Las propuestas de modificación de la normativa legal vigente tienen como base de análisis la lectura de la realidad y la prioridad en la distribución de los recursos públicos. Son la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y normas de menor jerarquía las que establecen pisos de derecho para los ciudadan@s y reconocen como problemáticas susceptibles de ser legisladas aquellas que afectan su integración, sea esta en el ámbito educativo, sanitario, social, económico o laboral y que por lo tanto impactan en su vida.
Por segunda vez en el año, el Ejecutivo Provincial vuelve a insistir con una modificación a la ley 389. Lo hizo en el mes de enero a través de un proyecto que presentó en la Legislatura con trámite de urgencia; lo que significa a nuestro entender que, aun teniendo mayoría propia en ese ámbito, no estaban dispuestos a dar el debate sobre las razones que habían analizado para generar un doble estándar (un marco normativo para quienes ya tenían el beneficio y otro, con otros requerimientos) en la valoración de la discapacidad de los habitantes de Tierra del Fuego.
Dicho proyecto finalmente no fue tratado, luego de las fundadas críticas que recibió tanto de organizaciones sociales de familiares y personas con discapacidad, como de instituciones especializadas en la temática. El asunto que se presentó recientemente e ingresó en la Legislatura con el N° 530/17 es regresivo, y viola de manera indubitable uno de los principios propios de los derechos humanos: la progresividad, es decir que los derechos avanzan o crecen, nunca retroceden.
El Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) fue creado por la ley 389 en noviembre de 1997, hace ya 20 años y solicitaba entonces para todos los tipos de pensiones, un informe socio ambiental que establecía, a partir de la evaluación de condiciones de vulnerabilidad, quiénes podían acceder al beneficio. Siempre se trató de un régimen no contributivo.
Luego, y en función de los nuevos análisis y paradigmas, fueron estableciéndose modificaciones, muchas, por lo menos 10 (diez), siempre en el sentido de la progresividad.
En cada una de las propuestas legislativas las votaciones fueron unánimes, con la participación de todas las fuerzas políticas que hoy tienen representación.
Desde noviembre de 2006, con la vigencia de la ley 716, en esta provincia la vulnerabilidad de las personas con discapacidad es el padecimiento, no la pobreza, ni la condición socio económica. El proyecto que el estado provincial pretende poner en vigencia busca modificar el artículo 4° bis, incorporando una variable de valoración socio ambiental, derogada hace 11 años. Esto la haría regresiva y por lo tanto violatoria de pautas esenciales.
Cualquier propuesta en ese sentido no sólo resiente los cimientos del ordenamiento jurídico sino la vida de las personas. Eso sí, tal propuesta hace que quedemos alineados con la ola regresiva en términos de políticas sociales propiciadas por el Gobierno Nacional.
El proyecto presentado por el Gobierno desconoce la existencia del Decreto 53/12 que garantiza la incorporación de personas en el Estado Provincial, no por su discapacidad sino por sus aptitudes laborales, estableciendo medidas de acción positivas en cumplimiento del artículo 9 de la ley 48. En este sentido, lo que establece el proyecto en su artículo 2° no requiere de una ley, sino que con un Decreto, en el marco de la ley 48, sería suficiente.
Por segunda vez en el año, el Gobierno nos dice algo con sus propuestas aunque no hable, no explique, no muestre, no nos diga cuántos expedientes tiene demorados en el área social. Aunque tenga el legítimo poder otorgado por el voto popular para hacer a voluntad, con un sistema de controles y contrapesos inexistentes, con el silencio o la complacencia mayoritaria.
Algun@s entendimos que el Gobierno con todo su poder, el que le da la representación política, la construcción de relato, el pago de silencios y el apriete a los opositores, ha decidido que a sus obligaciones las pague la ciudadanía, esta vez, quizás debatiendo.
Cuando un gobierno considera que la garantía de derechos es un problema y no una obligación que debe asumir, se los traslada a los ciudadanos, y quiere creer que de esa manera los resuelve. Solo se los saca de encima y los pone sobre los hombros de quienes debe proteger.
