Aseguran que las pymes necesitan «que los cheques rechazados sean redepositados»
Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) valoraron este viernes los esfuerzos del Gobierno para sostener el entramado productivo pero sugirieron un acuerdo con los bancos “para que las empresas puedan levantar los cheques ya rechazados”.
El Poder Ejecutivo prorrogóhasta el 30 de junio próximo la suspensión de la obligación del cierre de cuentas bancarias y la inhabilitación a los clientes que no cumplan con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos, a través del decreto 425/2020 publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Fuentes oficiales explicaron que esta es una de las medidas que se está analizando la prórroga de su implementación, al afirmar que «los programas de asistencias son el pilar de la estrategia de sostenimiento del entramado productivo, y se verifica día a día el alcance y efectividad para garantizar que los objetivos de sustentabilidad se cumplan».
En ese sentido, los voceros dijeron que no se descarta que haya «un cambio de instrumentos o modificaciones en función de las necesidades que se van identificando», tal como se repasó en la última reunión de Gabinete Económico realizada en la noche del jueves y que tuvo como eje el Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).
La medida, destinada a facilitar la operatoria de las empresas con cheques rechazados en los bancos, busca dar respuesta al planteo de las empresas que por la caída de actividad y en consecuencia de sus ventas, siguen en situación comprometida para hacer frente a sus obligaciones.
La Unión Industrial Argentina había revelado días atrás una encuesta entre sus asociados en la que se destacaba que las empresas más afectadas, con caída de entre el 40% y el 60% de sus ventas, registraron en abril un 75% de cheques rechazados.
Al respecto, el presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, dijo al ser consultado por Télam que la prorroga dispuesta por el Gobierno “está muy bien para que los clientes no queden fuera del sistema” pero “no es el paliativo que estamos esperando”.
Si esto sucediera, “podríamos movernos durante un tiempo con financiación propia y tener capital de trabajo en caso que la cuarentena sea levantada a la brevedad”, añadió.
Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo que “al saber que no hay inhabilitación de cuentas, la cantidad de emisión de cheques aumenta, convirtiéndolo en una herramienta no confiable”.
“Las pymes optan trabajar por contado o vía transferencias, porque los cheques no están teniendo respaldo y son poco confiables; esto agrava la situación”, agregó.
Los fundamentos del mencionado decreto explican que la situación económica producida por la pandemia hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos se incrementará, y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores.
Por lo tanto, se consideró que la aplicación de multas previstas para el caso no sólo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica.
Rosato destacó que sin el esfuerzo del Gobierno “la mayoría de las pymes ya hubieran quebrado” pero sugirió “poner un límite para que las empresas puedan levantar los cheques ya rechazados”.
Además, reiteró el pedido de créditos a tasas cero y propuso “sacar un bono que utilice las Letras de Liquidez (LeLiq) del Banco Central como garantía para que los bancos den financiamiento” a las pymes que presenten problemas para pago de sueldos o levantamiento de cheques.
La norma que suspendió el cierre de cuentas bancarias hasta el 30 de junio, también suspende la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley 14.499 que determina que las instituciones crediticias deben requerir a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de un crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes o contribuciones.
En sus considerandos, el decreto del Poder Ejecutivo argumenta que «la situación económica producida por la pandemia de coronavirus hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos habrá de incrementarse por efecto de esa situación, y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores».
Por lo tanto, considera que la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no sólo no cumpliría su finalidad, sino que «agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica descripta».
