La resolución de la Corte Suprema de Justicia convalidando la condena contra Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” representa una saludable reivindicación del principio de igualdad ante la ley. Termina de disponer la prisión para alguien tan poderoso como la expresidenta. El pronunciamiento de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparta de una antigua inercia de la Justicia federal: la de proveer impunidad a los que cometen actos de corrupción.
Se trata, por lo tanto, de un mensaje que va más allá de la señora de Kirchner y los demás condenados en el caso. Cualquier figura con posiciones gravitantes en la vida pública debería imaginar que, si delinque, está expuesta a una sanción penal. En un momento histórico de gran transformación, en el que se ha vuelto confuso dónde radican los centros de autoridad, la Corte demostró que no ha perdido la capacidad de marcar límites.
La condena de Cristina Kirchner viene acompañada, como exige el Código Penal, de una inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Al tratarse de la titular del principal partido de la oposición, alguien a quien las encuestas asignan una intención de voto que ronda el 30% y que lleva el rating a marcas de 8 puntos cuando aparece por televisión, esa prohibición podría abrigar consecuencias políticas todavía misteriosas. En las primeras horas siguientes a esta condena la centralidad de la expresidenta no ha hecho más que expandirse.
Los tres magistrados optaron por el camino que el tribunal ya había seguido en expedientes como el de Milagro Sala en 2022: rechazó el recurso de queja refutando los argumentos de la defensa. Podría haberlo descartado sin justificarlo, es decir, remitiéndose al artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, como hizo en 2020 con Amado Boudou en el caso Ciccone.
Las razones que expusieron en el fallo que se conoció anteayer desnudaron algunas deficiencias en el trabajo de Carlos Beraldi, el defensor de la expresidenta. Por ejemplo, los jueces reprocharon a Beraldi haber admitido el vínculo comercial existente entre la señora de Kirchner y Lázaro Báez, beneficiario del régimen de obra pública montado en Santa Cruz. También pusieron en evidencia que, cuando el escrito presentado por la expresidenta reprocha a algunos magistrados haber practicado deportes con Mauricio Macri, no demuestra qué consecuencias habría tenido esa camaradería sobre las decisiones judiciales.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti invalidaron el argumento de la defensa sosteniendo que los chats exhumados del celular de José López, una prueba crucial del juicio oral, fueron incorporados al proceso de manera extemporánea. El máximo tribunal repite el criterio de instancias anteriores: cuando esos intercambios de López fueron presentados por la fiscalía, Beraldi no les prestó atención; por lo tanto, no los objetó ni rechazó.
Uno de los reproches que formuló la señora de Kirchner al tratamiento de su caso es que se hayan realizado pocas pericias sobre las obras públicas objetadas en Santa Cruz. La Corte da vuelta el argumento y afirma que no fueron necesarias más que cinco pericias para encontrar un sinfín de irregularidades.
Los tres jueces pusieron mucho énfasis en rechazar la doctrina de la persecución o lawfare. Recuerdan que el expediente fue analizado por numerosísimos jueces y fiscales, muchos de ellos designados por gobiernos kirchneristas. Es cierto que la versión kirchnerista más frecuente de esa denuncia del lawfare es muy heterodoxa. No alega que se trate de la persecución de un inocente. Sugiere, en cambio, que la arbitrariedad consiste en que se considere a la señora de Kirchner la única culpable. Es decir, que los tribunales apliquen con ella una severidad de la que se salvan otros funcionarios o políticos que han cometido también actos corruptos.
Este es el núcleo de la tesis kirchnerista y de una buena parte de la izquierda, en general: el sistema penal es más tolerante con la corrupción de otros actores políticos, porque en la señora de Kirchner se está condenando la orientación de una política. Esa política, sostiene esta tesis, motiva la persecución penal no porque quienes la ejecutaron sean más “delincuentes”, sino porque afectaron más que los otros el derecho de propiedad. La clásica tesis del marxismo, según la cual el aparato institucional es un aparato de clase, se pone aquí en funcionamiento encarnada en nombres y apellidos.
Es posible que el mayor error del escrito de Beraldi haya sido omitir el pedido de declaración de inconstitucionalidad para la inhabilitación perpetua. El defensor de Cristina Kirchner podría haber alegado que se trata de una cancelación del derecho a ser elegida que afecta garantías asignadas por la Constitución. El desacierto consiste en que ahora será muy difícil llevar ese reproche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí sólo se admiten reclamos que hayan sido formulados también en la instancia local del juicio.
Hay una pregunta inevitable: ¿Con una abogacía de mayor calidad el destino de la expresidenta hubiera sido diferente? Es muy probable que no. El caudal de información sobre irregularidades en el manejo de la obra pública es tan voluminoso que evitar una condena parece una meta inalcanzable. Al revés: a la expresidenta le podría haber ido peor. Ella se benefició con la desarticulación de grandes negocios irregulares en distintos expedientes. El más relevante: la investigación sobre facturas apócrifas de Lázaro Baéz se derivó a los tribunales de Bahía Blanca.
En relación con las derivaciones internacionales del fallo de la Corte, ayer se conoció una inesperada: la asociación Republican Action for Argentina se dirigió a Catherine O’Hagan Wolfe, jueza de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, para denunciar la relación entre la condenada Cristina Kirchner y la familia Eskenazi. La intención de esa institución, que lidera el abogado Fernando Irazu, es hacer notar que el modo en que los Eskenazi ingresaron a YPF, de la mano de los Kirchner, corroe la legitimidad de su reclamo por la estatización de la compañía. El reclamo de los Eskenazi está hoy en poder del fondo Burford, que demanda 16.000 millones de dólares al Estado nacional.
La sanción de la expresidenta y jefa oficial del PJ, irreprochable desde el punto de vista judicial, abre un mar de incógnitas políticas. Ella está inhabilitada para postularse a un cargo representativo. Tampoco puede ejercer la función pública. Salvo que haya un indulto, sólo queda una hendija para evitar esa interdicción: el artículo 20 del Código Penal prevé que pueda recuperar esos derechos, en determinadas condiciones, como mantener buena conducta y haber reparado el daño, dentro de 5 años.
Con independencia de ese plazo conjetural, Cristina Kirchner no tiene previsto retirarse del oficio. Es posible que la elección de su departamento del barrio de Constitución como lugar de detención tenga que ver con esa tenacidad. Una quinta en el conurbano sería mucho más recreativa, pero la alejaría del lugar de las decisiones. Respecto del confinamiento, ella aclaró ante sus íntimos que se someterá a las decisiones de los jueces. No quiere escuchar hablar de que estará “atrincherada”.
Los interrogantes que se abren desde el martes son innumerables. Por ejemplo, ¿habrá alguien en septiembre capaz de absorber al electorado dispuesto a votar por ella? Todavía no se sabe quién encabezará la lista del PJ en su reemplazo en la tercera sección electoral. Tal vez Máximo Kirchner, para mantener el apellido en la boleta. Lo que sí se sabe es que esa lista la confeccionará ella. Siempre y cuando haya elecciones en septiembre. Porque una de las consecuencias de la condena es que aumentó, al menos en estas horas, la autoridad de la señora de Kirchner, quien acaso presione con más éxito sobre Axel Kicillof para unificar los comicios en octubre.
Kicillof es una de las grandes víctimas de la resolución del martes. El peronista que se oponga a la voluntad de la expresidenta corre el riesgo subliminal de incurrir en un acto de traición. A propósito, en el nuevo contexto: ¿Asistirá Kicillof a la reunión a la que fue invitado por los grandes empresarios de AEA? Carlos Ruckauf interpretó bien anoche el efecto del fallo de la Corte sobre la capacidad de decisión de la condenada cuando declaró: “Cristina perdió la libertad pero gano la lapicera y convertirá San José 1111 en su lugar de detención, pero también en su propia Puerta de Hierro”.
La Argentina ingresó a una escena en la que Brasil está sumergido desde 2019. Dimensiones importantes del juego electoral se gestionan en los tribunales. Lula da Silva fue retirado de la carrera en 2018 y no pudo competir con Jair Bolsonaro. Sobre Bolsonaro ya pesa una inhabilitación hasta el año 2030. Anteayer, sin ir más lejos, convirtió en un acto de campaña una sesión televisada del juicio que se le sigue por el intento de golpe de Estado de enero de 2022.
La exclusión de esos líderes de la competencia por el poder, más allá de su corrección jurídica, ha vuelto mucho más áspera la convivencia entre los brasileños. ¿En la Argentina hay que esperar algo parecido? Ayer Leopoldo Moreau, que pertenece al círculo más estrecho de Cristina Kirchner, anunció que el peronismo se retirará de las comisiones del Congreso en protesta por la ruptura del pacto democrático fundado en 1983.
En el Consejo de la Magistratura, que preside el juez Rosatti, los representantes del PJ también insinuaron una sublevación. Una sublevación minoritaria. Y el académico Diego Molea amagó con un documento suscripto por profesores de Derecho de universidades nacionales para impugnar el pronunciamiento de la Corte. Se lo frustraron desde la UBA. La eventual radicalización tuvo otro indicio ayer: la trotskista Myriam Bregman, de excelente relación con Máximo Kirchner, visitó a la expresidenta. Agustín Rossi, por su parte, que fue el último candidato a vicepresidente del PJ, anticipó que “indulto y unidad de todos los partidos populares contra Milei son las condiciones para nuestro candidato en 2027”. El peronismo de Santa Fe, en el que milita Rossi, emitió un comunicado oficial ayer, con la misma posición. El peronismo de Santa Fe, en el que militó Rosatti. ¿El peronismo de Lorenzetti? Es obvio que el fallo de la Corte no entraña una proscripción. Hábil, Cristina Kirchner intentó construirla, precipitando el lanzamiento de su candidatura provincial. Por otra parte, que no se pueda hablar de proscripción no significa que sectores del peronismo no se comportarán como si la hubiera. Es la gran incógnita. Para despejarla habrá que ver cómo decanta la indignación partidaria generada por el fallo.
Moreau justificó el vaciamiento de las comisiones parlamentarias por parte del PJ en que “el Congreso está sitiado”. Se refería a las fuerzas de seguridad que rodeaban el palacio. Fue más allá y habló del avance de una tendencia autoritaria liderada por Milei. Desde el Gobierno, sin embargo, se observan las primeras secuelas de la sanción sobre Cristina Kirchner con bastante prudencia. El Presidente celebró que la República funcione. Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adoptó la misma línea, aclarando que eso no implicaba celebrar el pronunciamiento de los jueces.
La disonancia con esa moderación corrió por cuenta de José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En un acto académico de la Universidad Católica Argentina citó un tuit que él mismo había emitido en 2012, en el que insultaba a Florencia Kirchner. Se ganó un abucheo. Y también aplausos. Espert festejó el fallo porque “la política no puede tener chorros dentro de la competencia”. El economista es parte de una negociación con Cristian Ritondo para elaborar la lista de La Libertad Avanza y el Pro para octubre.
La reacción muy prudente del oficialismo acaso sea un modo de preservar una negociación en curso. Representantes de la Casa Rosada y de la señora de Kirchner discuten la postulación de dos candidatos para cubrir las vacantes de la Corte. Sobre la identidad de esos interlocutores pesa un gran hermetismo. Pero es sabido que desde hace meses existe canal de comunicación muy intenso entre el exsecretario de Justicia Juan Martín Mena y su sucesor, el actual secretario, Sebastián Amerio. Este funcionario responde al Mago del Kremlin Santiago Caputo, quien siempre defendió la conveniencia de un trato con Cristina Kirchner para resolver la cuestión judicial.
La posición se volvió todavía más firme cuando fracasó la incorporación de Ariel Lijo al tribunal. Es muy posible que en el actual clima de tensión estas tratativas hayan quedado en suspenso. Pero sería lógico que el kirchnerismo quiera relanzarlas antes de que se sepa si su jefa ganó o perdió poder con las novedades judiciales. Es un pacto muy ambicioso por su dificultad. Y cuesta imaginar que se puede llevar a cabo si cada bando opina sobre la calidad del candidato del bando contrario.
Si las conversaciones llegaran a buen puerto, habría aparecido una gran novedad: dos actores relevantes, Milei y la señora de Kirchner, habrían activado los dos tercios del Senado. Una herramienta para designar jueces de la Corte que puede servir también a otros propósitos. Un cambio no esperado.
La relación del kirchnerismo con la Corte no podría estar más dañada. Pero no es un enojo homogéneo. El blanco principal del fastidio es Lorenzetti: “Él nos mandaba a decir que Lijo llegaba y se sentaba sobre el expediente para que no hubiera condena”. El malestar es anterior y se expresó en la recusación de ese ministro, que fue denegada. Cristina Kirchner y sus principales colaboradores le reprochan a Lorenzetti haber divulgado la versión de que el kirchnerismo había vetado a Lijo en el Senado para conseguir que Rosatti y Rosenkrantz aplazara la ratificación del fallo del tribunal oral.
Astutos, Rosatti y Rosenkrantz intentaron desmentir esa habladuría con un detalle casi imperceptible: el martes a la tarde dejaron trascender que ya había sido presentado el voto de ellos dos; es decir, faltaba el de Lorenzetti. Al parecer, quisieron insinuar, no estaba tan apurado en mandar a la expresidenta tras las rejas.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia convalidando la condena contra Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” representa una saludable reivindicación del principio de igualdad ante la ley. Termina de disponer la prisión para alguien tan poderoso como la expresidenta. El pronunciamiento de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparta de una antigua inercia de la Justicia federal: la de proveer impunidad a los que cometen actos de corrupción.
Se trata, por lo tanto, de un mensaje que va más allá de la señora de Kirchner y los demás condenados en el caso. Cualquier figura con posiciones gravitantes en la vida pública debería imaginar que, si delinque, está expuesta a una sanción penal. En un momento histórico de gran transformación, en el que se ha vuelto confuso dónde radican los centros de autoridad, la Corte demostró que no ha perdido la capacidad de marcar límites.
La condena de Cristina Kirchner viene acompañada, como exige el Código Penal, de una inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Al tratarse de la titular del principal partido de la oposición, alguien a quien las encuestas asignan una intención de voto que ronda el 30% y que lleva el rating a marcas de 8 puntos cuando aparece por televisión, esa prohibición podría abrigar consecuencias políticas todavía misteriosas. En las primeras horas siguientes a esta condena la centralidad de la expresidenta no ha hecho más que expandirse.
Los tres magistrados optaron por el camino que el tribunal ya había seguido en expedientes como el de Milagro Sala en 2022: rechazó el recurso de queja refutando los argumentos de la defensa. Podría haberlo descartado sin justificarlo, es decir, remitiéndose al artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, como hizo en 2020 con Amado Boudou en el caso Ciccone.
Las razones que expusieron en el fallo que se conoció anteayer desnudaron algunas deficiencias en el trabajo de Carlos Beraldi, el defensor de la expresidenta. Por ejemplo, los jueces reprocharon a Beraldi haber admitido el vínculo comercial existente entre la señora de Kirchner y Lázaro Báez, beneficiario del régimen de obra pública montado en Santa Cruz. También pusieron en evidencia que, cuando el escrito presentado por la expresidenta reprocha a algunos magistrados haber practicado deportes con Mauricio Macri, no demuestra qué consecuencias habría tenido esa camaradería sobre las decisiones judiciales.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti invalidaron el argumento de la defensa sosteniendo que los chats exhumados del celular de José López, una prueba crucial del juicio oral, fueron incorporados al proceso de manera extemporánea. El máximo tribunal repite el criterio de instancias anteriores: cuando esos intercambios de López fueron presentados por la fiscalía, Beraldi no les prestó atención; por lo tanto, no los objetó ni rechazó.
Uno de los reproches que formuló la señora de Kirchner al tratamiento de su caso es que se hayan realizado pocas pericias sobre las obras públicas objetadas en Santa Cruz. La Corte da vuelta el argumento y afirma que no fueron necesarias más que cinco pericias para encontrar un sinfín de irregularidades.
Los tres jueces pusieron mucho énfasis en rechazar la doctrina de la persecución o lawfare. Recuerdan que el expediente fue analizado por numerosísimos jueces y fiscales, muchos de ellos designados por gobiernos kirchneristas. Es cierto que la versión kirchnerista más frecuente de esa denuncia del lawfare es muy heterodoxa. No alega que se trate de la persecución de un inocente. Sugiere, en cambio, que la arbitrariedad consiste en que se considere a la señora de Kirchner la única culpable. Es decir, que los tribunales apliquen con ella una severidad de la que se salvan otros funcionarios o políticos que han cometido también actos corruptos.
Este es el núcleo de la tesis kirchnerista y de una buena parte de la izquierda, en general: el sistema penal es más tolerante con la corrupción de otros actores políticos, porque en la señora de Kirchner se está condenando la orientación de una política. Esa política, sostiene esta tesis, motiva la persecución penal no porque quienes la ejecutaron sean más “delincuentes”, sino porque afectaron más que los otros el derecho de propiedad. La clásica tesis del marxismo, según la cual el aparato institucional es un aparato de clase, se pone aquí en funcionamiento encarnada en nombres y apellidos.
Es posible que el mayor error del escrito de Beraldi haya sido omitir el pedido de declaración de inconstitucionalidad para la inhabilitación perpetua. El defensor de Cristina Kirchner podría haber alegado que se trata de una cancelación del derecho a ser elegida que afecta garantías asignadas por la Constitución. El desacierto consiste en que ahora será muy difícil llevar ese reproche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí sólo se admiten reclamos que hayan sido formulados también en la instancia local del juicio.
Hay una pregunta inevitable: ¿Con una abogacía de mayor calidad el destino de la expresidenta hubiera sido diferente? Es muy probable que no. El caudal de información sobre irregularidades en el manejo de la obra pública es tan voluminoso que evitar una condena parece una meta inalcanzable. Al revés: a la expresidenta le podría haber ido peor. Ella se benefició con la desarticulación de grandes negocios irregulares en distintos expedientes. El más relevante: la investigación sobre facturas apócrifas de Lázaro Baéz se derivó a los tribunales de Bahía Blanca.
En relación con las derivaciones internacionales del fallo de la Corte, ayer se conoció una inesperada: la asociación Republican Action for Argentina se dirigió a Catherine O’Hagan Wolfe, jueza de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, para denunciar la relación entre la condenada Cristina Kirchner y la familia Eskenazi. La intención de esa institución, que lidera el abogado Fernando Irazu, es hacer notar que el modo en que los Eskenazi ingresaron a YPF, de la mano de los Kirchner, corroe la legitimidad de su reclamo por la estatización de la compañía. El reclamo de los Eskenazi está hoy en poder del fondo Burford, que demanda 16.000 millones de dólares al Estado nacional.
La sanción de la expresidenta y jefa oficial del PJ, irreprochable desde el punto de vista judicial, abre un mar de incógnitas políticas. Ella está inhabilitada para postularse a un cargo representativo. Tampoco puede ejercer la función pública. Salvo que haya un indulto, sólo queda una hendija para evitar esa interdicción: el artículo 20 del Código Penal prevé que pueda recuperar esos derechos, en determinadas condiciones, como mantener buena conducta y haber reparado el daño, dentro de 5 años.
Con independencia de ese plazo conjetural, Cristina Kirchner no tiene previsto retirarse del oficio. Es posible que la elección de su departamento del barrio de Constitución como lugar de detención tenga que ver con esa tenacidad. Una quinta en el conurbano sería mucho más recreativa, pero la alejaría del lugar de las decisiones. Respecto del confinamiento, ella aclaró ante sus íntimos que se someterá a las decisiones de los jueces. No quiere escuchar hablar de que estará “atrincherada”.
Los interrogantes que se abren desde el martes son innumerables. Por ejemplo, ¿habrá alguien en septiembre capaz de absorber al electorado dispuesto a votar por ella? Todavía no se sabe quién encabezará la lista del PJ en su reemplazo en la tercera sección electoral. Tal vez Máximo Kirchner, para mantener el apellido en la boleta. Lo que sí se sabe es que esa lista la confeccionará ella. Siempre y cuando haya elecciones en septiembre. Porque una de las consecuencias de la condena es que aumentó, al menos en estas horas, la autoridad de la señora de Kirchner, quien acaso presione con más éxito sobre Axel Kicillof para unificar los comicios en octubre.
Kicillof es una de las grandes víctimas de la resolución del martes. El peronista que se oponga a la voluntad de la expresidenta corre el riesgo subliminal de incurrir en un acto de traición. A propósito, en el nuevo contexto: ¿Asistirá Kicillof a la reunión a la que fue invitado por los grandes empresarios de AEA? Carlos Ruckauf interpretó bien anoche el efecto del fallo de la Corte sobre la capacidad de decisión de la condenada cuando declaró: “Cristina perdió la libertad pero gano la lapicera y convertirá San José 1111 en su lugar de detención, pero también en su propia Puerta de Hierro”.
La Argentina ingresó a una escena en la que Brasil está sumergido desde 2019. Dimensiones importantes del juego electoral se gestionan en los tribunales. Lula da Silva fue retirado de la carrera en 2018 y no pudo competir con Jair Bolsonaro. Sobre Bolsonaro ya pesa una inhabilitación hasta el año 2030. Anteayer, sin ir más lejos, convirtió en un acto de campaña una sesión televisada del juicio que se le sigue por el intento de golpe de Estado de enero de 2022.
La exclusión de esos líderes de la competencia por el poder, más allá de su corrección jurídica, ha vuelto mucho más áspera la convivencia entre los brasileños. ¿En la Argentina hay que esperar algo parecido? Ayer Leopoldo Moreau, que pertenece al círculo más estrecho de Cristina Kirchner, anunció que el peronismo se retirará de las comisiones del Congreso en protesta por la ruptura del pacto democrático fundado en 1983.
En el Consejo de la Magistratura, que preside el juez Rosatti, los representantes del PJ también insinuaron una sublevación. Una sublevación minoritaria. Y el académico Diego Molea amagó con un documento suscripto por profesores de Derecho de universidades nacionales para impugnar el pronunciamiento de la Corte. Se lo frustraron desde la UBA. La eventual radicalización tuvo otro indicio ayer: la trotskista Myriam Bregman, de excelente relación con Máximo Kirchner, visitó a la expresidenta. Agustín Rossi, por su parte, que fue el último candidato a vicepresidente del PJ, anticipó que “indulto y unidad de todos los partidos populares contra Milei son las condiciones para nuestro candidato en 2027”. El peronismo de Santa Fe, en el que milita Rossi, emitió un comunicado oficial ayer, con la misma posición. El peronismo de Santa Fe, en el que militó Rosatti. ¿El peronismo de Lorenzetti? Es obvio que el fallo de la Corte no entraña una proscripción. Hábil, Cristina Kirchner intentó construirla, precipitando el lanzamiento de su candidatura provincial. Por otra parte, que no se pueda hablar de proscripción no significa que sectores del peronismo no se comportarán como si la hubiera. Es la gran incógnita. Para despejarla habrá que ver cómo decanta la indignación partidaria generada por el fallo.
Moreau justificó el vaciamiento de las comisiones parlamentarias por parte del PJ en que “el Congreso está sitiado”. Se refería a las fuerzas de seguridad que rodeaban el palacio. Fue más allá y habló del avance de una tendencia autoritaria liderada por Milei. Desde el Gobierno, sin embargo, se observan las primeras secuelas de la sanción sobre Cristina Kirchner con bastante prudencia. El Presidente celebró que la República funcione. Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adoptó la misma línea, aclarando que eso no implicaba celebrar el pronunciamiento de los jueces.
La disonancia con esa moderación corrió por cuenta de José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En un acto académico de la Universidad Católica Argentina citó un tuit que él mismo había emitido en 2012, en el que insultaba a Florencia Kirchner. Se ganó un abucheo. Y también aplausos. Espert festejó el fallo porque “la política no puede tener chorros dentro de la competencia”. El economista es parte de una negociación con Cristian Ritondo para elaborar la lista de La Libertad Avanza y el Pro para octubre.
La reacción muy prudente del oficialismo acaso sea un modo de preservar una negociación en curso. Representantes de la Casa Rosada y de la señora de Kirchner discuten la postulación de dos candidatos para cubrir las vacantes de la Corte. Sobre la identidad de esos interlocutores pesa un gran hermetismo. Pero es sabido que desde hace meses existe canal de comunicación muy intenso entre el exsecretario de Justicia Juan Martín Mena y su sucesor, el actual secretario, Sebastián Amerio. Este funcionario responde al Mago del Kremlin Santiago Caputo, quien siempre defendió la conveniencia de un trato con Cristina Kirchner para resolver la cuestión judicial.
La posición se volvió todavía más firme cuando fracasó la incorporación de Ariel Lijo al tribunal. Es muy posible que en el actual clima de tensión estas tratativas hayan quedado en suspenso. Pero sería lógico que el kirchnerismo quiera relanzarlas antes de que se sepa si su jefa ganó o perdió poder con las novedades judiciales. Es un pacto muy ambicioso por su dificultad. Y cuesta imaginar que se puede llevar a cabo si cada bando opina sobre la calidad del candidato del bando contrario.
Si las conversaciones llegaran a buen puerto, habría aparecido una gran novedad: dos actores relevantes, Milei y la señora de Kirchner, habrían activado los dos tercios del Senado. Una herramienta para designar jueces de la Corte que puede servir también a otros propósitos. Un cambio no esperado.
La relación del kirchnerismo con la Corte no podría estar más dañada. Pero no es un enojo homogéneo. El blanco principal del fastidio es Lorenzetti: “Él nos mandaba a decir que Lijo llegaba y se sentaba sobre el expediente para que no hubiera condena”. El malestar es anterior y se expresó en la recusación de ese ministro, que fue denegada. Cristina Kirchner y sus principales colaboradores le reprochan a Lorenzetti haber divulgado la versión de que el kirchnerismo había vetado a Lijo en el Senado para conseguir que Rosatti y Rosenkrantz aplazara la ratificación del fallo del tribunal oral.
Astutos, Rosatti y Rosenkrantz intentaron desmentir esa habladuría con un detalle casi imperceptible: el martes a la tarde dejaron trascender que ya había sido presentado el voto de ellos dos; es decir, faltaba el de Lorenzetti. Al parecer, quisieron insinuar, no estaba tan apurado en mandar a la expresidenta tras las rejas.
En las primeras horas siguientes a la condena ratificada por la Corte, la centralidad de Cristina Kirchner no ha hecho más que expandirse; la defensa fallida de la expresidenta y Kicillof, una de las grandes víctimas de la resolución judicial LA NACION
