Una distancia demasiado lejana entre la política y la producción
Pasaron 17 años del conflicto por la 125 y la vinculación del campo con la política, particularmente la legislativa, sigue siendo escasa. Aquella disputa de 2008 por el intento de establecer retenciones móviles por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que no eran otra cosa que una feroz poda a cualquier perspectiva de rentabilidad de la agricultura, colocó en el primer plano del debate legislativo al agro. Eso ocurrió porque la primera mandataria se había colocado en un atolladero del que creía poder salir con el respaldo legislativo, al que descontaba se iba a volcar en su favor. Sin embargo, la enorme movilización de los productores, acompañados por la dirigencia rural, logró la adhesión de la ciudadanía que comprendió la naturaleza del conflicto: era una cuestión de atropello del Estado frente a la sociedad. Fue el campo quien primero puso un freno al intento de avasallamiento del kirchnerismo.
Tras esa experiencia, más allá de algún esfuerzo individual, el trabajo de los llamados “agrodiputados” no prosperó. Quedará para el debate si no estuvieron acompañados o la propia dinámica partidaria los deglutió.
Ahora existen intenciones de que ese vínculo entre el campo y la política tenga lazos un poco más sólidos. Una de ellas es la de la Fundación Barbechando, que tiene como espejo la conformación de la “bancada rural” en el congreso brasileño. Son legisladores de diferentes partidos que trabajan en común cuando se debate algún proyecto de ley vinculado con el agro. No es casual que Brasil, pese a los diferentes signos ideológicos de sus gobiernos en los últimos 30 años, no haya tenido una política de apropiación de los recursos que genera el agro como la de los Derechos de Exportación (DEX).
Cuando faltan pocas semanas para que se celebren las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires resalta la falta de presencia en el debate público de los temas del agro. Podría decirse que otros temas productivos también pasan de largo y que la única cuestión que parece interesar es el lugar de los candidatos en los lugares expectantes de las listas.
La provincia de Buenos Aires, cabe recordar, es la principal productora de soja y trigo, la segunda en maíz y concentra el mayor stock de ganado vacuno. Por fuera del conurbano y de las ciudades de mayor tamaño, sus habitantes están vinculados, directa o indirectamente, a la ruralidad. Sin embargo, estas cuestiones no aparecen en la discusión.
De allí que es un aporte interesante el que hizo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en un documento que resume las principales preocupaciones del agro bonaerense y presenta propuestas para llevar adelante en relación con el campo. Presión impositiva, infraestructura, distorsión del gasto en los municipios, nueva ley de fitosanitarios y seguridad rural son algunos de los puntos sobre los que trata la propuesta ruralista.
Aunque en la actual legislatura hay referentes del agro (Luciano Bugallo o Silvina Vacarezza, entre otros) la política parece divorciada de los problemas productivos. El desafío para romper esa inercia la tendrán también quienes se postulen ahora a las próximas elecciones, como el caso del espacio republicano que conduce María Eugenia Talerico, con nombres como los de Andrea Passerini, Pedro Vigneau y Ariel Bianchi. Por el lado de los libertarios estará Guillermo MacLoughlin, en rigor integrante del Partido Demócrata, de amplia experiencia en entidades rurales. Además, en la alianza del radicalismo, el peronismo disidente y la Coalición Cívica, se postulará el productor ganadero Andrés De Leo.
Por fuera del tema legislativo, una entrada a la arena política que agitó las aguas fue la de @bumpercrop: el productor y asesor José Álvarez de gran predicamento en la red social X, antes conocida como Twitter. Integrará el “Consejo de la Libertad”, creado por el presidente Javier Milei para poner la lupa sobre el Estado bonaerense y todo lo que se pueda hacer para que el sector privado recupere protagonismo.
Hasta ahora la política fue más un factor de riesgo para la producción que una llave para encontrar las soluciones que la actividad requiere. La participación en esas estructuras está más llena de sinsabores que de realizaciones (siempre que no se vaya con la intención de perpetuarse, claro). Pero el campo tiene el desafío de tener más preponderancia en las decisiones económicas que se toman en todos los niveles de gobierno. Se sabe lo que pasa cuando ocurre exactamente lo contrario.
Pasaron 17 años del conflicto por la 125 y la vinculación del campo con la política, particularmente la legislativa, sigue siendo escasa. Aquella disputa de 2008 por el intento de establecer retenciones móviles por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que no eran otra cosa que una feroz poda a cualquier perspectiva de rentabilidad de la agricultura, colocó en el primer plano del debate legislativo al agro. Eso ocurrió porque la primera mandataria se había colocado en un atolladero del que creía poder salir con el respaldo legislativo, al que descontaba se iba a volcar en su favor. Sin embargo, la enorme movilización de los productores, acompañados por la dirigencia rural, logró la adhesión de la ciudadanía que comprendió la naturaleza del conflicto: era una cuestión de atropello del Estado frente a la sociedad. Fue el campo quien primero puso un freno al intento de avasallamiento del kirchnerismo.
Tras esa experiencia, más allá de algún esfuerzo individual, el trabajo de los llamados “agrodiputados” no prosperó. Quedará para el debate si no estuvieron acompañados o la propia dinámica partidaria los deglutió.
Ahora existen intenciones de que ese vínculo entre el campo y la política tenga lazos un poco más sólidos. Una de ellas es la de la Fundación Barbechando, que tiene como espejo la conformación de la “bancada rural” en el congreso brasileño. Son legisladores de diferentes partidos que trabajan en común cuando se debate algún proyecto de ley vinculado con el agro. No es casual que Brasil, pese a los diferentes signos ideológicos de sus gobiernos en los últimos 30 años, no haya tenido una política de apropiación de los recursos que genera el agro como la de los Derechos de Exportación (DEX).
Cuando faltan pocas semanas para que se celebren las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires resalta la falta de presencia en el debate público de los temas del agro. Podría decirse que otros temas productivos también pasan de largo y que la única cuestión que parece interesar es el lugar de los candidatos en los lugares expectantes de las listas.
La provincia de Buenos Aires, cabe recordar, es la principal productora de soja y trigo, la segunda en maíz y concentra el mayor stock de ganado vacuno. Por fuera del conurbano y de las ciudades de mayor tamaño, sus habitantes están vinculados, directa o indirectamente, a la ruralidad. Sin embargo, estas cuestiones no aparecen en la discusión.
De allí que es un aporte interesante el que hizo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en un documento que resume las principales preocupaciones del agro bonaerense y presenta propuestas para llevar adelante en relación con el campo. Presión impositiva, infraestructura, distorsión del gasto en los municipios, nueva ley de fitosanitarios y seguridad rural son algunos de los puntos sobre los que trata la propuesta ruralista.
Aunque en la actual legislatura hay referentes del agro (Luciano Bugallo o Silvina Vacarezza, entre otros) la política parece divorciada de los problemas productivos. El desafío para romper esa inercia la tendrán también quienes se postulen ahora a las próximas elecciones, como el caso del espacio republicano que conduce María Eugenia Talerico, con nombres como los de Andrea Passerini, Pedro Vigneau y Ariel Bianchi. Por el lado de los libertarios estará Guillermo MacLoughlin, en rigor integrante del Partido Demócrata, de amplia experiencia en entidades rurales. Además, en la alianza del radicalismo, el peronismo disidente y la Coalición Cívica, se postulará el productor ganadero Andrés De Leo.
Por fuera del tema legislativo, una entrada a la arena política que agitó las aguas fue la de @bumpercrop: el productor y asesor José Álvarez de gran predicamento en la red social X, antes conocida como Twitter. Integrará el “Consejo de la Libertad”, creado por el presidente Javier Milei para poner la lupa sobre el Estado bonaerense y todo lo que se pueda hacer para que el sector privado recupere protagonismo.
Hasta ahora la política fue más un factor de riesgo para la producción que una llave para encontrar las soluciones que la actividad requiere. La participación en esas estructuras está más llena de sinsabores que de realizaciones (siempre que no se vaya con la intención de perpetuarse, claro). Pero el campo tiene el desafío de tener más preponderancia en las decisiones económicas que se toman en todos los niveles de gobierno. Se sabe lo que pasa cuando ocurre exactamente lo contrario.
De cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los temas del agro no aparecen en el debate público LA NACION
