró servicio básico a las telecomunicaciones.

“Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”, explicó.

A dos años de dictadas esas medidas cautelares “no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”, cuestionó.

“Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”, advirtió el Presidente en uno de los tramos de su discurso en materia judicial que derivó en aplausos en el recinto.